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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: se acreditó que las partes intervinientes en dicho contrato fueron vinculadas al presente proceso

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Fecha
2023-03-31
Radicado
76001233100020060328401
Número interno
58623
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
GESCOPT LTDA
Demandado
MUNICIPIO DE PALMIRA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: se acreditó que las partes intervinientes en dicho contrato fueron vinculadas al presente proceso

Lo que dijo la Sala

El artículo 1519 del Código Civil significa que toda violación a un mandato imperativo o a una prohibición de la ley comporta un vicio que genera nulidad absoluta si, por supuesto, ella no consagra una sanción diferente; y ha manifestado que las normas imperativas no son solamente aquellas que prohíben sino también las que mandan u ordenan y, por ende, la transgresión del orden público se presenta cuando se viola la que prohíbe, así como cuando no se observa o se desatiende la que ordena, casos todos estos que conducen a una nulidad absoluta por objeto ilícito.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Cuando un contrato estatal se celebra contra expresa prohibición constitucional o legal, se configura la causal de nulidad absoluta prevista en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. La regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 1519 del Código Civil considera que toda violación de un mandato imperativo o de una prohibición de la ley produce nulidad absoluta, salvo que la norma consagre otra sanción. Segunda, la causal de objeto ilícito del Código Civil es amplia y no se confunde con la causal 2 del estatuto, que se reserva para desconocer el régimen de prohibiciones de rango constitucional y legal. Tercera, la causal exige dos presupuestos: la violación del régimen de prohibiciones en normas constitucionales, legales o con fuerza de ley, y que la prohibición sea expresa y explícita, pues no toda irregularidad la configura. En el caso, ambos presupuestos quedaron acreditados y la decisión se confirmó. El documento no indica si reitera o matiza precedente.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Al encontrarse configurada la causal de contrato contra expresa prohibición constitucional o legal se produce la nulidad absoluta del negocio jurídico?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, art. 44 núm. 2
  • Ley 84 de 1873, art. 1519

También resuelve

  • ¿Las administradoras cooperativas hacen parte de las sociedades de economía solidaria?
  • ¿Las empresas de administración pública cooperativa están sometidas al régimen contractual del Estatuto General de la Contratación Estatal?
  • ¿Los convenios interadministrativos gozan de características que los diferencian de los contratos estatales?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL DECLARATORIA DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL PROHIBICIÓN DE CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL COOPERATIVA PÚBLICA COOPERATIVA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA ECONOMÍA SOLIDARIA CONSEJO NACIONAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA INSTITUCIÓN DE ECONOMÍA SOLIDARIA RÉGIMEN DE ECONOMÍA SOLIDARIA REGULACIÓN DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA CONVENIO DE COOPERACIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VIGENCIA DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA EMPRESA PÚBLICA REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARTICIPACIÓN ACCIONARIA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CLASES DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PRINCIPIO DE COLABORACIÓN PRINCIPIO DE LA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO DETERMINACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL ACTIVIDAD DE LA EMPRESA OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PÚBLICA CONTRATACIÓN DIRECTA PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA REQUISITOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA LÍMITES DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA NEGOCIO JURÍDICO LEY APLICABLE AL CONTRATO RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA OBJETO DEL CONTRATO OBJETO DE LA SOCIEDAD CONSTITUCIÓN DE LA COOPERATIVA NORMATIVA DE LA COOPERATIVA OBLIGACIONES DE LA COOPERATIVA OBJETO ILÍCITO OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL ELEMENTOS DEL CONTRATO ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CONCEPTO DE RESTITUCIONES MUTUAS RESTITUCIONES MUTUAS FALTA DE PRUEBA DE RESTITUCIONES MUTUAS IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS NEGACIÓN DE RESTITUCIONES MUTUAS NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO FALTA DE PRUEBA CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO

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Titulación de la relatoría 36.436 caracteres

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ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARATORIA DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PROHIBICIÓN DE CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Al encontrarse configurada la causal de contrato contra expresa prohibición constitucional o legal se produce la nulidad absoluta del negocio jurídico? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l artículo 1519 del Código Civil significa que toda violación a un mandato imperativo o a una prohibición de la ley comporta un vicio que genera nulidad absoluta si, por supuesto, ella no consagra una sanción diferente; y ha manifestado que las normas imperativas no son solamente aquellas que prohíben sino también las que mandan u ordenan y, por ende, la transgresión del orden público se presenta cuando se viola la que prohíbe, así como cuando no se observa o se desatiende la que ordena, casos todos estos que conducen a una nulidad absoluta por objeto ilícito. Empero, de las disposiciones citadas reluce que la causal de nulidad por objeto ilícito bajo el Código Civil aloja tanto las prohibiciones legales –más fácilmente detectables– y también las violaciones a normas de orden público y a las buenas costumbres, pues en tal ámbito no hay otra que la contenga; contexto que sigue siendo de la mayor amplitud y no permite alinderar esta causal frente a la prevista en el numeral 2 del art. 44 de la Ley 80 tantas veces citado. De suerte que, tal conceptualización llevaría a entender que la nulidad que se sanciona por objeto ilícito en las normas civiles se bifurca bajo el EGCAP en dos contenidos normativos, reservando para la causal 2 de nulidad absoluta del contrato estatal -relacionada con que su celebración se realice contra expresa prohibición legal y constitucional- aquellos eventos en que se desconozca el régimen de prohibiciones en tales rangos normativos. […] La relevancia en marcar la línea diferenciadora entre ambas causales, es evidente, en tanto el análisis de un evento puntual podría deslizarse entre una y otra causal, en particular, incluido el caso en que aun existiendo prohibición legal o constitucional, se considere que su sanción debe ser desatada bajo la causal de objeto ilícito, con efectos diversos. […] [E]n lo que atañe a la causal 2° del art. 44 de la Ley 80 de 1993, que no toda irregularidad o violación de la ley es constitutiva de la causal de prohibición legal o constitucional para celebrar el contrato, lo que hace necesario analizar en cada caso concreto el contenido de la norma. […] [P]ara la configuración de esta causal se exigen dos presupuestos, i) la violación del régimen de prohibiciones consagrado en normas constitucionales, legales o con fuerza de ley; y, ii) que la prohibición sea expresa y explícita. En esta línea, la Sala encuentra acreditados los anteriores supuestos bajo el sub examine: (i) la existencia de un mandato de prohibición establecido en el artículo 6 de la Ley 79 de 1988 que dispone “[a] ninguna cooperativa le será permitido (…) Desarrollar actividades distintas a las enumeradas en sus estatutos”; y (ii) se trata de una prohibición expresa y explícita que se aplica a cualquier forma, incluido el contrato estatal, en que las asociaciones cooperativas pretendan desarrollar actividades ajenas a sus estatutos; lo que conduce a la tipificación de la citada causal 2° del art. 44 de la Ley 80, como configuradora del vicio de nulidad y así será declarado. […] En esa medida, y dado que fue la propia actuación procesal de una de las partes la que impulsó el estudio de validez del negocio jurídico, le ha correspondido al juez incursionar en tal análisis y realizar una declaración en este sentido al hallar configurado el vicio de nulidad reseñado, el cual, se precisa, no es susceptible de saneamiento por ratificación de las partes de cara a la activación de la causal prevista en el artículo 44.2 de la Ley 80 de 1993, el cual tiñe de ilegalidad el nacimiento mismo del negocio jurídico al celebrarse con desconocimiento de una expresa prohibición legal. […] [E]l convenio interadministrativo fue invocado en la presente controversia como fuente de obligaciones, puesto que la parte actora pidió su declaratoria de incumplimiento y, en el escenario de la demanda de reconvención fue pedida su declaratoria de nulidad. Asimismo, se acreditó que las partes intervinientes en dicho contrato fueron vinculadas al presente proceso, por cuanto, a través del auto admisorio de la demanda se ordenó notificar personalmente dicha decisión al municipio de Palmira; además, esta última entidad territorial presentó demanda de reconvención contra Gescop Ltda. Por consiguiente, y ante la constatación de la configuración de las anteriores circunstancias, la Sala declarará la nulidad absoluta del convenio interadministrativo celebrado el 26 de diciembre de 2002, suscrito entre el municipio de Palmira y Gescop Ltda. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la causal de prohibición de ley en el contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de agosto de 2006, rad. 31480, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia de 6 de febrero de 2019, rad. 61720, C. P. Marta Nubia Velásquez; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 28 de noviembre de 2022, rad. 05001-31-03-001-2015-00953-01, M. P. Martha Patricia Guzmán Álvarez. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44 NUMERAL 2, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1519 COOPERATIVA PÚBLICA / COOPERATIVA / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA / EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA / NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA / ECONOMÍA SOLIDARIA / CONSEJO NACIONAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA / INSTITUCIÓN DE ECONOMÍA SOLIDARIA / RÉGIMEN DE ECONOMÍA SOLIDARIA / REGULACIÓN DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA / CONVENIO DE COOPERACIÓN / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN Problema jurídico: ¿Las administradoras cooperativas hacen parte de las sociedades de economía solidaria? Respuesta al problema jurídico: Si El origen de [las administradoras cooperativas] se encuentra inspirado en el cooperativismo, fundamento que realza la premisa del trabajo por el bienestar y no por el lucro, donde despunta como elemento esencial la sumatoria de los esfuerzos de los individuos para conformar entes solidarios y alcanzar beneficios colectivos que producen desarrollo social y cultural. Entonces, la razón de ser de la economía solidaria se aleja de la concepción individual de producción y desarrollo, y promueve los valores de la cooperación, con proyección en la esfera de la sociedad y la economía a través de diversas actividades. En desarrollo del sector cooperativo , fue expedido el Decreto 2536 de 1986 a través del cual se demarcó el sector de la economía solidaria como aquel conformado por múltiples organizaciones de tipo participativo abierto y otras formas asociativas instrumentalizadas para la satisfacción de las necesidades básicas de las comunidades, generando inversión, empleo, ahorro social, ampliación de servicios en el área de la salud, vivienda, mercadeo, transporte, educación, producción, recreación y progreso en general. Se creó el Consejo Nacional de Economía Solidaria como el órgano encargado de identificar, coordinar e impulsar los recursos a nivel interinstitucional e intersectorial, a través de la cooperación de instituciones y entidades, públicas y privadas, en apoyo a la promoción de empresas y asociaciones del sector de la economía solidaria. Con el ánimo de actualizar la legislación, promover un mayor dinamismo y ámbito de actuación empresarial, tener la posibilidad de crear bancos e instituciones financieras de naturaleza cooperativa, configurar jurídicamente este sector y definir con mayor claridad sus relaciones con el Estado, se promulgó la Ley 79 de 1988. En dicha norma se revistió al Presidente de la República con facultades extraordinarias para expedir las normas reguladoras en estas materias; así en el año 1989 fueron expedidos los Decretos Ley 1133 sobre las Precooperativas; 1480 referido a Asociaciones Mutualistas; 1481 para Fondos de Empleados; y, 1482 relativo a Administraciones Públicas Cooperativas. Sobre las últimas, administraciones públicas cooperativas, se debe indicar que según el artículo 13019 de la Ley 79 de 1988, éstas son establecidas por la Nación, los departamentos y los municipios o distritos, a través de leyes, ordenanzas o acuerdos, respectivamente, con un mínimo de cinco integrantes. En virtud de su naturaleza, se trata de asociaciones sin ánimo de lucro, pero compuestas por personas de derecho público conformadas para la satisfacción de las necesidades de sus miembros y de la comunidad. […] [L]a regulación específica no determina directamente ni el objeto ni las funciones particulares a ejecutar por estas asociaciones, pues se trata de un parámetro normativo que debe llenarse de contenido a través de la expresión de voluntad de sus asociados y la confluencia de objetivos expresados específicamente en sus estatutos, siempre dentro de los límites que definen la naturaleza jurídica de estas formas de asociación y en línea con las finalidades legales que autorizan su nacimiento. […] Con la Ley 454 de 1998 se determinó el marco conceptual que regula la economía solidaria y, sin derogar la normatividad de las cooperativas contenida en la Ley 79 de 1988, salvo en los aspectos que le fueran contrarios, se definió la economía solidaria como el “sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía”. FUENTE FORMAL: DECRETO 2536 DE 1986, DECRETO LEY 1133 DE 1989, DECRETO LEY 1480 DE 1989, DECRETO