Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
¿Se presentó de forma oportuna la presente acción de repetición, cuando se observa que el pago de la condena se realizó antes del vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del CCA? Sí
Cuando el pago de la condena se realiza antes del vencimiento del plazo de dieciocho meses del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, el término de dos años para presentar la demanda de repetición se cuenta desde la fecha del pago, según el artículo 11 de la Ley 678 de 2001. La razón es que el pago se efectuó antes de que venciera ese plazo, de modo que la caducidad corre desde esa fecha, y la demanda, presentada dentro de los dos años siguientes, fue oportuna. En el caso, la sentencia penal absolutoria, que declaró la legítima defensa del agente que disparó con su arma de dotación contra un civil, hizo tránsito a cosa juzgada. Por esa razón, la Sala concluyó que no se acreditó el elemento subjetivo de la repetición, revocó la condena contra el agente y negó las pretensiones. Su consecuencia práctica es que, en pagos anteriores al plazo, la caducidad corre desde el pago, pero la absolución penal por legítima defensa impide la repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la responsabilidad patrimonial del agente estatal demandado en repetición por disparar a un civil con su arma de dotación oficial…
¿Se debe aplicar la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso a las demandas instauradas con posterioridad al 2 de julio de 2012? Sí
El contratista debe aplicar la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso a las demandas instauradas con posterioridad al 2 de julio de 2012, ya que estas disposiciones procesales regirán tanto la interposición de recursos como la práctica de pruebas, audiencias y notificaciones en curso. Además, el Código General del Proceso se integra al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) para regular los procesos iniciados después de dicha fecha, aunque los procesos anteriores se rigen por el régimen jurídico vigente al momento de su inicio, según lo dispuesto en el artículo 308 del CPACA. Esto implica que la entidad pública cuenta con 18 meses para cumplir con la condena impuesta en un proceso de reparación directa, contados desde que la sentencia quede en firme, conforme al inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla reitera la aplicación de las normas procesales vigentes al momento de la interposición de la demanda, garantizando la seguridad jurídica y la eficiencia del tráfico procesal.síntesis automática
También resuelve:¿El llamamiento en garantía con fines de repetición dentro del proceso de reparación directa produce el efecto de cosa juzgada respecto de la conducta del agente llamado por la entidad pública?
¿Se configura de oficio la excepción de cosa juzgada y estarse a lo resuelto en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el curso del proceso adelantado bajo el ejercicio de la acción popular? Sí
La cosa juzgada puede declararse de oficio cuando un proceso reúne las mismas partes, el mismo objeto y la misma causa de otro ya decidido, y en tal caso el juez debe estarse a lo resuelto en ese proceso anterior. La regla se apoya en que la cosa juzgada impide pronunciarse sobre asuntos ya conocidos, debatidos y juzgados, y protege la inmutabilidad de las decisiones judiciales y la seguridad jurídica. Para que opere, deben confluir los límites subjetivo, objetivo y causal de la figura, que en el momento de los hechos estaban regulados en el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil. En el asunto, las pretensiones del proceso analizado coincidían en objeto con las de la acción popular ya decidida, por lo que la Sala declaró configurada la cosa juzgada y revocó la sentencia apelada. En la práctica, el juez no puede volver a decidir las pretensiones que ya fueron resueltas en un proceso con idénticos sujetos, objeto y causa.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias2023-09-07Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 63001233300020160022801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se niegan las solicitudes de aclaración y adición presentadas por la parte actora dado que no se advierte motivo de duda en lo determinado en la providencia? Sí
En el proceso contencioso administrativo, las solicitudes de aclaración y adición de una sentencia solo proceden cuando la providencia contiene conceptos o frases de verdadero motivo de duda, o cuando omite pronunciarse sobre alguno de los extremos de la litis. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la aclaración no sirve para cuestionar las razones de la Sala al resolver el fondo de la controversia. Segunda, la adición solo procede para resolver puntos omitidos que debían ser objeto de pronunciamiento, y no para reabrir el debate ya resuelto. En el caso, la parte actora pretendía que se revisaran las razones de la sentencia, y la Sala niega las solicitudes de aclaración y adición. La providencia no adiciona la sentencia. En la práctica, quien pretenda aclarar o adicionar una providencia debe señalar el concepto dudoso o el extremo omitido, porque la inconformidad con el fondo se debe tramitar por los recursos que la ley prevé.síntesis automática
