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Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2025-12-16Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020240004800LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Procede aclarar o adicionar la sentencia cuando no existen frases dudosas ni puntos omitidos, y lo que realmente busca el solicitante es reabrir el debate ya decidido, en contravía del artículo 285 del CGP y de la intangibilidad de la cosa juzgada? No
El juez niega la solicitud de aclaración o adición de una sentencia cuando en el fallo judicial no existen conceptos confusos ni puntos litigiosos omitidos, y la pretensión de la parte recurrente busca únicamente reabrir el debate jurídico que ya ha sido decidido de fondo. En virtud de los principios de seguridad jurídica e intangibilidad de la cosa juzgada previstos en el Código General del Proceso, las providencias judiciales son inmutables para el juzgador que las profiere, de modo que la censura orientada a cuestionar la aplicación normativa no procede a través de estos mecanismos excepcionales.síntesis automática
¿Se configura de oficio la excepción de cosa juzgada y estarse a lo resuelto en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el curso del proceso adelantado bajo el ejercicio de la acción popular? Sí
La cosa juzgada puede declararse de oficio cuando un proceso reúne las mismas partes, el mismo objeto y la misma causa de otro ya decidido, y en tal caso el juez debe estarse a lo resuelto en ese proceso anterior. La regla se apoya en que la cosa juzgada impide pronunciarse sobre asuntos ya conocidos, debatidos y juzgados, y protege la inmutabilidad de las decisiones judiciales y la seguridad jurídica. Para que opere, deben confluir los límites subjetivo, objetivo y causal de la figura, que en el momento de los hechos estaban regulados en el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil. En el asunto, las pretensiones del proceso analizado coincidían en objeto con las de la acción popular ya decidida, por lo que la Sala declaró configurada la cosa juzgada y revocó la sentencia apelada. En la práctica, el juez no puede volver a decidir las pretensiones que ya fueron resueltas en un proceso con idénticos sujetos, objeto y causa.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias2023-09-07Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 63001233300020160022801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se niegan las solicitudes de aclaración y adición presentadas por la parte actora dado que no se advierte motivo de duda en lo determinado en la providencia? Sí
En el proceso contencioso administrativo, las solicitudes de aclaración y adición de una sentencia solo proceden cuando la providencia contiene conceptos o frases de verdadero motivo de duda, o cuando omite pronunciarse sobre alguno de los extremos de la litis. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la aclaración no sirve para cuestionar las razones de la Sala al resolver el fondo de la controversia. Segunda, la adición solo procede para resolver puntos omitidos que debían ser objeto de pronunciamiento, y no para reabrir el debate ya resuelto. En el caso, la parte actora pretendía que se revisaran las razones de la sentencia, y la Sala niega las solicitudes de aclaración y adición. La providencia no adiciona la sentencia. En la práctica, quien pretenda aclarar o adicionar una providencia debe señalar el concepto dudoso o el extremo omitido, porque la inconformidad con el fondo se debe tramitar por los recursos que la ley prevé.síntesis automática
También resuelve:¿La solicitud elevada por el apoderado de la parte demandante en el sentido de que se aclare y adicione la sentencia es procedente?¿Las providencias pueden ser aclaradas cuando contengan frases o conceptos que ofrezcan duda, siempre que los mismos se encuentren contenidos en la parte resolutiva o influyan en ella?
