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18001234000020180014501 de 20252025-03-10Rad. 18001234000020180014501
La Sala confirmará la Sentencia de primera instanci a porque los argumentos expuestos por la parte demandante no están llamados a prosperar. En primer lugar, el Ministerio alegó que como las pretensiones prosperaron parcialmente, el juez no podía condenar en costas. Al respecto…
También resuelve:Medio de control de controversias contractuales: contratación estatal, convenios interadministrativos, improcedencia de la condena en costas, facultades del juezControversias contra entidad territorialAgencias en derecho
Sentencia sin Estado — Sentencia Primera instancia2024-02-28JUZGADO ADMINISTRATIVOYANNETH REYES VILLAMIZARRad. 18001234000020180014500Controversias Contractuales
¿Sí probó por parte del Municipio de Florencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales? Sí
La omisión de la entidad territorial en remitir documentos para la liquidación de un convenio interadministrativo no configura por sí sola un incumplimiento, cuando el objeto del convenio se ejecutó plenamente y los recursos fueron desembolsados en su totalidad, de modo que no procede la cláusula penal pecuniaria. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la obra se ejecutó al cien por ciento y el pago se hizo mediante desembolsos, con el último condicionado a la ejecución total, lo que ocurrió. Segunda, la omisión documental no lleva implícita la afectación del interés general, de modo que no basta para declarar el incumplimiento alegado. Tercera, la entidad nacional no adelantó el proceso administrativo sancionatorio y anunció la no recepción de la documentación por primera vez en el proceso judicial. Como los términos de liquidación bilateral vencieron sin acuerdo, el juez ordena la liquidación judicial del convenio. La consecuencia práctica es que la falta de documentos de soporte no justifica la cláusula penal cuando el objeto está ejecutado, y la liquidación se resuelve por vía judicial.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a que se condene o se haga efectiva la cláusula penal del convenio interadministrativo?¿Sí obra dentro del expediente prueba suficiente que le permita al despacho proceder a la liquidación del convenio?
¿Debe declararse el incumplimiento contractual de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) de las obligaciones pactadas en las cláusulas primera, segunda del otrosí No. 1 y sexta del convenio interadministrativo No. 1292 de 2012? Sí
El contratista incumple sus obligaciones contractuales cuando no ejecuta la totalidad de las obras comprometidas, lo que lleva a la liquidación del convenio interadministrativo, considerando el valor de los segmentos viales ejecutados, el monto pendiente de pago a las interventorías, los recursos reintegrados por la entidad y el valor de los materiales en stock, que no pueden ser descontados del monto a reintegrar a las accionantes, ya que la entidad debía ejecutar la totalidad de las obras contratadas. La regla reitera la jurisprudencia que establece que la liquidación del contrato estatal debe ajustarse a la buena fe contractual y a los requisitos establecidos en la normativa vigente, lo que implica que la entidad estatal debe asumir el costo de los materiales no utilizados y no se reconocen perjuicios adicionales a menos que sean debidamente probados en el proceso.síntesis automática
05001233300020210106601 de 20252026-01-27Rad. 05001233300020210106601
El contratista no puede liquidar unilateralmente un convenio interadministrativo sin un acuerdo expreso y claro entre las partes que lo permita, ya que la autonomía de la voluntad en estos contratos no integra las facultades unilaterales establecidas en la Ley 80 de 1993, como la liquidación unilateral. Además, la Sala determina que la liquidación judicial del convenio requiere pruebas que determinen con certeza el valor de las obras ejecutadas y el destino de los recursos públicos, lo que en este caso no se cumplió. La decisión modifica la sentencia de primera instancia, dejando sin efectos la resolución que liquidó el convenio y negando la pretensión de liquidación judicial, sin condenar en costas al demandante. La Sala también ordena una investigación a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación sobre el manejo y destino de los recursos públicos involucrados en el convenio.síntesis automática
