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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la repetición es asunto de expresa previsión constitucional

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Fecha
2022-03-04
Radicado
85001233300020130020401
Número interno
54314
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
-EJÉRCITO NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Demandado
JUAN CARLOS NIUSTES DIAZ, MIGUEL ZUÑIGA BURITICA, CARLOS CASTILLA SANCHEZ, LEISON ENRIQUE JULIO AGUIRRE

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la repetición es asunto de expresa previsión constitucional

Lo que dijo la Sala

La repetición es asunto de expresa previsión constitucional, en tanto el artículo 90 Superior prescribe que si Estado es obligado a reparar un daño, debe repetir contra su agente, pero solo cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este, calificación que denota un calificado error de conducta de un agente estatal generador del daño antijurídico que ha conducido a la condena al Estado. Para la determinación del régimen legal aplicable al caso, la Sala tiene en cuenta que la situación cuestionada de los demandados no es otra que la muerte del joven… . En esas condiciones, para la época de los hechos ya estaba vigente la Ley 678 de 2001, bajo la cual deben analizarse tanto los aspectos formales como sustanciales del presente caso.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista puede valerse de cualquier medio legalmente válido para acreditar el pago de la condena en la acción de repetición, conforme a la libertad probatoria consagrada en el Código Civil y recogida en el Código de Procedimiento Civil y el Código General del Proceso. Desde 2013, la corporación ha reiterado que los documentos expedidos por entidades públicas tienen plena validez y capacidad probatoria como documentos públicos, salvo tacha de falsedad o contradicción probatoria por parte de la contraparte. Esto implica que el contratista puede presentar documentos de naturaleza pública para acreditar el pago, sin necesidad de medios adicionales de prueba, siempre que la contraparte no logre demostrar su falsedad o contradicción.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Cuáles son los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 678 de 2001
  • Constitución Política

También resuelve

  • ¿El ordenamiento jurídico permite que el deudor pueda valerse de cualquier medio de prueba legalmente válido para acreditar el pago de la condena en la acción de repetición?
  • ¿Se acreditó el pago de la condena con documentos de naturaleza pública?
  • ¿Se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza de los miembros del Ejército en el operativo militar que dé lugar a la prosperidad de la acción de repetición?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE REPETICIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN OBLIGATORIEDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN NORMATIVIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CONCEPTO DE ACCIÓN DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CONDENA CONTRA EL ESTADO CULPA GRAVE DOLO CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO MIEMBROS DEL EJÉRCITO NACIONAL ACTUACIÓN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO PAGO DE LA CONDENA PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PAZ Y SALVO DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN LIBERTAD PROBATORIA CONDUCENCIA DE LA PRUEBA CONCEPTO DE CONDUCENCIA DE LA PRUEBA ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA ORDEN DE PAGO DE LA CONDENA DOCUMENTO PÚBLICO CONTENIDO DEL DOCUMENTO PÚBLICO VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO TACHA DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OPORTUNIDAD PARA LA TACHA DE FALSEDAD EN DOCUMENTO PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA AGENTE DEL ESTADO CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO REQUISAS OPERATIVO MILITAR ENFRENTAMIENTO ARMADO MUERTE DE CIVIL EN ENFRENTAMIENTO ARMADO CAUSA GENERADORA DEL DAÑO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA SENTENCIA CONDENATORIA INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CONCEPTO DE DOLO CONCEPTO DE CULPA GRAVE PRESUNCIÓN LEGAL PRESUNCIÓN DE DOLO PRESUNCIÓN DE CULPA PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE CARGA DE LA PRUEBA ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EFECTOS DE LA CARGA DE LA PRUEBA REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE PRUEBA DE LA CULPA GRAVE USO DE LA FUERZA PÚBLICA PROPORCIONALIDAD DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL DAÑO CAUSADO CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL USO RESTRINGIDO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO CUASADO EN EL EJERCICIO DE ACTIVIDAD LEGÍTIMA MUERTE DE CIVIL DAÑO CAUSADO POR OPERATIVO MILITAR