Auto interlocutorio — Auto que decide solicitudes de suspensión o interrupción del proceso2025-08-05Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 25000233600020160103402LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe el juez contencioso administrativo rechazar de plano una solicitud de nulidad procesal fundada en causales distintas a las taxativamente previstas en el CGP, en aplicación del principio de especificidad que rige las nulidades procesales? Sí
El juez contencioso administrativo debe rechazar de plano una solicitud de nulidad procesal que se funda en causales distintas a las taxativamente previstas en el Código General del Proceso, en aplicación del principio de especificidad que rige las nulidades procesales, conforme a lo establecido en el artículo 135 del CGP. Además, el juez no debe decretar la suspensión del proceso por prejudicialidad cuando aún no se encuentra en estado de dictar sentencia de segunda instancia, y no procede declarar la nulidad de lo actuado cuando la solicitud ya fue resuelta previamente por auto en aplicación de la cosa juzgada y no se configuran las causales taxativas del artículo 133 del CGP. Asimismo, la renuncia presentada por el abogado de la parte demandada no puede ser tramitada si nunca fue reconocido como apoderado judicial, por lo que se le reconoce personería a la nueva sociedad designada. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la taxatividad de las causales de nulidad procesal y la aplicación de la cosa juzgada, lo que implica que las partes deben ajustarse estrictamente a las normas establecidas para evitar la improcedencia de sus solicitudes.síntesis automática
También resuelve:¿Debe el juez decretar la suspensión del proceso cuando la decisión de la sentencia depende necesariamente de lo que se resuelva en otro proceso judicial que no pueda ventilarse en el primero?¿Procede declarar la nulidad de lo actuado cuando la solicitud ya fue resuelta previamente por auto en aplicación de la figura de la cosa juzgada y no se configuran las causales taxativas del…¿Puede decretarse la suspensión del proceso por prejudicialidad cuando este aún no se encuentra en estado de dictar sentencia de segunda instancia?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias2023-09-07Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 25000233600020140082301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se negará las peticiones de aclaración y de adición presentadas por la parte actora y la compañía aseguradora dado que no se advierte motivo de duda en lo determinado en la providencia? Sí
En el proceso contencioso administrativo, las solicitudes de aclaración y adición de una sentencia solo proceden cuando la providencia contiene conceptos o frases de verdadero motivo de duda, o cuando omite pronunciarse sobre alguno de los extremos de la litis. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la aclaración no sirve para cuestionar las razones que tuvo la Sala para resolver la controversia, porque esas razones forman parte del fondo de la decisión. Segunda, la adición solo procede para resolver puntos omitidos que debían ser objeto de pronunciamiento, y no para reabrir el debate. En el caso, la parte actora y la aseguradora pretendían controvertir las razones de la sentencia, y la Sala niega las peticiones de aclaración y adición. La providencia no adiciona la sentencia. En la práctica, las partes que pretendan aclarar o adicionar una sentencia deben identificar un punto oscuro o un extremo omitido, porque la inconformidad con el fondo debe discutirse por los recursos ordinarios.síntesis automática
También resuelve:¿Las solicitudes elevadas por la parte actora y por la aseguradora en el sentido de que se aclare y adicione la sentencia son procedentes?¿Las providencias pueden ser aclaradas cuando contengan frases o conceptos que ofrezcan duda, siempre que los mismos se encuentren contenidos en la parte resolutiva o influyan en ella?
¿Se presentó de forma oportuna la presente acción de repetición, cuando se observa que el pago de la condena se realizó antes del vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del CCA? Sí
Cuando el pago de la condena se realiza antes del vencimiento del plazo de dieciocho meses del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, el término de dos años para presentar la demanda de repetición se cuenta desde la fecha del pago, según el artículo 11 de la Ley 678 de 2001. La razón es que el pago se efectuó antes de que venciera ese plazo, de modo que la caducidad corre desde esa fecha, y la demanda, presentada dentro de los dos años siguientes, fue oportuna. En el caso, la sentencia penal absolutoria, que declaró la legítima defensa del agente que disparó con su arma de dotación contra un civil, hizo tránsito a cosa juzgada. Por esa razón, la Sala concluyó que no se acreditó el elemento subjetivo de la repetición, revocó la condena contra el agente y negó las pretensiones. Su consecuencia práctica es que, en pagos anteriores al plazo, la caducidad corre desde el pago, pero la absolución penal por legítima defensa impide la repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la responsabilidad patrimonial del agente estatal demandado en repetición por disparar a un civil con su arma de dotación oficial…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-01-30Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 50001233300020130032701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la excepción de falta de competencia propuesta por la demandada en el caso sub examine, consistente en el reconocimiento, graduación y calificación de las acreencias en favor de la E.S.E. Hospital demandante en el proceso de liquidación de Caprecom, esto, como consecuencia de los actos administrativos expedidos por el liquidador de la entidad? No
Después de revisado el expediente, el Despacho evidencia que, contrario a lo señalado por el Tribunal Administrativo del Meta, los actos expedidos en el proceso liquidatario de CAPRECOM fueron allegados por el PAR CAPRECOM de manera oportuna, junto con la contestación de la demanda… . De conformidad con los argumentos expuestos por el Tribunal Administrativo del Meta frente a la sustentación de la excepción propuesta por la demandada, el Despacho encuentra que los reparos manifestados por el PAR CAPRECOM pueden encaminarse, más que a la falta de competencia para resolver la controversia, a la configuración de una “cosa juzgada en sede administrativa”, al señalar que en este caso no era posible que el Tribunal se pronunciara sobre el asunto en tanto que ya se habían resuelto las pretensiones económicas de la demandante en el proceso de liquidación de CAPRECOM.