También resuelve:Régimen jurídico del convenio interadministrativo: acuerdo de voluntades de entidades públicas para aunar esfuerzosLiquidación unilateral en convenio interadminsitrativo: acto de contenido convencional, no se integran facultades unilaterales establecidas en la Ley 80 de 1993Inexistencia de facultad unilateral de liquidación: ausencia de acuerdo entre las partes para facultar a la entidad estatal a liquidar unilateralmente el convenio interadministrativo
¿Si las pretensiones prosperan parcialmente, el juez tiene la facultad de abstenerse de condenar en costas o condenar parcialmente expresando los fundamentos de su decisión? Sí
El juez tiene la facultad, no el deber, de abstenerse de condenar en costas o condenar parcialmente cuando las pretensiones prosperan parcialmente, siempre que exprese los fundamentos de su decisión, según el artículo 365 del Código General del Proceso. La Sala confirmó que el hecho de que en los convenios interadministrativos se involucren dineros públicos y entidades estatales no convierte automáticamente el asunto en de “interés público”, aclarando que este concepto es muy genérico y no puede aplicarse a todos los procesos judiciales que involucran al Estado. Además, la representación de la parte demandada por apoderado judicial durante el proceso permitió la acreditación de las agencias en derecho, cuyo valor fue fijado dentro del rango establecido por el Consejo Superior de la Judicatura. En cuanto a la condena en costas y agencias en derecho de segunda instancia, se aplicará a la parte demandante conforme a los artículos 188 del Código Procesal Administrativo y 365 numeral 3 y 366 del Código General del Proceso, siendo competencia del tribunal de primera instancia la tasación y liquidación de estas.síntesis automática
También resuelve:¿El hecho que en los convenios interadministrativos se involucren dineros públicos y entidades estatales no convierte el asunto de “interés público”?¿Cómo la parte demandada estuvo representada por apoderado judicial durante el proceso, las agencias en derecho se acreditaron?¿Se condenará en costas y agencias en derecho de segunda instancia a la parte demandante?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-08-02Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020190086001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sala confirma la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede modificar el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, ya que esta norma procesal es de orden público y obligatorio cumplimiento. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción de caducidad al considerar que la demanda presentada por el contratista fue extemporánea, pues venció el plazo para la liquidación bilateral del convenio interadministrativo el 31 de mayo de 2017, y la demanda se presentó el 10 de diciembre de 2019, fuera del término legal. La Sala confirma esta decisión, rechazando la demanda y no pronunciándose sobre la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, lo que implica que el contratista no podrá ejercer las pretensiones planteadas en la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿El término para la liquidación bilateral venció el 31 de mayo de 2017, siendo esta la fecha a tener en cuenta para realizar el cómputo de la caducidad?¿Se confirma el auto proferido por el Tribunal por haber operado la caducidad del medio de control y la prescripción derivada del contrato de seguro?
¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales? Sí
El contratista debe presentar la acción de controversias contractuales dentro del término de caducidad que comienza a computarse el día siguiente a la fecha límite para la liquidación bilateral pactada en el convenio interadministrativo, si ésta no se ha realizado. En este caso, la entidad estatal y el contratista acordaron un plazo de cuatro meses para la liquidación bilateral del convenio interadministrativo, que finalizó el 30 de diciembre de 2000, por lo que el término de caducidad de dos años comenzó a computarse el 2 de abril de 2001. La demanda fue presentada el 30 de abril de 2002, dentro del plazo establecido. La Sala reitera que la liquidación judicial del convenio interadministrativo puede ordenarse incluso en ausencia de incumplimiento, siempre y cuando sea una pretensión de la demanda y no existan pruebas de saldos pendientes entre las partes. En este caso, la Sala dispuso la liquidación del convenio y estableció que no existe saldo pendiente entre la entidad estatal y el contratista, ya que no se acreditó la existencia de saldos a favor de ninguna de las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Ante la inexistencia del incumplimiento del convenio interadministrativo, es procedente la liquidación judicial de dicho convenio y bajo qué parámetros?¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena en costas?
