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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la repetición es asunto de expresa previsión constitucional

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Fecha
2022-08-30
Radicado
73001233100020080035601
Número interno
57782
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
POLICIA NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA
Demandado
EDILBERTO BALLEN GARCIA, CESAR AUGUSTO PARDO SALCEDO, JOHN ESNEIDER ROMERO GARZON

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la repetición es asunto de expresa previsión constitucional

Lo que dijo la Sala

La repetición es asunto de expresa previsión constitucional, en tanto el artículo 90 Superior prescribe que, si el Estado es obligado a reparar un daño, debe repetir contra el agente causante del mismo, pero solo cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este, calificación que denota un calificado error de conducta de un agente estatal generador del daño antijurídico que ha conducido a la condena al Estado. Para la determinación del régimen legal aplicable al caso, la Sala tiene en cuenta que la situación cuestionada de los demandados está relacionada con la muerte del señor… . En esas condiciones, para la época de los hechos ya estaba vigente la Ley 678 de 2001, bajo la cual deben analizarse tanto los aspectos formales como sustanciales del presente caso.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Para determinar el régimen legal aplicable a la acción de repetición es necesario tener en cuenta el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la condena contra el Estado, que en este evento consistió en la desaparición y muerte de un civil a manos de miembros de la Policía. La repetición es asunto de expresa previsión constitucional, en tanto el artículo 90 Superior prescribe que, si el Estado es obligado a reparar un daño, debe repetir contra el agente causante del mismo, pero solo cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este, calificación que denota un calificado error de conducta de un agente estatal generador del daño antijurídico que ha conducido a la condena al Estado. Para la determinación del régimen legal aplicable al caso, la Sala tiene en cuenta que la situación cuestionada de los demandados está relacionada con la muerte del señor (…). En esas condiciones, para la época de los hechos ya estaba vigente la Ley 678 de 2001, bajo la cual deben analizarse tanto los aspectos formales como sustanciales del presente caso.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Para determinar el régimen legal aplicable a la acción de repetición es necesario tener en cuenta el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la condena contra el Estado, que en este evento consistieron en la desaparición y muerte de un civil a manos de miembros de la Policía?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 678 de 2001, art. 2
  • Constitución Política

También resuelve

  • ¿Quién invoque las presunciones legales de dolo o culpa grave contenidas en la Ley 678 de 2001, tiene la carga de probar los hechos en los que se funda y la parte contraria deberá desvirtuar dichas…
  • ¿Se acreditó la calidad de servidores públicos de los agentes de policía demandados, al momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la condena contra el Estado?
  • ¿Con la conciliación prejudicial celebrada y aprobada entre las víctimas y la Policía Nacional en el curso del proceso de reparación directa…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE REPETICIÓN CONCEPTO DE ACCIÓN DE REPETICIÓN FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN OBLIGATORIEDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CONDENA CONTRA EL ESTADO ACUERDO DE CONCILIACIÓN PAGO DE LA CONDENA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR AGENTE DEL ESTADO AGENTE DE POLICÍA MUERTE DEL CIUDADANO BAJO CUSTODIA DE LA POLICÍA NACIONAL RETÉN POLICIAL DOLO CULPA GRAVE NORMATIVIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PRESUNCIÓN LEGAL CARGA DE LA PRUEBA REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA DEBIDO PROCESO DERECHO AL DEBIDO PROCESO PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA DERECHO DE DEFENSA ALCANCE DE LA SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL AUTONOMÍA DEL JUEZ ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL EN SERVICIO ACTIVO CONCILIACIÓN PREJUDICIAL APROBACIÓN DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL TRÁMITE DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL POLICÍA NACIONAL CALIDAD DE VÍCTIMA CUMPLIMIENTO DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL ACTA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL PAGO DE LA OBLIGACIÓN PRUEBA DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA PAGO DE OBLIGACIÓN JUDICIAL DOCUMENTO PÚBLICO VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO COMPROBANTE DE EGRESO DE CONTABILIDAD LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE HECHO LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA CONCEPTO DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA ESTUDIO DE FONDO DE LA SENTENCIA INTERÉS JURÍDICO DIRECTO INTERÉS DIRECTO EN EL PROCESO REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA ACCIÓN CIVIL RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE DE POLICÍA IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO JUZGAMIENTO DE MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL PROCESO PENAL EFECTO DEL PROCESO PENAL EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROCESO DISCIPLINARIO SANCIÓN DISCIPLINARIA SANCIÓN DISCIPLINARIA AL EMPLEADO PÚBLICO PROCEDENCIA DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DEL SERVIDOR PÚBLICO FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA PARTICIPACIÓN DEL AGENTE DE POLICÍA CONDUCTA PUNIBLE FAVORECIMIENTO POR SERVIDOR PÚBLICO FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO OBJETIVOS DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS CAUSA GENERADORA DEL DAÑO HOMICIDIO PRESUNCIÓN DE DOLO PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA DEMANDADO OBLIGACIONES DEL DEMANDADO DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL PRUEBA DEL DOLO ELEMENTOS DEL DOLO CONFIGURACIÓN DEL DOLO DESVIACIÓN DE PODER DEMOSTRACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PODER PRUEBA DE LA DESVIACIÓN DE PODER LÍMITES DEL AGENTE DE POLICÍA SENTENCIA PENAL CONDENATORIA PRUEBA TRASLADADA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA PRUEBA EN EL PROCESO DISCIPLINARIO PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DEMOSTRACIÓN DEL DOLO RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA RESPONSABILIDAD PENAL SECUESTRO SIMPLE HURTO AGRAVADO HOMICIDIO AGRAVADO ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN ALCANCE DE LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN CALIFICACIÓN DEL DELITO EN LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN FAVORECIMIENTO EXPEDIENTE DE PENAL PRECLUSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA SECUESTRO EXTORSIVO DESTITUCIÓN DEL AGENTE DE POLICÍA DESTITUCIÓN DE MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL INHABILIDADES DEL SERVIDOR PÚBLICO SEPARACIÓN DEL CARGO DEL AGENTE DE POLICÍA MUERTE DE PERSONA ESTANDO EN DETENCIÓN FÍSICA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA DETENCIÓN ARBITRARIA HECHO PERSONAL DEL AGENTE DE POLICÍA USO DE LA FUERZA PÚBLICA PROPORCIONALIDAD DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA PROTECCIÓN EFECTIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DERECHO A LA VIDA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL USO RESTRINGIDO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL DOLO INDIRECTO DOLO PREMEDITADO DESAPARICIÓN DEL CIUDADANO SENTENCIA CONDENATORIA CONTRA FUNCIONARIO LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN PERJUICIOS REINTEGRO DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS SENTENCIA CONDENATORIA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA FACULTADES DEL JUEZ INDEXACIÓN

