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Consejo de Estado
Providencia
La Sala confirmará la sentencia de primera instancia
Sentencia — Sentencia
2023-02-03
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 68001233100020130074801
ACCION DE REPETICION
¿El acto administrativo fue expedido contando con estudios técnicos que lo soportaran? Sí
Cuando el acto administrativo de reestructuración de la planta de personal se expide con estudios técnicos que lo soportan, no existe falta de diligencia del agente que configure culpa grave y la repetición no prospera. La regla se apoya en tres razones. Primera, el acto se expidió contando con los estudios técnicos, elaborados en virtud de un convenio interadministrativo suscrito para tal fin. Segunda, el proyecto final fue sometido a discusión de los comités designados y no sufrió modificaciones adicionales por parte del exalcalde demandado. Tercera, la finalidad de la reestructuración fue optimizar el recurso financiero y humano para cumplir las funciones que demandaba el municipio. Además, la presunción invocada no guarda coherencia con lo decidido en la sentencia de nulidad y restablecimiento, por lo que no puede tenerse por acreditada. En consecuencia, se confirma la negativa de las pretensiones. Además, la parte actora circunscribió su imputación a otra causal y no a la falta de competencia por error inexcusable, por lo que esa vía no se analiza. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:
¿La presunción invocada guarda coherencia con lo expuesto en la sentencia que le puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?
¿Quien alegue a su favor una presunción deberá probar plenamente los hechos que le dan su origen?
¿El agente estatal contra el cual se dirija la acción de repetición siempre podrá presentar pruebas que lo liberen de responsabilidad civil?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No se probó que los daños en la vía tuvieron origen en deficiencias de construcción conocidas por la entidad demandada
Sentencia — Sentencia
2024-06-17
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020160211301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se probó que los daños en la vía tuvieron origen en deficiencias de construcción conocidas por la entidad demandada? No
Cuando los daños en una obra pública se originan en un hecho externo irresistible al contratista, la garantía de estabilidad de la obra no le es exigible, porque ese hecho constituye una causa extraña que lo exime de su obligación de garantía. La regla se sostiene en tres razones: el contratista debe obrar con diligencia en métodos y calidad de materiales, pero no responde por un deterioro cuyo origen no esté en sus deficiencias; el peritaje debe demostrar que la causa del daño fue la condición externa y no un defecto de construcción; y la interventoría y el propio contratista deben haber informado oportunamente la circulación de vehículos de carga que afectaba la estructura desde el inicio de la obra. En el caso, no se probó que los daños tuvieran origen en deficiencias de construcción conocidas por la entidad, sino en el tránsito pesado previo a la entrega, por lo que los actos que atribuían el daño al contratista incurrieron en falsa motivación y fueron declarados ilegales, confirmándose la sentencia. El documento no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el contratista debe documentar oportunamente las causas externas que afectan la obra.síntesis automática
También resuelve:
¿Se probó el nexo causal entre el hecho de haberse excedido la capacidad de la vía por el tránsito de vehículos de carga pesada con el deterioro de la obra amparada con la garantía de estabilidad?
¿Obra prueba de gestión alguna del municipio demandado tendiente a evitar o controlar el tránsito de vehículos de carga pesada en el segmento vial?
¿La premisa fáctica que tuvo por acreditada el a quo fue los criterios que señalaban el tránsito de vehículos de carga pesada y la falta de idoneidad de la estructura de placa huella para el segmento…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La parte demandada desvirtuó las presunciones de dolo y culpa grave
Sentencia — Sentencia
2023-07-19
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 25000232600020110121601
ACCION DE REPETICION
¿La parte demandada desvirtuó las presunciones de dolo y culpa grave ? Sí
En este proceso, el demandado desvirtuó la presunción de dolo y culpa grave (arts. 5.4 y 6.1 Ley 678 de 2001). Sólo se probó que un juzgado impuso medida de aseguramiento contra el demandado, pero no se acreditó que fue declarado penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por el daño que sirvió de fundamento para la condena a la entidad demandante. No se acreditaron… las circunstancias de modo en que ocurrió el disparo, ni que el daño fue consecuencia de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. El Tribunal estimó que la conducta de la víctima incidió en la ocurrencia del accidente y no fue posible establecer cómo ocurrió el disparo, conforme a las pruebas técnicas de este proceso.
