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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: estaban facultadas las administradoras cooperativas

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Fecha
2025-05-05
Radicado
76001233100020090103701
Número interno
63040
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS COOPMUNICIPIOS
Demandado
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: estaban facultadas las administradoras cooperativas

Lo que dijo la Sala

Las administradoras públicas cooperativas se instauraron como formas asociativas, de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 79 de 1988, establecidas por la Nación, los departamentos y los municipios o distritos, a través de leyes, ordenanzas o acuerdos, respectivamente, con un mínimo de cinco entidades. El acuerdo cooperativo, mediante el cual se crean, se define como “el contrato que se celebra por un número determinado de personas, con el objetivo de crear y organizar una persona jurídica de derecho privado denominada cooperativa, cuyas actividades deben cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de lucro” [Artículo 3° de la Ley 79 de 1989.].

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista puede celebrar convenios interadministrativos bajo la legislación vigente al momento de la suscripción del Convenio 005 de 2001, ya que las administradoras cooperativas se consideraban entidades estatales independientemente del porcentaje de participación pública y del régimen jurídico, conforme al parágrafo del artículo 2° de la Ley 80 de 1993. Este precedente modifica la interpretación previa que limitaba la celebración de estos convenios a entidades con participación pública mayoritaria, lo que implica que las administradoras cooperativas estaban habilitadas para celebrar contratos y convenios interadministrativos en los términos del numeral 1° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Estaban facultadas las administradoras cooperativas para celebrar convenios interadministrativos bajo la legislación vigente al momento de la suscripción del Convenio 005 de 2001?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto Ley 1484 de 1989
  • Ley 1150 de 2007, arts. 10 y 2
  • Ley 454 de 1998, art. 66

También resuelve

  • ¿Constituyen los convenios interadministrativos una figura distinta de los contratos estatales por no tener finalidad remuneratoria y fundarse en el principio de colaboración entre entidades públicas?
  • ¿Debe calificarse como contrato interadministrativo un negocio jurídico entre entidades públicas que contiene obligaciones recíprocas con carácter conmutativo y ánimo remuneratorio?
  • ¿Se encuentra sometido al Estatuto General de Contratación el contrato interadministrativo celebrado entre un municipio y otra entidad, a efectos de su liquidación y del cómputo de la caducidad?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

ENTIDAD ESTATAL ENTIDAD PÚBLICA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CONTRATACIÓN ESTATAL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN ENTIDAD SUJETA A RÉGIMEN JURÍDICO ESPECIAL COOPERATIVA ECONOMÍA SOLIDARIA RÉGIMEN DE ECONOMÍA SOLIDARIA REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONTRATO ESTATAL PRINCIPIO DE LA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA FUNCIÓN PÚBLICA ÁNIMO DE LUCRO FINALIDAD DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INTERÉS GENERAL ACTIVIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONCEPTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO OBLIGACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES ESTATALES PRINCIPIO DE CONMUTATIVIDAD LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES MUNICIPIO TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA PRUEBA PERICIAL FINALIDAD DE LA PRUEBA PERICIAL PRÁCTICA DE PRUEBA PERICIAL DICTAMEN PERICIAL PRÁCTICA OFICIOSA DEL DICTAMEN PERICIAL PRUEBA DE OFICIO PRÁCTICA DE PRUEBA DE OFICIO PERITO PROHIBICIONES DEL PERITO APLICACIÓN DE LA PRUEBA TÉCNICA PRUEBA TÉCNICA ALCANCE DE LA PRUEBA HECHO ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA DE LAS PRESTACIONES RECÍPROCAS DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN IUS VARIANDI RIESGO CONTRACTUAL DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO CARGA DE LA PRUEBA TARIFA PROPUESTA DEL PROPONENTE PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO COSTOS DIRECTOS COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO ESTATAL COSTOS INDIRECTOS TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO MUTUO CONSENTIMIENTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO TÉRMINO DEL CONTRATO PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL NULIDAD DEL CONTRATO TERMINACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR MUTUO ACUERDO BUENA FE PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO LUCRO CESANTE ACREDITACIÓN DEL LUCRO CESANTE EVENTO DE CAUSALIDAD DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO EJECUCIÓN DEL CONTRATO INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE OBLIGACIÓN CONTRACTUAL ACUERDO DE VOLUNTADES ESTIPULACIÓN A FAVOR DE TERCERO PRINCIPIO DE LA RELATIVIDAD DEL CONTRATO CONDENA DINERARIA IPC REAJUSTE CON BASE EN EL IPC INTERÉS MORATORIO INDEXACIÓN DE INTERÉS MORATORIO CUENTA DE COBRO MORA CAUSACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Equilibrio económico del contrato Terminación unilateral Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Prestación de servicios y contrato realidad Contratos y convenios interadministrativos

