Titulación de la relatoría 19.468 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO DE APOYO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS / LITIGIO ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS / CONFLICTO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / RECURSO CONTRACTUAL NO EJECUTADO
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en atención a la vocación de doble instancia del proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con fundamento en [el] artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer del presente asunto, toda vez que la controversia sometida a juicio tiene origen en un convenio de apoyo financiero suscrito entre el departamento de Bolívar, los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto —entidades territoriales —, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Fonade. [Según] los artículos 150 y 152.5 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por Fonade contra la sentencia […], proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en atención a la vocación de doble instancia del proceso, dado que la pretensión de mayor valor formulada excede los 500 SMLMV. El medio de control procedente es el de controversias contractuales, de acuerdo con [el] artículo 141 del CPACA, por cuanto en el presente asunto se persigue (i) la declaratoria de incumplimiento del departamento de Bolívar respecto de las obligaciones derivadas del convenio de apoyo financiero […], suscrito con el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Fonade y los municipios San Juan Nepomuceno y San Jacinto, (ii) así como su liquidación judicial, en la cual, además de efectuar el cruce de cuentas pertinente, se hiciera efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada y se dispusiera la liberación de los aportes no ejecutados.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, 141, 150 Y 152 NUMERAL 5
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / POTESTAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿El cómputo de la caducidad debe efectuarse con base en el artículo 136 del CCA, que estableció un término de caducidad de 2 años para las acciones contractuales?
Respuesta al problema jurídico: Si
[D]ado que en el presente asunto el término de caducidad comenzó a correr […], cuando aún no había entrado en vigor el CPACA, su cómputo debe efectuarse con base en lo dispuesto por el artículo 136.10 del CCA, que estableció, como regla general, un término de caducidad de 2 años para las acciones contractuales. Esta [norma], previó reglas especiales, dependiendo de si el contrato requería o no liquidación; en caso afirmativo —como ocurre en el sub examine—, el conteo del término de 2 años iniciaría: (i) desde la suscripción del acta de liquidación bilateral, en [caso que las partes] la hubieren realizado de mutuo acuerdo (literal c); (ii) a partir de la ejecutoria del acto administrativo que apruebe la liquidación unilateral, [si fue] efectuada por la Administración (primera parte del literal d); y (iii) desde el vencimiento del plazo pactado por las partes [o], establecido por ley, para liquidar [bilateral] o unilateralmente, cuando ninguna de estas se hubiere efectuado (segunda parte del literal d). Fonade presentó solicitud de conciliación extrajudicial [6] días antes del vencimiento del plazo preclusivo, la cual fue declarada fallida […]. Como consecuencia, [el] término para la presentación oportuna de la demanda se extendió hasta el 28 de noviembre 2013, de manera que el escrito de demanda radicado [fue] presentado dentro del plazo legalmente previsto.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la facultad de liquidar de manera unilateral el convenio, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de septiembre de 2025, rad. 66170, C. P. Adriana Polidura Castillo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL C Y D, LEY 1437 DE 2011
CLASES DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATO ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS / CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD ESTATAL / CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / INTERPRETACIÓN POR LA NATURALEZA DEL CONTRATO / ATIPICIDAD CONTRACTUAL / CLASES DE CONTRATO ATÍPICO / INAPLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / DERECHO A LA LIBRE DISPOSICIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES / ESTIPULACIONES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / ASOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Los convenios interadministrativos son instrumentos de cooperación entre entidades públicas, con el propósito de cumplir conjuntamente funciones administrativas o garantizar la prestación de un servicio público?
