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clave: "consejo_estado:providencia:73001233100020080035601-57782-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: la repetición es asunto de expresa previsión constitucional"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-08-30"
radicado: "73001233100020080035601"
numero: "57782"
ponente: "JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ"
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# Consejo de Estado: la repetición es asunto de expresa previsión constitucional

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-08-30
- **Radicado:** 73001233100020080035601
- **Número interno:** 57782
- **Ponente:** JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** ACCION DE REPETICION
- **Actor:** POLICIA NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA
- **Demandado:** EDILBERTO BALLEN GARCIA, CESAR AUGUSTO PARDO SALCEDO, JOHN ESNEIDER ROMERO GARZON
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:73001233100020080035601-57782-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/73001233100020080035601/88C04142AA6E25E8C4ED38569FD832F9471B9863DF38F234FBBB6EF0607866A9/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=730012331000200800356011100103

## Problema jurídico

¿Para determinar el régimen legal aplicable a la acción de repetición es necesario tener en cuenta el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la condena contra el Estado, que en este evento consistieron en la desaparición y muerte de un civil a manos de miembros de la Policía?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Puntos clave

- ¿Quién invoque las presunciones legales de dolo o culpa grave contenidas en la Ley 678 de 2001, tiene la carga de probar los hechos en los que se funda y la parte contraria deberá desvirtuar dichas…
- ¿Se acreditó la calidad de servidores públicos de los agentes de policía demandados, al momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la condena contra el Estado?
- ¿Con la conciliación prejudicial celebrada y aprobada entre las víctimas y la Policía Nacional en el curso del proceso de reparación directa…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 678 de 2001, art. 2
- Constitución Política

## Extracto

La repetición es asunto de expresa previsión constitucional, en tanto el artículo 90 Superior prescribe que, si el Estado es obligado a reparar un daño, debe repetir contra el agente causante del mismo, pero solo cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este, calificación que denota un calificado error de conducta de un agente estatal generador del daño antijurídico que ha conducido a la condena al Estado. Para la determinación del régimen legal aplicable al caso, la Sala tiene en cuenta que la situación cuestionada de los demandados está relacionada con la muerte del señor… . En esas condiciones, para la época de los hechos ya estaba vigente la Ley 678 de 2001, bajo la cual deben analizarse tanto los aspectos formales como sustanciales del presente caso.