LEY 1481 DE 1989, DECRETO LEY 1482 DE 1989, LEY 454 DE 1998, LEY 79 DE 1988 - ARTÍCULO 130 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA / EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA / NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / VIGENCIA DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA EMPRESA PÚBLICA / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PARTICIPACIÓN ACCIONARIA Problema jurídico: ¿Las empresas de administración pública cooperativa están sometidas al régimen contractual del Estatuto General de la Contratación Estatal? Respuesta al problema jurídico: Si [P]revio a la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, es decir, en aplicación del Decreto 222 de 1983, sólo eran aplicables las normas relativas a la contratación de la Nación a las sociedades de economía mixta que tuvieran una participación del Estado del 90% o más, y si éstas tenían una participación inferior quedaban sometidas a las normas de derecho privado, de acuerdo con los artículos 1 y 257 del referido Decreto 222 de 1983. […] [A]l modificar el porcentaje de participación estatal que define el régimen contractual aplicable a las sociedades de economía mixta y demás personas jurídicas con participación pública mayoritaria, también se varió el de las administraciones públicas cooperativas, quedando obligadas a aplicar el EGCAP cuando la participación estatal fuera superior al 50%. Entonces, en su doble dimensión, las administraciones públicas cooperativas (i) podían celebrar convenios o contratos interadministrativos, pues por ley ostentaban la calidad de entidades públicas según el parágrafo del literal a) del artículo 2° de la Ley 80 de 1993; y (ii) en relación con su régimen de contratación estaban sujetas al EGCAP -especialmente cuando en desarrollo de convenios interadministrativos celebraran contratos por cuenta de éstos- siempre que su participación pública fuera mayoritaria. […] [E]l porcentaje de participación estatal en las administraciones públicas cooperativas ya no era definitorio de su régimen de contratación, pues el aplicable, de forma general, sería el derecho privado junto con los principios de la función administrativa; lo anterior, bajo el entendido de que tal disposición estaba referida a la normatividad que tales entes debían aplicar en calidad de contratantes, disposición que razonó en orden a que su régimen fuera compatible con el sector cooperativo que buscan desarrollar, y siempre que se guardara relación con el objeto para el cual fueron creadas. Por el contrario, en el caso de fungir como contratistas del Estado, quedaban sujetos al EGCAP de cara a la aplicación del régimen de la entidad contratante mediante el respectivo contrato interadministrativo. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de las sociedades con participación estatal, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de agosto de 2013, rad. 23088, C. P. Enrique Gil Botero y de la Sala de Consulta y Servicio Civil, del 11 de febrero de 2010, rad. 11001-0306-000-2009-00058-00(1972), C. P. Gustavo Aponte Santos. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 222 DE 1989 - ARTÍCULO 1, 257, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 LITERAL A CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / CLASES DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE COLABORACIÓN / PRINCIPIO DE LA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA Problema jurídico: ¿Los convenios interadministrativos gozan de características que los diferencian de los contratos estatales? Respuesta al problema jurídico: Si Los convenios interadministrativos se integran a la actividad contractual estatal, en la medida que expresan el consenso de voluntades entre entidades públicas bajo el común designio de cumplir de manera conjunta las funciones a su cargo o prestar los servicios que les han sido legalmente encomendados; esta modalidad de contratación tiene fundamento, entre otros, en los principios de colaboración y coordinación entre entidades, cuyo propósito se proyecta en la satisfacción del interés público como concepto que inspira el ejercicio de la función administrativa, incluyendo, como es apenas natural, a la actividad contractual. En sendos pronunciamientos, la jurisprudencia de lo contencioso administrativo, así como parte de la doctrina, se ha pronunciado sobre el trato disímil que se le ha otorgado a la figura del convenio interadministrativo, para diferenciarlo, en unos casos, o asimilarlo, en otros, al contrato. Tal distinción no deviene de una mera comprensión lingüística, sino que trasciende la noción, finalidades y elementos de la concepción clásica del contrato –negocio jurídico, de contenido patrimonial, característicamente oneroso, donde existe una prestación y una contraprestación en función del interés de cada una de las partes, y que se expresa a través de la estipulación