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Acción de repetición contra el agente

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Titulación de la relatoría 14.620 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / OBLIGATORIEDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / CULPA GRAVE / DOLO / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / MIEMBROS DEL EJÉRCITO NACIONAL / ACTUACIÓN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO / PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si La repetición es asunto de expresa previsión constitucional, en tanto el artículo 90 Superior prescribe que si Estado es obligado a reparar un daño, debe repetir contra su agente, pero solo cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este, calificación que denota un calificado error de conducta de un agente estatal generador del daño antijurídico que ha conducido a la condena al Estado. Para la determinación del régimen legal aplicable al caso, la Sala tiene en cuenta que la situación cuestionada de los demandados no es otra que la muerte del joven (…). En esas condiciones, para la época de los hechos ya estaba vigente la Ley 678 de 2001, bajo la cual deben analizarse tanto los aspectos formales como sustanciales del presente caso. En desarrollo del artículo 90 superior indicado, la Ley en mención establece que es patrimonialmente responsable frente a la administración quien: (i) tenga la condición de servidor, ex servidor estatal o particular investido de función pública, (ii) y a causa de su conducta sea dolosa o gravemente culposa, (iii) hubiere dado lugar al reconocimiento de una indemnización, (iv) cuyo pago se haga en virtud de una sentencia judicial condenatoria, conciliación y otra forma de terminación de un conflicto. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAZ Y SALVO DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / LIBERTAD PROBATORIA / CONDUCENCIA DE LA PRUEBA / CONCEPTO DE CONDUCENCIA DE LA PRUEBA / ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA Problema jurídico: ¿El ordenamiento jurídico permite que el deudor pueda valerse de cualquier medio de prueba legalmente válido para acreditar el pago de la condena en la acción de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si En términos generales, el pago implica el cumplimiento concreto de una obligación a cargo de un deudor y consiste en la ejecución de la prestación (artículo 1626 Código Civil), esto es, de una conducta positiva o de abstención -de dar, hacer o no hacer- que goza de relevancia jurídica, dada la capacidad extintiva del vínculo obligacional (artículo 1625 Ibídem) que una persona puede adquirir bien por concurso de su voluntad, por la causación de un daño a otro o por el apremio de la ley (artículo 1494 del Código Civil). El Código Civil no establece un modo o tarifa legal para probar el pago de una obligación y a pesar de que a tal efecto y en sus normas se refiere a la “carta de pago” (artículos 1628, 1653, 1654 y 1669), que es la declaración documental del acreedor de haber sido satisfecho, en el artículo 1757 consagró la libertad de las partes para acudir a cualquier medio legalmente válido, a fin de acreditar ese acto extintivo de obligaciones, postura que fue recogida y adoptada por el Código de Procedimiento Civil (artículo 175) y que se mantiene vigente aún hoy con el Código General del Proceso (artículo 165). Por tanto, la “carta de pago”, recibo o paz y salvo, no deja de ser una prueba que, por su contundencia, tiene la capacidad de acreditar el pago o solución de una obligación, pero como se dijo, no es la única, dado que el ordenamiento jurídico permite que el deudor pueda valerse de cualquier medio legalmente válido para tal fin y, en consecuencia, en tanto al juez (…) debe valerse de los medios allegados y valorarlos conjuntamente al amparo de la sana crítica y la objetividad probatoria para fundar su decisión, según lo dictan el Código de Procedimiento Civil (artículo 187) y el Código General del Proceso (artículo 176). FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 175, 187, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 165, 176, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1625, 1626, 1628, 1653, 1654, 1669, 1757 PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA / ORDEN DE PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / DOCUMENTO PÚBLICO / CONTENIDO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO / TACHA DE FALSEDAD EN DOCUMENTO / OPORTUNIDAD PARA LA TACHA DE FALSEDAD EN DOCUMENTO / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Se acreditó el pago de la condena con documentos de naturaleza pública? Respuesta al problema