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¿Si las partes acuerdan una suspensión o una modificación del contrato y no plantean salvedades a su cumplimiento, con ello están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones, pues resultaría contrario al principio de buena fe y la prohibición de venir contra los actos propios, permitir que una parte prevalezca en juicio desconociendo que prestó su voluntad en la celebración de un negocio jurídico, sin advertir a su contraparte que aceptaba con reserva lo que estaba firmando? Sí
El contratista no puede desconocer los efectos de las salvedades no expresadas en las actas de suspensión o modificación del contrato, pues resultaría contrario al principio de buena fe y a la prohibición de venir contra los actos propios. En el presente caso, el contratista suscribió actas de suspensión sin indicar que estas causarían mayores costos por disponibilidad de personal, maquinaria y aumento de costos administrativos, circunstancias que ahora reclama. Las partes acordaron las suspensiones para superar dificultades y viabilizar la ejecución del contrato, por lo que el contratista no puede sorprender a su contraparte con situaciones que nunca fueron puestas de presente. La jurisprudencia reitera que el interesado debe indicar a su contraparte si la respectiva modificación, adición, prórroga o suspensión lo afecta, especialmente cuando se llegan a acuerdos para superar las dificultades. Por lo tanto, el contratista no puede desconocer sus propios actos para ahora pretender mayores costos por las suspensiones que firmó sin protesta alguna, sin reservas o salvedades en relación con sus intereses o derechos.síntesis automática
También resuelve:¿En lo que respecta a los intereses de mora por el incumplimiento en los pagos al contratista, dado que las partes nada pactaron en relación con el término que tenía la entidad demandada para…¿La entidad demandada debe responder patrimonialmente por los perjuicios materiales alegados en la demanda, causados por el proceso de cobro coactivo adelantado contra la contratista y por el remate…¿Resulta procedente el reconocimiento de perjuicios morales a favor del representante legal de la contratista, derivados del incumplimiento del pago de las obligaciones de la entidad contratante…
¿Debe aplicarse al caso sub examine, la Ley 678 de 2001 porque el hecho dañoso origen de la condena ocurrió el 12 de noviembre de 2009, por lo que, el demandante tiene que especificar la presunción concreta a partir de la cual le atribuye responsabilidad al servidor o ex servidor público demandado? Sí
En la acción de repetición, la Ley 678 de 2001 rige el análisis del dolo o de la culpa grave solo respecto de los hechos ocurridos desde su vigencia y hasta su derogatoria, por el principio de irretroactividad. Si los hechos que originaron la condena son anteriores, continúa aplicándose la normativa previa, y si son posteriores, la ley rige la valoración del agente en lugar de las nociones generales del régimen anterior. La primera razón es la irretroactividad, que constituye la regla general. La segunda es la excepción de efectos retroactivos, que opera de manera excepcional. La tercera es la exigencia de precisar la presunción concreta que fundamenta la responsabilidad del servidor o exservidor demandado, lo que impide un análisis genérico de la conducta. La providencia confirma la decisión de primera instancia y reitera la jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. En la práctica, cuando el hecho dañoso ocurre después de la vigencia de la ley, el demandante debe identificar la presunción que invoca desde la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Puede probarse el dolo o la culpa grave del funcionario público con la sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado…¿El demandado en condición de patrullero de la Policía Nacional incurrió en una conducta gravemente culposa por desconocimiento del manual de uso de las armas con sujeción a los principios de…¿Las sentencias judiciales pueden probar los hechos que le sirvieron de fundamento?
¿La conducta de no contestar la demanda es suficiente para acreditar el elemento subjetivo del medio de control de repetición? No
El contratista no acredita el elemento subjetivo del medio de control de repetición simplemente por no contestar la demanda, ya que esta conducta debe ser valorada por el juez como un indicio grave, pero no como un allanamiento a las pretensiones. La entidad estatal no puede ser condenada basándose únicamente en esta omisión, ya que se requiere un análisis más profundo para establecer la causalidad y la culpa grave del agente estatal. La Sala confirma la decisión de negar las pretensiones de la demanda, reiterando que el proceso de repetición debe hacer un juicio objetivo y subjetivo sobre el agente o ex agente del Estado para determinar si su comportamiento es la causa adecuada del daño.síntesis automática
También resuelve:¿El proceso de repetición está para hacer un juicio objetivo y subjetivo sobre el agente o ex agente del Estado y para determinar si dicho comportamiento es la causa adecuada del daño?¿No se demostró el elemento subjetivo ni el nexo de causalidad entre la supuesta omisión del demandado y la condena?¿El tribunal al analizar la conducta que se alegó en la demanda, consideró que el municipio no acreditó la omisión en que incurrió el demandado?