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Titulación de la relatoría 35.038 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ENTIDAD ESTATAL / ENTIDAD PÚBLICA / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / CONTRATACIÓN ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ENTIDAD SUJETA A RÉGIMEN JURÍDICO ESPECIAL / COOPERATIVA / ECONOMÍA SOLIDARIA / RÉGIMEN DE ECONOMÍA SOLIDARIA Problema jurídico: ¿Estaban facultadas las administradoras cooperativas para celebrar convenios interadministrativos bajo la legislación vigente al momento de la suscripción del Convenio 005 de 2001? Respuesta al problema jurídico: Si Las administradoras públicas cooperativas se instauraron como formas asociativas, de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 79 de 1988, establecidas por la Nación, los departamentos y los municipios o distritos, a través de leyes, ordenanzas o acuerdos, respectivamente, con un mínimo de cinco entidades. El acuerdo cooperativo, mediante el cual se crean, se define como “el contrato que se celebra por un número determinado de personas, con el objetivo de crear y organizar una persona jurídica de derecho privado denominada cooperativa, cuyas actividades deben cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de lucro” [Artículo 3° de la Ley 79 de 1989.]. Por su parte, el Decreto Ley 1484 de 1989 dispuso que las administradoras cooperativas podían tener como asociados a (i) la Nación, los departamentos, las intendencias, las comisarías, los municipios o distritos municipales y el Distrito Especial de Bogotá, (ii) los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional, departamental y municipal, que reciban autorización para el efecto, y (iii) las personas jurídicas de carácter privado sin ánimo de lucro y las demás formas asociativas que participando de esta última característica sean admitidas estatutariamente. A su vez, estableció que esta asociación estaría condicionada a la compatibilidad de sus objetivos con las finalidades de las entidades que pretendieran su vinculación. (…) Luego, el numeral 1° del artículo 2° de la Ley 80 de 1993 definió los sujetos que pertenecen al concepto de entidades estatales: (…). Inicialmente, el parágrafo del artículo 2° incluyó en la categoría de entidades estatales a las cooperativas y asociaciones formadas por entidades territoriales: (…). A partir del análisis de estos artículos, la Sala identificó que las administradoras cooperativas “(i) podían celebrar convenios o contratos interadministrativos, pues por ley ostentaban la calidad de entidades públicas según el parágrafo del literal a) del artículo 2° de la Ley 80 de 1993; y (ii) en relación con su régimen de contratación estaban sujetas al EGCAP -especialmente cuando en desarrollo de convenios interadministrativos celebraran contratos por cuenta de éstos- siempre que su participación pública fuera mayoritaria”. Más tarde, se expidió la Ley 454 de 1998, que en su artículo 66 dispuso que “[…] los entes solidarios de carácter público, así como aquellos cuyo patrimonio esté conformado parcialmente con recursos públicos, se sujetarán en la celebración de contratos, a los principios de transparencia, igualdad, imparcialidad, publicidad, economía, celeridad, moralidad, eficiencia y responsabilidad”, a partir de lo cual esta Corporación interpretó que los contratos de las administradoras cooperativas se habían sustraído de la aplicación de la Ley 80 de 1993 y quedaron sujetos únicamente a la aplicación de los principios dispuestos en esta norma. Con la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, se derogó el parágrafo del artículo 2° de la Ley 80 de 1993, de manera que las cooperativas y asociaciones integradas por entidades territoriales solo serían consideradas entidades estatales “en las condiciones definidas en el literal a) del numeral 1° del artículo 2 de la Ley 80 de 1993”. Asimismo, se dispuso que estarían sujetas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y que los contratos que se celebraran con ellas se someterían a los procesos de selección establecidos en dicha ley, en igualdad de condiciones con los particulares (artículo 10). Conforme a