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ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

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Tribunal Administrativo de Cundinamarca Providencia

La parte actora no demostró el supuesto de hecho alegado en la demanda

Sentencia — SENTENCIA 2025-02-27 SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección B) FRANKLIN PEREZ CAMARGO Rad. 25000233600020220000100 ACCION CONTRACTUAL
¿(...) hay lugar a declarar o no la nulidad de la Resolución No. 1622 del 11 de octubre de 2021, por medio de la cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial adjudicó el concurso de méritos abierto No. 08 de 2021, (iniciado para seleccionar a un consultor que realizara la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental del Contrato de Obra No. 153 de 2021 para la construcción de las sedes de los despachos judiciales de Chocontá – Cundinamarca) al Consorcio Inter A&G, por un error de la DEAJ en la aplicación de los criterios de desempate a los resultados de la evaluación de los proponentes del concurso de méritos 08/2021(...)? No
… para determinar si efectivamente los actos administrativos demandados fueron expedidos contrario a los criterios de objetividad que rige la contratación estatal, se debe revisar la totalidad de las propuestas de los proponentes que quedaron empatados y aplicar los criterios de desempate dispuestos en el pliego de condiciones definitivo-Adenda No. 1.… Revisadas las pruebas obrantes en el expediente, la Sala advierte que en la continuación a la audiencia inicial celebrada el 21 de marzo de 2024 se advirtió a las partes que el link aportado con las ofertas requería permiso para acceder a la información por lo que se requirió a la parte actora DEAJ para que aportara las ofertas.
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Providencia

Permite establecer que el participante cumple con lo mínimo que se requiere para ejecutar el contrato sin poner en riesgo a la entidad.

Sentencia — Sentencia 2026-02-27 SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección B) FRANKLIN PEREZ CAMARGO Rad. 25000233600020230044300 ACCION CONTRACTUAL
¿Hay lugar a declarar la nulidad de las Resoluciones No. 20237030004035 del 4 de abril de 2023 y No. 20237090004165 del 13 de abril de 2023, expedidas por la Agencia Nacional de Infraestructura, y por las cuales se adjudicó el concurso de méritos VGCON-CM-009-2022, conforme a los requisitos habilitantes y ponderables establecidos en el pliego de condiciones? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad del acto de adjudicación de un contrato estatal si la entidad estatal vulnera el principio de selección objetiva al aplicar indebidamente la falsa motivación, especialmente cuando confunde los requisitos habilitantes con los ponderables, lo que afecta la igualdad de condiciones en la competencia. En este caso, la entidad estatal, al negar injustificadamente la asignación de puntaje a un proponente que cumplió con los requisitos habilitantes y presentó contratos válidos para la experiencia ponderable, incurrió en una falsa motivación que vulneró el principio de selección objetiva. La Sala declaró nulas las resoluciones de adjudicación del concurso de méritos VGCON-CM-009-2022, lo que implica que en la práctica, la entidad estatal debe motivar adecuadamente sus decisiones y no confundir los requisitos habilitantes con los ponderables para garantizar la igualdad de condiciones entre los proponentes.síntesis automática
También resuelve: ¿Hay lugar a condenar a la Agencia Nacional de Infraestructura a reconocer y pagar en favor del demandante el valor de la utilidad esperada, tazada en un valor de $9.899.212.945…
Consejo de Estado Providencia

Había razones valederas para acceder a la prórroga del convenio en aras de cumplir con lo pactado