¿Es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer, en única instancia, de una acción de repetición promovida por una universidad contra sus exrectores y exvicerrectora, por hechos ocurridos en ejercicio de sus funciones? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de la acción de repetición que promueve una entidad pública contra sus exservidores cuando resulta condenada al pago de perjuicios causados por actuación dolosa o gravemente culposa, y en los procesos de única instancia la competencia del Consejo de Estado depende del factor subjetivo y del factor objetivo. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 142 del CPACA y el inciso primero del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 adscriben a esta jurisdicción la repetición para obtener el reintegro de lo pagado; los artículos 149, 152 y 155 de la Ley 1437 de 2011, vigentes al presentarse la demanda, introdujeron el factor subjetivo para los procesos de única instancia ante el Consejo de Estado y el factor objetivo para los demás; y la acción de repetición de una universidad contra sus exdirectivos se enmarca en la función pública que ejercieron. Por ello, la competencia para conocer de la acción se determina conforme a esas reglas. La providencia niega la pretensión de competencia contraria.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda de repetición se interpuso dentro del término legal?¿La legitimación en la causa por activa en el medio de control de repetición recae sobre la entidad obligada al pago de la indemnización y la legitimación en la causa por pasiva recae sobre los…¿Es aplicable la Ley 678 de 2001, sin modificaciones posteriores, al medio de control de repetición cuando los hechos que motivaron la acción ocurrieron antes de la vigencia de la Ley 2195 de 2022?
¿Se acreditó la demora injustificada en la firma del acta de inicio por parte del contratante? No
La Sala empieza por señalar que el contratista tramitó oportunamente la póliza una vez se perfeccionó el contrato, pero al hallar ciertos errores de fechas, la Universidad pidió su corrección en enero y febrero; así las cosas, el tiempo que transcurrió en este trámite fue producto de ajustes que el contratista efectuó el 27 de enero de 2015, periodo justificado, incluso si se considera el error en que al parecer incurrió la Universidad el 3 de febrero al pedir otra corrección, de manera que, al menos por ese lapso, no hay reproches relevantes que endilgar a la contratante bajo la tesis de que se presentó una demora de tres meses en la firma del acta de inicio.
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento de obligaciones por parte del contratante durante la ejecución del contrato de procesamiento bibliográfico?¿El dictamen pericial debe exponer la metodología usada y tener coherencia con el objeto de su decreto para que proceda su valoración?¿Es improcedente la tacha de testigos por quien solicitó la prueba?
Sentencia — Sentencia2024-06-17Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020220018100LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se configuró la causal séptima de anulación del laudo arbitral? No
Cuando el recurso extraordinario de anulación alega que el laudo es citra petita porque no decidió algunas excepciones, el cargo no prospera si el laudo se pronunció expresamente sobre ellas en la parte resolutiva y en las consideraciones. La regla se sostiene en tres razones: el recurso de anulación verifica los vicios de la decisión arbitral y no permite revisar el fondo de la controversia; el laudo que fundamenta el nexo causal y el incumplimiento con sustento probatorio y jurídico suficiente no incurre en la causal alegada; y el hecho de que la parte afirme que las excepciones no fueron motivadas implica que sí fueron decididas. En el caso, el laudo resolvió las excepciones de ausencia de nexo causal e inexistencia de incumplimiento, por lo que el recurso fue declarado infundado. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la alegación de falta de decisión debe demostrar que una pretensión o excepción quedó sin pronunciamiento, no que su motivación fue insuficiente.síntesis automática
También resuelve:¿El Tribunal decidió sobre las excepciones planteadas como no resueltas en su recurso de anulación por el recurrente?¿El Tribunal estableció que hubo incumplimiento de UNE EPM a los requisitos de su procedimiento para asignación de líneas y lo hizo con base en dictámenes periciales obrantes en el expediente?¿Se había establecido el cumplimiento de unos límites para la celebración del contrato y su ejecución, en el trámite de pedidos de telefonía básica?