## Síntesis temática

Para determinar el régimen legal aplicable a la acción de repetición es necesario tener en cuenta el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la condena contra el Estado, que en este evento consistió en la desaparición y muerte de un civil a manos de miembros de la Policía. La repetición es asunto de expresa previsión constitucional, en tanto el artículo 90 Superior prescribe que, si el Estado es obligado a reparar un daño, debe repetir contra el agente causante del mismo, pero solo cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este, calificación que denota un calificado error de conducta de un agente estatal generador del daño antijurídico que ha conducido a la condena al Estado. Para la determinación del régimen legal aplicable al caso, la Sala tiene en cuenta que la situación cuestionada de los demandados está relacionada con la muerte del señor (…). En esas condiciones, para la época de los hechos ya estaba vigente la Ley 678 de 2001, bajo la cual deben analizarse tanto los aspectos formales como sustanciales del presente caso.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE REPETICIÓN, CONCEPTO DE ACCIÓN DE REPETICIÓN, FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, OBLIGATORIEDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, CONDENA CONTRA EL ESTADO, ACUERDO DE CONCILIACIÓN, PAGO DE LA CONDENA, CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR AGENTE DEL ESTADO, AGENTE DE POLICÍA, MUERTE DEL CIUDADANO BAJO CUSTODIA DE LA POLICÍA NACIONAL, RETÉN POLICIAL, DOLO, CULPA GRAVE, NORMATIVIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, PRESUNCIÓN LEGAL, CARGA DE LA PRUEBA, REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA, DEBIDO PROCESO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA, DERECHO DE DEFENSA, ALCANCE DE LA SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, AUTONOMÍA DEL JUEZ, ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO, DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO, MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL EN SERVICIO ACTIVO, CONCILIACIÓN PREJUDICIAL, APROBACIÓN DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL, TRÁMITE DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL, EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL, POLICÍA NACIONAL, CALIDAD DE VÍCTIMA, CUMPLIMIENTO DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL, ACTA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL, PAGO DE LA OBLIGACIÓN, PRUEBA DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN, PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA, ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA PAGO DE OBLIGACIÓN JUDICIAL, DOCUMENTO PÚBLICO, VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO, VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO, PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO, COMPROBANTE DE EGRESO DE CONTABILIDAD, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE HECHO, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, CONCEPTO DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, ESTUDIO DE FONDO DE LA SENTENCIA, INTERÉS JURÍDICO DIRECTO, INTERÉS DIRECTO EN EL PROCESO, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, ACCIÓN CIVIL, RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE, RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE DE POLICÍA, IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, JUZGAMIENTO DE MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL, PROCESO PENAL, EFECTO DEL PROCESO PENAL EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PROCESO DISCIPLINARIO, SANCIÓN DISCIPLINARIA, SANCIÓN DISCIPLINARIA AL EMPLEADO PÚBLICO, PROCEDENCIA DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA, RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DEL SERVIDOR PÚBLICO, FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, PARTICIPACIÓN DEL AGENTE DE POLICÍA, CONDUCTA PUNIBLE, FAVORECIMIENTO POR SERVIDOR PÚBLICO, FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO, OBJETIVOS DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, CAUSA GENERADORA DEL DAÑO, HOMICIDIO, PRESUNCIÓN DE DOLO, PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE, ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA, DEMANDADO, OBLIGACIONES DEL DEMANDADO, DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL, PRUEBA DEL DOLO, ELEMENTOS DEL DOLO, CONFIGURACIÓN DEL DOLO, DESVIACIÓN DE PODER, DEMOSTRACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PODER, PRUEBA DE LA DESVIACIÓN DE PODER, LÍMITES DEL AGENTE DE POLICÍA, SENTENCIA PENAL CONDENATORIA, PRUEBA TRASLADADA, ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA, PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA, VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA, VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA, PRUEBA EN EL PROCESO DISCIPLINARIO, PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, DEMOSTRACIÓN DEL DOLO, RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA, RESPONSABILIDAD PENAL, SECUESTRO SIMPLE, HURTO AGRAVADO, HOMICIDIO AGRAVADO, ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN, ALCANCE DE LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN, CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN, CALIFICACIÓN DEL DELITO EN LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN, MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN, FAVORECIMIENTO, EXPEDIENTE DE PENAL, PRECLUSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA, SECUESTRO EXTORSIVO, DESTITUCIÓN DEL AGENTE DE POLICÍA, DESTITUCIÓN DE MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL, INHABILIDADES DEL SERVIDOR PÚBLICO, SEPARACIÓN DEL CARGO DEL AGENTE DE POLICÍA, MUERTE DE PERSONA ESTANDO EN DETENCIÓN FÍSICA, VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA, DETENCIÓN ARBITRARIA, HECHO PERSONAL DEL AGENTE DE POLICÍA, USO DE LA FUERZA PÚBLICA, PROPORCIONALIDAD DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA, PROTECCIÓN EFECTIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, DERECHO A LA VIDA, PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA, USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL, USO RESTRINGIDO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL, DOLO INDIRECTO, DOLO PREMEDITADO, DESAPARICIÓN DEL CIUDADANO, SENTENCIA CONDENATORIA CONTRA FUNCIONARIO, LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA, LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN PERJUICIOS, REINTEGRO DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, SENTENCIA CONDENATORIA, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO, IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO, ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA, FACULTADES DEL JUEZ, INDEXACIÓN