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, y el tribunal administrativo es competente para conocer de las controversias contractuales cuya cuantía excede tres millones quinientos mil pesos. La Sala se pronuncia de fondo sobre un acto administrativo expedido extemporáneamente, declarando su nulidad cuando no se configura la caducidad de la acción de controversias contractuales, y restablece el derecho afectado por la liquidación unilateral, considerando que las multas impuestas por la entidad estatal fueron declaradas nulas en sentencias con efectos de cosa juzgada. Esta regla reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y la procedencia del control judicial de actos administrativos extemporáneos, con implicaciones significativas para la protección de los derechos de los contratistas en controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el control judicial de acto administrativo expedido extemporáneamente?¿Procede la declaración de nulidad del acta de liquidación unilateral del contrato por haber sido proferida extemporáneamente?¿Procede el restablecimiento del derecho afectado con la liquidación unilateral, teniendo en cuenta que existen dos decisiones con efectos de cosa juzgada que resolvieron que las multas impuestas por…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-09-30Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 25000233600020150011001LEY 1437 REPETICION
¿Se configuró la caducidad del medio de control de repetición? No
El término de caducidad de la acción de repetición es de dos años, contados desde el día siguiente al pago total de la obligación por la entidad, según el literal l) del artículo 164 del CPACA y el artículo 11 de la Ley 678 de 2001. Si el pago de la condena se realiza dentro del plazo legal para pagarla, que es de dieciocho meses en el régimen del Código Contencioso Administrativo o de diez meses en el del CPACA, el término se cuenta desde la fecha de pago. Si ese plazo vence sin el desembolso, el cómputo inicia en el vencimiento. Esta regla evita que la entidad controle a voluntad el inicio de la caducidad, porque el momento de la caducidad se fija por la ley y no por la fecha efectiva del pago. En el caso concreto el término de caducidad se contó con esas reglas y no se configuró, por lo que el recurso de apelación fue resuelto en el sentido de confirmar la decisión. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el cómputo depende del régimen de pago aplicable a la condena.síntesis automática
También resuelve:¿Se configura la excepción de cosa juzgada?¿Se configura la excepción de falta de legitimación en la causa?
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer las demandas de repetición interpuestas por entidades públicas cuando estas han sido condenadas al pago de perjuicios causados por actuaciones dolosas o gravemente culposas de sus servidores? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer las demandas de repetición interpuestas por entidades públicas cuando estas han sido condenadas al pago de perjuicios causados por actuaciones dolosas o gravemente culposas de sus servidores, en virtud de lo dispuesto en el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Esta competencia se extiende a la revisión de apelaciones en segunda instancia siempre que la cuantía del proceso supere los 500 SMLMV, conforme a lo establecido en los artículos 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado en estos casos, permitiendo a las entidades públicas obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados indebidamente.síntesis automática
También resuelve:¿Puede considerarse vulnerado el derecho fundamental al debido proceso —en particular los principios de cosa juzgada y non bis in ídem consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política—…¿Debe considerarse que existe cosa juzgada —y, por ende, que resulta improcedente emitir un nuevo pronunciamiento judicial— cuando en un proceso posterior se pretende debatir hechos y pretensiones…¿Debe abstenerse el juez de imponer costas y agencias en derecho en segunda instancia cuando la parte demandada estuvo representada por un curador ad litem que actuó de manera gratuita como defensor…
¿Puede la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado emitir fallo anticipado en un proceso de repetición, modificando el turno estricto de decisión, con fundamento en la naturaleza del asunto y en el orden temático de prelación aprobado por la corporación? Sí
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado puede emitir fallo anticipado en un proceso de repetición, modificando el turno estricto de decisión, siempre que la naturaleza del asunto y el orden temático de prelación aprobado por la corporación lo justifiquen, lo que implica que la entidad estatal puede acelerar la resolución de casos de alta relevancia sin necesidad de seguir estrictamente el orden cronológico de ingreso de los expedientes. En cuanto a la competencia del juez de segunda instancia, esta se limita a los motivos de la impugnación presentados por el apelante, sin poder revisar aspectos no objeto del recurso, salvo lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA. Además, para que opere la cosa juzgada, es necesario acreditar la identidad de objeto, causa y partes en el proceso. Finalmente, una entidad estatal no puede ejercer posteriormente el medio de control jurisdiccional de repetición contra un agente o exagente estatal si previamente lo llamó en garantía con fines de repetición en un proceso de responsabilidad patrimonial, ya que esto implicaría una violación del principio de cosa juzgada.síntesis automática