También resuelve:¿La solicitud elevada por el apoderado de la parte demandante en el sentido de que se aclare y adicione la sentencia es procedente?¿Las providencias pueden ser aclaradas cuando contengan frases o conceptos que ofrezcan duda, siempre que los mismos se encuentren contenidos en la parte resolutiva o influyan en ella?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias2023-09-07Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 25000233600020140082301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se negará las peticiones de aclaración y de adición presentadas por la parte actora y la compañía aseguradora dado que no se advierte motivo de duda en lo determinado en la providencia? Sí
En el proceso contencioso administrativo, las solicitudes de aclaración y adición de una sentencia solo proceden cuando la providencia contiene conceptos o frases de verdadero motivo de duda, o cuando omite pronunciarse sobre alguno de los extremos de la litis. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la aclaración no sirve para cuestionar las razones que tuvo la Sala para resolver la controversia, porque esas razones forman parte del fondo de la decisión. Segunda, la adición solo procede para resolver puntos omitidos que debían ser objeto de pronunciamiento, y no para reabrir el debate. En el caso, la parte actora y la aseguradora pretendían controvertir las razones de la sentencia, y la Sala niega las peticiones de aclaración y adición. La providencia no adiciona la sentencia. En la práctica, las partes que pretendan aclarar o adicionar una sentencia deben identificar un punto oscuro o un extremo omitido, porque la inconformidad con el fondo debe discutirse por los recursos ordinarios.síntesis automática
También resuelve:¿Las solicitudes elevadas por la parte actora y por la aseguradora en el sentido de que se aclare y adicione la sentencia son procedentes?¿Las providencias pueden ser aclaradas cuando contengan frases o conceptos que ofrezcan duda, siempre que los mismos se encuentren contenidos en la parte resolutiva o influyan en ella?
¿Se configuró la excepción de cosa juzgada por identidad de partes, de objeto y de causa? Sí
El contratista no puede volver a plantear pretensiones que ya fueron objeto de pronunciamiento en un proceso anterior, configurándose la excepción de cosa juzgada por identidad de partes, de objeto y de causa, cuando en la sentencia previa se resolvió sobre el incumplimiento del contrato y los efectos de las adiciones y prórrogas sin salvedades, lo que implica que cualquier reclamación adicional o la liquidación judicial del contrato sin reconocimiento de sumas adicionales no puede ser revisada nuevamente. La Sala modifica la jurisprudencia existente al precisar que los efectos de la cosa juzgada no alcanzan a la pretensión de liquidación judicial del contrato ni a la de enriquecimiento sin causa, pero sí a las pretensiones relacionadas con el reconocimiento de sumas adicionales, lo que implica que en casos futuros, si se cumplen los requisitos de identidad, no se podrá repetir la discusión de las mismas cuestiones ya decididas.síntesis automática
También resuelve:¿Se confirma la decisión del a quo de liquidar el contrato sin saldo a favor ni a cargo de las partes?¿Cuando en una sentencia se ha resuelto sobre un todo del que forma parte la cosa materia de la nueva demanda, existirá sin duda identidad de objeto?¿Si las pretensiones formuladas en el presente caso y en el otro proceso fueron distintas, ello no puede ser motivo para descartar el requisito de identidad de objeto para la configuración de la…
¿El Ejército Nacional, entidad demandante, está acudiendo indebidamente al medio de control de repetición y desconociendo una decisión que ya hizo tránsito a cosa juzgada? Sí
En el medio de control de repetición, la pretensión no procede cuando busca desconocer una decisión que ya hizo tránsito a cosa juzgada y en la que la jurisdicción contencioso administrativa se pronunció sobre la misma controversia. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la entidad demandante no puede acudir a la acción de repetición para reabrir un asunto ya resuelto por una sentencia ejecutoriada, porque ello desconoce la cosa juzgada. Segunda, la acción de repetición está destinada a recuperar lo pagado por la condena, y no a revisar nuevamente la responsabilidad que la sentencia ya declaró. En el caso, la sentencia anterior estableció que el Estado debía responder por las lesiones, y la entidad pretendía discutir de nuevo ese asunto mediante la repetición. La providencia rechaza las pretensiones y, en esa medida, revoca la decisión de primera instancia. En la práctica, la entidad que quiera repetir debe verificar que su pretensión no reproduzca el objeto de una sentencia previa con fuerza de cosa juzgada.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de repetición está prevista para solicitar el reintegro de lo pagado por el Estado en una condena judicial?¿La demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena?¿La condena en costas es procedente en la acción de repetición porque en esta se ventilan intereses patrimoniales de las entidades públicas?