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Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE ACCIÓN DE REPETICIÓN / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / OBLIGATORIEDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / ACUERDO DE CONCILIACIÓN / PAGO DE LA CONDENA / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR AGENTE DEL ESTADO / AGENTE DE POLICÍA / MUERTE DEL CIUDADANO BAJO CUSTODIA DE LA POLICÍA NACIONAL / RETÉN POLICIAL / DOLO / CULPA GRAVE / NORMATIVIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Para determinar el régimen legal aplicable a la acción de repetición es necesario tener en cuenta el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la condena contra el Estado, que en este evento consistieron en la desaparición y muerte de un civil a manos de miembros de la Policía? Respuesta al problema jurídico: Si La repetición es asunto de expresa previsión constitucional, en tanto el artículo 90 Superior prescribe que, si el Estado es obligado a reparar un daño, debe repetir contra el agente causante del mismo, pero solo cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este, calificación que denota un calificado error de conducta de un agente estatal generador del daño antijurídico que ha conducido a la condena al Estado. Para la determinación del régimen legal aplicable al caso, la Sala tiene en cuenta que la situación cuestionada de los demandados está relacionada con la muerte del señor (…). En esas condiciones, para la época de los hechos ya estaba vigente la Ley 678 de 2001, bajo la cual deben analizarse tanto los aspectos formales como sustanciales del presente caso. Ahora bien, el artículo 2 de la referida norma legal define la acción de repetición como una acción civil de carácter patrimonial, “que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto (…)”. En desarrollo del artículo 90 superior indicado, la Ley en mención establece que es patrimonialmente responsable frente a la administración quien: (i) tenga la condición de servidor, ex servidor estatal o particular investido de función pública, (ii) y a causa de su conducta sea dolosa o gravemente culposa, (iii) hubiere dado lugar al reconocimiento de una indemnización, (iv) cuyo pago se haga en virtud de una sentencia judicial condenatoria, conciliación y otra forma de terminación de un conflicto. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2 NORMATIVIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE ACCIÓN DE REPETICIÓN / OBLIGATORIEDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN LEGAL / CARGA DE LA PRUEBA / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / DERECHO DE DEFENSA / ALCANCE DE LA SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL / AUTONOMÍA DEL JUEZ / ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ Problema jurídico: ¿Quién invoque las presunciones legales de dolo o culpa grave contenidas en la Ley 678 de 2001, tiene la carga de probar los hechos en los que se funda y la parte contraria deberá desvirtuar dichas presunciones? Respuesta al problema jurídico: Si La Ley 678 de 2001 se ocupó de regular los aspectos sustanciales de la repetición y al efecto no sólo previó lo relativo al objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio de esta acción, sino que, al tratar el presupuesto del dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, consagró en sus artículos 5 y 6 una serie de definiciones y de “presunciones legales”, con incidencia en la carga de la prueba, que resultan aplicables a las conductas ocurridas en vigencia de dicha norma sustantiva. Tales presunciones no constituyen un juicio anticipado sobre la responsabilidad patrimonial del demandado, pues solo son herramientas estatuidas por el legislador que permiten facilitar la actividad probatoria e involucran al demandado en la carga demostrativa, con la finalidad de que sea posible establecer la verdad material. Como recurrentemente se ha recordado, sobre la normativa indicada la Corte Constitucional tuvo oportunidad de discurrir en su análisis, precisando que si bien las presunciones legales tienden a corregir la desigualdad material frente al acceso a la prueba, ello no puede comprometer el debido proceso o implicar una atribución de culpabilidad en cabeza del demandado. Sobre la situación anotada, esta Subsección ha decantado que quien invoque en la demanda de repetición una presunción prevista en la Ley 678 de 2001 deberá probar el hecho en que se funda, eximiéndolo de demostrar el hecho inferido en la respectiva disposición, sin perjuicio de que la parte contraria desvirtúe la conclusión que se presume. En línea con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU354 de 2020 fijó unos presupuestos constitucionales que debían ser tenidos en cuenta por los funcionarios judiciales al resolver las demandas de repetición. Entre ellos, advirtió que la entidad demandante debía probar plenamente, y al margen del análisis efectuado en la providencia que declara la responsabilidad del Estado, “la atribución de la conducta determinante del daño antijurídico al agente, a título de dolo o culpa grave”. Además, la referida corporación judicial indicó que, para efectos de garantizar el derecho al debido proceso del demandado, “está prohibida la posibilidad de extrapolar las conclusiones sobre la responsabilidad del Estado contenidas en la providencia condenatoria a la administración”, pues la determinación de la responsabilidad del agente debe sustentarse en los elementos de juicio allegados al proceso de repetición, en el cual el demandado tenga la oportunidad real de ejercer su derecho de defensa. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las presunciones legales de dolo y culpa grave, ver sentencia de la Corte Constitucional C-374 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y sentencia SU 354 del 26 de agosto de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, 6 ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / AGENTE DE POLICÍA / MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL EN SERVICIO ACTIVO Problema jurídico: ¿Se acreditó la calidad de servidores públicos de los agentes de policía demandados, al momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la condena contra el Estado? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con el artículo 123 de la Constitución Política son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, quienes están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercen sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. La jefe de Talento Humano del Departamento de Policía del Tolima informó que (…) los señores (…) figuraban activos en la institución en los cargos de Comandante Escuadrón Móvil de Carabineros No 2 DECUN, Subjefe Grupo Extorsión y Secuestro DIASE y Comandante de Distrito V Ubaté DECUN, respectivamente, razón por la cual se estima acreditada la condición de los demandados y se entiende satisfecho este requisito. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 123 ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / APROBACIÓN DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / TRÁMITE DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / POLICÍA NACIONAL / CALIDAD DE VÍCTIMA / MUERTE DEL CIUDADANO BAJO CUSTODIA DE LA POLICÍA NACIONAL Problema jurídico: ¿Con la conciliación prejudicial celebrada y aprobada entre las víctimas y la Policía Nacional en el curso del proceso de reparación directa, se cumple con uno los presupuestos de la acción de repetición consistente en la existencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto que imponga al Estado un pago por concepto de indemnización? Respuesta al problema jurídico: Si En el caso concreto, se tiene que, (…) ante la Procuraduría Judicial en lo Administrativo (…) se llevó a cabo conciliación entre (…) [la señora] (…) en calidad de convocante y la Policía Nacional en calidad de convocada, en la que la segunda se comprometió a pagar a la primera, una indemnización por perjuicios morales y materiales con ocasión de la muerte del señor (…), en el municipio de Melgar, Tolima por parte de miembros de la Policía Nacional. Este acuerdo fue aprobado por el Tribunal Administrativo del Tolima (…). Por manera que, también quedó acreditado este requisito. CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / CUMPLIMIENTO DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / ACTA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / APROBACIÓN DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN / PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA / ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA PAGO DE OBLIGACIÓN JUDICIAL / DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO / COMPROBANTE DE EGRESO DE CONTABILIDAD Problema jurídico: ¿El pago de la condena por parte de la Policía Nacional se acreditó mediante documentos públicos que gozan de plena validez y capacidad probatoria? Respuesta al problema jurídico: Si En términos generales, el pago implica el cumplimiento concreto de una obligación a cargo de un deudor y consiste en la ejecución de la prestación (artículo 1626 Código Civil), esto es, de una conducta positiva o de abstención –de dar, hacer o no hacer– que goza de relevancia jurídica, dada la capacidad extintiva del vínculo obligacional (artículo 1625 Ibídem) que una persona puede adquirir bien por concurso de su voluntad, por la causación de un daño a otro o por el apremio de la ley (artículo 1494 del Código Civil). El Código Civil no establece un modo o tarifa legal para probar el pago de una obligación y a pesar de que a tal efecto y en sus normas se refiere a la “carta de pago” (artículos 1628, 1653, 1654 y 1669), que es la declaración documental del acreedor de haber sido satisfecho, en el artículo 1757 consagró la libertad de las partes para acudir a cualquier medio legalmente válido, a fin de acreditar ese acto extintivo de obligaciones, postura que fue recogida y adoptada por el Código de Procedimiento Civil (artículo 175) y que se mantiene vigente aún hoy con el Código General del Proceso (artículo 165). Desde 2013, esta Corporación ha considerado que, los documentos expedidos por las entidades públicas tienen plena validez y capacidad probatoria, toda vez que la naturaleza de quien lo expide hace que se trate de documentos públicos de aquellos mismos que el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil contempla como probatoriamente válidos. Precisado lo anterior, se observa que, como consecuencia del acuerdo conciliatorio, la Policía Nacional dispuso el pago (…) a través de su apoderado, el doctor (…). Este pago se hizo efectivo (…), según consta en el comprobante de egreso y en el certificado emitido por la Tesorera General de la Policía Nacional. Así, en tanto la parte demandada no controvirtió lo mentados documentos, la Sala tiene acreditado que la Policía Nacional pagó la suma referida, correspondiente al cumplimiento de la conciliación indicada, por lo que se encuentra probado el pago de la condena. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la prueba del pago de la condena en la acción de repetición, ver sentencia del 9 de septiembre de 2013, Exp. 25631, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 175, 251, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 165, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1494, 1625, 1626, 1628, 1653, 1654, 1669, 1757 LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE HECHO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / CONCEPTO DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / ESTUDIO DE FONDO DE LA SENTENCIA / INTERÉS JURÍDICO DIRECTO / INTERÉS DIRECTO EN EL PROCESO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Cuál es la diferencia entre la legitimación en la causa material y la legitimación en la causa de hecho? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisprudencia ha definido que la legitimación en la causa: "(…) alude a la relación procesal existente entre demandante -legitimado en la causa de hecho por activa- y demandado -legitimado en la causa de hecho por pasiva”. Así, se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa. La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión resulta legitimado de hecho y por pasiva después de la notificación del auto admisorio de la demanda. Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas. Así pues, un sujeto puede estar legitimado en la causa de hecho, pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando, a pesar de ser parte dentro del proceso, no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar, puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la legitimación en la causa material y la legitimación en la causa de hecho, ver sentencia de 9 de agosto de 2012, Exp. 73001-23-31-000-2010-0047201(AP). C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, sentencia de 28 de abril de 2005, Exp. 14178, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, sentencia del 26 de noviembre de 2014 Exp. 31747, C.P. Hernán Andrade Rincón, sentencia del 31 de octubre de 2007, Exp. 13503, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. C.P. Enrique Gil Botero. ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE ACCIÓN DE REPETICIÓN / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN CIVIL / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CULPA GRAVE / RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE / RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE DE POLICÍA / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Problema jurídico: ¿El fundamento de la responsabilidad personal del agente contra quien se repite se centra en el nexo entre la causa generadora del daño y la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor? Respuesta al problema jurídico: Si [E]s pertinente recalcar que la de repetición, es una acción civil de carácter patrimonial, a través de la cual se promueve un juicio de responsabilidad frente a quien, por sus acciones u omisiones, incurrió en una conducta dolosa o gravemente culposa por la que el Estado debió asumir el pago de una condena, en tanto que, con dicha conducta se causó un daño antijurídico a un tercero. De la lectura del precepto constitucional que consagra dicha acción, se infiere que mientras el fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado se centra en el daño antijurídico que le sea imputable, la base de la responsabilidad personal de los agentes de la administración se funda en la culpabilidad del funcionario, la cual ocurre únicamente en aquellos eventos en que el daño antijurídico y la condena sobreviniente sean consecuencia del obrar del agente, del cual debe predicarse el dolo o la culpa grave. Esta premisa, plantea un vínculo inescindible entre el obrar del agente y el hecho, acción u omisión generador del daño, por cuya antijuridicidad resulta condenado el Estado. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / AGENTE DE POLICÍA / JUZGAMIENTO DE MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL / PROCESO PENAL / EFECTO DEL PROCESO PENAL EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCESO DISCIPLINARIO / SANCIÓN DISCIPLINARIA / SANCIÓN DISCIPLINARIA AL EMPLEADO PÚBLICO / PROCEDENCIA DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA / RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DEL SERVIDOR PÚBLICO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / MUERTE DEL CIUDADANO BAJO CUSTODIA DE LA POLICÍA NACIONAL Problema jurídico: ¿La legitimación en la causa por pasiva de uno de los agentes de policía demandados en repetición, estuvo fundamentada en la responsabilidad disciplinaria declarada por conductas relacionadas con la desaparición y muerte de un civil? Respuesta al problema jurídico: Si [M]ás allá de las decisiones adoptadas en el marco del proceso penal y la posibilidad de que eventualmente estas decisiones pudieran llegar a considerarse como suficiente prueba en contrario de la presunción de dolo derivada de la sentencia disciplinaria, lo cierto es que la decisión adoptada por el ente de control en el proceso disciplinario seguido en contra del recurrente, posibilita el estudio de la responsabilidad patrimonial del demandado y lo legitima en la causa. Ello es así, en la medida en que la decisión aludida de la Procuraduría General de la Nación, lo condenó como autor de las conductas relacionadas con la desaparición y muerte (…), en tanto el ente disciplinario concluyó que los elementos de convicción allegados al proceso permitían “reconocer que el disciplinado (…), para la noche de los hechos sí tuvo contacto personal y directo con la víctima, en la medida en que dio razones públicas sobre las circunstancias de su muerte y por supuesto, tuvo la oportunidad material de tener acceso a su vehículo y el dinero que éste portaba”; razón por la cual, su conducta sí guarda relación con el hecho que motivó el reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, consistente en la muerte del señor. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / AGENTE DE POLICÍA / PARTICIPACIÓN DEL AGENTE DE POLICÍA / RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE DE POLICÍA / PROCESO DISCIPLINARIO / PROCESO PENAL / CONDUCTA PUNIBLE / FAVORECIMIENTO POR SERVIDOR PÚBLICO / FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO / CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / ACTA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / OBJETIVOS DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / CAUSA GENERADORA DEL DAÑO / HOMICIDIO Problema jurídico: ¿La falta de legitimación en la causa por pasiva de uno de los agentes de policía demandados en repetición, estuvo fundamentada en la ausencia de responsabilidad disciplinaria y penal respecto del homicidio del civil que dio lugar a la declaratoria de responsabilidad del Estado? Respuesta al problema jurídico: Si [E]n lo que respecta al demandado (…), quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como Comandante del V Distrito de la Policía de Ubaté, Cundinamarca, la Sala advierte que ni en el proceso disciplinario seguido por la Procuraduría General de la Nación, ni en el proceso penal, se le imputó el homicidio del señor (…), por manera que no es posible predicar que su conducta hubiere propiciado en concreto, el daño por cuya antijuridicidad el Estado debió realizar el referido reconocimiento indemnizatorio, lo cierto es que aquél fue declarado responsable disciplinariamente por otros cargos e investigado y acusado penalmente por los delitos de favorecimiento y falsedad en documento público, pero no por secuestro u homicidio. Así, dado que la conciliación se dio con motivo de indemnizar los perjuicios causados con ocasión de la muerte del señor (…), resulta claro que las actuaciones delictivas cometidas por el agente (…), sin duda reprochables, aunque están ligadas a los hechos que le significaron detrimento patrimonial a la entidad, no fueron las que en efecto produjeron tal daño patrimonial derivado del pago de la referida indemnización. Por fuerza de las razones que se dejaron expuestas, concluye la Sala que la participación en los hechos al favorecer y falsificar documentos del señor (…) no lo convierte en culpable del secuestro y homicidio, de ahí que resulta inocuo analizar su conducta, pues -bueno es reiterarlo-, para estudiar la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales se requiere previamente que exista certeza de que fueron ellos y no otros los que con su actuar dieron origen al detrimento patrimonial de la entidad. Así las cosas, resulta forzoso concluir que se está ante la falta de legitimación en la causa por pasiva del señor (…), dada la ausencia de participación de aquél demandado en el hecho que generó la indemnización a cargo del Estado. De esta manera, se impone revocar la sentencia consultada y apelada, en lo que a él respecta. PRESUNCIÓN LEGAL / PRESUNCIÓN DE DOLO / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / CARGA DE LA PRUEBA / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / DEMANDADO / OBLIGACIONES DEL DEMANDADO / DERECHO DE DEFENSA / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL Problema jurídico: ¿Las presunciones legales de dolo o culpa grave pueden ser desvirtuadas probatoriamente y en consecuencia imponen al demandado la carga de la prueba? Respuesta al problema jurídico: Si Como es bien sabido, la Ley 678 de 2001 al tratar el presupuesto del dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, consagró en sus artículos 5 y 6 una serie de “presunciones legales”, con incidencia en la carga de la prueba, que resultan aplicables a las conductas ocurridas en vigencia de dicha norma sustantiva. Tales presunciones corresponden a las denominadas iuris tantum, esto es, pueden ser desvirtuadas probatoriamente, por lo que no se constituyen, por tanto, en un juicio anticipado del legislador sobre la responsabilidad patrimonial del demandado, sino en herramientas que permiten facilitar la actividad probatoria e involucran al demandado en la carga demostrativa, con la finalidad de que sea posible establecer la verdad material. (…) [E]sta Sala ha impuesto como deber de apertura de la entidad demandante, expresar en la demanda si la imputación a los demandados se hace a título de dolo o culpa grave, en orden a permitir que el demandado tenga la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción. Igualmente, y con el mismo derrotero garantista, a su cargo está probar los supuestos de hecho que estructuran la correspondiente presunción con el fin de activar sus efectos jurídicos. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, 6 PRESUNCIÓN DE DOLO / PRUEBA DEL DOLO / ELEMENTOS DEL DOLO / CONFIGURACIÓN DEL DOLO / DESVIACIÓN DE PODER / DEMOSTRACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PODER / PRUEBA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / AGENTE DE POLICÍA / LÍMITES DEL AGENTE DE POLICÍA / RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE DE POLICÍA / SENTENCIA PENAL CONDENATORIA / SANCIÓN DISCIPLINARIA / MUERTE DEL CIUDADANO BAJO CUSTODIA DE LA POLICÍA NACIONAL Problema jurídico: ¿La imputación de las conductas de los agentes de Policía puede encuadrarse en la causal contenida en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 por obrar con desviación de poder? Respuesta al problema jurídico: Si Del análisis del caso sub examine, la Sala observa que en el libelo inicial, la Policía Nacional no identificó concretamente la causal derivada de la presunción de dolo. Sin embargo, de los hechos planteados en la demanda, basados específicamente en la condena impuesta a los demandados en el marco del proceso disciplinario y en el proceso penal adelantado por los hechos y las decisiones que en él se han tomado, es posible para esta Sala encuadrar la imputación de las conductas (…) en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001; causal que incluso fue referida en los alegatos de conclusión de la entidad y también específicamente por el Mayor (…) en todas sus intervenciones en el proceso cuando reconoció que la sentencia del proceso disciplinario constituía una presunción de dolo al tenor de la referida norma. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 4 PRUEBA TRASLADADA / ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA / PROCESO DISCIPLINARIO / PRUEBA EN EL PROCESO DISCIPLINARIO / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / DERECHO DE DEFENSA Problema jurídico: ¿Procede la valoración de la prueba trasladada del proceso disciplinario por cumplir con los principios de contradicción y defensa? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala valorará las pruebas que obran en el proceso disciplinario trasladado -porque el expediente del proceso penal no fue allegado-, dado que si bien su traslado fue solicitado por la parte actora, las partes tuvieron la oportunidad de conocer el contenido y contaron con la oportunidad procesal para que, si así lo consideraban, formularan algún reparo, lo que no ocurrió, por lo que serán objeto de análisis. Igual precisión debe hacerse respecto de las documentales allegadas por el demandado (…), consistente en providencias adoptadas en el proceso penal, que además constan también en el expediente disciplinario. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la prueba trasladada, ver sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 26251, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. PRESUNCIÓN DE DOLO / PRUEBA DEL DOLO / CONFIGURACIÓN DEL DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / AGENTE DE POLICÍA / RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE DE POLICÍA / RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA / RESPONSABILIDAD PENAL / SENTENCIA PENAL CONDENATORIA / SECUESTRO SIMPLE / HURTO AGRAVADO / HOMICIDIO AGRAVADO / MUERTE DEL CIUDADANO BAJO CUSTODIA DE LA POLICÍA NACIONAL Problema jurídico: ¿En virtud de la responsabilidad disciplinaria probada en contra de los agentes de policía demandados por la muerte del civil bajo su custodia, y la responsabilidad patrimonial del Estado declarada como consecuencia de sus actuaciones, es procedente aplicar la presunción de dolo dispuesta en el artículo 5 numeral 4 de la Ley 678 de 2001? Respuesta al problema jurídico: Si [A]l tenor de lo dispuesto en el artículo 5 numeral 4 de la Ley 678 de 2001, es posible aplicar la presunción de dolo dispuesta en la referida norma, en la medida en que ambos demandados fueron declarados disciplinariamente responsables a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado, esto es, la muerte del señor (…). En este sentido, es importante precisar que en la demanda presentada por la Policía Nacional, se dejaron asentados con suficiente claridad los hechos que motivaron la presente acción de repetición y los que servirían de fundamento para declarar la responsabilidad de los demandados a título de dolo, específicamente las decisiones adoptadas en el marco del proceso disciplinario y en el penal -además de que en las posteriores intervenciones en el proceso, la demandante se refirió específicamente a la configuración de dicha presunción-; asunto que incluso fue reconocido por el propio demandado (…), cuando desde su contestación, manifestó que la decisión del proceso disciplinario configuraba la presunción contemplada en la precitada norma. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 4 PRESUNCIÓN DE DOLO / DOLO / CONFIGURACIÓN DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / PROCESO PENAL / ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN / ALCANCE DE LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN / CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN / CALIFICACIÓN DEL DELITO EN LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN / MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN / CONDUCTA PUNIBLE / FAVORECIMIENTO / FAVORECIMIENTO POR SERVIDOR PÚBLICO / EXPEDIENTE DE PENAL / PRECLUSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA / SECUESTRO EXTORSIVO / HURTO AGRAVADO / HOMICIDIO AGRAVADO / EFECTO DEL PROCESO PENAL EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿La resolución de acusación emitida por la Fiscalía en la que fundó la responsabilidad penal de uno de los agentes en la comisión de un único delito, el de favorecimiento, es sustento suficiente para desvirtuar presunción de dolo? Respuesta al problema jurídico: No [E]n lo que respecta al único recurrente de la decisión de primera instancia, señor (…), la Sala observa que su alegato se centró en indicar que a pesar de que la decisión en la que se le declaró responsable disciplinariamente a título de dolo, entre otros hechos, por la violación del derecho a la vida del señor (…), configurara la presunción contemplada en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, dicha presunción admite prueba en contrario y, para ello, es suficiente con el estudio de la resolución de acusación (…) y de la sentencia anticipada dictada en su contra por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, en las que consta que su responsabilidad penal en los hechos, se limitó a la comisión del delito de favorecimiento, por manera que no participó en el secuestro y muerte (…). A este respecto, lo primero que debe