También resuelve:
¿Se valora si la desatención del deber funcional del servidor público fue de tal magnitud que lo obliga a restituir al Estado la condena en su contra?
¿El demandado tiene la posibilidad de desvirtuar la presunción legal?
¿El término para formular la acción de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La liquidación de los contratos constituye la fase de cierre integral y definitiva de éstos
Sentencia — Sentencia
2025-12-09
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 68001233300020170021401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Al suscribir las partes un acta de liquidación bilateral sin incluir salvedades expresas, concretas y debidamente determinadas sobre asuntos controvertidos, quedan jurídicamente vinculadas por el carácter declarativo y liberatorio del finiquito, de modo qué se presume la inexistencia de inconformidades y se limita la procedencia de reclamaciones posteriores respecto de hechos conocidos o razonablemente previsibles al momento de su firma? Sí
El contratista y la entidad estatal quedan jurídicamente vinculados por el carácter declarativo y liberatorio del acta de liquidación bilateral, presumiéndose la inexistencia de inconformidades y limitándose la procedencia de reclamaciones posteriores respecto de hechos conocidos o razonablemente previsibles al momento de su firma, siempre que no se incluyan salvedades expresas, concretas y debidamente determinadas sobre asuntos controvertidos. La liquidación del contrato no solo implica un cruce de cuentas, sino un ejercicio de verificación técnica, económica y administrativa que establece un balance económico y jurídico del pacto concluido, con efectos vinculantes y liberatorios cuando las partes logran un acuerdo. Dado que el acta de liquidación es un negocio jurídico, las salvedades deben quedar expresas y concretas en el documento para revelar aspectos no objeto de acuerdo, y su ausencia implica el acatamiento al contenido y efectos del finiquito suscrito. Esta exigencia de orden material se alza frente a sucesos posteriores desconocidos por las partes al celebrar el acta, permitiendo reclamaciones jurisdiccionales únicamente por eventos posteriores e inicialmente desconocidos.síntesis automática
También resuelve:
¿Al no existir una salvedad expresa, concreta y relacionada con hechos conocidos al momento de suscribir el acta de liquidación…
¿Procede el estudio de las reclamaciones traídas al proceso, por tratarse de situaciones sorpresivas que exceptuaban a la USPEC de consignar las salvedades correspondientes en el acta de liquidación…
¿Debe imponerse la condena en costas a la parte demandante, bajo el régimen objetivo previsto en el artículo 188 del CPACA y el artículo 365 del Código General del Proceso…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La entidad demandada incumplió el contrato de consultoría al no cancelar los honorarios pactados
Sentencia — Sentencia
2022-07-15
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020130221501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad demandada incumplió el contrato de consultoría al no cancelar los honorarios pactados? Sí
El contratista tiene derecho al ajuste de sus honorarios básicos por la elaboración de diseños arquitectónicos, y la entidad estatal incumplió al no cancelar dichos honorarios, lo que se evidencia por la falta de prueba de que se haya realizado el pago. La regla establece que en contratos de cuantía determinable, como el de consultoría No. 226 de 2005, el precio puede ajustarse conforme a las condiciones pactadas en las bases del concurso y los términos de referencia, sin necesidad de suscribir un contrato adicional. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre ajustes en contratos estatales, estableciendo que la entidad debe cumplir con los ajustes de honorarios según lo pactado, y que la falta de pago constituye un incumplimiento del contrato que genera responsabilidad patrimonial.síntesis automática
También resuelve:
¿Obran elementos de juicio que permitan determinar con certeza el monto del perjuicio que tienen derecho a recibir los demandantes?
¿La entidad demandada no consideró procedente el ajuste en los términos planteados por el Consorcio?
¿En el contrato de consultoría No. 226 de 2005 no se pactó un valor determinado, sino determinable?