¿Corresponde a la Sala conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en un proceso de control de repetición cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El contratista puede interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado en un proceso de control de repetición cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme a lo establecido en los artículos 142, 150 y 152 numeral 9 de la Ley 1437 de 2011. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo confirma que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer estos recursos, ya que el medio de control de repetición es una acción patrimonial que busca reembolsar al Estado por daños causados por actos dolosos o gravemente culposos de servidores públicos. La caducidad del medio de control de repetición se rige por el régimen jurídico vigente al inicio del proceso, según el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que implica que el cómputo del plazo para el pago de la condena se ajusta a las disposiciones del Decreto 01 de 1984. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado para conocer estos casos y establece las reglas sobre caducidad aplicables, lo que garantiza la seguridad jurídica en la interposición de recursos de apelación en procesos de control de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente interponer el medio de control de repetición contra un servidor público o particular que, actuando con dolo o culpa grave…¿Son aplicables al presente asunto las disposiciones procesales sobre caducidad previstas en el Código Contencioso Administrativo…¿Es procedente la acción de repetición cuando se presenta la demanda dentro del plazo de los dos años contados a partir del pago realizado por la administración?
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer, en segunda instancia, de un proceso de repetición cuando la apelación se interpone contra una sentencia proferida en primera instancia por un Tribunal Administrativo? Sí
El contratista es competente para interponer un proceso de repetición ante el Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo en primera instancia, ya que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de estos casos, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y las modificaciones introducidas por las leyes 446 de 1998 y 678 de 2001. La entidad pública que resulta condenada en un proceso de reparación directa puede ejercer la acción de repetición contra el servidor público responsable del daño, siempre que el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición se inicie desde el pago de la conciliación judicial o la condena, según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001. La legitimación en la causa por activa recae sobre la entidad obligada al pago de la indemnización y la legitimación en la causa por pasiva sobre el agente que dio lugar al daño, y la acción de repetición se rige por el régimen de responsabilidad estatal previsto en los artículos 90 de la Constitución y 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, independientemente de la fecha en que ocurrieron los hechos, siempre y cuando la Ley 678 de 2001 esté vigente al momento del ejercicio de la acción.síntesis automática
También resuelve:¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición inició con el pago de la conciliación judicial celebrada dentro del proceso de reparación directa?¿La legitimación en la causa por activa en el medio de control de repetición recae sobre la entidad obligada al pago de la indemnización y la legitimación en la causa por pasiva recae sobre el agente…¿Es aplicable el régimen de responsabilidad estatal previsto en los artículos 90 de la Constitución y 77 y 78 del C.C.A. para la acción de repetición cuando los hechos ocurrieron antes de la entrada…
¿La muerte de la víctima es atribuible exclusivamente al hecho de un tercero? Sí
La muerte de la víctima no es imputable a las entidades demandadas y es atribuible exclusivamente al hecho de un tercero, ya que el accidente se produjo por culpa exclusiva del conductor de la camioneta que no respetó la prioridad legal del paso del tractocamión que circulaba por su derecha, y no se probó la falla del servicio por omisión en la colocación de reductores de velocidad que hubiera sido la causa eficiente del daño. La entidad demandada no pudo prever ni evitar la conducta negligente del conductor del tractocamión, lo que la exime de responsabilidad patrimonial. Esta decisión confirma la sentencia apelada y niega las pretensiones de la demanda, estableciendo que la responsabilidad del Estado no se configura en ausencia de falla del servicio y cuando el daño es exclusivamente atribuible a un hecho del tercero.síntesis automática
También resuelve:¿El accidente se produjo por culpa exclusiva del conductor de la camioneta pues no respetó la prioridad legal del paso del tractocamión que circulaba por su derecha?¿La parte demandante acreditó la omisión por parte de la Administración en la colocación de reductores de velocidad y que ésta hubiera sido la causa eficiente y/o adecuada del daño?¿El hecho de que posteriormente se hubiesen instalado resaltos en la vía prueba que su ausencia el día de los hechos fue la causa eficiente del daño?
