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clave: "consejo_estado:providencia:05001233100019930137401-45793-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia desde la fecha de ejecutoria del acto"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-12-16"
radicado: "05001233100019930137401"
numero: "45793"
ponente: "JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS"
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# Consejo de Estado: el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia desde la fecha de ejecutoria del acto

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-12-16
- **Radicado:** 05001233100019930137401
- **Número interno:** 45793
- **Ponente:** JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
- **Demandado:** COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA, ROMENERGO S.A
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233100019930137401-45793-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/05001233100019930137401/CE637C80DD851BA78167B18B526BF4E783C7484A8ED9BB1299028EEA0112A488/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000199301374011100103

## Relevancia jurídica

Matiza la jurisprudencia.

## Problema jurídico

¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia desde la fecha de ejecutoria del acto de liquidación unilateral del contrato, por lo que, dada la fecha de presentación de la demanda, ésta se presentó oportunamente?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Romenergo no es responsable por los perjuicios ocasionados con el incumplimiento en la entrega de los equipos objeto el Contrato 3756-E…
- ¿Las objeciones por error grave contra el dictamen financiero practicado en este proceso están llamadas a prosperar?
- ¿Cuenta con eficacia probatoria el dictamen pericial financiero allegado al proceso, salvo en lo que toca a la definición de lo que constituyen perjuicios indemnizables y la forma en que la pena…

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 01 de 1984, arts. 136, 45 y 62
- Decreto 222 de 1983, arts. 252 y 289

## Extracto

El artículo 136 del CCA, modificado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989, prescribe que las acciones “… relativas a los contratos caducarán en dos (2) años de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento”. Pese a que en un primer momento consideró esta Corporación que, según esta norma, las reclamaciones por incumplimiento debían hacerse dentro de los dos (2) años siguientes a la terminación del contrato, más adelante precisó que la relación contractual termina, definitivamente, con su liquidación, que es el momento en el que las partes entran en conocimiento de los pagos que se les reconocen y pueden decidir sobre la incoación de la acción.

## Síntesis temática

El contratista puede presentar oportunamente la acción de controversias contractuales dentro de los dos años siguientes a la fecha de ejecutoria del acto de liquidación unilateral del contrato, independientemente de que éste haya sido expedido con posterioridad al plazo legal para su emisión, ya que este acto, aunque extemporáneo, mantiene su naturaleza de acto administrativo contractual no separable y su validez presunta, lo que implica que el cómputo del término de caducidad se inicia desde la fecha de ejecutoria del acto de liquidación. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente, estableciendo que la liquidación unilateral del contrato, aunque extemporánea, no impide el ejercicio de la acción de controversias contractuales dentro del plazo legal, lo que permite a los contratistas defender sus derechos ante posibles incumplimientos o irregularidades en el proceso de liquidación del contrato.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, MODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL, SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, NEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE NULIDAD, IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, COSA JUZGADA, ALCANCE DE LA COSA JUZGADA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA, CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA, CONSECUENCIA DE COSA JUZGADA, PRINCIPIO DE COSA JUZGADA, PROCEDENCIA DE LA COSA JUZGADA, DICTAMEN PERICIAL, PRUEBA PERICIAL, PRUEBA PERICIAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL, OBJECIÓN POR ERROR EN EL DICTAMEN PERICIAL, OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL, IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL, IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL, VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL, VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL, ALCANCE DEL DICTAMEN PERICIAL, ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ, APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL, CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL, CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL, EFICACIA PROBATORIA DEL DICTAMEN PERICIAL, FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL, REQUISITOS DE LA PRUEBA PERICIAL, REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL, ASUNTO DE PURO DERECHO, DERECHO, DAÑO INDEMNIZABLE, PENA PECUNIARIA, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, TESTIMONIO, TESTIMONIO SOSPECHOSO, TESTIGO SOSPECHOSO, DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA, NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, RECLAMACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, ELEMENTOS DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, LUCRO CESANTE, DAÑO EMERGENTE, CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE, INDEMNIZACIÓN POR DAÑO EMERGENTE, VALORACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE, RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE, CÁLCULO DEL DAÑO EMERGENTE, REQUISITOS DE LA REPARACIÓN DE PERJUICIOS, ELEMENTOS DE LA CAUSACIÓN DE PERJUICIOS, NEXO DE CAUSALIDAD, DETERMINACIÓN DEL NEXO DE CAUSALIDAD, PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD, RELACIÓN DE CAUSALIDAD, SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO, FALTA DE CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO, TRANSACCIÓN, ACEPTACIÓN DE LA TRANSACCIÓN, TRANSACCIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA, PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS A TERCEROS, REINTEGRO DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, DAÑO CIERTO, PRUEBA DEL PAGO, PRUEBA DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN, CAUSACIÓN DEL DAÑO, DAÑO CONTRACTUAL, REPARACIÓN DEL DAÑO CONTRACTUAL, CONTENIDO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