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## Texto del documento

ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE ACCIÓN DE REPETICIÓN / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / OBLIGATORIEDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / ACUERDO DE CONCILIACIÓN / PAGO DE LA CONDENA / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR AGENTE DEL ESTADO / AGENTE DE POLICÍA / MUERTE DEL CIUDADANO BAJO CUSTODIA DE LA POLICÍA NACIONAL / RETÉN POLICIAL / DOLO / CULPA GRAVE / NORMATIVIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Para determinar el régimen legal aplicable a la acción de repetición es necesario tener en cuenta el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la condena contra el Estado, que en este evento consistieron en la desaparición y muerte de un civil a manos de miembros de la Policía?
Respuesta al problema jurídico: Si
La repetición es asunto de expresa previsión constitucional, en tanto el artículo 90 Superior prescribe que, si el Estado es obligado a reparar un daño, debe repetir contra el agente causante del mismo, pero solo cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este, calificación que denota un calificado error de conducta de un agente estatal generador del daño antijurídico que ha conducido a la condena al Estado. Para la determinación del régimen legal aplicable al caso, la Sala tiene en cuenta que la situación cuestionada de los demandados está relacionada con la muerte del señor (…). En esas condiciones, para la época de los hechos ya estaba vigente la Ley 678 de 2001, bajo la cual deben analizarse tanto los aspectos formales como sustanciales del presente caso. Ahora bien, el artículo 2 de la referida norma legal define la acción de repetición como una acción civil de carácter patrimonial, “que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto (…)”. En desarrollo del artículo 90 superior indicado, la Ley en mención establece que es patrimonialmente responsable frente a la administración quien: (i) tenga la condición de servidor, ex servidor estatal o particular investido de función pública, (ii) y a causa de su conducta sea dolosa o gravemente culposa, (iii) hubiere dado lugar al reconocimiento de una indemnización, (iv) cuyo pago se haga en virtud de una sentencia judicial condenatoria, conciliación y otra forma de terminación de un conflicto.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2
NORMATIVIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE ACCIÓN DE REPETICIÓN / OBLIGATORIEDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN LEGAL / CARGA DE LA PRUEBA / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / DERECHO DE DEFENSA / ALCANCE DE LA SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL / AUTONOMÍA DEL JUEZ / ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ
Problema jurídico:
¿Quién invoque las presunciones legales de dolo o culpa grave contenidas en la Ley 678 de 2001, tiene la carga de probar los hechos en los que se funda y la parte contraria deberá desvirtuar dichas presunciones?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Ley 678 de 2001 se ocupó de regular los aspectos sustanciales de la repetición y al efecto no sólo previó lo relativo al objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio de esta acción, sino que, al tratar el presupuesto del dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, consagró en sus artículos 5 y 6 una serie de definiciones y de “presunciones legales”, con incidencia en la carga de la prueba, que resultan aplicables a las conductas ocurridas en vigencia de dicha norma sustantiva. Tales presunciones no constituyen un juicio anticipado sobre la responsabilidad patrimonial del demandado, pues solo son herramientas estatuidas por el legislador que permiten facilitar la actividad probatoria e involucran al demandado en la carga demostrativa, con la finalidad de que sea posible establecer la verdad material. Como recurrentemente se ha recordado, sobre la normativa indicada la Corte Constitucional tuvo oportunidad de discurrir en su análisis, precisando que si bien las presunciones legales tienden a corregir la desigualdad material frente al acceso a la prueba, ello no puede comprometer el debido proceso o implicar una atribución de culpabilidad en cabeza del demandado. Sobre la situación anotada, esta Subsección ha decantado que quien invoque en la demanda de repetición una presunción prevista en la Ley 678 de 2001 deberá probar el hecho en que se funda, eximiéndolo de demostrar el hecho inferido en la respectiva disposición, sin perjuicio de que la parte contraria desvirtúe la conclusión que se presume. En línea con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU354 de 2020 fijó unos presupuestos constitucionales que debían ser tenidos en cuenta por los funcionarios judiciales al resolver las demandas de repetición. Entre ellos, advirtió que la entidad demandante debía probar plenamente, y al margen del análisis efectuado en la providencia que declara la responsabilidad del Estado, “la atribución de la conducta determinante del daño antijurídico al agente, a título de dolo o culpa grave”. Además, la referida corporación judicial indicó que, para efectos de garantizar el derecho al debido proceso del demandado, “está prohibida la posibilidad de extrapolar las conclusiones sobre la responsabilidad del Estado contenidas en la providencia condenatoria a la administración”, pues la determinación de la responsabilidad del agente debe sustentarse en los elementos de juicio allegados al proceso de repetición, en el cual el demandado tenga la oportunidad real de ejercer su derecho de defensa.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las presunciones legales de dolo y culpa grave, ver sentencia de la Corte Constitucional C-374 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y sentencia SU 354 del 26 de agosto de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, 6
ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / AGENTE DE POLICÍA / MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL EN SERVICIO ACTIVO
Problema jurídico:
¿Se acreditó la calidad de servidores públicos de los agentes de policía demandados, al momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la condena contra el Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el artículo 123 de la Constitución Política son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, quienes están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercen sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. La jefe de Talento Humano del Departamento de Policía del Tolima informó que (…) los señores (…) figuraban activos en la institución en los cargos de Comandante Escuadrón Móvil de Carabineros No 2 DECUN, Subjefe Grupo Extorsión y Secuestro DIASE y Comandante de Distrito V Ubaté DECUN, respectivamente, razón por la cual se estima acreditada la condición de los demandados y se entiende satisfecho este requisito.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 123
ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / APROBACIÓN DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / TRÁMITE DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / POLICÍA NACIONAL / CALIDAD DE VÍCTIMA / MUERTE DEL CIUDADANO BAJO CUSTODIA DE LA POLICÍA NACIONAL
Problema jurídico:
¿Con la conciliación prejudicial celebrada y aprobada entre las víctimas y la Policía Nacional en el curso del proceso de reparación directa, se cumple con uno los presupuestos de la acción de repetición consistente en la existencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto que imponga al Estado un pago por concepto de indemnización?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el caso concreto, se tiene que, (…) ante la Procuraduría Judicial en lo Administrativo (…) se llevó a cabo conciliación entre (…) [la señora] (…) en calidad de convocante y la Policía Nacional en calidad de convocada, en la que la segunda se comprometió a pagar a la primera, una indemnización por perjuicios morales y materiales con ocasión de la muerte del señor (…), en el municipio de Melgar, Tolima por parte de miembros de la Policía Nacional. Este acuerdo fue aprobado por el Tribunal Administrativo del Tolima (…). Por manera que, también quedó acreditado este requisito.
CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / CUMPLIMIENTO DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / ACTA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / APROBACIÓN DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN / PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA / ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA PAGO DE OBLIGACIÓN JUDICIAL / DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO / COMPROBANTE DE EGRESO DE CONTABILIDAD
Problema jurídico:
¿El pago de la condena por parte de la Policía Nacional se acreditó mediante documentos públicos que gozan de plena validez y capacidad probatoria?
Respuesta al problema jurídico: Si
En términos generales, el pago implica el cumplimiento concreto de una obligación a cargo de un deudor y consiste en la ejecución de la prestación (artículo 1626 Código Civil), esto es, de una conducta positiva o de abstención –de dar, hacer o no hacer– que goza de relevancia jurídica, dada la capacidad extintiva del vínculo obligacional (artículo 1625 Ibídem) que una persona puede adquirir bien por concurso de su voluntad, por la causación de un daño a otro o por el apremio de la ley (artículo 1494 del Código Civil). El Código Civil no establece un modo o tarifa legal para probar el pago de una obligación y a pesar de que a tal efecto y en sus normas se refiere a la “carta de pago” (artículos 1628, 1653, 1654 y 1669), que es la declaración documental del acreedor de haber sido satisfecho, en el artículo 1757 consagró la libertad de las partes para acudir a cualquier medio legalmente válido, a fin de acreditar ese acto extintivo de obligaciones, postura que fue recogida y adoptada por el Código de Procedimiento Civil (artículo 175) y que se mantiene vigente aún hoy con el Código General del Proceso (artículo 165). Desde 2013, esta Corporación ha considerado que, los documentos expedidos por las entidades públicas tienen plena validez y capacidad probatoria, toda vez que la naturaleza de quien lo expide hace que se trate de documentos públicos de aquellos mismos que el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil contempla como probatoriamente válidos. Precisado lo anterior, se observa que, como consecuencia del acuerdo conciliatorio, la Policía Nacional dispuso el pago (…) a través de su apoderado, el doctor (…). Este pago se hizo efectivo (…), según consta en el comprobante de egreso y en el certificado emitido por la Tesorera General de la Policía Nacional. Así, en tanto la parte demandada no controvirtió lo mentados documentos, la Sala tiene acreditado que la Policía Nacional pagó la suma referida, correspondiente al cumplimiento de la conciliación indicada, por lo que se encuentra probado el pago de la condena.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la prueba del pago de la condena en la acción de repetición, ver sentencia del 9 de septiembre de 2013, Exp. 25631, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 175, 251, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 165, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1494, 1625, 1626, 1628, 1653, 1654, 1669, 1757
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE HECHO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / CONCEPTO DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / ESTUDIO DE FONDO DE LA SENTENCIA / INTERÉS JURÍDICO DIRECTO / INTERÉS DIRECTO EN EL PROCESO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Cuál es la diferencia entre la legitimación en la causa material y la legitimación en la causa