También resuelve:¿El pronunciamiento del juez de segunda instancia, cuando se trata de apelante único, está limitado por los motivos de inconformidad del recurrente?¿Para que opere la cosa juzgada debe acreditarse en el proceso identidad de objeto, de causa y de partes?¿Puede una entidad estatal ejercer posteriormente el medio de control jurisdiccional de repetición contra un agente o exagente estatal si previamente…
¿Se acreditó vicio del consentimiento de la sociedad demandante en la transacción y condonación parcial de la deuda firmada por esta? No
Un acuerdo de pago en el que el acreedor condona una parte de la deuda para recibir un pago pronto puede tener la naturaleza de transacción, y su nulidad por vicio del consentimiento exige prueba de error, fuerza o dolo. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que la demandante tuvo la opción de negociar un plazo con intereses para el pago total y la descartó por considerarla más riesgosa, lo que muestra una decisión libre y consciente de condonar parte de la deuda. La segunda es que no hay prueba que desvirtúe esa voluntad ni que el error, la fuerza o el dolo de la contraparte determinaran la aceptación. La tercera es que el desequilibrio económico invocado en la apelación no se alegó en la demanda, por lo que no puede analizarse de fondo. En consecuencia, la Sala confirma la sentencia de primera instancia que negó la nulidad. Como obiter dictum, la providencia precisa que el acuerdo tiene efectos de cosa juzgada respecto de la controversia que se pretendía precaver. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica2025-12-01Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020170060102LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la jurisdicción ordinaria civil el conocimiento de las controversias derivadas de un contrato de encargo fiduciario celebrado por una entidad financiera estatal, aun cuando se trate de un contrato estatal y ambas partes sean entidades públicas? Sí
El contratista no puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver controversias derivadas de un contrato de encargo fiduciario celebrado por una entidad financiera estatal, ya que este tipo de contratos caen dentro del giro ordinario de los negocios de las entidades financieras, según lo establecido en el artículo 105 numeral 1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). La entidad financiera, en este caso, realiza actividades en cumplimiento de su objeto social y funciones principales, definidas en el Decreto Ley 663 de 1993, lo que excluye la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y la remite a la jurisdicción ordinaria civil. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente, estableciendo que la naturaleza estatal del contrato y la calidad de las partes no son determinantes para la competencia, sino que el criterio material y orgánico prevalece en la definición de la jurisdicción competente.síntesis automática
También resuelve:¿Puede considerarse prorrogable la jurisdicción en un asunto en el que la ley excluye expresamente el conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa?¿Existe cosa juzgada sobre la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa cuando una providencia previa se limitó a resolver sobre la inexistencia de una cláusula compromisoria sin…
¿En virtud del criterio de conexidad, la competencia para conocer de los procesos de repetición recae sobre el juez que conoció del proceso antecedente que dio lugar a la condena contra el Estado? Sí
El contratista debe acudir ante el juez que conoció del proceso antecedente que dio lugar a la condena contra el Estado para presentar un proceso de repetición, en virtud del criterio de conexidad establecido en el artículo 7 inciso 2 de la Ley 678 de 2001 y reiterado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, lo que implica que la competencia en segunda instancia recae en el superior jerárquico del juez o tribunal que conoció del proceso antecedente. Además, la figura de caducidad garantiza la seguridad jurídica y el interés general mediante plazos razonables para acudir a la jurisdicción, y la Corte Constitucional declaró exequible condicionada la disposición que establece el término de caducidad de la acción de repetición, determinando que éste comienza a correr desde la fecha en que se realiza el pago o desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en la ley, lo que tiene efectos erga omnes y debe ser aplicado por todos los jueces y tribunales.síntesis automática
También resuelve:¿La figura de caducidad tiene como fin garantizar la seguridad jurídica y el interés general mediante plazos razonables para acudir a la jurisdicción?¿El término de caducidad de la acción de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente de la fecha de pago o desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en la ley?¿Las sentencias de la Corte Constitucionalidad que declaran la exequibilidad condicionada de una norma tienen efectos erga omnes?