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## Texto del documento

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia desde la fecha de ejecutoria del acto de liquidación unilateral del contrato, por lo que, dada la fecha de presentación de la demanda, ésta se presentó oportunamente?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 136 del CCA, modificado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989, prescribe que las acciones “[…] relativas a los contratos caducarán en dos (2) años de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento”. Pese a que en un primer momento consideró esta Corporación que, según esta norma, las reclamaciones por incumplimiento debían hacerse dentro de los dos (2) años siguientes a la terminación del contrato, más adelante precisó que la relación contractual termina, definitivamente, con su liquidación, que es el momento en el que las partes entran en conocimiento de los pagos que se les reconocen y pueden decidir sobre la incoación de la acción. Ha agregado esta Sección que si cumplido el plazo para la liquidación de mutuo acuerdo, esta no se produce, la administración debe liquidarlo unilateralmente dentro de un plazo razonable y que, si no lo hace, el interesado puede acudir a la jurisdicción para deprecar su liquidación judicial. (…) En cualquier caso, la expedición extemporánea del acto de liquidación no conlleva su transmutación por el paso del tiempo, de forma tal que deje de ser un acto administrativo contractual, pues, en todo caso, se trata de una manifestación de la voluntad de un ente público, que, en ejercicio —válido o no— de una prerrogativa administrativa instituida con ocasión de su actividad contractual, busca generar efectos jurídicos; acto que, además, se ha considerado como un acto administrativo no separable, ya que no puede ser concebido sin la existencia del contrato liquidado. Así, como acto administrativo contractual no separable que es el de liquidación unilateral, está revestido por la presunción de legalidad, tiene efectos ejecutorios y ejecutivos —al punto de haberse intentado en este asunto el cobro coactivo, como lo manifestó la misma demandante— y su invalidez, por falta de competencia temporal, tenía que ser declarada por vía gubernativa o contenciosa. En este último escenario, la acción procedente es la de controversias contractuales, como lo precisó la jurisprudencia de la época; acción que fue incoada previamente, sin éxito, por la firma demandada en este asunto, en un proceso contencioso que concluyó mediante sentencia con efectos de cosa juzgada erga omnes, con la que el acto liquidatario quedó en firme. Es claro, pues, que pese la extemporaneidad del acto administrativo, su control jurisdiccional debía debatirse a través de la acción de controversias contractuales, por lo que el término de caducidad es el de dos (2) años, previsto en el artículo 87 del CCA para dicha acción, como se mencionó anteriormente. De cualquier forma, (…) la responsabilidad por el incumplimiento en que incurrió la demandada; asunto que, como lo precisó en su momento esta Sección, se ventila por medio de la acción de controversias contractuales. Por lo tanto, en línea con lo considerado por el a quo en el asunto de autos, el plazo de caducidad debe ser computado desde la fecha de ejecutoria del acto de liquidación unilateral del contrato. Pues bien, el Contrato 3756-E, legalizado el 6 de octubre de 1986 fue liquidado por medio de la Resolución 6120 del 8 de agosto de 1990, confirmada parcialmente en reposición mediante la Resolución 8889 del 22 de julio de 1991, que quedó ejecutoriada el veinticinco (25) de septiembre de mil novecientos noventa y uno (1991), según la copia auténtica del edicto con el que Romenergo fue notificada, y los artículos 45 y 62 del CCA, en armonía con el artículo 289 del Decreto 222 de 1983. En consecuencia, el término de caducidad se cumplió el veintiséis (26) de septiembre de mil novecientos noventa y tres (1993), y la acción de controversias contractuales fue incoada oportunamente por EPM, con la presentación de la demanda el nueve (9) de septiembre de ese mismo año.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales, consultar providencias de 3 de septiembre de 1987, Exp. 3711, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; de 8 de octubre de 1987, Exp. 3726, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta; de 8 de junio de 1995, Exp. 10684, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 22 de junio de 1995, Exp. 9965, C.P. Daniel Suárez Hernández; de 8 de octubre de 1998, Exp. 14512, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Acerca de la naturaleza jurídica del acto de liquidación del contrato, consultar providencias de 1 de octubre de 1986, Exp. 4880, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; de 7 de febrero de 1990, Exp. 5604, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; de 28 de febrero de 1990, Exp. 5909, C.P. Carlos Betancur Jaramillo. En relación con la acción procedente para demandar la legalidad del acto de liquidación del contrato, consultar providencias de 10 de julio de 1990, Exp. 5782, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; de 24 de septiembre de 1990, Exp. 5164, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 45, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 62, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, DECRETO 222 DE 1983 - ARTÍCULO 252, DECRETO 222 DE 1983 - ARTÍCULO 289
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE NULIDAD / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / COSA JUZGADA / ALCANCE DE LA COSA JUZGADA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA / CONSECUENCIA DE COSA JUZGADA / PRINCIPIO DE COSA JUZGADA / PROCEDENCIA DE LA COSA JUZGADA