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

de policía sean quienes ejerzan de manera excepcional la aludida fuerza, naturalmente en el marco de las funciones claramente delimitadas por el ordenamiento jurídico. Así, partiendo de la base que la vida es un derecho intangible y es el sustento de los derechos inherentes a la persona y de un orden constitucional que califica los derechos como inalienables, es claro que no son admisibles las conductas delictivas tendientes a cegar la vida de los particulares y por ello en varias oportunidades ha sido condenado el Estado, por actuaciones irregulares, por decir lo menos, por parte de miembros de las Fuerzas Militares y de Policía. De manera que, si un agente hace uso de sus potestades para dirigir su fuerza deliberadamente a causar daño a una persona, violando sus derechos fundamentales y en contravía de aquel propósito de salvaguardar la vida e integridad, la conducta no solo es catalogada como dolosa sino que es constitutiva de delito. En el presente caso, se tiene que el accionar de los demandados resultó violento y delictivo, por lo que esta Sala considera que la conducta del señor (…) resultó dolosa (…), en este caso es evidente que los agentes (…) premeditaron y planearon las resultas de los hechos. Así las cosas, el resultado lesivo (…) consistente en la muerte del señor (…), por la cual la entidad demandante pagó (…) a título de indemnización, provino indiscutiblemente de un actuar doloso de parte de los señores (…), en consecuencia, al cumplirse el requisito subjetivo que exige la acción de repetición, hay mérito para confirmar la sentencia de primera instancia en lo que a ellos respecta.
SENTENCIA CONDENATORIA CONTRA FUNCIONARIO / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN PERJUICIOS / DOLO / CONFIGURACIÓN DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / DOLO PREMEDITADO / REINTEGRO DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / SENTENCIA CONDENATORIA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿Una condena patrimonial en sede de repetición cuyo sustento se halla en una conducta dolosa en la que media la intención deliberada de causar un daño por parte del agente, debe corresponder al 100% de lo pagado por la entidad pública demandante?
Respuesta al problema jurídico: Si
Una vez constatada la responsabilidad patrimonial de los agentes, le corresponde a esta Sala determinar el monto a reintegrar al Estado por parte de los servidores, adoptando las previsiones respectivas para que la condena de repetición no se convierta en una decisión que, en razón de su desproporción, vulnere los derechos fundamentales por resultar una obligación excesiva, irredimible o contraria a la distribución de las cargas públicas. Una condena patrimonial en sede de repetición cuyo sustento se halla en una conducta gravemente culposa debe ser valorada de manera diferencial de aquella que es desplegada de manera dolosa; ambas no pueden equiparase en la medida que en el dolo media “la intención dirigida por el Agente del Estado a realizar la actividad generadora del daño”, acción y determinación que no solo aleja por completo al agente estatal de los fines y deberes propios de su investidura sino que, además se acompaña con la determinación deliberada de causar un daño, asunto que trasciende del campo de la antijuridicidad a la legalidad, erosionando con ello las mismas bases de la legitimidad política del poder público, elemento fundante del Estado. Por lo dicho, en principio se ha estimado que resulta coherente con los conceptos referidos, que en las actuaciones de los funcionarios públicos que sean