de obligaciones reciprocas que se miran como equivalentes según las previsiones iniciales acordadas al momento de proponer o contratar –, para situarse en un escenario no equiparable con la noción de contrato, cuya función jurídico negocial versa y se fundamenta en la “armonía plena en el cumplimiento de finalidades comunes” asociadas al ejercicio de funciones administrativas. En este punto, se precisa que la figura de los convenios es concebida como una forma de gestión cooperada de competencias administrativas, prevista en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, que asume el ropaje de un negocio jurídico en el cual se regulan intereses convergentes de, al menos, dos entidades estatales. Se trata de una manifestación de la llamada actividad negocial de la administración pública que se basa en el principio de colaboración administrativa y, por tanto, allí no existe una posición prevalente de una parte frente a la otra, ni está presente ánimo o interés remuneratorio entre ellas. […] [L]a nota distintiva de los convenios interadministrativos “puros o genuinos” está dada por la ausencia de un interés meramente económico o ganancial, pues las partes se relacionan en un ámbito de igualdad o equivalencia; entre tanto, los contratos interadministrativos se caracterizan porque su objeto lo constituyen obligaciones de contenido patrimonial y por lo mismo son onerosos, lo que implica el gravamen de cada parte en beneficio de la otra que se desarrolla en un ámbito de preeminencia de la entidad estatal contratante, en función de la necesidad que se pretende satisfacer. De este modo, se eleva como elemento esencial de esta categoría jurídica, la existencia de una colaboración mutua cuyo fin es alcanzar un objetivo recíproco que beneficia a los administrados [...]. NOTA DE RELATORÍA: Respecto al convenio interadministrativo, cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de 14 de junio de 2019, rad. AP2010-02552, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 20 de noviembre de 2019, rad. 61429, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 7 de octubre de 2009, rad. 35476, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 24 de enero de 2011, rad. 15940, C. P. Enrique Gil Botero; providencia de 23 de junio de 2010, rad. 17860, C. P. Mauricio Fajardo Gómez (e); providencia de 26 de noviembre de 2014, rad. 29906, C. P. Hernán Andrade Rincón; Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 26 de julio de 2016, radicación 11001-03-06000-2015-00102-00(2257), C. P. Álvaro Namén Vargas; y de la Corte Constitucional, sentencia C-671 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos. FUENTE FORMAL: LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO / DETERMINACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / ACTIVIDAD DE LA EMPRESA / OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PÚBLICA / CONTRATACIÓN DIRECTA / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA / REQUISITOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA / LÍMITES DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PROHIBICIÓN DE CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Problema jurídico: ¿Las obligaciones derivadas del convenio interadministrativos deben tener relación directa con el objeto de la entidad que ejecuta el negocio jurídico? Respuesta al problema jurídico: Si En cuanto al análisis de la modalidad de selección, pese a que en el caso de los convenios interadministrativos ninguna de las partes funge como contratista, cabe mencionar que la Ley 80 de 1993, desde su versión original, previó la posibilidad de celebrar contratos o convenios interadministrativos a través de la contratación directa [...]. [D]ada la preocupación que surgió por la utilización de este tipo de negocios jurídicos con entidades públicas sometidas al derecho privado, que podían llevar a eludir los procedimientos de selección, la Ley 1150 de 2007 (literal c, núm. 4 del artículo 2) hizo expresa una premisa que imponía que para estos negocios “las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos”. [...] Exigencia que para la Subsección, aun cuando no fuera llevada a un texto específico, hacía parte central de la determinación de celebrar un contrato o un convenio interadministrativo, justamente porque allí se determina y concreta la necesidad a suplir con la contratación y la idoneidad de la utilización de ese mecanismo de selección, condicionamiento que se impone en el ejercicio de los principios de la función administrativa en la contratación estatal y bajo el mandato de que al “celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales”; no de otra manera se constata la conveniencia, idoneidad y necesidad de celebrar un convenio o contrato interadministrativo, pues el mecanismo de selección de contratación directa no implica el desconocimiento de los principios de transparencia y selección objetiva y, más bien, a partir del objeto y/o funciones de la entidad estatal con quien se pretende suscribir el negocio jurídico y su relación directa con el objeto a contratar, descansa la justificación legal de esta forma de escogencia directa. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 4 LITERAL C, LEY 80 DE 1993 NEGOCIO JURÍDICO / RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA EMPRESA PÚBLICA / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA / EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA / NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LEY APLICABLE AL CONTRATO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN Problema jurídico: ¿El negocio jurídico en estudio, se encuentra regido por la Ley 80 de 1993 así como por la naturaleza de las entidades la Ley 79 de 1989 y el Decreto Ley 1482 de 1989? Respuesta al problema jurídico: Si [A]l negocio jurídico sub examine, de cara a la época de su celebración (26 de diciembre de 2002), le son aplicables, en el marco de regulación de los entes cooperativos la Ley 79 de 1989 por la cual se actualiza la legislación Cooperativa, y el Decreto Ley 1482 de 1989 (en aquello que no se oponga a las modificaciones introducidas por el EGCAP). A su vez, resulta aplicable el parágrafo del artículo 2° de la Ley 80 de 1993, entonces vigente, que le asignó a las cooperativas y asociaciones conformadas por entes territoriales la calidad de entidades estatales para los solos efectos de esa ley; de manera que, como lo advirtió el apelante –al menos en lo que tiene que ver con la posibilidad o no de suscribir contratos o convenios interadministrativos– las administradoras cooperativas con participación pública sí podían celebrarlos, en tanto ostentaban tal categoría. […] Y, aunque de conformidad con el artículo 66 de la Ley 454 de 1998, el porcentaje de participación estatal en las administradoras públicas cooperativas ya no era definitorio de su régimen contractual –entiéndase en calidad de contratante– también es cierto que en la contratación interadministrativa cuando ambas entidades tienen un régimen diverso, el llamado a prevalecer, salvo disposición especial que prevea algo distinto, es el del EGCAP, siendo el que debía aplicar el municipio de Palmira al fungir como contratante de tales servicios […]. A partir de la estructura del negocio jurídico sub lite, y aunque éste fue catalogado por las partes como un convenio interadministrativo, se evidencia que en realidad del compendio obligacional contraído por las mismas lo acordado fue un verdadero contrato interadministrativo, en tanto no corresponde a una forma negocial dirigida a aunar esfuerzos a través de la confluencia de aportes para la consecución de los fines institucionales de las entidades públicas que concurren a su celebración. Evidentemente, en tal acuerdo de voluntades no existe una colaboración mutua que se corresponda con las previsiones del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, cuyo carácter principal impone que las diversas formas de asociación entre entidades públicas tengan el “fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo”. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 1482 DE 1989, LEY 454 DE 1998 - ARTÍCULO 66, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95, LEY 79 DE 1989, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 PARÁGRAFO 1 OBJETO DEL CONTRATO / DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO / DETERMINACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DE LA SOCIEDAD / CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PROHIBICIÓN DE CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONSTITUCIÓN DE LA COOPERATIVA / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA / NORMATIVA DE LA COOPERATIVA / OBLIGACIONES DE LA COOPERATIVA Problema jurídico: ¿El objeto del contrato hacía parte de la actividad principal u objeto de la cooperativa? Respuesta al problema jurídico: No [N]inguna incidencia tiene en sede de legalidad del contrato el aspecto relacionado con el proceso de selección ni la posibilidad de suscribir un negocio interadministrativo; y el hecho de que en el sub lite se tratara de un contrato de tal especie y no de un convenio, ello no constituye causal de nulidad, de manera que el juez debe analizarlo conforme al negocio jurídico que corresponda, más allá del nombre que se le dé. Se precisa que en este caso no existe un reproche respecto a un error en el negocio jurídico celebrado como parte de la litis, ni fue un asunto materia de alzada. Hasta este punto, no habría reproches de ilegalidad respecto al contrato que se examina –lo que difiere de las conclusiones a las que llegó el a quo sobre tales temáticas–; sin embargo, ello no se predica respecto de la totalidad de las determinaciones adoptadas en la sentencia de primer grado, aunque enmarcado en una causal distinta […]. Al examinar en su conjunto tanto