Problema jurídico:
¿Romenergo no es responsable por los perjuicios ocasionados con el incumplimiento en la entrega de los equipos objeto el Contrato 3756-E, debido a que tal incumplimiento fue ocasionado por una modificación sustancial a los diseños de los equipos, que EPM introdujo con vulneración de las cláusulas 12ª y 13ª del Contrato 3756-E?
Respuesta al problema jurídico: No
En 1986, las Empresas Públicas de Medellín (“EPM”) y la firma rumana Romenergo suscribieron el Contrato 3756-E, que tuvo por objeto el diseño, la fabricación y el suministro de blindajes, tuberías de presión, válvulas, compuertas, rejas coladeras y puente grúa para el Proyecto Hidroeléctrico Río Grande II, por un precio total de US$ 6.983.953. EPM, quien declaró la caducidad del contrato, pretende la indemnización de los perjuicios materiales derivados del incumplimiento, que dio lugar a la declaración de la caducidad contractual. (...) De acuerdo con los artículos 1604, 1608, 1609 y 1613 del Código Civil (...) el deudor está en mora, cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, siempre que el otro contratante cumpla su parte o se allane a cumplirla, y es responsable por el lucro cesante y el daño emergente irrogados al acreedor, con tal incumplimiento, así como lo es con el cumplimiento imperfecto o tardío, cuando, en contratos celebrados en beneficio recíproco haya actuado con culpa leve, es decir, con “[…] la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios” (artículo 63, Código Civil). En este análisis de la responsabilidad, la prueba de la diligencia o cuidado le incumbe al que ha debido emplearlo, según el artículo 1604 del Código Civil, referido anteriormente. (…) En este instancia no se discute el incumplimiento de Romenergo en la entrega de los equipos objeto del Contrato 3756-E a EPM dentro del plazo pactado, sino la imputación de responsabilidad de indemnizar los perjuicios derivados del incumplimiento de Romenergo, en cuanto —esta firma aduce— este habría sido ocasionado por una conducta antijurídica de EPM; entidad que, sin consideración a lo estipulado en las cláusulas 12ª y 13ª del referido contrato, habría modificado sustancialmente el diseño de los equipos que serían entregados, lo que implicó una modificación del objeto contractual. Debe, en consecuencia, determinarse en esta instancia si, por un incumplimiento contractual previo de EPM, Romenergo no habría incurrido en mora en la entrega de los equipos objeto del Contrato 3756-E, lo que enervaría la responsabilidad que EPM le atribuye en la demanda. (…) Ahora bien, en este proceso, el actor pretendió la condena a indemnización de perjuicios contractuales sin la declaración del incumplimiento de Romenergo, debido a que existía un acto administrativo en el que EPM había declarado la caducidad del Contrato 3756-E, en razón al incumplimiento grave de Romenergo. Aparte, desde la demanda, EPM advirtió la existencia de procesos contenciosos paralelos, producto de acciones que Romenergo incoó en su contra, cuyas resultas debían tenerse en cuenta en la sentencia dictada en este asunto. Lejos de controvertir este argumento del ente actor, las demandadas pusieron de presente, en esta instancia, la existencia de procesos judiciales paralelos, en los que las aquí demandadas habían impugnado los actos administrativos contractuales de imposición de multas, declaración de caducidad y de liquidación, que se centraban en el incumplimiento del Contrato 3756-E. Lo anterior dio lugar a que, de conformidad con el artículo 169 del CCA, esta Subsección requiriera copia auténtica y constancia de ejecutoria de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 25 de noviembre de 2013 en el proceso con radicación núm. 05001-23-31-000-1992-00111-00, en el que se resolvió sobre el incumplimiento del Contrato 3756-E, y sobre la validez de los actos en los que se declaró su caducidad como consecuencia del incumplimiento, así como de los actos con los que este contrato fue liquidado. Así pues, por las particularidades de este asunto, en el que las pretensiones condenatorias de la demanda penden de la validez del acto con el que fue declarada la caducidad del contrato, la cual fue ventilada en un proceso paralelo que concluyó con sentencia ejecutoriada, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el artículo 175 del CCA, la sentencia que niegue la nulidad de un acto administrativo producirá efectos de cosa juzgada erga omnes, pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Con ello, como lo ha considerado esta Subsección, se busca garantizar la seguridad jurídica y la autoridad de las sentencias judiciales, conforme a la cual, cuando una situación problemática de carácter jurídico ya ha sido resuelta por la jurisdicción, esta no puede volver a plantearse nuevamente ante los jueces. En consecuencia, la Sala procederá a verificar, a continuación, si lo que se debate en esta instancia formó parte de la causa petendi del proceso adelantado de forma paralela al que las partes del presente asunto hicieron referencia a lo largo de este proceso. (…) Resulta claro así que las consideraciones y los argumentos que dieron pie al primer problema jurídico decantado en esta instancia, sobre la responsabilidad por incumplimiento del Contrato 3756-E, formaron parte de la causa petendi del proceso en el que fue ventilada la validez de los actos declarativos de la caducidad contractual, en los que el ente actor funda sus pretensiones de condena, sin pretender previa ni simultáneamente la declaración del incumplimiento contractual. Por ende, de acuerdo con el artículo 175 del CCA referido anteriormente, este aspecto