Consejo de Estado
Providencia
Había razones valederas para acceder a la prórroga del convenio en aras de cumplir con lo pactado
Sentencia — Sentencia
2024-08-30
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Rad. 73001233300020180016901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad territorial debe devolver los aportes hechos por el Ministerio de Vivienda y pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el convenio? No
Un acuerdo en el que las entidades aportan recursos a una subcuenta fiduciaria para la ejecución coordinada de una fase de un proyecto, sin remuneración ni intercambio patrimonial de bienes o servicios a cambio de un precio, constituye un convenio interadministrativo. Esta regla se apoya en que las partes celebraron el negocio en desarrollo de sus competencias y en que sus obligaciones no concretaron una contraprestación. Por ello, la naturaleza del acuerdo no se define por el hecho de que contenga prestaciones económicas, sino por su finalidad de colaboración para un fin común. Como consecuencia, no procede exigir la devolución de los aportes ni el pago de una cláusula penal pecuniaria que solo se pactó para un contrato de intercambio. En el caso concreto la sala revocó la sentencia de primera instancia y negó tales pretensiones, porque el negocio fue un convenio interadministrativo. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la naturaleza del acuerdo, y no su denominación, determina si proceden la devolución de aportes y la cláusula penal.síntesis automática
También resuelve:
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos en los que se ventila una controversia derivada de un negocio jurídico celebrado por la Nación y una entidad territorial?
¿Es posible acudir automáticamente a lo dispuesto por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) para determinar las normas aplicables a los convenios…
¿La demanda de controversias contractuales debe formularse dentro del término de dos (2) años contados a partir de los motivos de hecho o de derecho que soportan la reclamación?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La interventoría también se contradijo en cuanto a la ampliación del plazo de aceleración
Sentencia — Sentencia
2021-09-23
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 25000232600019961180201
ACCION CONTRACTUAL
¿Durante la ejecución del contrato de interventoría se presentó la contradicción que sirvió de fundamento a la declaratoria de incumplimiento? Sí
El contratista incumple el contrato de interventoría al presentar contradicciones en sus informes y conceptos durante la ejecución del contrato, apoyando la revocatoria de una multa impuesta por atrasos en las obras mientras, en otros informes, señala que el contratista es responsable de dichos atrasos. Esta contradicción impide el adecuado seguimiento y reporte de las condiciones de ejecución, justificando la declaración de incumplimiento y la aplicación de la cláusula penal pecuniaria. La entidad pública contratante debe verificar la ejecución y cumplimiento de los trabajos por medio de un interventor, según el Decreto-Ley 222 de 1983, lo que reitera la importancia de la labor del interventor en garantizar la correcta ejecución del contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿La interventoría apoyó la revocatoria de la multa impuesta con fundamento en que el contratista no era el responsable del atraso en las obras?
¿Se justificó que se declarara el incumplimiento del contrato y se hiciera efectiva la totalidad de la cláusula penal pecuniaria?
¿La entidad pública contratante debía verificar la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades de los contratistas por medio de un interventor?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
¿El demandado en repetición padecía un agravamiento del trastorno afectivo bipolar, que le había sido diagnosticado, que mermó su capacidad de autodeterminación cuando accionó el arma de dotación?
Sentencia — Sentencia
2023-12-04
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 05001233300020160016301
LEY 1437 REPETICION
¿El demandado en repetición padecía un agravamiento del trastorno afectivo bipolar, que le había sido diagnosticado, que mermó su capacidad de autodeterminación cuando accionó el arma de dotación? Sí
El agravamiento de un trastorno mental preexistente, causado por factores externos que mermen la capacidad de comprensión y autodeterminación del agente en el momento del hecho, excluye la culpabilidad y hace improcedente la acción de repetición, pues no puede imputarse un juicio de reproche a quien actuó en situación de inimputabilidad. Una razón es que los medios documentales y técnicos mostraron que el trastorno afectivo bipolar diagnosticado en 2008 se agravó en la época del hecho por el traslado de lugar de trabajo, la falta de medicamentos y la ausencia de controles psiquiátricos, lo que generó descontrol, irritabilidad y depresión. Otra razón es que el dictamen técnico y la historia clínica permitieron inferir que, al accionar el arma de dotación, el agente tenía disminuida su capacidad de autodeterminación. En el caso, el daño fue causado por un disparo de un miembro de la fuerza pública en ejercicio de sus funciones, y la Subsección confirmó la negación de las pretensiones. Su consecuencia práctica es que la historia clínica y el dictamen técnico son determinantes para establecer la inimputabilidad en la repetición.síntesis automática
También resuelve:
¿El auxiliar de la justicia tenía los conocimientos necesarios para interpretar la historia clínica del ahora demandado?
