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INAPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE

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Consejo de Estado Providencia

La parte demandante incumplió con su carga probatoria

Sentencia — Sentencia 2023-10-27 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233100019960260202 ACCION CONTRACTUAL
¿La parte demandante incumplió con su carga probatoria toda vez que no demostró el daño? Sí
En la acción de nulidad y restablecimiento frente a un acto precontractual, el demandante debe probar el daño para obtener la indemnización, y no basta con demostrar que la entidad se apartó del deber de buena fe o de los principios de la función administrativa. Una razón es que el demandante debía acreditar los costos asociados a la etapa precontractual, que corresponden al interés negativo, y no los pidió ni los probó. Otra razón es que si se analizara el interés positivo, es decir, la utilidad esperada del contrato frustrado, tampoco se acreditó su valor. En el caso, la Sala reconoció que la entidad no actuó de buena fe durante la invitación y la adjudicación, pero concluyó que de ese comportamiento no puede predicarse un daño, porque el daño no se acreditó, y confirmó la negación de las pretensiones. La providencia cita precedente sobre el interés positivo; no indica si reitera, unifica o cambia precedente, y su consecuencia práctica es que la irregularidad precontractual solo genera indemnización si el proponente prueba el perjuicio con soportes concretos.síntesis automática
También resuelve: ¿El demandante debía demostrar que con motivo de la elaboración y presentación de la oferta se le causaron perjuicios que debían ser indemnizados? ¿En la sentencia impugnada el juez decidió no darle valor al dictamen pericial por presentar inconsistencias e imprecisiones que afectaban su credibilidad? ¿Se evidencia que el Instituto de Seguros Sociales faltó al deber de buena fe en la etapa precontractual y contravino los principios de igualdad e imparcialidad?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Debe consignarse la nota de traspaso del derecho personal entre un sujeto y otro.

Sentencia — Sentencia 2025-09-26 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020200019801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La cesión del crédito es un negocio jurídico mediante el cual el acreedor transfiere a un tercero el derecho personal que ostenta frente a su deudor? Sí
El acreedor transfiere a un tercero el derecho personal que ostenta frente a su deudor mediante un negocio jurídico de cesión de crédito que otorga al cesionario la posición de sujeto activo y la legitimación para reclamar el cumplimiento de la obligación. En este caso, la Sala examina los requisitos consagrados en el artículo 666, el artículo 1959 y el artículo 1960 del Código Civil sobre la entrega del título y la oponibilidad, concluyendo que el pago efectuado por la entidad al cedente no tuvo efectos liberatorios, toda vez que el conflicto derivado del acuerdo de cesión entre particulares no corresponde resolverlo a esta jurisdicción, confirmando así la sentencia impugnada.síntesis automática
También resuelve: ¿En ausencia de conocimiento sobre la transferencia del derecho de crédito, el deudor se libera válidamente pagando al cedente? ¿La demandante no está legitimada para solicitar la declaración de incumplimiento del contrato estatal en el que se originó el derecho de crédito que le fue cedido? ¿Antes de que se hiciera el pago, la entidad demandada, no solo fue notificada de la cesión de los derechos sino que ella misma manifestó su aceptación?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Incumplió el consorcio con sus obligaciones contractuales

Sentencia — Sentencia 2024-02-05 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020170138301 LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Incumplió el consorcio con sus obligaciones contractuales y no desvirtuó el atraso superior al 80%, principal fundamento de los actos acusados? Sí
Considerando que las… obligaciones que se le imputaron incumplidas al consorcio fueron confirmadas por el Tribunal a quo, lo que no fue objetado por el contratista, lo cierto es que aun cuando el demandante hubiese cumplido oportunamente con la entrega del informe SST 4, la declaratoria de nulidad de los actos demandados resultaría improcedente,… por cuanto el demandante no desvirtuó el atraso superior al 80%, principal fundamento de los actos acusados.
También resuelve: ¿El demandante tuvo siempre claridad acerca de cuál fue el retardo que efectivamente se le estaba imputando? ¿Los argumentos del demandante en relación con el presunto desconocimiento del derecho al debido proceso carecen de fundamento fáctico y jurídico? ¿La entidad demandada decidió proceder con la imposición de la cláusula penal pecuniaria pactada en vista del retraso en la ejecución de la obra informado por la interventoría?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Había razones valederas para acceder a la prórroga del convenio en aras de cumplir con lo pactado

Sentencia — Sentencia 2024-08-30 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 73001233300020180016901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad territorial debe devolver los aportes hechos por el Ministerio de Vivienda y pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el convenio? No
Un acuerdo en el que las entidades aportan recursos a una subcuenta fiduciaria para la ejecución coordinada de una fase de un proyecto, sin remuneración ni intercambio patrimonial de bienes o servicios a cambio de un precio, constituye un convenio interadministrativo. Esta regla se apoya en que las partes celebraron el negocio en desarrollo de sus competencias y en que sus obligaciones no concretaron una contraprestación. Por ello, la naturaleza del acuerdo no se define por el hecho de que contenga prestaciones económicas, sino por su finalidad de colaboración para un fin común. Como consecuencia, no procede exigir la devolución de los aportes ni el pago de una cláusula penal pecuniaria que solo se pactó para un contrato de intercambio. En el caso concreto la sala revocó la sentencia de primera instancia y negó tales pretensiones, porque el negocio fue un convenio interadministrativo. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la naturaleza del acuerdo, y no su denominación, determina si proceden la devolución de aportes y la cláusula penal.síntesis automática
También resuelve: ¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos en los que se ventila una controversia derivada de un negocio jurídico celebrado por la Nación y una entidad territorial? ¿Es posible acudir automáticamente a lo dispuesto por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) para determinar las normas aplicables a los convenios… ¿La demanda de controversias contractuales debe formularse dentro del término de dos (2) años contados a partir de los motivos de hecho o de derecho que soportan la reclamación?
REVOCA