Sentencia — Salida - sentencia segunda instancia2026-11-03JUZGADO ADMINISTRATIVODESPACHO 05 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILARad. 41001333300920210024301ACCION DE REPETICION
¿Se acreditó la culpa grave de los agentes estatales cuando la entidad demandante no demostró los supuestos del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 ni aportó las piezas procesales necesarias para precisar las obligaciones incumplidas y el período de causación de los intereses moratorios? No
El contratista no acredita la culpa grave de los agentes estatales cuando no demuestra los supuestos del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 ni presenta las piezas procesales necesarias para precisar las obligaciones incumplidas y el período de causación de los intereses moratorios, ya que la entidad demandante debe probar la existencia de dicha conducta para prosperar en sus pretensiones de repetición. Además, la recomendación del Comité de Conciliación no atribuye competencias de ordenación del gasto al jefe de la oficina jurídica, quien carecía de dichas facultades y no omitió una actuación que le correspondía desplegar. Asimismo, la falta de radicación de las cuentas de cobro ante la entidad impide establecer un nexo causal entre las funciones del ordenador del gasto y la generación de los intereses moratorios reclamados, por lo que no se puede atribuirle culpa grave. Esta sentencia reitera la necesidad de acreditar la existencia de la culpa grave y la precisión de los hechos que la sustentan para que prosperen las acciones de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La recomendación del Comité de Conciliación de realizar acercamientos con un acreedor permite atribuir culpa grave al jefe de la oficina jurídica por el no pago de la obligación…¿Puede atribuirse culpa grave al ordenador del gasto por el no pago oportuno de una obligación cuando las cuentas de cobro necesarias para activar el procedimiento interno de pago no fueron radicadas…
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar por la falla del servicio médico que ocasionó la muerte de un paciente luego de una intervención quirúrgica de bypass gástrico por obesidad mórbida, por no haber firmado el consentimiento informado ni habérsele comunicado todos los riesgos que implicaban realizarse el procedimiento médico, y por la pérdida de la oportunidad de sobrevida de haber recibido un diagnóstico y tratamiento adecuados? Sí
Aunque la caducidad no se haya discutido ni alegado, el ejercicio oportuno de la acción de reparación directa es un presupuesto procesal que debe examinarse de oficio, porque los plazos legales son razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público. Su vencimiento sin que el interesado presente la demanda extingue el derecho de accionar, por lo que el juez debe verificar la fecha de los hechos y de la presentación de la demanda para establecer si se ejerció en tiempo. Este examen es necesario aun cuando la sentencia de primera instancia no haya estimado que la caducidad se produjo. En el caso concreto, la demanda por la muerte del paciente tras una intervención quirúrgica y por la pérdida de la oportunidad de sobrevida se presentó dentro del término legal, y la sala revocó la decisión de primera instancia. Como consecuencia práctica, en las demandas de responsabilidad médica por reparación directa el juez debe examinar de oficio la oportunidad de la demanda, aunque las partes no hayan debatido la caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación tanto fáctica como jurídica?¿La responsabilidad médica derivada de daños ocasionados como consecuencia de actividades médico-sanitarias, impone al demandante, bajo el régimen de la falla probada del servicio…¿Cuentan con valor probatorio las pruebas documentales y testimoniales trasladadas del proceso penal, cuando decretadas en el plenario y allegadas al proceso…
¿En el caso sub examine deben aplicarse las normas del Código Contencioso Administrativo, en cuanto los hechos imputados al demandado ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, por lo que el demandante tiene la carga probatoria para acreditar o demostrar todos los elementos de la responsabilidad del demandado? Sí
A este trámite le son aplicables las disposiciones sustanciales del Código Contencioso Administrativo (CCA) porque los hechos imputados al demandado ocurrieron el 18 de junio de 1994, antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001. Por lo tanto, la entidad demandante no podía prevalerse de las presunciones contenidas en esa ley y tenía la carga de acreditar todos los elementos de la responsabilidad del demandado.
También resuelve:¿Deben negarse las pretensiones de la demanda de repetición, en cuanto el daño por el cual fue condenada la entidad demandante, es decir…
¿La causa adecuada del daño, accidente de tránsito entre particulares, provino de una conducta ajena al Estado? Sí
El contratista no puede imputar al Estado la responsabilidad por lesiones físicas causadas en un accidente de tránsito entre particulares, ya que la causa adecuada del daño provino de una conducta ajena al Estado, específicamente del conductor de un vehículo que actuó imprudentemente al no respetar la prelación de paso y no tomar las precauciones debidas al cruzar una intersección, lo que resultó en un choque con una motocicleta. La entidad estatal no incurrió en ninguna omisión que contribuyera a la ocurrencia del accidente, y el hecho del tercero fue tanto imprevisible como irresistible para la Administración, por lo que no se configura la responsabilidad patrimonial del Estado. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado en casos de accidentes de tránsito, estableciendo que el daño debe ser consecuencia directa de una falla del servicio o de una omisión estatal para que se configure la responsabilidad del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Se probó la falla del servicio imputada al municipio de Villamaría?¿El accidente se produjo por el hecho del tercero consistente en el actuar del conductor de la camioneta?¿Los reductores de velocidad son señales preventivas que deben instalarse en zonas en donde se requiera detener completamente el vehículo o disminuir la velocidad?