lo que se ha señalado, la Sala observa que el “convenio interadministrativo 005 de 2001” fue celebrado en vigencia del parágrafo 2° de la Ley 80 de 1993, momento para el cual las administradoras cooperativas se consideraban entidades estatales, con independencia del porcentaje de participación público y de su régimen jurídico. Por lo tanto, se encontraban habilitadas para la celebración de contratos y convenios interadministrativos, en los términos del numeral 1° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, vigente para ese momento. NOTA DE RELATORÍA: Frente a la variación del porcentaje de participación estatal que determina la aplicación del régimen contractual del EGCAP a sociedades de economía mixta y administraciones públicas cooperativas, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 31 de marzo de 2023. Radicación No. 76001-23-31-000- 2006-03284-01 (58.623), C.P.: José Roberto Sáchica Méndez. Sobre la exclusión de los contratos de administradoras cooperativas de la aplicación plena de la Ley 80 de 1993, sujetándolos únicamente a los principios de contratación, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de agosto de 2013. Radicación No. 52001-23-31-000-1999-00985-01 (23.088), C.P.: Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 1484 DE 1989, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 10, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 2, LEY 454 DE 1998 - ARTÍCULO 66, LEY 79 DE 1988 - ARTÍCULO 130, LEY 79 DE 1988 - ARTÍCULO 3, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE LA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA / ENTIDAD PÚBLICA / FUNCIÓN PÚBLICA / ÁNIMO DE LUCRO / FINALIDAD DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / INTERÉS GENERAL Problema jurídico: ¿Constituyen los convenios interadministrativos una figura distinta de los contratos estatales por no tener finalidad remuneratoria y fundarse en el principio de colaboración entre entidades públicas? Respuesta al problema jurídico: Si [S]e considera necesario aludir a las definiciones y distinciones que esta Corporación ha desarrollado en torno a los contratos y convenios interadministrativos. Estos últimos se han concebido como “un consenso de voluntades entre entidades públicas bajo el común designio de cumplir de manera conjunta las funciones a su cargo o prestar los servicios que les han sido legalmente encomendados”. Estos convenios encuentran su fundamento en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 y se caracterizan principalmente por gobernarse bajo el principio de colaboración administrativa entre entidades y por lo tanto no existe un interés remuneratorio entre ellas. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el concepto de convenio interadministrativo, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 31 de marzo de 2023. Radicación No. 76001-23-31-000-2006-03284-01 (58.623), C.P.: José Roberto Sáchica Méndez. Respecto a la naturaleza patrimonial y posibilitad de compensación implícita en los convenios interadministrativos, aun cuando su finalidad sea asociativa y cooperativa, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 20 de noviembre de 2019. Radicación No. 66001-23-33-000-2015-00131-01(61.429), C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / ACTIVIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / OBLIGACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES ESTATALES / PRINCIPIO DE CONMUTATIVIDAD / ÁNIMO DE LUCRO Problema jurídico: ¿Debe calificarse como contrato interadministrativo un negocio jurídico entre entidades públicas que contiene obligaciones recíprocas con carácter conmutativo y ánimo remuneratorio? Respuesta al problema jurídico: Si [E]n los contratos interadministrativos sí se presenta un ánimo remuneratorio que se evidencia en la estipulación de “obligaciones recíprocas que se miran como equivalentes” y que implican una preeminencia de la entidad estatal contratante. Ahora bien, descendiendo al análisis concreto del acuerdo suscrito por el municipio de Jamundí y Coopmunicipios, denominado “convenio interadministrativo”, la Sala encuentra que su objeto, las obligaciones pactadas y la remuneración dan cuenta de la celebración de un verdadero contrato, puesto que la finalidad del mismo era que Coopmunicipios le prestara unos servicios de operación de trámites al municipio de Jamundí a cambio de una remuneración que se encontraba sujeta al recaudo por dicha operación. [E]l negocio jurídico celebrado entre el municipio de Jamundí y Coopmunicipios tenía la naturaleza de un contrato interadministrativo, pues no se dirigió a aunar esfuerzos mediante la confluencia de aportes para lograr las finalidades de las entidades asociadas. Por el contrario, se pactaron obligaciones recíprocas en función del interés de cada una de las partes, lo que comportó una verdadera conmutatividad. NOTA DE RELATORÍA: Distinción entre los convenios interadministrativos y los contratos interadministrativos, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 26 de julio de 2016. Radicación No. 11001-03-06-000-2015-00102-00 (2.257), C.P.: Álvaro Namén Vargas. Citada en el texto original. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ENTIDAD ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MUNICIPIO / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Se encuentra sometido al Estatuto General de Contratación el contrato interadministrativo celebrado entre un municipio y otra entidad, a efectos de su liquidación y del cómputo de la caducidad? Respuesta al problema jurídico: Si Establecida la naturaleza del contrato interadministrativo, es posible determinar el régimen jurídico aplicable en función de definir el marco temporal para la liquidación y el análisis de la caducidad, que se desarrollará en el siguiente acápite. De ese modo, el municipio de Jamundí, como entidad contratante en el presente caso, es una entidad estatal sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de acuerdo con lo prescrito en el literal a), numeral 1°, del artículo 2° de la Ley 80 de 1993. Por lo tanto, el contrato interadministrativo en cuestión se encuentra sometido a las disposiciones de este estatuto, especialmente en lo relativo a su liquidación. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 1 LITERAL A CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA Problema jurídico: ¿Se presenta oportunamente la acción contractual cuando la demanda es interpuesta dentro del término de dos años, contado desde el vencimiento del plazo legal para la liquidación unilateral? Respuesta al problema jurídico: Si El numeral 10 del artículo 136 del CCA, subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, establece que la acción de controversias contractuales caducará en el término de dos años, contado a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento. A su vez, los literales c) y d) del precitado numeral estipulan unas reglas específicas para los contratos que requieren de liquidación. Así, cuando esta se efectúe de común acuerdo por las partes, los dos años se contarán a partir de la firma del acta. Por su parte, cuando la liquidación se realice unilateralmente por la Administración, este término correrá a partir de la ejecutoria del acto que la apruebe. Finalmente, “[si] la administración no lo liquidare durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar”. En esta línea, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, antes de la modificación introducida por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, disponía que “los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga”. De este modo, la Sala observa que el 30 de septiembre de 2008 se firmó el acta de terminación de mutuo acuerdo del contrato. En consecuencia, el plazo para surtir la liquidación bilateral transcurrió hasta el 1 de febrero de 2009. Si este trámite no se lograba, la administración podría hacerlo unilateralmente hasta el 2 de abril de ese año. En vista de que el acuerdo objeto de la litis no fue liquidado, a partir del día siguiente a esa fecha -3 de abril de 2009- comenzó a computarse el plazo de dos años para presentar la demanda, el cual fenecía el 3 de abril de 2011. Como la demanda se presentó el 5 de noviembre de 2009, se evidencia que fue oportuna, con independencia de la suspensión que se dio entre el 14 de septiembre y el 21 de octubre de 2009 en virtud del trámite de conciliación extrajudicial. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 INCISO 10, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60 PRUEBA PERICIAL / FINALIDAD DE LA PRUEBA PERICIAL / PRÁCTICA DE PRUEBA PERICIAL / DICTAMEN PERICIAL / PRÁCTICA OFICIOSA DEL DICTAMEN PERICIAL / PRUEBA DE OFICIO / PRÁCTICA DE PRUEBA DE OFICIO / PERITO / PROHIBICIONES DEL PERITO / APLICACIÓN DE LA PRUEBA TÉCNICA / PRUEBA TÉCNICA / ALCANCE DE LA PRUEBA / HECHO Problema jurídico: ¿Puede otorgarse valor probatorio a conclusiones de un dictamen pericial que exceden el objeto previamente fijado por el juez al decretar la prueba de oficio? Respuesta al problema jurídico: No La prueba pericial procede para verificar hechos que interesan al proceso y que requieren de especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos [Artículo 233 del Código de Procedimiento Civil.]. En la apreciación del dictamen se debe tener en cuenta su firmeza, precisión, la calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso [Artículo 241 del Código de Procedimiento Civil.]