Respuesta al problema jurídico: Si
Los convenios interadministrativos, previstos en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, son instrumentos de cooperación entre entidades públicas, celebrados con el propósito de cumplir conjuntamente funciones administrativas o garantizar la prestación de un servicio público. Su esencia radica en un ánimo de asociación y colaboración que excluye la contraposición de intereses propia de los contratos. En cuanto a la naturaleza de los convenios interadministrativos, de antaño se ha sostenido que son “nominados puesto que están mencionados en la ley”, pero al mismo tiempo “atípicos desde la perspectiva legal dado que se advierte la ausencia de unas normas que de manera detallada los disciplinen, los expliquen y los desarrollen”. Esta doble connotación ha generado debates en torno al marco normativo aplicable a dichos instrumentos de cooperación entre entidades públicas. [L]a Sección Tercera se ha decantado por la postura según la cual a los convenios interadministrativos no les resultan aplicables, de manera automática, las disposiciones de la EGCAP —Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007—; su régimen se encuentra determinado, en primer lugar, por las estipulaciones pactadas por las entidades que lo suscriben, en ejercicio de la autonomía de la voluntad y conforme su naturaleza asociativa y colaborativa, y, en lo no previsto, por los principios constitucionales que rigen la función administrativa, previstos en el artículo 209 de la Constitución Política, así como por aquellos que orientan la actividad contractual del Estado, tales como planeación, transparencia, economía y buena fe.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los convenios interadministrativos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de junio de 2019, rad. 2010-02552-01(AP); sentencia del 20 de noviembre de 2019, rad. 61429, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; y sentencia del 21 de mayo de 2021, rad. 57822, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95, LEY 80 DE 1993
CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / CONVENIO DE COOPERACIÓN / ACUERDO DE VOLUNTADES / CLÁUSULAS DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN / SISTEMA DE INVERSIONES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO / INTERÉS DE FINANCIACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / CONVENIO DE APOYO / CLASES DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Problema jurídico:
¿El acuerdo de voluntades se trató de un instrumento de cooperación interadministrativa mediante el cual la Nación destinó recursos para el mejoramiento del servicio de agua potable en dos municipios?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l acuerdo de voluntades [no] configuró una relación conmutativa en sentido estricto, pues no se pactó un intercambio patrimonial equivalente entre las entidades partícipes. Se trató, [de] un instrumento de cooperación interadministrativa mediante el cual la Nación destinó recursos para el mejoramiento del servicio de agua potable en los municipios; Fonade ejerció funciones de gerencia, supervisión y control de los recursos públicos; y tanto los municipios como el departamento de Bolívar asumieron la responsabilidad directa de ejecutar las obras necesarias para concretar el propósito común de garantizar la prestación del servicio público de acueducto en condiciones de eficiencia y continuidad, este último además comprometido a aportar una contrapartida económica para la financiación del proyecto. [L]a finalidad del acuerdo radicó en la concurrencia de esfuerzos institucionales para la realización de un propósito común y no en la equivalencia de contraprestaciones, lo que permite calificarlo como un convenio interadministrativo de apoyo [financiero], regido, [por] las estipulaciones contenidas en sus propias cláusulas y, de manera supletiva, por los principios que gobiernan la función administrativa y la contratación estatal.
CONVENIO DE APOYO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO / VINCULACIÓN A ENTIDAD PÚBLICA / RELACIÓN CONTRACTUAL / CONTRATO ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS / OBLIGACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES ESTATALES / ESTIPULACIONES DEL CONTRATO / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / DERECHO A LA LIBRE DISPOSICIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / LÍMITES A LA INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO
Problema jurídico:
¿Cuando las estipulaciones contractuales son claras debe estarse a su tenor literal, y no puede desconocerse lo acordado a menos que se demuestre que la intención común de los contratantes es distinta de la expresada en el pacto?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a cuestión sometida a consideración de esta la Sala [es] determinar si la cláusula penal estipulada en el convenio interadministrativo de apoyo financiero […] —expresamente pactada para los eventos de incumplimiento atribuibles a los municipios beneficiarios— puede hacerse extensiva por interpretación al departamento de Bolívar, a partir del examen integral del texto convencional, sus efectos propios y la naturaleza de los vínculos obligacionales asumidos por cada una de las entidades participantes. El punto de partida del análisis propuesto se encuentra en el artículo 1618 del Código Civil, norma que fija el principio rector en materia de interpretación de los contratos […]. [C]uando las estipulaciones contractuales son claras debe estarse a su tenor literal, y no puede desconocerse lo acordado a menos que se demuestre que la intención común de los contratantes es distinta de la expresada en el pacto, en cuyo caso aquella ha de prevalecer. A partir de esa directriz normativa y jurisprudencial, resulta indispensable atender al contenido de la cláusula décimo tercera del convenio, que incluyó la cláusula penal pecuniaria. [D]e la estipulación se observa, sin ambages y sin espacio para ambigüedad, que las partes delimitaron de manera expresa el sujeto pasivo de la cláusula penal, circunscribiéndolo únicamente a los municipios, por lo que la claridad del texto negocial impide cualquier esfuerzo hermenéutico orientado a extender el ámbito subjetivo de la cláusula penal más allá de quienes fueron específicamente señalados como sus destinatarios.