¿El trastorno afectivo bipolar que padecía el accionado al momento de ocurrencia del hecho dañoso afectó su comportamiento?
¿El demandado incurrió en una conducta gravemente culposa, al hacer uso del arma de dotación sin sujeción a los principios de proporcionalidad y necesidad?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Los reproches formulados por la recurrente en la presente oportunidad no tienen vocación de prosperidad
Sentencia — Sentencia
2024-06-28
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Rad. 11001032600020230013300
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿En el recurso de anulación se pueden revisar los razonamientos jurídicos y probatorios del tribunal de arbitramento para dilucidar si son o no errados? No
El contratista no puede revisar en el recurso de anulación los razonamientos jurídicos y probatorios del tribunal de arbitramento para determinar si son errados, ya que este recurso no está instituido para calificar el análisis de fondo de la controversia ni para corregir la interpretación jurídica ni la valoración probatoria realizada por los árbitros. La Sala declara infundado el recurso de anulación cuando la recurrente cuestiona la valoración probatoria del tribunal, argumentando que dicha acción no se enmarca en la causal de anulación de fallo en conciencia y que no es competencia del Consejo de Estado revisar la interpretación y valoración de pruebas efectuadas por los árbitros, lo que implica que los reproches formulados por la parte recurrente no tienen vocación de prosperidad.síntesis automática
También resuelve:
¿En el recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral no es posible corregir la interpretación jurídica ni la valoración probatoria realizada por los tribunales de arbitraje?
¿Al Consejo de Estado no le es posible calificar la valoración probatoria ni la interpretación expuesta en el laudo arbitral?
¿En los argumentos de la recurrente se evidencia un cuestionamiento a la valoración probatoria y a la interpretación que los árbitros hicieron del clausulado del contrato?
INFUNDADO
Consejo de Estado
Providencia
El pago deberá hacerse bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación.
Sentencia — Sentencia
2023-04-13
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 11001032600020170002900
LEY 1437 REPETICION
¿La demandada en repetición desvirtuó la presunción de culpa grave de violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho e inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones? Sí
La entidad pública que resulta condenada judicialmente o que concilia extrajudicialmente ante las instancias competentes como consecuencia directa e ineludible de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente estatal cuenta con la acción de repetición consagrada expresamente en el artículo 90 de la Constitución Política y el artículo 142 del CPACA como el mecanismo procesal y judicial principal, idóneo, específico y efectivo establecido por el ordenamiento jurídico para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial y el recobro total y definitivo de lo pagado, cuyo término legal de caducidad se computa rigurosamente a partir del día siguiente a la fecha del pago efectivo realizado por la administración pública conforme a las normas especiales aplicables.síntesis automática
También resuelve:
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa…
¿La acción de repetición procede para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando una entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un…
¿La entidad que pagó una condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor público…
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
Es competente la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para conocer del recurso
Sentencia — Sentencia
2021-12-07
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 11001032600020210000300
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Es competente la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para conocer del recurso de anulación y revisión de laudos arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas? Sí
Le asiste competencia a la Sala para conocer del recurso extraordinario de anulación conforme al artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 que dispone: “Cuando se trate de recurso de anulación y revisión de laudos arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, será competente la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado”.
También resuelve:
¿Para la configuración de la causal de anulación de fallo en conciencia la decisión adoptada debió ser proferida con total desapego del ordenamiento jurídico y en ausencia total de razones legales o…
¿Son las partes en ejercicio de su autonomía, quienes renuncian a acudir al aparato jurisdiccional estatal y deciden que la solución de sus controversias se haga en el marco de este mecanismo…
¿La procedencia del recurso extraordinario de anulación está supeditado a la existencia de errores in procedendo?