¿La parte actora acreditó la responsabilidad patrimonial contractual alegada en la demanda, consistente en el incumplimiento atribuible a la entidad demandada por la supuesta desatención de varias obligaciones contractuales derivadas del convenio interadministrativo de cooperación celebrado entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá (FVS) y la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán SA ESP (EMTEL)? No
El medio de control de controversias contractuales exige acreditar el incumplimiento atribuible a la entidad, pues las pretensiones de responsabilidad contractual carecen de sustento si no existe soporte probatorio de esa omisión, y que un convenio de cooperación cuyo objeto genera intereses económicos para ambas partes es, en realidad, un contrato interadministrativo. Una razón es que el dictamen pericial concluyó que la entidad demandante recibió a satisfacción los equipos, las licencias y demás productos del objeto contractual, por lo que el incumplimiento alegado no quedó demostrado. Otra razón es que la finalidad del convenio no era la prestación conjunta de servicios ni el cumplimiento de funciones administrativas, como exige el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, sino un negocio con intereses económicos de ambas partes. En el caso, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones y liquidó judicialmente el negocio, reconociendo los valores pendientes de pago conforme a la experticia. Aunque el contrato no se anuló por eludir el proceso de selección, Su consecuencia práctica es que el convenio con interés económico debe tramitarse como contrato y su liquidación se hará por la vía judicial si las partes no llegan a un acuerdo.síntesis automática
También resuelve:¿El convenio interadministrativo de cooperación tiene como finalidad la prestación conjunta de servicios que se hallaren a su cargo o el cumplimiento de funciones administrativas?¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en contra de la parte vencida en el proceso?
¿El convenio interadministrativo debió ser liquidado según lo acordado por las partes, y la liquidación no se logró? Sí
El contratista no puede liquidar unilateralmente un convenio interadministrativo si no está expresamente acordado de manera clara y precisa en el acuerdo de voluntades, lo que implica que la entidad contratante no está facultada para realizar la liquidación unilateral del negocio jurídico ni legal ni negocialmente, salvo que las partes hayan establecido explícitamente dicha facultad. En este caso, la entidad estatal no tenía la facultad de liquidar unilateralmente el convenio interadministrativo, ya que del convenio no se extraía que las partes hubieran estipulado tal facultad en cabeza del Ministerio del Interior. Entre el 16 de febrero y el 16 de junio de 2015 corrió el plazo convenido para liquidar bilateralmente el convenio, y a partir del 17 de junio de 2015 empezó a correr el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, que transcurrió hasta el 20 de junio de 2017, lo que llevó a la Sala a revocar la sentencia de primera instancia y declarar, de oficio, la caducidad del medio de control de controversias contractuales. Esto implica que en casos similares, es crucial que las partes acuerden explícitamente la facultad de liquidación unilateral en el convenio interadministrativo para evitar problemas de caducidad en el ejercicio del medio de control.síntesis automática
También resuelve:¿En los convenios interadministrativos resulta válido que una de las partes realice la liquidación unilateral siempre, que esté expresamente acordado de manera clara y precisa en el acuerdo de…¿De las cláusulas del convenio interadministrativo no se extrae que las partes hayan estipulado en cabeza del Ministerio del Interior, la facultad de liquidar unilateralmente el convenio?¿El Ministerio del Interior no estaba facultado ni legal ni negocialmente para liquidar unilateralmente el negocio jurídico?
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales, dado que el término para iniciar el cómputo de caducidad era a partir del vencimiento del plazo que tenían las partes para realizar la liquidación del convenio, pues ninguna de ellas estaba habilitada legalmente para imponer a la otra el balance final del contrato y tampoco se pactó convencionalmente esa facultad? Sí
La parte demandante solicitó la declaratoria del incumplimiento y la liquidación judicial de un convenio que celebró con la entidad demandada… La Sala, de conformidad con las pruebas que obran en el proceso, al estudiar los presupuestos procesales, advierte que operó la caducidad de la acción.… Para determinar el momento a partir del cual inicia el cómputo de la oportunidad para presentar la demanda y la correspondiente caducidad de la acción, la Sala debe atender lo dispuesto por el artículo 164, numeral 2, literal j, del CPACA, en virtud del cual el conteo empieza al día siguiente a aquél en el que venció el plazo para que las partes liquidaran el convenio.