jurídico: Si [D]esde 2013, esta Corporación vino a revisar (…) que, si bien los documentos que allegaban las entidades públicas a los estrados judiciales eran expedidos por ellas mismas, tenían plena validez y capacidad probatoria, toda vez que la naturaleza de quien lo expedía hacía que se tratara de documentos públicos de aquellos mismos que el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil contempla como probatoriamente válidos. Así, los documentos y certificaciones expedidas por los funcionarios descritos en el artículo 262 ibídem, esto es, aquellos provenientes de los jueces, los notarios, los registradores o los directores de las oficinas públicas y los funcionarios de estas últimas que por ley o reglamento tuvieran asignados como función la expedición de dichos documentos, ostentan la naturaleza de públicos y tienen capacidad probatoria, sin perjuicio de la tacha de falsedad o contradicción probatoria que en su contra pueda elevar la parte contra quien se aducen. Debe dejarse claro que los documentos que allegue el interesado para acreditar el pago se hallan a disposición de la parte contra quien se aducen y, por ende, es a ella a quien le incumbe probar o, por lo menos, controvertir su contenido público, por los medios probatorios pertinentes; así, si existen documentos que emanan de un funcionario competente no hay razón que demande con apremio al juez para que dude de su contenido y, entonces, pretenda un medio de prueba adicional para corroborar el pago. No obstante lo anterior, es pertinente advertir que los documentos expedidos por el servidor público solo serán una prueba definitiva cuando habiendo estado a disposición de la parte contraria, no han sido objetados o tachados de falsos. Así, con los documentos antes relacionados, y en tanto la parte demandada no los controvirtió, la Sala tiene acreditado que el Ejército Nacional pagó la suma referida (…), correspondiente al cumplimiento de la sentencia también ya indicada. En línea con lo anterior, esta Sala encuentra probado el pago de la condena y, por esa razón, procede a estudiar los restantes aspectos de la apelación. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 251, 262 AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / MIEMBROS DEL EJÉRCITO NACIONAL / REQUISAS / OPERATIVO MILITAR / ENFRENTAMIENTO ARMADO / MUERTE DE CIVIL EN ENFRENTAMIENTO ARMADO / CAUSA GENERADORA DEL DAÑO / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / SENTENCIA CONDENATORIA / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE Problema jurídico: ¿Se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza de los miembros del Ejército en el operativo militar que dé lugar a la prosperidad de la acción de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si [S]i bien las probanzas resultaron suficientes para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado dentro del proceso de reparación directa, no acontece lo mismo para construir un juicio de imputación en sede de acción de repetición contra los militares involucrados en la muerte del señor (…) acá demandados y mucho menos para acreditar la conducta supuestamente gravemente culposa de tales agentes, pues lo cierto es que de acuerdo con las pruebas allegadas, sólo se probó por parte de la entidad demandante, que el señor (…) murió en medio de un operativo militar, respecto del cuál la propia jurisdicción penal militar se abstuvo de dictar medida de aseguramiento, al concluir que ese deceso se presentó en medio de una confrontación bélica y que actuaron en legítima defensa. (…) [P]ara estudiar la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales se requiere previamente que exista certeza de que fueron ellos y no otros los que accionaron las armas que dispararon los proyectiles que le significaron la muerte a la víctima, razón por la cual la providencia apelada será revocada en lo que a ellos tres respecta, por las razones que se han dejado expuestas en esta sentencia. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE ACCIÓN DE REPETICIÓN / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE DOLO / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN LEGAL / PRESUNCIÓN DE DOLO / PRESUNCIÓN DE CULPA / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / CARGA DE LA PRUEBA / ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EFECTOS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Es deber de la entidad que pretende la repetición de lo pagado, expresar la causal que consagra la presunción de dolo o culpa grave en que se basa su demanda, y probar los supuestos de hecho que estructuran la correspondiente presunción? Respuesta al problema jurídico: Si La Ley 678 de 2001 se ocupó de