¿Como consecuencia de la declaración de ineptitud sustantiva de la demanda el juzgador no tenía competencia para resolver el fondo de la controversia? Sí
En el proceso contencioso administrativo, cuando la demanda es declarada sustancialmente inepta, el juez no tiene competencia para resolver el fondo de la controversia, de modo que no puede pronunciarse sobre las pretensiones. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la ineptitud sustantiva de la demanda impide un pronunciamiento de fondo, de modo que no puede tenerse por resuelta la pretensión en sentido desfavorable. Segunda, la decisión de fondo que se adopte sin competencia para ello carece de efectos sobre el litigio. En el caso, la sentencia de primera instancia había dado por resueltas las pretensiones, pero la Sala revoca esa decisión porque el juzgador no tenía competencia para decidir el fondo, y en su lugar declara el incumplimiento de la obligación de excluir ciertas áreas del objeto del contrato de comodato. En la práctica, la ineptitud sustantiva debe examinarse antes de resolver las pretensiones, porque un pronunciamiento de fondo sin competencia será revocado en apelación.síntesis automática
También resuelve:¿Por no existir certeza en el perjuicio que solicita la parte actora sea reparado, no hay lugar al reconocimiento de tales pedimentos?¿Es claro que existió un incumplimiento por parte del municipio de Valledupar en la obligación de exceptuar del convenio los locales del inmueble?¿El vínculo jurídico inicial se cimentó en el apoyo de la corporación demandante en la efectividad del cumplimiento del servicio público de educación…
¿El régimen jurídico del contrato es de derecho privado por tener relación con el desarrollo del objeto social de Ecopetrol? Sí
Los actos jurídicos, contratos y actuaciones necesarias para administrar y desarrollar el objeto social de una empresa industrial y comercial del Estado constituida como sociedad de economía mixta se rigen exclusivamente por el derecho privado, sin importar el porcentaje del aporte estatal en el capital. La regla se apoya en el artículo 6 de la Ley 1118 de 2006 y en la evolución normativa de la entidad, desde su creación por la Ley 165 de 1948 hasta su escisión mediante el Decreto 1760 de 2003, que la dejó como sociedad pública por acciones con capital totalmente estatal y regida por sus propios estatutos. Estos antecedentes muestran que el régimen privado opera como excepción aplicable a las actividades industriales y comerciales de la entidad. En el asunto, el contrato celebrado en 2015 se consideró regido por el derecho privado, y la Sala confirmó la decisión. En la práctica, las controversias sobre contratos de esa naturaleza se resuelven conforme al derecho privado y no según el régimen general de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El tribunal en primera instancia omitió pronunciarse respecto a las pretensiones de incumplimiento contractual derivadas de la ejecución del contrato?¿Se acreditó que la mayor permanencia de la obra fue una consecuencia del incumplimiento de la entidad demandada?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿Se debe aplicar la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso a las demandas instauradas con posterioridad al 2 de julio de 2012? Sí
El contratista debe aplicar la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso a las demandas instauradas con posterioridad al 2 de julio de 2012, ya que estas disposiciones procesales regirán tanto la interposición de recursos como la práctica de pruebas, audiencias y notificaciones en curso. Además, el Código General del Proceso se integra al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) para regular los procesos iniciados después de dicha fecha, aunque los procesos anteriores se rigen por el régimen jurídico vigente al momento de su inicio, según lo dispuesto en el artículo 308 del CPACA. Esto implica que la entidad pública cuenta con 18 meses para cumplir con la condena impuesta en un proceso de reparación directa, contados desde que la sentencia quede en firme, conforme al inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla reitera la aplicación de las normas procesales vigentes al momento de la interposición de la demanda, garantizando la seguridad jurídica y la eficiencia del tráfico procesal.síntesis automática
También resuelve:¿El llamamiento en garantía con fines de repetición dentro del proceso de reparación directa produce el efecto de cosa juzgada respecto de la conducta del agente llamado por la entidad pública?