Consejo de Estado
Providencia
Alegó que los médicos no tuvieron en cuenta la naturaleza y estado de la herida
Sentencia — Sentencia
2023-04-13
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 18001233100020120001201
ACCION DE REPETICION
¿Los médicos demandados desvirtuaron la presunción de culpa grave del numeral 1.° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, por inexcusable violación o extralimitación en el ejercicio de sus funciones? Sí
En la acción de repetición contra médicos vinculados a una institución pública de salud, la culpa grave se analiza en sus actuaciones individuales, según la especialidad y las funciones de cada uno, conforme al numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. La regla se apoya en que la responsabilidad patrimonial de cada servidor es individual, de modo que la presunción de culpa grave por inexcusable omisión o extralimitación debe examinarse respecto de cada profesional. Por ello, no basta con imputar a todo el equipo médico la conducta de uno de sus integrantes. En el asunto, la entidad demandante pagó la condena por la muerte de un paciente, y la Sala confirmó la decisión que negó la repetición porque los médicos demandados desvirtuaron la presunción de culpa grave. En la práctica, la entidad que repite contra varios médicos debe demostrar la conducta gravemente culposa de cada uno según sus funciones.síntesis automática
También resuelve:
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa…
¿La acción de repetición procede para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando una entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un…
¿La entidad que pagó una condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor público…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
En esta controversia no ocurre lo anterior
Sentencia — Sentencia
2024-01-24
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 05001233300020150025802
LEY 1437 REPETICION
¿El dolo o la culpa grave que la parte actora deben quedar debidamente demostrados en el expediente del proceso adelantado bajo el medio de control de repetición? Sí
El dolo o la culpa grave del agente en la acción de repetición deben demostrarse dentro del propio proceso de repetición, con pruebas válidamente aportadas, y no pueden deducirse de la sentencia condenatoria contra el Estado ni del auto que aprobó la conciliación. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el análisis de responsabilidad del Estado no involucró la valoración de la conducta del agente que participó en los hechos, de modo que sus consideraciones no prueban su responsabilidad personal. Segunda, la copia de la condena y el auto aprobatorio de la conciliación solo acreditan la condena y el pago, pero no tienen vocación para demostrar el elemento subjetivo. Tercera, quien promueve la repetición no aportó los elementos que revelaran las actuaciones del demandado antes, durante y después de los hechos, ni las pruebas valoradas en el proceso ordinario. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que la entidad que repite debe aportar en el proceso prueba propia de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente, con independencia de la condena previa.síntesis automática
También resuelve:
¿Para que prospere las pretensión de repetición se debe constatar la obligación resarcitoria a cargo del Estado; la condición de servidor o ex servidor público de la persona contra la que se repite…
¿La jurisdicción contencioso-administrativa conoce de los procesos de repetición contra agentes o exagentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa…
¿Dado que en este caso el hecho dañoso origen de la condena ocurrió en el año 2000, a los aspectos sustanciales le son aplicables las presunciones estatuidas en la Ley 678 de 2001?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Tampoco es suficiente dicho argumento para desvirtuar la cuantificación de los perjuicios del acto demandado
Sentencia — Sentencia
2024-02-05
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600020090087102
ACCION CONTRACTUAL
¿El proceso de contratación directa para la construcción de las obras resulta suficiente para desvirtuar la existencia de los perjuicios sufridos por la entidad contratante? No
La existencia del perjuicio por la entrega deficiente del objeto de un contrato de consultoría no se desvirtúa con argumentos sobre el proceso de contratación directa posterior, sino con prueba de que el producto cumplía las exigencias contractuales de calidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la frustración del objeto pactado en la consultoría fue determinante, y el argumento sobre la contratación directa no acredita que los productos satisficieran la necesidad contratada. Segunda, la cuantificación del perjuicio se fundó en la efectividad del amparo de calidad por el valor asegurado, y esa cuantificación no fue desvirtuada por la parte actora. Tercera, conforme a la carga de la prueba, quien alega el cumplimiento de la calidad debía demostrarlo. La providencia revoca la decisión de primera instancia y mantiene la cuantificación del acto. La consecuencia práctica es que el contratista que pretende desvirtuar la indemnización por calidad deficiente debe probar la calidad del producto y no basta con la existencia de otro proceso de contratación.síntesis automática
También resuelve:
¿Los productos resultantes de la consultoría satisficieron la necesidad para la cual fueron contratados?