. la valoración del dictamen se ceñirá al objeto para el cual fue decretado, esto es, para la acreditación de los ingresos percibidos por Coopmunicipios en dos períodos: (i) entre enero de 2002 y noviembre de 2006 y (ii) desde marzo de 2007 hasta noviembre de 2008, a los cuales se hace referencia en los hechos 666 y 967 de la demanda. Por lo tanto, no se otorgará valor probatorio a las conclusiones del perito respecto de los ingresos dejados de percibir por la cooperativa, el capital pagado al Ministerio de Transporte y los valores adeudados por la operación del contrato en noviembre y diciembre de 2003, toda vez que exceden el objeto del dictamen decretado oficiosamente por el a quo. NOTA DE RELATORÍA: Cita de la sentencia: Se destaca que la prueba pericial fue decretada de oficio (art. 179 del Código de Procedimiento Civil), no a instancia de la parte demandante. Por este motivo, le correspondía al juez determinar las cuestiones sobre las que debía recaer la pericia, y a ellas debía ceñirse de forma estricta el dictamen (numerales 1 y 2 del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil). FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 179, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 233, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 236 NUMERAL 1, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 236 NUMERAL 2, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 241 CONTRATO ESTATAL / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA DE LAS PRESTACIONES RECÍPROCAS / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Está obligada la administración a restablecer el equilibrio económico del contrato estatal cuando este se rompe por causas no imputables al contratista? Respuesta al problema jurídico: Si Conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, en los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar, según el caso. Si dicha equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes deberán adoptar en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento. Luego, el equilibrio económico se predica respecto de aquellas condiciones que las partes han pactado al celebrar el contrato, y en virtud de las cuales esperan recibir los beneficios y provechos mutuamente equivalentes que les otorgará la ejecución del objeto negocial. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la adaptación del contrato mediante el principio del rebus sic stantibus cuando las circunstancias originales cambian sustancialmente durante la ejecución, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 13 de agosto de 2020. Radicado No. 05001-23-31-000-2006-03354-01 (46.057), C.P.: María Adriana Marín.. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27 ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / IUS VARIANDI / RIESGO CONTRACTUAL / DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL / CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Requiere el rompimiento del equilibrio económico del contrato estatal que el hecho generador sea imprevisible, anormal y ajeno a los riesgos asumidos por las partes? Respuesta al problema jurídico: Si La ruptura del equilibrio financiero del contrato puede ocurrir por una de tres causas: a) las que responden a los supuestos de la teoría de la imprevisión por ser, justamente, imprevisibles y ajenas a las partes y al contrato; b) las causas configurativas del denominado “hecho del príncipe”, que resultan imputables a la entidad contratante que, en ejercicio de sus funciones administrativas, profiere una medida de carácter general que termina afectando a su propio contratista y siendo ajena al contrato, incide en él alterando gravemente la economía contractual, y c) los eventos del denominado “ius variandi”, referentes a las modificaciones unilaterales que la entidad estatal le realiza al contrato. Estas causales tienen como denominador común la imprevisibilidad y anormalidad del hecho que origina el desequilibrio, lo cual implica que, para que se reconozca el rompimiento de la ecuación económica, se requiere que tal fenómeno no se haya originado dentro del margen de riesgo propio del contrato ni bajo las circunstancias previstas por las partes al distribuir, precisamente, los riesgos del objeto contractual, en las cláusulas del negocio jurídico, o al efectuar los ajustes económicos del mismo durante su ejecución. En ese sentido, el rompimiento del equilibrio económico del contrato no se produce simplemente porque el contratista deje de obtener utilidades o porque surjan mayores costos en la ejecución de sus obligaciones, si estos no superan el alea normal del contrato o corresponden a las eventualidades o contingencias asumidas por las partes tanto al celebrar el acuerdo de voluntades como al establecer los mecanismos que la ley autoriza para mantener la ecuación económica durante la vigencia del contrato. .]