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer las demandas de repetición interpuestas por entidades públicas cuando estas han sido condenadas al pago de perjuicios causados por actuaciones dolosas o gravemente culposas de sus servidores? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer las demandas de repetición interpuestas por entidades públicas cuando estas han sido condenadas al pago de perjuicios causados por actuaciones dolosas o gravemente culposas de sus servidores, en virtud de lo dispuesto en el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Esta competencia se extiende a la revisión de apelaciones en segunda instancia siempre que la cuantía del proceso supere los 500 SMLMV, conforme a lo establecido en los artículos 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado en estos casos, permitiendo a las entidades públicas obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados indebidamente.síntesis automática
También resuelve:¿Puede considerarse vulnerado el derecho fundamental al debido proceso —en particular los principios de cosa juzgada y non bis in ídem consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política—…¿Debe considerarse que existe cosa juzgada —y, por ende, que resulta improcedente emitir un nuevo pronunciamiento judicial— cuando en un proceso posterior se pretende debatir hechos y pretensiones…¿Debe abstenerse el juez de imponer costas y agencias en derecho en segunda instancia cuando la parte demandada estuvo representada por un curador ad litem que actuó de manera gratuita como defensor…
¿En el plenario del medio de control de repetición, existe prueba sobre la materialización de la imputación subjetiva contra los demandados a título de culpa grave? No
Cuando se pretende la repetición contra miembros de la fuerza pública, las sentencias disciplinarias y las de reparación directa no prueban por sí solas la culpa grave, pues el dolo y la culpa grave son presupuestos de carácter personal que deben establecerse respecto de cada agente. La regla se sostiene en tres razones. Primera, el fallo de reparación directa es un elemento de juicio insuficiente para valorar la conducta del agente. Segunda, la parte actora no solicitó la práctica de otros elementos de juicio idóneos para acreditar el elemento subjetivo. Tercera, los antecedentes administrativos aportados por la entidad se refieren a un informativo sobre pérdida de material de guerra y no tienen relación directa con los daños por los que el Estado fue condenado. En consecuencia, como no se aportaron pruebas idóneas, las pretensiones debían negarse y se confirmó la sentencia apelada. El documento reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el valor limitado del fallo de reparación directa.síntesis automática
También resuelve:¿La parte actora asumió que el elemento de la culpa grave se desprendía de la sentencia proferida dentro de la reparación directa?¿El demandante tiene la carga de indicar qué conductas específicas son atribuibles al demandado?¿La parte actora tenía la carga de acreditar que los demandados actuaron con culpa grave en los hechos?
¿Como consecuencia de la declaración de ineptitud sustantiva de la demanda el juzgador no tenía competencia para resolver el fondo de la controversia? Sí
En el proceso contencioso administrativo, cuando la demanda es declarada sustancialmente inepta, el juez no tiene competencia para resolver el fondo de la controversia, de modo que no puede pronunciarse sobre las pretensiones. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la ineptitud sustantiva de la demanda impide un pronunciamiento de fondo, de modo que no puede tenerse por resuelta la pretensión en sentido desfavorable. Segunda, la decisión de fondo que se adopte sin competencia para ello carece de efectos sobre el litigio. En el caso, la sentencia de primera instancia había dado por resueltas las pretensiones, pero la Sala revoca esa decisión porque el juzgador no tenía competencia para decidir el fondo, y en su lugar declara el incumplimiento de la obligación de excluir ciertas áreas del objeto del contrato de comodato. En la práctica, la ineptitud sustantiva debe examinarse antes de resolver las pretensiones, porque un pronunciamiento de fondo sin competencia será revocado en apelación.síntesis automática
También resuelve:¿Por no existir certeza en el perjuicio que solicita la parte actora sea reparado, no hay lugar al reconocimiento de tales pedimentos?¿Es claro que existió un incumplimiento por parte del municipio de Valledupar en la obligación de exceptuar del convenio los locales del inmueble?¿El vínculo jurídico inicial se cimentó en el apoyo de la corporación demandante en la efectividad del cumplimiento del servicio público de educación…
¿El recurso extraordinario de revisión es una instancia adicional para debatir las apreciaciones jurídicas de las partes? No
El recurso extraordinario de revisión no es una instancia adicional para debatir las apreciaciones jurídicas de las partes, sino que su naturaleza es limitada a revisar la legalidad de la sentencia y las causales específicas establecidas en la ley. La Sala declaró infundado el recurso interpuesto por la sociedad demandante contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que confirmó la denegación de las pretensiones de nulidad del acto administrativo en un proceso de controversias contractuales. La Sala sostuvo que las pruebas documentales pudieron haber sido aportadas durante el proceso ordinario si la parte recurrente hubiera actuado con diligencia, y que la imposibilidad de aportarlos no obedeció a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Además, los documentos recuperados no desvirtuaron la legalidad de los actos administrativos por los cuales el IDIPRON declaró el incumplimiento parcial del contrato de interventoría. Esta decisión reitera la limitación del recurso extraordinario de revisión y subraya la importancia de la diligencia procesal en la presentación de pruebas.síntesis automática