Sentencia — Sentencia 2024-08-30 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 73001233300020180016901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad territorial debe devolver los aportes hechos por el Ministerio de Vivienda y pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el convenio? No
Un acuerdo en el que las entidades aportan recursos a una subcuenta fiduciaria para la ejecución coordinada de una fase de un proyecto, sin remuneración ni intercambio patrimonial de bienes o servicios a cambio de un precio, constituye un convenio interadministrativo. Esta regla se apoya en que las partes celebraron el negocio en desarrollo de sus competencias y en que sus obligaciones no concretaron una contraprestación. Por ello, la naturaleza del acuerdo no se define por el hecho de que contenga prestaciones económicas, sino por su finalidad de colaboración para un fin común. Como consecuencia, no procede exigir la devolución de los aportes ni el pago de una cláusula penal pecuniaria que solo se pactó para un contrato de intercambio. En el caso concreto la sala revocó la sentencia de primera instancia y negó tales pretensiones, porque el negocio fue un convenio interadministrativo. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la naturaleza del acuerdo, y no su denominación, determina si proceden la devolución de aportes y la cláusula penal.síntesis automática
También resuelve: ¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos en los que se ventila una controversia derivada de un negocio jurídico celebrado por la Nación y una entidad territorial? ¿Es posible acudir automáticamente a lo dispuesto por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) para determinar las normas aplicables a los convenios… ¿La demanda de controversias contractuales debe formularse dentro del término de dos (2) años contados a partir de los motivos de hecho o de derecho que soportan la reclamación?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La interventoría también se contradijo en cuanto a la ampliación del plazo de aceleración

Sentencia — Sentencia 2021-09-23 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 25000232600019961180201 ACCION CONTRACTUAL
¿Durante la ejecución del contrato de interventoría se presentó la contradicción que sirvió de fundamento a la declaratoria de incumplimiento? Sí
El contratista incumple el contrato de interventoría al presentar contradicciones en sus informes y conceptos durante la ejecución del contrato, apoyando la revocatoria de una multa impuesta por atrasos en las obras mientras, en otros informes, señala que el contratista es responsable de dichos atrasos. Esta contradicción impide el adecuado seguimiento y reporte de las condiciones de ejecución, justificando la declaración de incumplimiento y la aplicación de la cláusula penal pecuniaria. La entidad pública contratante debe verificar la ejecución y cumplimiento de los trabajos por medio de un interventor, según el Decreto-Ley 222 de 1983, lo que reitera la importancia de la labor del interventor en garantizar la correcta ejecución del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿La interventoría apoyó la revocatoria de la multa impuesta con fundamento en que el contratista no era el responsable del atraso en las obras? ¿Se justificó que se declarara el incumplimiento del contrato y se hiciera efectiva la totalidad de la cláusula penal pecuniaria? ¿La entidad pública contratante debía verificar la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades de los contratistas por medio de un interventor?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales

Sentencia — Sentencia 2025-09-26 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 15001233300020200230601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales? No
El contratista no configura la caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando la liquidación del contrato se realiza bilateralmente y el término para demandar es de dos años contados desde la firma del acta, suspendido por la conciliación extrajudicial y la suspensión de términos judiciales por la pandemia de COVID-19. En este caso, la entidad estatal y el contratista acordaron la liquidación del contrato el 29 de diciembre de 2017, y la solicitud de conciliación suspendió el término para demandar, que se reanudó el 18 de julio de 2020. La demanda se presentó el 21 de julio de 2020, dentro del plazo restante, evitando así la caducidad del medio de control. Además, el acta de liquidación bilateral debe incluir salvedades respecto a los aspectos no acordados, permitiendo al contratista reclamar en sede judicial sobre estos puntos, como lo hizo el consorcio en este caso, reflejando una salvedad válida que fundamenta su inconformidad.síntesis automática
También resuelve: ¿En el acta de liquidación bilateral deben quedar reflejadas las salvedades respecto de aquellos asuntos en los que las partes no lograron llegar a arreglos? ¿La salvedad incluida por el contratista corresponde a una expresión válida en relación con los aspectos sobre los que el consorcio fundó su inconformidad? ¿El consorcio consintió la ampliación del plazo inicialmente previsto, con la expresa manifestación de que ello no suponía una variación del valor del contrato?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La cuantía es un factor para determinar la competencia en la jurisdicción de lo contencioso administrativa