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

tada en el convenio adicional núm. 14 al Contrato 3756. (…) Como se determinó anteriormente, la condena al pago del daño emergente ocasionado requiere que, aparte de la existencia de la relación de causalidad cuya configuración se constató anteriormente, se acredite el pago efectivo de los desembolsos ocasionados. Al punto, la Sala ha precisado que en la jurisprudencia de la Sección Tercera coexisten dos posiciones sobre la acreditación del pago. Un sector ha exigido que, además del acto en el cual se reconoce y ordena el pago a favor del beneficiario, sea allegado la constancia de la consignación, el paz y salvo o el recibo de pago suscrito por el beneficiario. Mientras, para acreditar el pago, otro sector de la jurisprudencia —también acogido por la Sala Plena de la Sección Tercera y sus tres Subsecciones— admite los comprobantes de egreso o certificaciones suscritos por el ordenador del gasto, en los que se especifique el concepto del pago y su destinatario, por tratarse de documentos públicos, vinculantes, que contienen y reflejan la propia manifestación de voluntad de la entidad condenada. En este proceso, la demandante allegó copia simple de las órdenes de pago núm. 05258 y 05284, suscritas por el ordenador del gasto, en las que se especifica que el destinatario era el Consorcio Taisei-Conconcreto, por un valor total a pagar de ¥46.106.224 y $155.808.654, correspondientes al “Acta No. C-14”; cifras que —de acuerdo con el “acta de convenio adicional No. C-14” y con lo pactado en la cláusula 4ª del convenio adicional núm. 14 al Contrato 3/DJ-7702/3— corresponden a los perjuicios reconocidos en dicha transacción. En consecuencia, se encuentra acreditado el pago efectivo de los desembolsos ocasionados con el incumplimiento del Contrato 3756-E por Romenergo, completándose así la prueba de este perjuicio, cuya condena es pretendida por el ente actor. (…) Por otra parte, recuerda la Sala que los perjuicios correspondientes al mayor precio pagado a la empresa argentina IMPSA, por la tubería de sifón que Romenergo se había obligado a entregarle a EPM, corresponderían —según la demanda— al daño emergente por los pagos efectuados ante la imposibilidad de emplear el bien objeto de la prestación incumplida para satisfacer la necesidad de EPM, lo que (…) [se] rebate, argumentando que el pago de tales suma habría sido el resultado de errores financieros de EPM, que la llevaron a pagar sumas excesivas, como se habría demostrado con la prueba pericial financiera. (…) En primer lugar, recuerda la Sala que, (…) el dictamen financiero no dio cuenta clara de la existencia de un error financiero de EPM, ni es una prueba procedente para determinar si se trata, o no, de un perjuicio indemnizable, pero sí puso en evidencia la incertidumbre existente sobre la identidad de los equipos objeto del Contrato 3756-E y del contrato suscrito con IMPSA, por la gran diferencia existente entre sus precios. (…) En todo caso, de acuerdo con un análisis conjunto de las pruebas, no cabe afirmar que EPM hubiera pagado a IMPSA un precio excesivo. (…) No obstante, por tratarse de precios correspondientes a equipos diferentes, no cabe afirmar que el mayor precio pagado a IMPSA sea un perjuicio cierto, derivado del incumplimiento de Romenergo. (…) En definitiva, no existe claridad sobre el sobrecosto correspondiente a lo pagado a IMPSA ante la imposibilidad de emplear los bienes objeto de la prestación incumplida por Romenergo, para satisfacer la necesidad de EPM. Para ello, sería necesario conocer el precio definitivo de los equipos que Romenergo debía entregar, o una aproximación fundada, de acuerdo con las modificaciones que durante la ejecución del Contrato 