desplegadas con la intención positiva de realizar la actividad generadora del daño, la condena restitutoria sea en el equivalente al 100% de lo pagado por la parte demandante en el proceso antecedente, como consecuencia de dicha actuación, presentándose un elemento diferencial con las condenas en las que ha mediado un actuar culposo en el grado exigido por la ley. Así, la Sala, al liquidar la condena que se determina, estima que valorando la responsabilidad de los demandados se ordenará a su cargo atender el reembolso por el valor total que debió pagar la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional al beneficiario.
REINTEGRO DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / SENTENCIA CONDENATORIA CONTRA FUNCIONARIO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / APROBACIÓN DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA / IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / FACULTADES DEL JUEZ / INDEXACIÓN
Problema jurídico:
¿La condena impuesta a los agentes de policía demandados debe tasarse en un 50% para cada uno, porque existió un acuerdo de voluntades y división de tareas para la consecución del objetivo ilícito que dio origen a la conciliación cuyo monto fue pagado por el Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala tendrá en cuenta que del monto pagado por la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, ha de descontarse el rubro correspondiente a los intereses, pues éstos le corresponden asumirlos al ente administrativo condenado y no pueden ser imputados como obra del actuar doloso de los demandados (…). De todas maneras, se dispondrá que el valor indicado se actualice para la fecha de esta sentencia, determinación que solo corresponde al reconocimiento del valor nominal del pago cuya repetición se persigue, entre la fecha que se ha efectuado el pago y el momento de la presente. Sobre el particular, conviene recordar que el ordenamiento superior le exige al juez de lo contencioso administrativo que verifique el verdadero valor del daño atribuible al agente, suprimiendo del mismo los incrementos respectivos a factores ajenos a la voluntad del agente y aquellos valores que resulten claramente desproporcionados en consideración de la responsabilidad general que deben asumir los funcionarios públicos . No pasa lo mismo con la indexación, la cual no conlleva un agravamiento de la condena por cuanto resulta de la mera actualización de la suma histórica al momento de señalar la obligación. La indexación hace referencia al procedimiento mediante el cual se le resta el efecto inflacionario al dinero y de esa manera se conserva la capacidad adquisitiva de la moneda, razón por la cual se dispondrá la actualización de la suma pagada por la entidad en el presente asunto. (…) De manera que, atendiendo a las consideraciones de esta sentencia, debido a que existió un acuerdo de voluntades y división de tareas para la consecución del objetivo ilícito que dio origen a la conciliación entre la entidad demandante y la víctima de esos hechos -de acuerdo a lo dispuesto en la condena disciplinaria impuesta contra los demandados por el homicidio del señor (…), hay lugar a condenar a los demandados al pago (…) a favor de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, como consecuencia de la prosperidad de la pretensión de repetición, de la cual cada uno deberá pagar el 50%.

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2022-08-30. C.P. JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Rad. 73001233100020080035601. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:73001233100020080035601-57782-sentencia).