Sentencia — Sentencia 2022-02-28 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000232600020080008502 ACCION CONTRACTUAL
¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en la jurisdicción de lo contencioso administrativa? Sí
El contratista puede ejercer la acción de controversias contractuales para solicitar la nulidad del acto precontractual de adjudicación y, en consecuencia, la nulidad absoluta del contrato, siempre que la demanda se presente dentro del término de 30 días siguientes a la notificación del acto de adjudicación, según lo establecido por el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo y la jurisprudencia del Consejo de Estado. En el caso específico, la resolución de adjudicación fue notificada el mismo día de su proferimiento, y el contrato se celebró antes de que transcurrieran los 30 días siguientes a dicha notificación. Como resultado, la acción de controversias contractuales fue la procedente para procurar la nulidad del acto de adjudicación y del contrato estatal, pero no para solicitar el restablecimiento del derecho o la indemnización de perjuicios, ya que estas pretensiones caducaron al presentarse la demanda después de la celebración del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales es la acción procedente para solicitar la declaratoria de nulidad del acto precontractual de adjudicación y en consecuencia la nulidad absoluta del contrato? ¿Al interponerse la acción de controversias contractuales luego de 30 días de celebrado el contrato, caducaron las pretensiones de restablecimiento del derecho pero no las pretensiones anulatorias… ¿Los proponentes vencidos en el proceso de selección de contratista están legitimados en la causa por activa para pedir la nulidad del acto de adjudicación y del contrato?
Consejo de Estado Providencia

El contrato de interventoría constituye un medio a través del cual las entidades estatales cumplen su deber legal de ejercer control y vigilancia sobre la ejecución contractual.

Sentencia — Sentencia 2025-05-30 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020190063001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso de licitación, la interventoría debe ser contratada obligatoriamente con una persona independiente tanto de la entidad contratante como del contratista? Sí
El contratista debe ser una persona independiente tanto de la entidad contratante como del contratista en los contratos de obra resultantes de un proceso de licitación, conforme a la Ley 80 de 1993, artículo 32.1, que establece la necesidad de garantizar la imparcialidad y objetividad del seguimiento técnico. La interventoría, que puede incluir aspectos administrativos, financieros, contables y jurídicos, es un medio para que la entidad estatal cumpla su deber legal de control y vigilancia sobre la ejecución contractual, según la Ley 80 de 1993, artículo 14.1. La regla reitera la importancia de la individualidad jurídica de cada contrato, aunque exista un nexo funcional entre el contrato de obra y el de interventoría, y subraya que la labor del interventor no garantiza el cumplimiento del contrato de obra, sino que se limita a realizar la vigilancia técnica y mantener informada a la entidad contratante sobre posibles riesgos. Esto implica que la remuneración del interventor no debe depender únicamente del avance del contrato de obra, sino que debe cubrir costos directos e indirectos y una utilidad razonable, según la Ley 1474 de 2011, artículo 84, y el Decreto 1082 de 2015.síntesis automática
También resuelve: ¿El incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato de obra conlleva el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría? ¿La modalidad de remuneración define cuánto se debe al consultor, es decir, el precio que debe pagarse por la prestación del servicio? ¿El punto de partida para determinar la intención de las partes, es la declaración vertida en el documento contractual?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El IDU incumplió el pago de unas facturas

Sentencia — Sentencia 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020150263002 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El IDU incumplió el pago de unas facturas? Sí
El reconocimiento del valor total de un contrato de interventoría solo procede cuando el interventor acredita previamente que cumplió a cabalidad el acuerdo de voluntades que sustenta la pretensión, de modo que, si solo se prueba el impago de determinadas facturas, la condena se limita a ese incumplimiento parcial. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la pretensión de pago del valor total depende de un presupuesto previo, el cumplimiento de las obligaciones del contrato, que debe acreditarse antes de estudiar la reclamación completa. Segundo, cuando el único cargo que prospera es el impago de ciertas facturas, los demás reproches quedan desestimados y el alcance de la condena se circunscribe a las sumas adeudadas. La providencia modifica la sentencia apelada, declara el incumplimiento parcial de la entidad contratante frente al pago de esas facturas, reconoce el derecho al pago con intereses de mora y deniega las demás pretensiones; en la práctica, el interventor debe probar el cumplimiento de sus obligaciones para reclamar el valor total del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿El IDU actuó diligentemente respecto del interventor ante el incumplimiento del contrato de obra vigilado por aquel? ¿El IDU incumplió la obligación de pago de las facturas de la fase de interventoría de estudios y diseños del contrato? ¿El interventor incumplió las obligaciones de elaborar debidamente los informes de interventoría de la fase de construcción?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El numeral 12 del artículo 25 dispone que antes de abrir el proceso de selección o de celebrar el contrato deben elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos.