¿El dictamen pericial carece de la fuerza probatoria necesaria para desvirtuar los hechos que le dieron sustento al acto administrativo demandado?
¿La declaratoria del siniestro trató de ocultar la negligencia en adelantar la construcción de la obra?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
No puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos no incluidos en el recurso de apelación o en los cargos de nulidad formulados en la demanda.
Sentencia — Sentencia
2025-11-07
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000232600020040078002
ACCION CONTRACTUAL
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos no incluidos en el recurso de apelación o en los cargos de nulidad formulados en la demanda No
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse sobre aspectos no incluidos en el recurso de apelación o en los cargos de nulidad formulados en la demanda, conforme al principio de congruencia y al artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, que limita la competencia del juez superior a los problemas jurídicos derivados de los motivos de inconformidad presentados. Además, el artículo 137.4 del Código Contencioso Administrativo establece que el demandante debe señalar las normas presuntamente violadas y su concepto de violación, determinando así los problemas jurídicos a resolver en la sentencia. La Sala reitera que el juez no puede declarar la nulidad de actos administrativos con base en normas no señaladas en la demanda, salvo en casos de vulneración de derechos fundamentales de aplicación inmediata, lo que implica que las partes deben presentar sus cargos de nulidad con precisión y exhaustividad para evitar decisiones judiciales que excedan los límites establecidos por la congruencia.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre un cargo de nulidad fundado en hechos o argumentos no planteados en la demanda ni en su reforma?
¿Puede la parte demandante solicitar la declaratoria de la cosa juzgada como excepción de fondo en un proceso de lo contencioso administrativo?
¿Puede un contrato estatal estar sometido simultáneamente a normas nacionales y extranjeras por acuerdo de las partes?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: el análisis del equilibrio económico del contrato debe hacerse con base en la gravedad de la afectación recibida
Salvamento voto — Salvamento de voto
2022-03-30
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 76001233100020110129701
ACCION CONTRACTUAL
¿El análisis del equilibrio económico del contrato debe hacerse con base en la gravedad de la afectación recibida por el contratista? Sí
No estoy de acuerdo en que el análisis del equilibrio económico del contrato se haga con base en la gravedad de la afectación recibida por el contratista. Lo que debía probar el contratista en este caso era la existencia de una afectación patrimonial. Como lo señaló el tribunal, en este caso se configuró la figura del hecho del príncipe, y que, por lo tanto, debió reconocerse la indemnización en favor del contratista. Está probado que la contribución fue una decisión de carácter general que únicamente era exigida a los contratistas. Adicionalmente, la misma fue impuesta con posterioridad a la firma del contrato, lo que evidencia la afectación económica sobre el negocio jurídico.
También resuelve:
¿El artículo 27 de la Ley 80 de 1993 únicamente exige que se pruebe que el equilibrio económico del contrato se haya alterado?
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: el fallo no profundizó ni analizó algunos aspectos pues se limitó a negar la indemnización por una suerte de falta
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-03-13
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 50001233100020070005701
ACCION CONTRACTUAL
¿El fallo no profundizó ni analizó algunos aspectos pues se limitó a negar la indemnización por una suerte de falta de competencia o capacidad del interventor? Sí
Me inclino a considerar que, dado que es un asunto de responsabilidad en sede del contrato, lo procedente es que la indemnización cobije a plenitud los perjuicios probados, de manera que no bastará, para que sea integral, que cubra el valor de las obras, sino que deberá reconocer en favor del contratista la utilidad que debió obtener con su ejecución, en la medida que supondría una posible adición al acuerdo de voluntades. Como se aprecia… , lo cierto es que el fallo no profundizó ni analizó estos aspectos, pues se limitó a negar la indemnización por una suerte de falta de competencia o capacidad del interventor. En esos términos dejo sentado mi voto disidente.
También resuelve:
¿Corresponde al juez establecer unos criterios orientadores que permitan definir los eventos en los que esas obras adicionales serán pagadas al contratista?
¿Puede suceder que el contratista ejecute una serie de obras no previstas que beneficien a la entidad pública?
¿Se debía analizar la forma de pago y los requisitos para el reconocimiento de las mayores cantidades de obra que fueron ejecutadas?