¿Se acreditó que la conducta del ex rector de la Universidad Popular del Cesar, fue dolosa o gravemente culposa y ello dio lugar a la condena impuesta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho? No
Cuando se pretende la repetición contra un agente estatal por la condena impuesta al Estado, la responsabilidad exige probar que su conducta fue dolosa o gravemente culposa y que fue determinante en la causación del daño, sin que la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho haga tránsito a cosa juzgada frente a él. La regla se sostiene en tres razones: las presunciones de dolo o culpa grave de los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 requieren que se pruebe que el agente desconoció la norma o expidió el acto con falsa motivación; el proceso de nulidad y restablecimiento no tuvo como propósito juzgar la conducta del agente, y la falta de copia del acto anulado impide verificar su contenido. En el caso, no existió prueba distinta a las sentencias que anularon el acto, por lo que se negaron las pretensiones de repetición contra el ex rector. El documento no indica que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que la entidad debe aportar el acto administrativo y pruebas directas de la conducta del agente para que prospere la repetición.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos de repetición contra funcionarios de entidades públicas del orden nacional?¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago de la condena impuesta a la Universidad Popular del Cesar?¿Por la fecha de ocurrencia de los hechos que dieron lugar a la condena por la que se ejerce el medio de control de repetición, al caso concreto le son aplicables los preceptos de la Ley 678 de 2001?
¿Pueden los informes elaborados por la Fiscalía General de la Nación en la etapa de investigación penal ser valorados como prueba dentro de un proceso judicial si no han sido sometidos a contradicción en audiencia pública? No
El contratista no puede presentar informes elaborados por la Fiscalía General de la Nación en la etapa de investigación penal como prueba en un proceso judicial si no han sido sometidos a contradicción en audiencia pública, ya que estos informes no adquieren la condición de prueba hasta que se les ha dado la oportunidad de ser cuestionados en un juicio oral. Además, el juez no puede otorgar valor probatorio a un informe técnico presentado por una parte como experticio sin acreditar la idoneidad del autor o la representación de la entidad que lo suscribe, ya que la falta de esta acreditación afecta negativamente la credibilidad del informe. Estas reglas implican que la prueba trasladada de un proceso penal debe cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser valorada en un proceso judicial, lo que incluye la contradicción y la autenticidad de la cadena de custodia de la prueba.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez otorgar valor probatorio a un informe técnico presentado por una parte como experticio, sin que se acredite la idoneidad del autor o la representación de la entidad que lo suscribe?¿Se acreditó una ruptura en la cadena de custodia de los discos duros analizados por el laboratorio forense de la Fiscalía General de la Nación?¿Puede otorgarse valor probatorio a la declaración de un testigo técnico que no tuvo acceso directo al sistema examinado, ni acreditó documentalmente su idoneidad ni conocimiento directo de los…
¿Tiene competencia el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer del medio de control de repetición en razón a la cuantía? Sí
La competencia en segunda instancia para conocer de la apelación contra la sentencia de un tribunal administrativo en el medio de control de repetición cuando la cuantía de la pretensión supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes corresponde al Consejo de Estado, según los artículos 150 y 152 numeral 9 del CPACA, y que la acción de repetición procede para reclamar el reembolso de lo pagado por la entidad pública condenada por actuación dolosa o gravemente culposa de un servidor o particular que cumple función pública. Una razón es que el artículo 142 del CPACA y el inciso primero del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 atribuyen estos debates a la jurisdicción contencioso administrativa. Otra razón es que el municipio demandante reclamó el reembolso de un pago efectuado en cumplimiento de una condena, lo que encuadra en la definición de la repetición del artículo 2 de la Ley 678 de 2001. En el caso, la Sala conoció de la apelación por razón de la cuantía, y confirmó la decisión de primera instancia. Su consecuencia práctica es que la cuantía del reembolso determina la doble instancia en repetición ante el Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el medio de control de repetición en el caso sub examine, puesto que el municipio demandante solicita que se declare al demandado responsable de forma patrimonial por el pago que realizó en…¿Se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de repetición en el caso sub examine, considerando que, en virtud de las reglas de la aplicación de la Ley en el tiempo…¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001?