precisar la Sala es que la resolución de acusación de la Fiscalía Primera no es una decisión definitiva en el proceso penal, y además, se basó en el análisis probatorio realizado por la mentada autoridad, de los elementos de convicción allegados en ese proceso, que por demás, no constan ante esta Corporación, en la medida en que el expediente penal no se allegó a este proceso, y sólo se cuenta con las decisiones principales arrimadas por el propio demandado (…) y que también constan en el expediente disciplinario. En este sentido, la valoración que de las pruebas obrantes en el expediente penal hizo la Fiscalía, incluso las transcripciones que del contenido de las mismas hizo, no puede ser apreciada como demostrativa de los hechos con base en los cuales se resolvió precluir la investigación (…) respecto de los delitos de secuestro extorsivo, hurto agravado y calificado y homicidio agravado, en la medida en que ello implicaría hacer una aproximación indirecta a los hechos que fundamentaron la preclusión y que servirían de sustento para derrumbar la presunción de dolo contemplada en la Ley 678. (…) [E]s posible concluir, contrario a las determinaciones de la Fiscalía Primera Especializada Delegada, y con base en los elementos de prueba arrimados en este proceso (i) que sí hay elementos de convicción que indican que el Mayor (…) estuvo involucrado en la orden de detención del vehículo (…), tenía completo conocimiento de la desaparición del ciudadano. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 4 PROCESO DISCIPLINARIO / RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA / SANCIÓN DISCIPLINARIA / DESTITUCIÓN DEL AGENTE DE POLICÍA / DESTITUCIÓN DE MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL / INHABILIDADES DEL SERVIDOR PÚBLICO / SEPARACIÓN DEL CARGO DEL AGENTE DE POLICÍA / PRESUNCIÓN DE DOLO / PRUEBA DEL DOLO / CONFIGURACIÓN DEL DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / MUERTE DE PERSONA ESTANDO EN DETENCIÓN FÍSICA / MUERTE DEL CIUDADANO BAJO CUSTODIA DE LA POLICÍA NACIONAL / RETÉN POLICIAL / VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA / DETENCIÓN ARBITRARIA Problema jurídico: ¿La detención ilegal del civil y su posterior homicidio imputable a los agentes de policía constituyó una conducta dolosa que da lugar a condenarlos en repetición? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala observa que la decisión disciplinaria adoptada por el Despacho del Viceprocurador General de la Nación, en la que se declaró responsables a los demandados a título de dolo, configura la presunción contemplada en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 y que, a pesar de las decisiones adoptadas en el marco del proceso penal, (…) no son suficientes para desvirtuar la referida presunción. (…) La providencia disciplinaria da cuenta de la forma como ocurrieron los hechos delictivos por los cuales fueron destituidos e inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos, a partir de todo lo cual se puede inferir la intencionalidad de los demandados en la comisión de la desaparición y homicidio del ciudadano (…), con base en lo cual resulta forzoso concluir que sus conductas encuadran en la causal de presunción de dolo que ha sido referida. (…) A no dudarlo, los demandados utilizaron su cargo para fines distintos de los que la constitución y la ley han asignado a la Policía Nacional, como expresión concreta del fin constitucional para el cual fue fijado su monopolio en cabeza del Estado. Además, su uso se hizo en condiciones irreglamentarias, de manera grosera, vulnerando los principios rectores del obrar de los integrantes de policía, pues resulta cuestionable que justamente sean uniformados de esa institución, funcionarios llamados a proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, quienes den muerte a un civil, en el marco de una retención abiertamente ilegal. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 4 AGENTE DE POLICÍA / LÍMITES DEL AGENTE DE POLICÍA / RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE DE POLICÍA / HECHO PERSONAL DEL AGENTE DE POLICÍA / USO DE LA FUERZA PÚBLICA / PROPORCIONALIDAD DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA / PROTECCIÓN EFECTIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES / DERECHO A LA VIDA / PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA / USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / USO RESTRINGIDO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR AGENTE DEL ESTADO / CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / CUMPLIMIENTO DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO / CONFIGURACIÓN DEL DOLO / DOLO INDIRECTO / DOLO PREMEDITADO / DESAPARICIÓN DEL CIUDADANO / MUERTE DE PERSONA ESTANDO EN DETENCIÓN FÍSICA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Los agentes de Policía en uso excesivo de sus potestades, causaron deliberadamente un daño incurriendo en una conducta dolosa y delictiva que dio lugar a la responsabilidad penal y disciplinaria? Respuesta al problema jurídico: Si El ejercicio exclusivo del uso de la fuerza por parte del Estado encuentra su límite y razón de ser en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ello con el propósito de salvaguardar el derecho a la vida y a la integridad física gravemente amenazados por la posesión y uso de armas de fuego, de tal suerte que únicamente las autoridades militares y de policía sean quienes ejerzan de manera excepcional la aludida fuerza, naturalmente en el marco de las funciones claramente delimitadas por el ordenamiento jurídico. Así, partiendo de la base que la vida es un derecho intangible y es el sustento de los derechos inherentes a la persona y de un orden constitucional que califica los derechos como inalienables, es claro que no son admisibles las conductas delictivas tendientes a cegar la vida de los particulares y por ello en varias oportunidades ha sido condenado el Estado, por actuaciones irregulares, por decir lo menos, por parte de miembros de las Fuerzas Militares y de Policía. De manera que, si un agente hace uso de sus potestades para dirigir su fuerza deliberadamente a causar daño a una persona, violando sus derechos fundamentales y en contravía de aquel propósito de salvaguardar la vida e integridad, la conducta no solo es catalogada como dolosa sino que es constitutiva de delito. En el presente caso, se tiene que el accionar de los demandados resultó violento y delictivo, por lo que esta Sala considera que la conducta del señor (…) resultó dolosa (…), en este caso es evidente que los agentes (…) premeditaron y planearon las resultas de los hechos. Así las cosas, el resultado lesivo (…) consistente en la muerte del señor (…), por la cual la entidad demandante pagó (…) a título de indemnización, provino indiscutiblemente de un actuar doloso de parte de los señores (…), en consecuencia, al cumplirse el requisito subjetivo que exige la acción de repetición, hay mérito para confirmar la sentencia de primera instancia en lo que a ellos respecta. SENTENCIA CONDENATORIA CONTRA FUNCIONARIO / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN PERJUICIOS / DOLO / CONFIGURACIÓN DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / DOLO PREMEDITADO / REINTEGRO DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / SENTENCIA CONDENATORIA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO Problema jurídico: ¿Una condena patrimonial en sede de repetición cuyo sustento se halla en una conducta dolosa en la que media la intención deliberada de causar un daño por parte del agente, debe corresponder al 100% de lo pagado por la entidad pública demandante? Respuesta al problema jurídico: Si Una vez constatada la responsabilidad patrimonial de los agentes, le corresponde a esta Sala determinar el monto a reintegrar al Estado por parte de los servidores, adoptando las previsiones respectivas para que la condena de repetición no se convierta en una decisión que, en razón de su desproporción, vulnere los derechos fundamentales por resultar una obligación excesiva, irredimible o contraria a la distribución de las cargas públicas. Una condena patrimonial en sede de repetición cuyo sustento se halla en una conducta gravemente culposa debe ser valorada de manera diferencial de aquella que es desplegada de manera dolosa; ambas no pueden equiparase en la medida que en el dolo media “la intención dirigida por el Agente del Estado a realizar la actividad generadora del daño”, acción y determinación que no solo aleja por completo al agente estatal de los fines y deberes propios de su investidura sino que, además se acompaña con la determinación deliberada de causar un daño, asunto que trasciende del campo de la antijuridicidad a la legalidad, erosionando con ello las mismas bases de la legitimidad política del poder público, elemento fundante del Estado. Por lo dicho, en principio se ha estimado que resulta coherente con los conceptos referidos, que en las actuaciones de los funcionarios públicos que sean desplegadas con la intención positiva de realizar la actividad generadora del daño, la condena restitutoria sea en el equivalente al 100% de lo pagado por la parte demandante en el proceso antecedente, como consecuencia de dicha actuación, presentándose un elemento diferencial con las condenas en las que ha mediado un actuar culposo en el grado exigido por la ley. Así, la Sala, al liquidar la condena que se determina, estima que valorando la responsabilidad de los demandados se ordenará a su cargo atender el reembolso por el valor total que debió pagar la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional al beneficiario. REINTEGRO DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / SENTENCIA CONDENATORIA CONTRA FUNCIONARIO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / APROBACIÓN DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA / IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / FACULTADES DEL JUEZ / INDEXACIÓN Problema jurídico: ¿La condena impuesta a los agentes de policía demandados debe tasarse en un 50% para cada uno, porque existió un acuerdo de voluntades y división de tareas para la consecución del objetivo ilícito que dio origen a la conciliación cuyo monto fue pagado por el Estado? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala tendrá en cuenta que del monto pagado por la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, ha de descontarse el rubro correspondiente a los intereses, pues éstos le corresponden asumirlos al ente administrativo condenado y no pueden ser imputados como obra del actuar doloso de los demandados (…). De todas maneras, se dispondrá que el valor indicado se actualice para la fecha de esta sentencia, determinación que solo corresponde al reconocimiento del valor nominal del pago cuya repetición se persigue, entre la fecha que se ha efectuado el pago y el momento de la presente. Sobre el particular, conviene recordar que el ordenamiento superior le exige al juez de lo contencioso administrativo que verifique el verdadero valor del daño atribuible al agente, suprimiendo del mismo los incrementos respectivos a factores ajenos a la voluntad del agente y aquellos valores que resulten claramente desproporcionados en consideración de la responsabilidad general que deben asumir los funcionarios públicos . No pasa lo mismo con la indexación, la cual no conlleva un agravamiento de la condena por cuanto resulta de la mera actualización de la suma histórica al momento de señalar la obligación. La indexación hace referencia al procedimiento mediante el cual se le resta el efecto inflacionario al dinero y de esa manera se conserva la capacidad adquisitiva de la moneda, razón por la cual se dispondrá la actualización de la suma pagada por la entidad en el presente asunto. (…) De manera que, atendiendo a las consideraciones de esta sentencia, debido a que existió un acuerdo de voluntades y división de tareas para la consecución del objetivo ilícito que dio origen a la conciliación entre la entidad demandante y la víctima de esos hechos -de acuerdo a lo dispuesto en la condena disciplinaria impuesta contra los demandados por el homicidio del señor (…), hay lugar a condenar a los demandados al pago (…) a favor de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, como consecuencia de la prosperidad de la pretensión de repetición, de la cual cada uno deberá pagar el 50%.
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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 73001-23-31-000-2008-00356-01 (57.782) Actor: Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional Demandados: Edilberto Ballén García y otros Referencia: Acción de Repetición Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN - Ley 678 de 2001 / GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA – Porque dos demandados fueron representados por curador ad litem / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA - la causa del pago no involucra a uno de los demandados / PRESUNCIÓN DE DOLO PREVISTA POR LA LEY 678 DE 2001, ARTÍCULO 5, NUMERAL 4 - Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado. Procede la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por uno de los demandados y el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, a través de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda. Ante la Procuraduría Judicial 27 Administrativa de Ibagué, el 14 de diciembre de 2004, se surtió una conciliación prejudicial entre la señora Nelcy Rodríguez y la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por la muerte de una persona, razón por la cual la entidad pública inició un proceso de repetición en contra de los agentes involucrados en el hecho. I. SENTENCIA IMPUGNADA Y CONSULTADA 1. Corresponde a la sentencia proferida el 26 de mayo de 2016 por el Tribunal Administrativo del Tolima, que decidió la demanda presentada por la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional1 en contra de los señores Edilberto Ballén García, César Augusto Pardo Salcedo y Jhon Esneider Romero Garzón, cuyas pretensiones, hechos y fundamentos de derecho son, los siguientes: Pretensiones 1 Folios 20-34 c. 1. Radicación: 73001-23-31-000-2008-00356-01 (57.782) Actor: Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional Demandado: Edilberto Ballén García y otros Referencia: Acción de repetición 2 2. Se solicitó que se declarara patrimonialmente responsables a los señores César Augusto Pardo Salcedo, Edilberto Ballén García y Jhon Esneider Romero Garzón, por su actuar doloso en los hechos relacionados con la desaparición y posterior muerte del señor Rubén Suárez López, que dieron lugar a una conciliación entre la Policía Nacional y la esposa de la víctima. Como consecuencia de la anterior declaración, pidió que se les condenara a reembolsar el porcentaje que corresponda de la suma de cuarenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos catorce pesos m/cte. ($49’445.914) que debió pagar la demandante en cumplimiento del referido acuerdo conciliatorio. Hechos 3. Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, que el 20 de abril de 2004, el señor Rubén Suarez López se desplazaba en su vehículo desde Bogotá con destino a Bucaramanga, cuando fue retenido en el municipio de Susa, Cundinamarca en un retén instalado por miembros de la Policía Nacional. El 21 de abril de 2004, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) informaron a la Fiscalía Seccional de Melgar, Tolima, sobre el hallazgo de un cuerpo en la vía que de Melgar conduce a Carmen de Apica lá. Se realizó la inspección al cadáver y se registró el deceso de NN masculino, el cual fue posteriormente identificado como Rubén Suárez López. 4. En el marco del proceso penal adelantado por la desaparición, secuestro y muerte del señor Suárez López, la Fiscalía 2da Especializada de la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión, profirió la Resolución del 4 de junio de 2004, mediante la cual dictó medida de aseguramiento contra el My. César Augusto Pardo Salcedo y el My. Edilberto Ballén García, como coautore s de los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y homicidio agravado y, contra el My. Jhon Esneider Romero Garzón, por los delitos de favorecimiento y falsedad material en documento público. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación adelantó la correspondiente investigación disciplinaria que culminó con la destitución de los tres oficiales y su inhabilidad por 20 años debido a su responsabilidad en la desaparición forzada y posterior homicidio del comerciante Rubén Suárez para hurtarle un a considerable suma de dinero. 5. Por los mencionados hechos, el 14 de diciembre de 2004 se adelantó audiencia de conciliación prejudicial ante la Procuraduría Judicial 27 Administrativa de Ibagué en la cual se acordó reconocer una indemnización a favor de la señora Nelcy Rodríguez Quiñon ez como consecuencia de la muerte del señor Suárez López. Dicho acuerdo fue aprobado por el Tribunal Administrativo del Tolima mediante auto del 7 de octubre de 2005, debidamente ejecutoriado el 18 del mismo mes y año. En cumplimiento del mentado acuerdo, el 21 de diciembre de 2005, la institución realizó el correspondiente pago a favor de la señora Rodríguez Quiñónez. Fundamentos de derecho Radicación: 73001-23-31-000-2008-00356-01 (57.782) Actor: Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional Demandado: Edilberto Ballén García y otros Referencia: Acción de repetición 3 6. Como fundamento de Derecho, alegó la aplicación del inciso 2º del artículo 90 de la Constitución Política, que consagra la ampliación de la responsabilidad estatal hacia su agente, con el fin de recuperar para el Estado el monto de los perjuicios imputables al autor del hecho que generó la condena, en este caso, los agentes Pardo Salcedo, Ballén García y Romero Garzón, quienes con su obrar doloso dieron lugar al pago de la indemnización a cargo de la entidad demandante. La Sala advierte que la demandante no invocó ninguna de las presunciones contempladas en el artículo 5 de la Ley 678 de 2001 y se limitó a afirmar q ue el actuar de los demandados fue doloso. La defensa 7. Los demandados Cesar Augusto Pardo Salcedo y Jhon Esneider Romero Garzón contestaron a través de curador ad-litem e indicaron que, aunque son ciertos los hechos, la acción ya estaba caducada cuando se surtió la notificación de la demanda2. 8. Por su parte, el señor Edilberto Ballén García, actuando en nombre propio, contestó la demanda y señaló que los hechos de la demanda son parcialmente ciertos. Planteó como excepción la denominada falta de legitimación en la causa por pasiva bajo el argumen to de que la Policía Nacional concilió y pagó indemnización por la muerte del señor Rubén Suárez López con fundamento en la investigación disciplinaria, pero desconoció la penal donde se concluyó que su conducta no generó daño alguno al señor Suárez López o su familia, de manera que no fue por actuación suya que la Policía Nacional pagó indemnización a la señora Nelcy Rodríguez3. Los alegatos de conclusión de primera instancia 9. Surtida la etapa probatoria 4, Edilberto Ballén García reiteró que, si bien los hechos se dieron en la forma descrita en la demanda, lo cierto es que él no tomó 2 Folios 91-95 c. 1. 3 Folios 144-148 c. 1. 4 Mediante auto del 23 de febrero de 2010 se decretaron las siguientes pruebas: “ TENER como prueba en lo que fuere legal los documentos aportados con el escrito de presentación de la demanda. OFICIAR a la Fiscalía General de la Nación, para que a costa de esta parte remita, con destino a este proceso, los documentos solicitados en el numeral 2º del acápite de pruebas, visto a folio 30-31 del expediente. OFICIAR a la Procuraduría General de la Nación, para que a costa de esta parte remita, con destino a este proceso, los documentos solicitados en el numeral 3º del acápite de pruebas visto a folio 31 del expediente. OFICIAR a la Dirección General de la Policía Nacional – Dirección de Talento Huma no- para que a costa de esta parte remita, con destino a este proceso, las certificaciones solicitadas en el numeral 4º del acápite de pruebas visto a folio 31 del expediente. OFICIAR a la Dirección General de la Policía Nacional – Tesorería Principal- para que a costa de esta parte remita, con destino a este proceso, los documentos solicitados en el numeral 5º del acápite de pruebas visto a folio 31 del expediente. (...) TÉNGASE como prueba en lo que fuera legal el escrito de contestación de la demanda”. Folios 101 -102 c. 1. Igualmente, mediante auto del 25 de febrero de 2014 se decretaron las siguientes: “Téngase en cuenta los documentos aportados con la contestación de la demanda, a los que se les dará su valor probatorio en el momento procesal correspon diente. (...) líbrense los siguientes oficios: - A la Fiscalía Segunda y Primera Especializadas de la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión, a fin de que remita copia auténtica de lo solicitado en el literal “b” del título “4) PETICIÓN DE PRUEBAS” (...) Al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, a fin de que remita copia auténtica de lo solicitado en el literal “b” del título “4) PETICIÓN DE PRUEBAS (...)”. Folios 284-285 c. 1. En el proceso se practicaron las siguientes pruebas: 1. Acta de conciliación celebrada el 14 de diciembre de 2004. 2. Providencia del 7 de octubre de 2005 del Tribunal Administrativo del Tolima mediante la cual se aprobó la conciliación celebrada entre Nelcy Rodríguez Quiñónez y la Policía Nacional. Radicación: 73001-23-31-000-2008-00356-01 (57.782) Actor: Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional Demandado: Edilberto Ballén García y otros Referen

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https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=730012331000200800356011100103