También resuelve:¿El Consejo de Estado ha realizado un cómputo diferencial del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, distinto al dispuesto por el artículo 164, numeral 2…¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-09-10Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 05001233300020220092201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es procedente el decreto de las pruebas documentales solicitadas en esta instancia, al tener origen en hechos sobrevinientes que no existían para la fecha en la que culminó la última oportunidad para pedir pruebas? Sí
Las pruebas documentales que se aportan en segunda instancia son procedentes cuando versan sobre hechos sobrevinientes, es decir, cuando los documentos no existían al vencerse la última oportunidad para pedir pruebas en primera instancia. Esta regla se apoya en el artículo 212 del CPACA, que permite decretar en apelación las pruebas que la parte no pudo aducir por esa razón. Para aplicarla es necesario precisar cuándo se agotó esa última oportunidad, que en el caso fue la reforma de la demanda, pues el plazo de reforma venció antes de la existencia de los documentos. Por ello la prueba se decreta si el documento surgió después de esa fecha, no si la parte solo tardó en aportarlo. En el caso concreto el despacho revocó la decisión que había negado la prueba, porque los documentos no existían cuando venció la última oportunidad probatoria de primera instancia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el momento de la última oportunidad probatoria define la admisibilidad de los documentos sobrevinientes en apelación.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el recurso de apelación contra el auto que niega el decreto de pruebas en primera instancia?¿Excepcionalmente, el juez podrá decretar pruebas fuera de las oportunidades legales previstas, cuando se trate de pruebas sobrevinientes…¿Procede decretar como prueba en esta instancia, los expedientes administrativos del Convenio Interadministrativo y el Contrato Interadministrativo de Interventoría…
¿Se debe hacer efectiva la cláusula penal del contrato? Sí
El contratista debe reintegrar al ente estatal los recursos no ejecutados conforme al convenio interadministrativo, y la cláusula penal se hace efectiva en proporción al incumplimiento, según la ejecución del 75% de las actividades y el 25% de los recursos no utilizados. La compañía aseguradora solo está obligada a pagar la cláusula penal, no el reintegro de los fondos, ya que este no se considera un perjuicio derivado del incumplimiento contractual. La entidad estatal debe acreditar la ejecución del 100% del primer desembolso para recibir el segundo, y al determinar las sumas a reintegrar, se debe considerar el porcentaje de ejecución del convenio. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo criterios claros para la aplicación de cláusulas penales y la responsabilidad de las compañías aseguradoras en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La compañía aseguradora solo será condenada al pago de la cláusula penal?¿Para realizar el segundo desembolso debía acreditarse la ejecución del 100% del desembolso de la vigencia inmediatamente anterior?¿Al establecerse las sumas de dinero a ser reintegradas por la asociación indígena debió tenerse en cuenta el porcentaje de ejecución de las actividades del convenio interadministrativo?
"¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia, para en su lugar declarar que la entidad demandada incumplió el convenio interadministrativo objeto de litigio y ordenar el reintegro de los rendimientos financieros generados sobre los cuatro mil millones de pesos ($4.000’000.000) que había girado inicialmente la demandante?" Sí
El contratista debe revocar la sentencia de primera instancia para declarar el incumplimiento del convenio interadministrativo y ordenar el reintegro de los rendimientos financieros generados sobre la suma de cuatro mil millones de pesos, ya que la cláusula de la acta de terminación anticipada por mutuo acuerdo que excluye dichos rendimientos es nula, al desconocer las obligaciones contractuales y las disposiciones legales que regulan los recursos y rendimientos públicos. La Sala establece que la parte que alega incumplimiento debe demostrar que cumplió sus propias obligaciones y que el incumplimiento del contratante es determinante y trascendente, además de respetar el principio de buena fe contractual al informar oportunamente sobre cualquier incumplimiento. Esta decisión reitera la importancia de la liquidación judicial del contrato cuando la liquidación unilateral no cumple con las obligaciones legales, afectando la práctica en casos de terminación anticipada y liquidación de contratos estatales.síntesis automática
¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo estipulado para la liquidación bilateral del convenio interadministrativo? Sí
Cuando las partes de un convenio interadministrativo acuerdan liquidarlo de común acuerdo y no pactan la posibilidad de una liquidación unilateral, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta desde el día siguiente al vencimiento del plazo estipulado para la liquidación bilateral. Esta regla aplica el numeral iv) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, que contempla esa subregla para los negocios que requieren liquidación. Su fundamento es que la liquidación unilateral solo opera si se pactó expresamente, de modo que, en silencio del convenio, el plazo de caducidad se ancla a la liquidación bilateral. En el caso concreto el convenio se firmó con un plazo de ejecución y una cláusula que remitía a la Ley 80 de 1993 para liquidar dentro de cuatro meses, y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes al vencimiento de ese plazo. Por ello la sala modificó la decisión de primera instancia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el término se calcula desde el plazo de liquidación bilateral y no desde la terminación del convenio.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio de Montería incumplió el Convenio de Apoyo Financiero No. 2060220 de 2006 celebrado con Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (luego Ministerio de Vivienda…¿Es procedente acceder a la pretensión de restitución del valor de la tubería no instalada?¿Resulta improcedente la condena en costas por prosperidad parcial del recurso de apelación?