el objeto del contrato interadministrativo como el de Gescop Ltda., ratifica la Sala la configuración de la causal 2° de nulidad prevista en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993. Para comprobar este aserto, se destaca que la finalidad del convenio sub lite incluía la instalación de cableado para datos, voz y energía regulada, equipos adecuados para ejecutar la operación, obras para la construcción y adecuación de las instalaciones físicas de la Secretaría y la instalación de un software especializado con todas las actividades inherentes al Registro Único Nacional de Tránsito, labores que al ser cotejadas con las actividades enumeradas en el acto de constitución de esta cooperativa conducen a aseverar que éstas superaban el marco de actuación de la asociación. Si bien las actividades referentes a la instalación de cableado, construcción y adecuación de las instalaciones físicas de la Secretaría están inmersas en la actividad 1 de la cooperativa denominada “constructor” –que para el momento en que se suscribió el convenio no estaban excluidas de las actividades de las que podía ocuparse una administración cooperativa– lo cierto es que la provisión o suministro de los equipos tecnológicos y la instalación del aplicativo especializado –software– que era, en esencia, la médula para la modernización, sistematización y automatización de la Secretaría de Tránsito que determinaba el objeto del convenio, no era parte de las actividades y especialidades que estaba habilitada Gescop para ofrecer y ejecutar. […] [R]esulta claro que no hacía parte del objeto de la cooperativa la provisión del hardware y la instalación del software, los cuales, como se viene indicando, constituyeron elementos esenciales del objeto convenido, tal como se constató en el documento “Diagnóstico para la Modernización de la Secretaría de Tránsito" […]. En este escenario, el municipio de Palmira optó por suscribir el negocio con una cooperativa que no tenía en su objeto ni en sus actividades aquella que era el eje de la modernización encargada y, en torno a la cual giraban las demás actividades que tenderían al logro de tal finalidad última y única ; de modo que se trataba de una de las prestaciones características o fundamentales del contrato sub examen, por lo que haber pactado su realización bajo el contrato interadministrativo –062– cuando la proveeduría de bienes y servicios estaba orientada a aquella relacionada con animales vivos y vegetales, industria química y petrolera, materias plásticas, entre otras mencionadas, que difieren de la provisión de la instalación del software y la provisión de los equipos con tecnología de punta, llevan a la Sala a constatar que se desconoció la prohibición [...]. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44 NUMERAL 2 OBJETO ILÍCITO / OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL / PROHIBICIÓN DE CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DEL CONTRATO / ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO / DETERMINACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿La causal de nulidad de objeto ilícito por su naturaleza se subsume en la causal de contrato contra expresa prohibición constitucional y legal? Respuesta al problema jurídico: No [E]n línea con la existencia de corrientes más o menos estrictas de lo que constituye el objeto ilícito, se ha llegado a pensar que este instituto, constituido en causal de nulidad bajo el Código Civil, podría abarcar la hipótesis contenida en la causal 2° del art. 44 de la Ley 80 de 1993 [...]. La causal de nulidad prevista en el artículo 1519 del Código Civil establece que hay objeto ilícito “en todo lo que contraviene al derecho público de la nación” y, al tenor del art. 1523 ídem, también lo hay “en todo contrato prohibido por las leyes”. Ello no significa que la configuración del objeto ilícito necesariamente esté atada a la infracción de una norma prohibitiva especial, pues conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia al estudiar esta causal, también puede provenir de desatender la amplia prohibición contenida en el art. 16 ibidem, al establecer que “No podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres”. Al respecto, la doctrina especializada ha sostenido que el objeto ilícito se presenta, “no solamente cuando el acto quebranta prohibiciones expresas y concretas de la ley, no sancionadas de otro modo, sino también cuando dicho acto, por sus prestaciones aisladamente consideradas o en su conjunto, atenta contra el orden público o las buenas costumbres”. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44 NUMERAL 2, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 16, 1519, 1523 CONCEPTO DE RESTITUCIONES MUTUAS / RESTITUCIONES MUTUAS / FALTA DE PRUEBA DE RESTITUCIONES MUTUAS / IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS / NEGACIÓN DE RESTITUCIONES MUTUAS / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / FALTA DE PRUEBA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO Problema jurídico: ¿Procede el reconocimiento de restituciones mutuas con ocasión a la nulidad del convenio interadministrativo? Respuesta al problema jurídico: No La nulidad absoluta del contrato, además de hacerlo desaparecer del mundo jurídico, genera como consecuencia que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la expedición del acto o contrato declarado nulo y, por lo mismo, cada una de las partes está en el deber de devolver a la otra aquello que ha recibido como prestación durante la vigencia del acto contractual, tal como lo dispone el artículo 1746 del C.C. Sin perjuicio del modelo previsto el estatuto civil que deriva en la sanción anulatoria de los negocios jurídicos, de forma puntual el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 se ocupa de esta figura y sus efectos y, al respecto, ordena el reconocimiento y pago de las prestaciones derivadas de un contrato estatal nulo […]. Dado que en el presente asunto la declaratoria de nulidad absoluta se fundamenta en la configuración de la causal 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, se debe aplicar la regla general y proceder al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas por Gescop Ltda., sin que resulten aplicables las restricciones y condicionamientos que la ley impuso para los casos en que su declaratoria proviniera de la existencia de objeto o causa ilícitos. […] [L]as restituciones mutuas como consecuencia de la sanción derivada de la nulidad es una figura que busca devolver los efectos del contrato viciado al momento previo a su celebración. Estas constituyen “el resultado material de la nulidad” y procuran, siempre que sea posible, la restitución in natura de las prestaciones nacidas del contrato nulo, y en caso de que no haya lugar a ello, ha de preferirse el equivalente pecuniario. Con todo, tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia como la del Consejo de Estado han reconocido escenarios donde no es viable efectuar restituciones mutuas desde el punto de vista fáctico, como sucede en los contratos de tracto sucesivo […]. Así, aunque el convenio interadministrativo celebrado el 26 de diciembre de 2002 está afectado de nulidad absoluta, en los términos ya explicados, no proceden las restituciones mutuas in natura, dada la imposibilidad material de retrotraer lo ejecutado a tal punto que se deshagan las obras realizadas en relación con la readecuación de las instalaciones de la Secretaría de Tránsito o se restituya a los terceros usuarios de dicha dependencia los dineros que pagaron con ocasión de los servicios o trámites que usaron; no obstante, habría lugar a realizar dichas devoluciones en virtud de su correspondencia monetaria, pero para llegar a este destino resulta ineludible la efectiva demostración de las prestaciones ejecutadas. […] [L]a Sala no encuentra mérito para reconocer restituciones mutuas, puesto que a través de éstos (i) no se acreditó, efectivamente, el valor de la construcción de las instalaciones de la Secretaría de Tránsito, por cuanto sólo se aportaron menciones sobre disconformidades en su valor, pero sin allegar los medios probatorios que constaten el valor de las obras ejecutadas; (ii) no se halló certidumbre sobre el valor de las liquidaciones enunciadas o el soporte de las mismas, (iii) los comprobantes de pago relacionados no son claros en ilustrar los gastos o costos que cubrían, y (iv) el pago del personal -soportado en las facturas de Listos S.A.- constituía, de una parte, una obligación que la cooperativa contrajo y, de otra, un riesgo que asumió -en la medida que adquirió los riesgos de “éxito del negocio y retorno de su inversión” - por lo que es claro que su pago tenía una relación directa con el alcance del objeto del convenio -evidenciado en los ingresos a recibir-. […] [P]ese a advertir la existencia de gastos propios del contratista, en la realización de la obra y prestación de los servicios durante el plazo en que ello aconteció, lo cierto es que no se probó el valor de éstos ni los ingresos que debía recibir GESCOP por su labor y, además, los aludidos comprobantes de pago tampoco demostraron su relación con la ejecución del convenio. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a las restituciones mutuas, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de febrero de 2006, rad. 13414, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 6 de febrero de 2019, rad. 61720, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 4 de junio de 2021, rad. 64908, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; y sentencia de 18 de marzo de 2010, rad. 14390, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44 NUMERAL 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1746

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012331000200603284011100103