También resuelve:¿Las pruebas documentales pudieron ser aportados durante el curso del proceso ordinario si el recurrente hubiera ejercido diligentemente las actuaciones que llevó a cabo con posterioridad a la…¿La imposibilidad de aportar los documentos al proceso ordinario obedeció a circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria?¿El contenido de los documentos tiene la aptitud para desvirtuar la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales el IDIPRON declaró el incumplimiento parcial del contrato de…
¿El régimen jurídico del contrato es de derecho privado por tener relación con el desarrollo del objeto social de Ecopetrol? Sí
Los actos jurídicos, contratos y actuaciones necesarias para administrar y desarrollar el objeto social de una empresa industrial y comercial del Estado constituida como sociedad de economía mixta se rigen exclusivamente por el derecho privado, sin importar el porcentaje del aporte estatal en el capital. La regla se apoya en el artículo 6 de la Ley 1118 de 2006 y en la evolución normativa de la entidad, desde su creación por la Ley 165 de 1948 hasta su escisión mediante el Decreto 1760 de 2003, que la dejó como sociedad pública por acciones con capital totalmente estatal y regida por sus propios estatutos. Estos antecedentes muestran que el régimen privado opera como excepción aplicable a las actividades industriales y comerciales de la entidad. En el asunto, el contrato celebrado en 2015 se consideró regido por el derecho privado, y la Sala confirmó la decisión. En la práctica, las controversias sobre contratos de esa naturaleza se resuelven conforme al derecho privado y no según el régimen general de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El tribunal en primera instancia omitió pronunciarse respecto a las pretensiones de incumplimiento contractual derivadas de la ejecución del contrato?¿Se acreditó que la mayor permanencia de la obra fue una consecuencia del incumplimiento de la entidad demandada?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿El término para presentar la demanda de controversias contractuales, independientemente del régimen jurídico aplicable al contrato celebrado por una entidad estatal, es el señalado en el artículo 136 del CCA? Sí
El contratista debe presentar la demanda de controversias contractuales dentro del término señalado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, independientemente del régimen jurídico aplicable al contrato celebrado por una entidad estatal, ya que este artículo regula la caducidad de la acción de controversias contractuales. La caducidad opera de pleno derecho cuando se sobrepasan los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción, protegiendo la seguridad jurídica y la paz social. En el caso específico, la acción para declarar la nulidad del acta de terminación de mutuo acuerdo caducó el 10 de agosto de 2006, y la demanda fue presentada el 5 de diciembre de 2006, por lo que la Sala modifica la decisión del Tribunal de primera instancia y declara que la acción es caduca para las pretensiones principales y la tercera pretensión subsidiaria. Esta decisión reitera la importancia de cumplir rigurosamente con los plazos legales para evitar la caducidad de la acción.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales respecto de las pretensiones principales y el tercer grupo de pretensiones subsidiarias…¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales respecto de la primera y segunda subsidiarias, así como a la pretensión que el demandante denominó adición a las pretensiones…¿En virtud del Decreto 1615 de 2003 operó una cesión de los contratos que había suscrito Telecom en favor de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.…
¿La ausencia de salvedades en las prórrogas y modificaciones del contrato impide que el contratista efectúe reclamaciones a través del medio de control de controversias contractuales? No
El contratista puede efectuar reclamaciones a través del medio de control de controversias contractuales incluso cuando las prórrogas y modificaciones del contrato no contienen salvedades, ya que la ley no establece que la ausencia de estas impida el ejercicio de dichos medios. El juez debe determinar la intención de las partes en cada caso, y no asumir que el silencio en los acuerdos modificatorios implica una renuncia automática a la posibilidad de formular reclamaciones. Además, para que una modificación contractual genere un acuerdo o renuncia sobre el asunto objeto del proceso judicial, es necesario que este sea expresamente abordado en el acuerdo y que las partes adopten acuerdos para su solución, lo que no ocurrió en este caso. La Sala matiza la jurisprudencia anterior, permitiendo que el contratista presente reclamaciones sin necesidad de que las partes hayan dejado salvedades en los acuerdos modificatorios.síntesis automática
También resuelve:¿El Consorcio demandante probó los perjuicios por la mayor permanencia en obra imputables a la entidad demandada, derivados del incumplimiento contractual de la Agencia por entregar diseños…¿Hay lugar a reconocer al contratista el AIU sobre la adquisición de ascensores nuevos, considerando que no se pactó en el contrato de obra pública un valor adicional por ese concepto?¿Hay lugar a reconocer al contratista el pago de transporte de ascensores nuevos, considerando que no se pactó en el contrato de obra pública un valor por ese concepto?