¿Se configuró la cosa juzgada sobreviniente, al encontrarse que los cuestionamientos de incumplimiento contractual y la liquidación judicial expuestos por el demandante en el presente proceso, ya fueron resueltos en sentencia anterior proferida por esta Corporación sobre los mismos hechos, las mismas partes y el mismo objeto litigioso? Sí
El contratista no puede volver a cuestionar en un proceso posterior el incumplimiento contractual y la liquidación judicial del contrato, cuando estos asuntos ya fueron resueltos en una sentencia anterior proferida por la misma corporación, sobre los mismos hechos, las mismas partes y el mismo objeto litigioso, configurándose así la cosa juzgada sobreviniente. La corporación sostiene que la cosa juzgada tiene como propósito evitar que se vuelvan a debatir controversias ya resueltas, garantizando la seguridad jurídica y la intangibilidad de la sentencia. La regla implica que no es posible volver sobre una decisión adoptada en una providencia ejecutoriada, ya que las partes no pueden debatir la misma causa petendi con idénticos fundamentos jurídicos en un proceso posterior.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de cosa juzgada tiene como propósito evitar que se vuelvan a debatir por medios judiciales controversias que ya fueron resueltas a través de una sentencia ejecutoriada?¿La presentación de los alegatos de conclusión y del recurso de apelación, son momentos procesales idóneos para proponer las excepciones de la demanda?¿La condena en costas es procedente contra la parte vencida en el proceso cuando se accede parcialmente a las pretensiones de la demanda?
¿Es procedente declarar la nulidad del acto administrativo contractual que negó la solicitud de suspensión de un contrato de concesión por razones de fuerza mayor? No
En el marco del contrato de concesión de mediana minera n.° 16.715 del 15 de septiembre de 1993, para la explotación de materiales de construcción, en un terreno ubicado en el municipio de La Calera, Cundinamarca, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y el señor Jorge Enrique Ponguta Orduz, quien después lo cedió a la sociedad Constructora Palo Alto Cía S. en C., se solicita la nulidad de los artículos primeros de las resoluciones n.°s DSM 751 y DSM 369 del 26 de julio de 2006 y del 20 de abril de 2007, respectivamente, por medio de las cuales el Instituto Colombiano de Geología y Minería, en adelante, Ingeominas, negó la solicitud de suspensión temporal de las obligaciones derivadas de la referida concesión.
También resuelve:¿Se configura una fuerza mayor como presupuesto para la suspensión de un contrato la aplicación de normas de orden público…¿Es la acción de controversias contractuales la procedente para que el Consejo de Estado resuelva en segunda instancia la demanda por nulidad de un acto administrativo contractual?¿Está configurada la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación-Ministerio de Minas y Energía, pues es el Ingeominas el legitimado en este asunto?
¿La acción de repetición caducará a los dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses? Sí
El contratista puede ejercer la acción de repetición dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad estatal, o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses establecido por la Ley 678 de 2001, lo que ocurra primero. Esta regla se fundamenta en que la acción de repetición es la adecuada para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando una entidad pública es condenada o concilia producto de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo. La regla reitera la jurisprudencia existente y permite a los contratistas actuar en tiempo y forma para recuperar los daños causados por la entidad estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál es la normativa aplicable a la acción de repetición?¿Cuáles son los presupuestos de la acción de repetición?¿Se acreditó una condena contra el Estado por la responsabilidad de la entidad pública?