Sentencia — Sentencia 2026-08-10 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020220012201 Controversias contractuales
¿Las circunstancias relacionadas con el esquema de remuneración pactado y con las condiciones técnicas anunciadas por la entidad estatal durante el proceso de selección, no verificadas o alteradas durante la ejecución del contrato, constituyen una infracción del principio de planeación que exonera al contratista de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales? No
El contratista no puede eximirse de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales basándose en infracciones del principio de planeación por parte de la entidad estatal, ya que este principio no exonera al contratista de cumplir con las obligaciones específicas del contrato, salvo que se demuestre que la entidad estatal dejó de ejecutar una obligación contractual o que la alteración del equilibrio económico del contrato impidió efectivamente el cumplimiento de las obligaciones del contratista. La Sala establece que las condiciones técnicas anunciadas durante el proceso de selección no constituyen obligaciones contractuales propiamente dichas, sino supuestos o hipótesis para la ejecución, por lo que su alteración no exime al contratista de responsabilidad. Esta decisión reitera y matiza la interpretación del principio de planeación y sus implicaciones en la responsabilidad contractual, lo que implica que el contratista debe cumplir con las obligaciones específicas del contrato, independientemente de las circunstancias externas no controlables por él.síntesis automática
También resuelve: ¿Es vinculante para el contratista la metodología de muestreo y el umbral de error empleados para evaluar la calidad de los paquetes auditados… ¿Configura un vicio de nulidad del acto administrativo sancionatorio la irregularidad alegada en la valoración de un dictamen pericial rendido en el procedimiento administrativo… ¿Exonera al contratista de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales la entrega tardía, por parte de la entidad estatal, de la metodología de evaluación del contrato…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Es válido pactar cláusulas que condicionen la remuneración del interventor al avance del contrato objeto de supervisión.

Aclaración voto — Aclaración de voto 2025-07-21 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020190063001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es jurídicamente válido y eficaz que en los contratos de interventoría se pacte una cláusula que condicione total o parcialmente la remuneración del interventor al avance o cumplimiento del contrato objeto de supervisión, conforme a la interpretación mayoritaria de la Sección Tercera del Consejo de Estado? Sí
El contratista celebra contratos de interventoría cuya remuneración se vincula al avance o cumplimiento del contrato principal de obra pública supervisado. La posición mayoritaria de la Sección Tercera del Consejo de Estado sostiene que es válido y eficaz pactar un porcentaje del pago del contrato de interventoría sujeto al cumplimiento del contrato vigilado, reconociendo la legalidad de las cláusulas contractuales que supeditan dicho pago al desarrollo de las actividades de interventoría, a la ejecución de la obra pública en construcción y a los registros asentados en la bitácora de obra pública conforme a la jurisprudencia reiterada de la Corporación.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado debe unificar su jurisprudencia sobre la validez de condicionar pagos en contratos de interventoría.

Aclaración voto — Aclaración de voto 2025-03-26 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 76001233300020160105601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En aras de garantizar la seguridad jurídica y la coherencia jurisprudencial, la Sección Tercera del Consejo de Estado debería unificar su posición respecto a la validez y eficacia de las cláusulas en contratos de interventoría que condicionan el pago —total o parcial— al avance o cumplimiento del contrato objeto de vigilancia, especialmente ante la divergencia interpretativa existente entre sus Subsecciones y la ausencia de precedente sobre la sujeción del 100% del pago a dicha condición? Sí
La Sección Tercera del Consejo de Estado debe garantizar la seguridad jurídica y la coherencia jurisprudencial unificando su postura respecto a la validez y eficacia de las cláusulas en contratos de interventoría que condicionan el pago total o parcial al avance del contrato vigilado. En esta aclaración de voto, el magistrado aclara su posición compartiendo los fundamentos de la decisión adoptada pero advirtiendo la existencia de divergencias interpretativas entre las subsecciones de la corporación y la necesidad de proporcionar certeza y previsibilidad a los operadores jurídicos y entidades estatales frente a la sujeción de los honorarios a las vicisitudes del contrato principal.síntesis automática