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia desde la fecha de ejecutoria del acto de liquidación unilateral del contrato, por lo que, dada la fecha de presentación de la demanda, ésta se presentó oportunamente? Sí
El contratista puede presentar oportunamente la acción de controversias contractuales dentro de los dos años siguientes a la fecha de ejecutoria del acto de liquidación unilateral del contrato, independientemente de que éste haya sido expedido con posterioridad al plazo legal para su emisión, ya que este acto, aunque extemporáneo, mantiene su naturaleza de acto administrativo contractual no separable y su validez presunta, lo que implica que el cómputo del término de caducidad se inicia desde la fecha de ejecutoria del acto de liquidación. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente, estableciendo que la liquidación unilateral del contrato, aunque extemporánea, no impide el ejercicio de la acción de controversias contractuales dentro del plazo legal, lo que permite a los contratistas defender sus derechos ante posibles incumplimientos o irregularidades en el proceso de liquidación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Romenergo no es responsable por los perjuicios ocasionados con el incumplimiento en la entrega de los equipos objeto el Contrato 3756-E…¿Las objeciones por error grave contra el dictamen financiero practicado en este proceso están llamadas a prosperar?¿Cuenta con eficacia probatoria el dictamen pericial financiero allegado al proceso, salvo en lo que toca a la definición de lo que constituyen perjuicios indemnizables y la forma en que la pena…
¿La demandante ejerció su derecho de accionar en repetición con la presentación de la demanda en forma oportuna? Sí
En el medio de control de repetición, los plazos para ejercer las acciones contenciosas son razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, porque buscan dar seguridad jurídica y evitar situaciones indefinidas en el tiempo. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el legislador fijó esos plazos para proteger el interés general, de modo que su vencimiento impide el ejercicio tardío de la acción. Segunda, el carácter de orden público de los términos impide que las partes los modifiquen o renuncien a ellos por acuerdo. En el caso, la demanda de repetición se presentó dentro del término legal, y la providencia confirma que la acción fue ejercida de manera oportuna. La providencia subraya que esos plazos no admiten renuncia por las partes. En la práctica, la entidad que pretenda repetir debe calcular el término desde el evento legal aplicable y presentar la demanda antes de que venza, porque el plazo no puede extenderse por acuerdo entre las partes.síntesis automática
También resuelve:¿El régimen vigente aplicable al medio de control de repetición contra el director de talento humano de la gobernación de Boyacá, por la supresión de un cargo en diciembre de 2001…¿Se cumplen en el caso concreto los primeros tres requisitos de procendencia del medio de control de repetición, esto es, la obligación reparatoria a cargo del Estado…¿Acreditó la entidad demandante que, la conducta del agente o ex agente del Estado, determinante de la obligación reparatoria a cargo de la Administración, fue dolosa o gravemente culposa?