¿Está demostrado el incumplimiento del convenio interadministrativo por parte del Municipio de Luruaco por no allegar los documentos necesarios para hacer la liquidación del contrato? Sí
La entidad que reclama la efectividad de una póliza de cumplimiento y de la cláusula penal por el incumplimiento de un convenio interadministrativo puede acudir directamente a la jurisdicción cuando ni la estipulación contractual ni la ley le impiden hacerlo, y que el cumplimiento del objeto principal no exime a las partes de sus obligaciones específicas, como la legalización de los recursos y la liquidación. Una razón es que el contrato de seguro y las normas sobre efectividad de la póliza preveían que el siniestro se declarara por acto administrativo, pero esa forma no impedía acudir a la jurisdicción. Otra razón es que aunque el convenio se ejecutó en lo principal, la entidad municipal desatendió la legalización de los recursos entregados y la liquidación del convenio, por lo que el incumplimiento quedó demostrado. En el caso, la Sala confirmó la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones y declaró procedente hacer efectiva la póliza. La providencia no indica si reitera, unifica o cambia precedente; su consecuencia práctica es que la legalización de recursos y la liquidación son obligaciones autónomas cuyo incumplimiento puede sustentar la efectividad de la garantía.síntesis automática
También resuelve:¿En procedente hacer efectiva la póliza de cumplimiento en razón de la efectividad de la cláusula penal del contrato?¿No están reunidos los presupuestos establecidos en el numeral 4 del contrato de seguro de cumplimiento para dar aplicación a la figura de la compensación?¿Es procedente la actualización de la condena por el incumplimiento del convenio interadministrativo?
¿La demanda de reconvención formulada por el Distrito Capital de Bogotá en contra de la CAR, fue promovida oportunamente? Sí
El contratista puede presentar una demanda de reconvención oportunamente si la formula dentro del plazo de dos años siguientes a la fecha de liquidación del contrato que arroje un saldo a favor del concesionario, tal como ocurrió en este caso, donde la liquidación bilateral del contrato de concesión se llevó a cabo el 7 de diciembre de 2004, y la demanda de reconvención fue presentada el 23 de noviembre de 2005, dentro del plazo establecido. La Sala modificó la interpretación anterior sobre la oportunidad de la demanda de reconvención, lo que implica que las partes deben estar atentas a los plazos para presentar estas acciones y asegurarse de que estén dentro del marco legal vigente.síntesis automática
También resuelve:¿Procede condenar a la CAR al pago de aportes que debió efectuar al Fondo Cuenta en virtud del convenio 250 de 1997, desde el 1 de enero de 2004 al 7 de diciembre de 2004?¿Es procedente adicionar la sentencia de primera instancia en el sentido de declarar no probadas las excepciones propuestas por la CAR frente a la demanda de reconvención?¿Procede condenar a la CAR al pago de intereses moratorios sobre la suma que ésta le adeuda por pago de los aportes que debió efectuar al Fondo Cuenta?
¿Cuáles son los presupuestos de competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para resolver el recurso de apelación de sentencia en el medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista debe reintegrar los valores no ejecutados en caso de incumplimiento parcial del contrato o convenio, según el informe de interventoría y el reconocimiento del alcalde del municipio, que demuestran que el municipio no ejecutó la totalidad de los recursos recibidos, incumpliendo parcialmente el convenio. La entidad estatal es competente para conocer del recurso de apelación en segunda instancia y para suspender el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, incluso cuando la conciliación no es requisito de procedibilidad, siempre que se presente la solicitud. La actualización de la condena impuesta por incumplimiento debe seguirse de acuerdo con la prueba presentada en el proceso, no conforme a lo solicitado en la demanda, y debe considerar la fórmula de indexación y la fecha de aplicación de intereses moratorios.síntesis automática
También resuelve:¿En relación con los presupuestos para la suspensión del término de caducidad del medio de control, existe distinción entre los procesos en los cuales la conciliación prejudicial es requisito de…¿Está probado el incumplimiento del convenio por no gestionar permisos requeridos para la terminación de la obra?¿En procesos en los cuales se declara un incumplimiento parcial del contrato o convenio, está obligado el contratista al reintegro de los valores no ejecutados?