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la intención de los contratantes, declarada expresamente en las cláusulas, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de noviembre de 2021, número de providencia SC5250-2021, M. P. Francisco Ternera Barrios.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLASES DE CLÁUSULAS DEL CONTRATO / ACUERDO DE VOLUNTADES / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS / INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO / PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / MEDIDAS DE SALVAGUARDIA / DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO / OBLIGACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES ESTATALES / CONTRATO ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS / ESTIPULACIONES DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD
Problema jurídico:
¿El principio de tipicidad de la conducta impide extender las consecuencias jurídicas de la cláusula penal más allá de lo expresamente pactado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a literalidad del acuerdo y la intención [de las partes], resultan coincidentes, pues la cláusula penal fue diseñada para unos sujetos específicos y únicos —los municipios de San Juan Nepomuceno y de San Jacinto—. [E]n la configuración financiera [el] Ministerio, a través de Fonade, transfirió [a] los municipios los recursos [para] la ejecución del proyecto, mientras que el departamento de Bolívar [se] obligó a aportar recursos propios para las obras a su cargo. [L]a penalidad fue concebida para salvaguardar el erario nacional y reca[yó] sobre quienes administraron directamente tales recursos, [estableciendo las] responsabilidades de cada una de las entidades participantes. Por tanto, extender la penalidad al departamento equivaldría a crear una obligación sancionatoria no convenida, vulnerando el principio de tipicidad de la [conducta], el cual impide extender las consecuencias jurídicas de la cláusula penal más allá de lo expresamente pactado, siendo [que] solo puede hacerse efectiva frente a quien fue expresamente llamado a responder en el acuerdo de voluntades. [A]l tenor del artículo 1602 del Código Civil, lo pactado en el contrato es ley para las partes, con lo cual se materializa el principio de autonomía de la voluntad, [de] ahí que, [si] no se plasmó un pacto en el sentido de la aplicación de una pena pecuniaria respecto del departamento de Bolívar, Fonade no podía en sede judicial, [exigir] esa sanción respecto de dicho ente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el alcance de la cláusula penal pecuniaria estipulada, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2025, rad. 68897, C. P. Nicolás Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / ESTIPULACIONES DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CONDICIONES DEL CONTRATO / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO DE APOYO / INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / REPARACIÓN INTEGRAL DE PERJUICIOS / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿El incumplimiento del departamento demandado debió encauzarse por los mecanismos ordinarios de responsabilidad contractual, mediante la solicitud de reparación integral de los perjuicios demostrados en el proceso, y no a través de la imposición de una sanción no prevista a su cargo?
Respuesta al problema jurídico: Si
[N]o resulta viable extender la cláusula penal al departamento de Bolívar, ya que ello equivaldría a modificar o adicionar el pacto sancionatorio en contravía de la autonomía de la voluntad contractual, del alcance de los compromisos asumidos y del principio de seguridad jurídica. Lo expuesto, [no] implica desconocer que el departamento de Bolívar incumplió los compromisos que voluntariamente asumió para asegurar la culminación y puesta en operación del sistema regional de acueducto. [L]a consecuencia jurídica de dicho incumplimiento debió encauzarse por los mecanismos ordinarios de responsabilidad [contractual], mediante la solicitud de reparación integral de los perjuicios demostrados en el proceso, y no a través de la imposición de una sanción no prevista a su cargo, de modo que la conducta atribuida a la entidad territorial no puede derivar en la consecuencia sancionatoria cuya exigibilidad constituye el objeto del presente análisis. [L]a Sala confirmará la sentencia de primera instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el principio de legalidad en materia contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de noviembre de 2008, rad. 17009, C. P. Enrique Gil Botero.
APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / INTEGRACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / GASTOS DEL PROCESO / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / OBLIGACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, siempre que obre prueba de su causación?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 361 del CGP dispone que “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. [L]os artículos 365 (numerales 1 y 8) y 366 ejusdem —aplicables a los procesos contenciosos administrativos por remisión del artículo 188 del CPACA— prevén que procede la condena en costas contra la parte a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, siempre que en el expediente obre prueba de su causación; [quedando] en cabeza del juzgador de segunda instancia únicamente la fijación de las agencias en derecho, conforme a las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura. [L]a Sala impondrá condena en costas a Fonade, al habérsele resuelto de manera desfavorable el recurso de apelación interpuesto; sin embargo, no habrá lugar a fijar agencias en derecho, toda vez que su contraparte no intervino en el trámite de la segunda instancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, 366 Y 365 NUMERALES 1 Y 8