¿El recurso extraordinario de revisión es la vía adecuada para corregir los yerros probatorios de las partes procesales, para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario? No
El recurso extraordinario de revisión no es la vía para corregir yerros probatorios de las partes, reabrir el debate, revivir términos ni reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, pues su finalidad es despojar de la cosa juzgada a una sentencia contraria al ordenamiento solo por las causales taxativamente previstas en la ley. La regla se apoya en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984, mantenido en la Ley 1437 de 2011, y en el artículo 248 del CPACA, que lo hace procedente contra sentencias ejecutoriadas de las secciones, subsecciones, tribunales administrativos y jueces administrativos. Además, la revisión es un proceso independiente y autónomo del que dio origen a la sentencia, lo que impide utilizarla como una nueva instancia. En el asunto, la parte que la promovió pretendía reabrir la discusión probatoria del proceso ordinario, y la Sala declaró infundado el recurso. En la práctica, los errores probatorios cometidos en el proceso ordinario no justifican la revisión si no encajan en una causal taxativa.síntesis automática
También resuelve:¿La sentencia del 11 de agosto de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del proceso de reparación directa interpuesto por el demandante…¿Debe condenarse en costas procesales y agencias en derecho a la parte recurrente atendiendo a la naturaleza, duración y complejidad del proceso…
¿Es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer demandas de repetición interpuestas por entidades públicas contra servidores o particulares que hayan causado un perjuicio por actuación dolosa o gravemente culposa? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer demandas de repetición interpuestas por entidades públicas contra servidores, exservidores o particulares que hayan causado un perjuicio por actuación dolosa o gravemente culposa, con el fin de obtener el reembolso de los dineros pagados. Esta competencia se fundamenta en el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Además, la Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, según lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011. La caducidad del medio de control de repetición se calcula según el régimen jurídico vigente al momento de iniciación del proceso, conforme al artículo 308 del CPACA, y no al momento de la ejecutoria de la sentencia. En este caso, la entidad pública presentó la demanda dentro del plazo de dos años siguientes al pago de la condena impuesta al Estado, cumpliendo así con el requisito temporal.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el medio de control de repetición contra un servidor, exservidor o particular investido de función pública cuando se verifica que su conducta dolosa o gravemente culposa dio lugar a una…¿Debe aplicarse el régimen procesal vigente al momento de iniciación del proceso para efectos del cumplimiento de la sentencia, conforme al artículo 308 del CPACA?¿Se ejerció en tiempo el medio de control de repetición cuando la demanda fue presentada dentro de los dos años siguientes al pago de la condena impuesta al Estado?
¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño proviene de un hecho imputable a la administración de justicia? Sí
El contratista puede interponer una acción de reparación directa cuando el daño proviene de un hecho imputable a la administración de justicia, conforme al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, que establece esta como el medio idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado. La caducidad de la acción de reparación directa es un límite al derecho de acción y una garantía del principio de seguridad jurídica, operando por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial, consolidando los derechos de los actores jurídicos y limitando el ejercicio del derecho de acción. En casos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha indicado que el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, considerando el conocimiento del daño por parte del demandante, lo que implica que la acción debe ejercerse en tiempo, dentro del término de dos años, de lo contrario, el juez puede declarar de oficio la caducidad de la acción.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad es un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general?¿Debe declararse de oficio la caducidad de la acción de reparación directa por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el caso sub examine…¿Debe declararse la caducidad de la acción de reparación directa por error jurisdiccional en el caso sub examine, teniendo en cuenta que, la demanda se presentó de forma oportuna?
Sentencia — Sentencia2024-05-22Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 11001032600020230013200LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad pública? Sí
Cuando el recurso extraordinario de anulación se interpone contra un laudo arbitral en el que interviene una entidad pública, la Sección Tercera del Consejo de Estado conoce del recurso en única instancia, conforme al numeral 7 del artículo 149 del C.P.A.C.A. y al inciso tercero del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012. La regla se sostiene en dos razones: el código asigna a la corporación la competencia para los recursos de anulación de laudos proferidos en conflictos originados en contratos de entidades públicas, siempre que se cumplan sus presupuestos; y la naturaleza de la entidad vinculada al proceso arbitral, una empresa de servicios públicos de carácter mixto, la sitúa dentro de esa competencia. En el caso, el recurso fue interpuesto contra un laudo en el que intervino esa empresa y la sección declaró infundado el recurso. El documento reitera la naturaleza voluntaria, temporal y excepcional de la justicia arbitral; la consecuencia práctica es que la competencia para el recurso de anulación depende de que el laudo se haya proferido en un proceso en el que intervino una entidad pública.síntesis automática
También resuelve:¿La justicia arbitral se caracteriza por ser un mecanismo alternativo de solución de conflictos que se rige por el principio de voluntariedad, ser de carácter temporal y excepcional?¿El recurso de anulación de laudo arbitral se caracteriza por ser de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario; por estar orientado a la protección del derecho al debido proceso en cabeza de…¿La causal séptima de anulación se configura cuando: 1.