¿Cuál es la jurisdicción y el juez competente para resolver el recurso de apelación contra las sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo y, en segunda instancia, el Consejo de Estado son competentes para resolver la apelación contra las sentencias de los Tribunales Administrativos cuando la demanda pide la declaratoria de incumplimiento de un convenio interadministrativo. Esta competencia se determina con el artículo 104 del CPACA, que atribuye a esta jurisdicción las controversias contractuales, y con el artículo 150 del mismo código, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012, norma vigente al momento de presentar la demanda. A ello se suma que la estimación de las pretensiones de la demanda, conforme a los artículos 152 y 157 del CPACA, define el recurso procedente contra la sentencia de primera instancia. En este caso el convenio fue celebrado por tres entidades del Estado y la parte actora apeló la sentencia de primera instancia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; en la práctica, la regla fija el juez de segunda instancia a partir de la demanda y de la estimación de sus pretensiones.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda fue presentada dentro del plazo legal?¿Las partes se encuentran legitimadas en la causa para comparecer?¿[E]l departamento del Amazonas incumplió el Convenio de Apoyo Financiero No. 2060151 de 2006 celebrado con Ministerio de Ambiente…
¿El negocio jurídico objeto de la presente controversia tiene la naturaleza de convenio interadministrativo por lo que el régimen jurídico aplicable es el de este tipo de contratos? Sí
Un convenio interadministrativo es un acuerdo entre entidades públicas, previsto en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, en el que la voluntad de las partes se dirige a la consecución de un fin común. Esa finalidad colaborativa y el marco obligacional horizontal, en el que las entidades interactúan en pie de igualdad, determinan la naturaleza del negocio y el régimen jurídico aplicable. Cuando las entidades ejecutan funciones públicas que se complementan, la convergencia de un interés concurrente justifica que el negocio se analice como convenio interadministrativo. Esta regla se apoya en la finalidad del convenio y en la relación horizontal entre sus partes. En el caso concreto la sala revocó la decisión de primera instancia, porque el negocio tenía esa naturaleza y debía regirse por ese régimen. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la naturaleza del negocio, y no solo su denominación, define el régimen aplicable.síntesis automática
También resuelve:¿Incumplió el municipio de Sincelejo las obligaciones contraídas en el Convenio interadministrativo por no haber concluido la totalidad de las obras previstas en el objeto?¿Procede el reintegro de la suma de dinero por el valor de la tubería sobrante del proyecto del cual es objeto el convenio interadministrativo?¿Procede la liquidación judicial del Convenio interadministrativo suscrito entre el Ministerio de Vivienda y el Municipio de Sincelejo?
¿Se encuentra configurada alguna causal que imponga decretar la nulidad absoluta del convenio interadministrativo, considerando que no existe expresa prohibición legal para suscribir este tipo de negocios en forma directa, y que la presunta violación del principio de selección objetiva no está prevista en la ley como causal de nulidad absoluta de los contratos? No
El contratista no puede solicitar la nulidad absoluta del convenio interadministrativo ni su liquidación judicial por falta de pruebas específicas y porque no existe una prohibición legal expresa para suscribir este tipo de negocios en forma directa; además, la violación del principio de selección objetiva no está prevista en la ley como causal de nulidad absoluta de los contratos. La entidad estatal no acreditó las sumas de dinero que considera adeuda la contratista, por lo que la liquidación judicial no prospera. Esta decisión reitera que no cualquier transgresión del ordenamiento jurídico constituye causal de nulidad de los actos contractuales y que la validez de los contratos no puede estar determinada por el alcance que, a posteriori, otorgue el juez a los principios de la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la liquidación judicial del convenio interadministrativo, para el reconocimiento de las sumas de dinero a favor de la entidad contratante y correlativamente a cargo de FONADE…¿En vigencia del C.P.A.C.A., resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso, esto es, a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?