. [E]l rompimiento del equilibrio económico del contrato exige, ante todo, la comprobación de una afectación grave de la ecuación contractual, analizada en el conjunto de prestaciones y contraprestaciones cuya equivalencia fue considerada por las partes al momento de contratar. No cualquier pérdida o disminución patrimonial que sufra el contratista podrá catalogarse como tal, pues en todo contrato existe una contingencia de ganancia o pérdida que debe ser asumida por los contratantes, al formar parte del alea ordinaria y normal de todo negocio jurídico. En consecuencia, cuando se afirme que se rompió el equilibrio económico del contrato, lo primero que se debe acreditar por la parte demandante, es la existencia de esa afectación extraordinaria de la equivalencia entre derechos y obligaciones que fue asumida al momento de contratar. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las causas de ruptura del equilibrio financiero, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 6 de mayo de 2024. Radicación No. 05001-23-31-000-2010-02114-01 (56.495), C.P.: María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 11 de septiembre de 2024. Radicación No. 15001-23-33-000- 2017-00076-02 (68.810), C.P.: Alberto Montaña Plata. Respecto de la imprevisibilidad y anormalidad del evento sobreviniente como causa de desequilibrio económico contractual, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 23 de noviembre de 2017. Radicado No. 25000-23-26-000-1999-02431-01 (36.865), C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre el desequilibrio financiero en contratos estatales por alteración imprevisible de las condiciones originalmente pactadas, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 28 de enero de 2016. Radicado No. 25000-23-26-000-2003-01742-01 (34.454), C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico. Frente a la carga probatoria para acreditar la afectación extraordinaria del equilibrio económico contractual, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 17 de octubre de 2023. Radicado No. 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52.501), C.P.: María Adriana Marín. ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CARGA DE LA PRUEBA / PRUEBA PERICIAL / TARIFA / PROPUESTA DEL PROPONENTE / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / COSTOS DIRECTOS / COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO ESTATAL / COSTOS INDIRECTOS Problema jurídico: ¿Es suficiente para acreditar el rompimiento del equilibrio económico del contrato la disminución de ingresos, sin que se demuestre con precisión la estructura de costos y el impacto financiero real? Respuesta al problema jurídico: No El material probatorio expuesto no permite establecer el contenido de la ecuación contractual o de la relación entre los ingresos percibidos por Coopmunicipios y los costos directos e indirectos del contrato, por las siguientes razones: A pesar de que el valor del contrato es determinable, que se acreditó la reducción de las tarifas y que se encuentra establecido el monto de los ingresos de Coopmunicipios durante algunos períodos del contrato, no existen elementos de prueba que brinden certeza acerca de los costos en los que incurrió la cooperativa para la operación de los trámites a su cargo y, por lo tanto, no se encuentra probado que la alegada disminución de ingresos haya representado una afectación grave a la ecuación económica del contrato, pues sólo constata la diferencia de valores. En primer lugar, no se observa en el plenario la propuesta presentada por Coopmunicipios a la entidad territorial o algún documento en el que se establecieran los costos directos e indirectos de la operación, o una estimación del valor esperado para solventar los gastos de administración, la utilidad proyectada o los imprevistos. (…). El demandante no precisó la totalidad de trámites que se encontraban a su cargo y los costos directos e indirectos asociados a cada uno de ellos durante el período en el que alega haber sufrido un desequilibrio económico. (…). la argumentación del demandante y su ejercicio probatorio no se orientaron a demostrar las erogaciones asociadas a la ejecución del contrato ni su estructuración financiera. De modo que no es posible establecer con certeza la relación entre los costos y los ingresos durante la relación negocial, ni determinar si dicha relación se vio significativamente impactada por la reducción de las tarifas de trámites de registro, los cuales, cabe aclarar, solo correspondían a una parte de las obligaciones contractuales. (…) [A]un si en el plenario obrara un análisis preciso sobre el impacto de (…) la disminución de la participación y la reducción de tarifas- en los ingresos de la cooperativa, esto no sería suficiente para demostrar la ocurrencia de un desequilibrio económico, pues el solo hecho de que Coopmunicipios recibiera menos recursos por su participación en la ejecución del contrato no acredita la alteración grave de la ecuación económica del contrato. CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO / TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO / MUTUO CONSENTIMIENTO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / TÉRMINO DEL CONTRATO / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Es jurídicamente procedente la terminación anticipada de un contrato estatal mediante mutuo consentimiento entre las partes? Respuesta al problema jurídico: Si [L]os contratos estatales pueden terminarse debido a diversas causas: (i) por mutuo consentimiento, denominada también resciliación o mutuo disenso (art. 1602 C.C.); (ii) por causas atribuibles a los contratantes: incumplimiento grave de la administración que imposibilite su ejecución (art. 1609 C.C.) o del contratista que implique su caducidad (art. 18 de la Ley 80 de 1993); (iii) por causas legales o contractuales: muerte del contratista, resolución, extinción del plazo, nulidad del contrato (art. 44 Ley 80 de 1993), o terminación unilateral (art. 17 Ley 80 de 1993 o por los vicios recogidos en el art. 45 ibidem). La jurisprudencia de la Corporación, al examinar la posibilidad de terminación anticipada del contrato estatal mediante mutuo disenso, conforme a los artículos 1602 y 1625 del Código Civil, la estimó procedente en el entendido de que “las mismas voluntades que se concertaron para dar nacimiento al contrato, se ponen de acuerdo para darle fin, sin esperar el cumplimiento del objeto del contrato, o sin aguardar la expiración del término fijado como de duración de aquél”. NOTA DE RELATORÍA: Respecto de la terminación del contrato por mutuo acuerdo antes del cumplimiento de su objeto o del vencimiento del plazo, ver: Escola, Héctor Jorge, Tratado Integral de los Contratos Administrativos, Buenos Aires, ediciones Depalma, 1977, Volumen I, pág. 476, citado en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 26 de julio de 2012. Radicación No. 13001-23-31-000-1998-00343-01 (23.605), C.P.: Danilo Rojas Betancourth (E). FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 1602, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 1609, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 1625, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 17, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45 TERMINACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR MUTUO ACUERDO / BUENA FE / PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / LUCRO CESANTE / ACREDITACIÓN DEL LUCRO CESANTE / EVENTO DE CAUSALIDAD DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Puede un contratista reclamar un daño derivado de la terminación anticipada de un contrato cuando esta fue producto de un mutuo acuerdo en el que él mismo participó? Respuesta al problema jurídico: No El fundamento de lo pretendido no descansa en un incumplimiento, en un desequilibrio económico o en una terminación anticipada y unilateral del otro extremo negocial que impidiera a la demandante la ejecución esperada de su débito contractual, pues lo que se reclama -los ingresos dejados de percibir- es una circunstancia cuya ocurrencia se esperaba con posterioridad a la terminación del acuerdo. En consecuencia, la causa del daño alegado por el demandante, esto es, la no ejecución del contrato por el término comprendido entre su finalización y el plazo inicialmente pactado, es la suscripción del acta de terminación del negocio. Como este finalizó por el mutuo acuerdo de las partes, se hace énfasis en que el actor participó en la causa que generó el daño que se alega. En este contexto, adquiere relevancia el principio de la buena fe objetiva (artículo 1603 del Código Civil) y, específicamente, la doctrina de los actos propios. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la buena fe objetiva y la doctrina de los actos propios, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 13 de diciembre de 2016. Radicación No. 25000-23-26-000-2010-00461-01 (45.215), C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603 TERMINACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR MUTUO ACUERDO / BUENA FE / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / ACREDITACIÓN DEL LUCRO CESANTE Problema jurídico: ¿Vulnera el principio de buena fe objetiva la conducta de un contratista que solicita la terminación por mutuo acuerdo para evitar pérdidas, y luego demanda a la entidad por el lucro cesante derivado de esa misma terminación? Respuesta al problema jurídico: Si [L]as partes acudieron al acuerdo de terminación del contrato por una solicitud expresa del actor, que tenía como finalidad evitar pérdidas económicas futuras derivadas de su ejecución por el tiempo restante. Además, si bien en la sentencia de unificación del 27 de julio de 2023, esta Corporación definió que no es necesario que las partes plasmen salvedades en los pactos que se celebren durante la ejecución del contrato -lo cual incluye el acuerdo para su terminación- con el fin de elevar reclamaciones en sede contenciosa, el juez tiene el deber de “desentrañar, en cada caso, cuál fue el acuerdo de las partes y su alcance según las reglas de interpretación de los contratos, las normas supletivas aplicables a los tipos contractuales contenidas en las reglas civiles y comerciales y, por supuesto, la ejecución de buena fe del contrato”. En atención a esto, se muestra contrario a la buena fe el hecho de que el actor le solicitara a la entidad la terminación del contrato por mutuo acuerdo, con la finalidad de evitar pérdidas económicas futuras, ocultándole que pretendía posteriormente reclamar el lucro cesante dejado de percibir como consecuencia, precisamente, de dicho acuerdo. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la interpretación judicial de acuerdos contractuales posteriores sin necesidad de salvedades expresas, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de julio de 2023. Radicación No. 05001-23- 31-000-1999-02151-01 (39.121), C.P.: Guillermo Sánchez Luque. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / ACUERDO DE VOLUNTADES / ESTIPULACIÓN A FAVOR DE TERCERO / PRINCIPIO DE LA RELATIVIDAD DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Puede exigirse a Coopmunicipios el pago de obligaciones asumidas por el municipio frente al Ministerio de Transporte, sin que exista estipulación contractual expresa ni autorización por parte de la cooperativa? Respuesta al problema jurídico: No [E]l contrato interadministrativo y los acuerdos modificatorios allegados por las partes, no dan cuenta de la existencia de obligaciones a cargo de Coopmunicipios dirigidas a pagar las acreencias que adquiriera la entidad territorial con el Ministerio de Transporte en virtud de la expedición de licencias de conducción. Tampoco se evidencia disposición alguna que dé cuenta de la “relación triangular permanente” alegada por el demandante. [E]l demandante no acreditó la existencia de un acuerdo entre las partes contratantes -municipio de Jamundí y Coopmunicipiosdirigido a que este realizara el pago de la deuda adquirida por la entidad territorial mediante acuerdo de pago del 31 de agosto de 2004. Por el contrario, la correspondencia cruzada entre las partes permite concluir que la cooperativa no había efectuado ningún acuerdo de pago con el municipio, a favor del Ministerio de Transporte, y que, en todo caso, el aparente acuerdo celebrado entre el señor Mario Julio Herreño Velásquez y la entidad territorial -hecho que no fue acreditado- no podía producir efecto alguno al no haber sido autorizado por la cooperativa y, por lo tanto, no constituía una obligación enmarcada en el acuerdo de voluntades. CONDENA DINERARIA / IPC / REAJUSTE CON BASE EN EL IPC / INTERÉS MORATORIO / INDEXACIÓN DE INTERÉS MORATORIO / CUENTA DE COBRO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / CONTRATACIÓN ESTATAL / MORA / CAUSACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO Problema jurídico: ¿Procede el reconocimiento de intereses moratorios al contratista desde la fecha en que radica la cuenta de cobro, aun cuando no haya prueba de la fecha exacta del recaudo? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l actor manifestó estar de acuerdo con la actualización de los valores efectuada por el tribunal, a partir de enero de 2004, pero reclamó el reconocimiento de los intereses moratorios establecidos en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 sobre todas las sumas reconocidas en primera y segunda instancia. Comoquiera que en segunda instancia no se reconocieron sumas adicionales, la actualización se realizará, en los términos del artículo 307 del CPC121, sobre la suma reconocida por el tribunal, es decir $101’229.904, a partir de la fórmula [valor actualizado = valor histórico*(IPC inicial/IPC final)], tomando como índice inicial el que corresponde a la fecha en que se profirió la sentencia de primera instancia: (…). Por su parte, con relación a los intereses moratorios, la Sala observa que en la cláusula cuarta del contrato se estableció que el municipio recaudaría, a través de convenios celebrados con entidades financieras, las sumas derivadas de los servicios, (…). En el expediente no obra prueba de la fecha en la que se hizo el recaudo efectivo de los servicios de noviembre y diciembre de 2003. [E]n aras de determinar la expiración del plazo para cumplir con dicha obligación, es posible inferir que esto ocurrió con anterioridad al 13 de octubre de 2005, fecha en la cual se radicó la cuenta de cobro de Coopmunicipios con la discriminación de los valores exactos que debían ser pagados por la entidad contratante, por lo que se aplicarán los intereses moratorios (doble del interés legal civil) a partir de ese momento. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 307, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 8

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012331000200901037011100103