¿La acción de repetición fue presentada dentro del término de caducidad previsto en la norma? Sí
La acción de repetición caduca al vencimiento de dos años contados desde el día siguiente al pago total efectuado por la entidad, y que el término se cuenta desde la fecha efectiva del pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de dieciocho meses previsto para cumplir la condena, lo que ocurra primero. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el numeral 9 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo fija el término de dos años desde el pago total. Segunda, el término empieza a correr en la fecha que resulte primero entre el pago efectivo y el vencimiento del plazo de dieciocho meses del inciso cuarto del artículo 177 del mismo código. Tercera, en el caso el pago se efectuó antes del vencimiento del plazo para pagar, de modo que el término de caducidad se cuenta desde el pago y la demanda fue presentada dentro de ese término. La providencia confirma la sentencia de primera instancia. La consecuencia práctica es que, cuando el pago de la condena precede al vencimiento del plazo legal, el término de dos años para repetir se cuenta desde el pago, y no desde la ejecutoria.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de repetición en segunda instancia?¿Existe nexo de causalidad entre la condena derivada de la conciliación judicial pagada por la entidad por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento y la conducta del agente del estado…¿Procede la condena en costas en los procesos de repetición, entendiendo que por su naturaleza se debate un asunto de interés público?
¿El recurrente cumplió con la carga argumentativa que requiere la interposición del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, al reiterar los fundamentos de hecho y de derecho plasmados en la demanda? No
A pesar de que formalmente la parte actora presentó la impugnación, lo cierto es que materialmente no puede deducirse un argumento que esté destinado a debatir o cuestionar las razones que el Tribunal expuso como fundamento de su decisión, toda vez que se limitó a reproducir y transcribir literalmente los argumentos precisados en el libelo e, incluso, se presentó como la copia exacta de los alegatos conclusivos de la primera instancia, sin confrontar el cimiento de la decisión de la sentencia que se recurre.
También resuelve:¿La sustentación del recurso de apelación requiere que el recurrente exponga las razones de inconformidad que ataquen los argumentos con los que el a quo fundamentó su decisión?¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia está determinado por los motivos de inconformidad que exponga el recurrente en el recurso de apelación…
¿Se probó que la lesión sufrida por el soldado regular, por la cual el Estado suscribió y pagó la conciliación, fue causada por el demandado con su arma de dotación oficial a título de culpa grave? Sí
En la acción de repetición contra miembros de la fuerza pública, el incumplimiento de las precauciones de seguridad en el manejo de armas se considera falta grave y configura la presunción de culpa grave del agente. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el régimen disciplinario de las fuerzas militares define como falta grave incumplir las precauciones de seguridad cuando se manejan armas, lo que sirve de referente para valorar la conducta. Segunda, la infracción de esa precaución, en la medida en que causa el daño con el arma de dotación oficial, encuadra en la presunción de culpa grave. En el caso, el demandado causó la lesión de un soldado con su arma de dotación oficial, y la providencia revoca la decisión de primera instancia porque la conducta se encuentra incursa en esa presunción. En la práctica, la entidad que impute culpa grave a un militar por el uso de armas debe acreditar la infracción de la precaución de seguridad y su relación con la lesión.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del medio de control de repetición, interpuesto para el reembolso del pago de las condenas contra entidades públicas por el…¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el día siguiente a la fecha del pago de la conciliación judicial?¿El régimen normativo aplicable al medio de control de repetición es el vigente al momento de la ocurrencia de los hechos que produjeron la condena contra el Estado?
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia desde la fecha de ejecutoria del acto de liquidación unilateral del contrato, por lo que, dada la fecha de presentación de la demanda, ésta se presentó oportunamente? Sí
El contratista puede presentar oportunamente la acción de controversias contractuales dentro de los dos años siguientes a la fecha de ejecutoria del acto de liquidación unilateral del contrato, independientemente de que éste haya sido expedido con posterioridad al plazo legal para su emisión, ya que este acto, aunque extemporáneo, mantiene su naturaleza de acto administrativo contractual no separable y su validez presunta, lo que implica que el cómputo del término de caducidad se inicia desde la fecha de ejecutoria del acto de liquidación. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente, estableciendo que la liquidación unilateral del contrato, aunque extemporánea, no impide el ejercicio de la acción de controversias contractuales dentro del plazo legal, lo que permite a los contratistas defender sus derechos ante posibles incumplimientos o irregularidades en el proceso de liquidación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Romenergo no es responsable por los perjuicios ocasionados con el incumplimiento en la entrega de los equipos objeto el Contrato 3756-E…¿Las objeciones por error grave contra el dictamen financiero practicado en este proceso están llamadas a prosperar?¿Cuenta con eficacia probatoria el dictamen pericial financiero allegado al proceso, salvo en lo que toca a la definición de lo que constituyen perjuicios indemnizables y la forma en que la pena…