3756-E fueron ordenadas por EPM, así como las especificaciones detalladas de los equipos objeto del contrato celebrado con IMPSA, que tuvo unos diseños diferentes realizadas por Integral S.A., como lo atestiguó el ingeniero de EPM (…). No obran, sin embargo, en el acervo probatorio, medios de convicción que permitan conocer lo anterior, para así determinar el daño cierto irrogado a EPM, por el sobrecosto en que incurrió para sustituir los equipos requeridos. En consecuencia, la Sala no condenará al pago de tal perjuicio. (…) Ahora bien, el ente demandante pretendió el pago de los perjuicios irrogados por el incumplimiento del Contrato 3756-E, con exclusión de la suma correspondiente a la pena pecuniaria impuesta; pretensión que, conforme a lo considerado previamente, se ajusta a los términos del Contrato 3756-E y a la ley. Como consecuencia del incumplimiento del Contrato 3756-E, Romenergo irrogó a EPM unos perjuicios consistentes en el pago de las sumas acordadas en el convenio adicional núm. 14, que ascienden a ¥46.106.224 y $155.808.654, cifras que, en moneda nacional, equivalían a $212.356.754, según el dictamen financiero, que se basó en lo mencionado en la demanda. Por otra parte, en las Resoluciones 755 de 1988 y 1126 del 11 de agosto de 1988, se hizo efectiva la pena pecuniaria, equivalente al 10% del precio total del Contrato 3756-E; precio que ascendía a US$ 6.983.953, por lo que el monto de la pena pecuniaria impuesta correspondía a US$ 698.395,30. Esta cifra, a 17 de agosto de 1988, cuando fue notificada la Resolución 1126 de 1988 al representante de Romenergo, equivalía a $604.617.680,50, según el peritaje financiero. Como esta última cifra es mayor a la de los perjuicios derivados de las sumas pagadas en cumplimiento del convenio adicional núm. 14, se impone la desestimación de las pretensiones. En consecuencia, la sentencia apelada será confirmada.
NOTA DE RELATORÍA:
En lo concerniente a las modalidades de perjuicios por daño emergente y el lucro cesante, consultar providencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 29 de septiembre de 1978, Gaceta Judicial, tomo CLVIII, núm. 2399, pp. 235 a 249; y de 9 de junio de 2015, SC-7220, Exp. 1101-31-03-034-2003-00512-01. Sobre la prueba del nexo causal entre el incumplimiento del contrato y el daño cierto y real, como presupuesto de la responsabilidad contractual, consultar providencias de la Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Civil, de 9 de marzo de 2001, Exp. 5659; de 27 de marzo de 2003, Exp. C-6879; y de 18 de enero de 2007, Exp. 1999-00173-01. Acerca de la prueba del pago como presupuesto para reconocer la indemnización por daño emergente, consultar providencias de 31 de enero de 2021, Exp. 42037, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 2 de julio de 2021, Exp. 51063, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. En relación con los efectos de la transacción a la que llegan las partes del contrato al zanjar sus diferencias mediante convenio adicional, consultar providencia de la Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Civil, de 26 de mayo de 2006, Exp. 1987-07992-01.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 222 DE 1983 - ARTÍCULO 64, DECRETO 222 DE 1983 - ARTÍCULO 72, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 2, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1600, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1614, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2469

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2022-12-16. C.P. JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS. Rad. 05001233100019930137401. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233100019930137401-45793-sentencia).