regular los aspectos sustanciales de la repetición y al efecto no sólo previó lo relativo al objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio de esta acción, sino que, además, al tratar el presupuesto del dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, consagró en sus artículos 5 y 6 una serie de “presunciones legales”, con incidencia en la carga de la prueba, que resultan aplicables a las conductas ocurridas en vigencia de dicha norma sustantiva. Tales presunciones corresponden a las denominadas iuris tantum, esto es, pueden ser desvirtuadas probatoriamente, por lo que no se constituyen, por tanto, en un juicio anticipado del legislador sobre la responsabilidad patrimonial del demandado, sino en herramientas que permiten facilitar la actividad probatoria e involucran al demandado en la carga demostrativa, con la finalidad de que sea posible establecer la verdad material. Así las cosas, es deber de la entidad que pretende la repetición de lo pagado, no solo expresar la causal que consagra la presunción de dolo o culpa grave en que se basa su demanda, sino también la de probar los supuestos de hecho que estructuran la correspondiente presunción para que pueda tener efectos jurídicos. NOTA DE RELATORÍA: La Corte Constitucional, además de estimar que las presunciones legales tienden a corregir la desigualdad material frente al acceso a la prueba, ha recabado acerca de que no pueden comprometer el debido proceso. Al respecto ver: Corte Constitucional, sentencia de unificación 354 del 26 de agosto de 2020, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, 6 CULPA GRAVE / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / USO DE LA FUERZA PÚBLICA / PROPORCIONALIDAD DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA / USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / DAÑO CAUSADO CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / USO RESTRINGIDO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO CUASADO EN EL EJERCICIO DE ACTIVIDAD LEGÍTIMA / MUERTE DE CIVIL / MUERTE DE CIVIL EN ENFRENTAMIENTO ARMADO / DAÑO CAUSADO POR OPERATIVO MILITAR / OPERATIVO MILITAR / CAUSA GENERADORA DEL DAÑO Problema jurídico: ¿La muerte del civil en el enfrentamiento armado entre los militares y el grupo subversivo es imputable a los miembros del Ejército a título de culpa grave? Respuesta al problema jurídico: No [O]bserva la Sala que la actora ha endilgado al demandado una actuación gravemente culposa, y para ello se ha apoyado en la presunción consagrada en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. De otra parte, por estar en el centro del debate, la Sala considera pertinente aclarar que, la culpa grave que se imputa a la parte pasiva, referida al uso excesivo de la fuerza y omisión de cuidado en el uso de armas, en términos conceptuales, solo puede presentarse como una conducta ausente del aspecto volitivo, esto es, del querer del servidor estatal, pues a pesar de que este pueda llegar a ser consciente sobre su actuar, a no dudarlo está desligado de la disposición de cometer un hecho ajeno a las finalidades del servicio prestado o permitir que un tercero atente contra una persona. De las pruebas debidamente aportadas al expediente, ninguna apunta a señalar una atribución por dolo del demandado. (…) [A]l margen de lo concluido en el proceso de reparación directa respecto de la responsabilidad patrimonial del Ejército Nacional, según las pruebas allegadas a este proceso de repetición, emitidas y allegadas por esa misma entidad demandante, el deceso del señor (…) se dio en un enfrentamiento con un grupo subversivo. Para que se predique una culpa grave tiene que acreditarse la violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho ya que este requisito es un elemento fundamental en su análisis, toda vez que siendo propio de la naturaleza humana errar, la ocurrencia de esas equivocaciones no puede descartarse. Se afirma de esta manera que la simple falla del servidor no es fuente de responsabilidad, pues para una conclusión contraria, se exige que el desatino sea de aquellos que no pueden excusarse y que quien en él incurre no pueda ofrecer motivo o pretexto válido que sirva para disculparlo. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1
Texto extraído del PDF oficial 58.177 caracteres
1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Bogotá, D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 850012333000201300204 01 (54314) Actor: Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional Demandado: Juan Carlos Niustes Díaz y otros Referencia: Repetición Asunto: Sentencia Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN - presupuestos de procedencia bajo la Ley 678 de 2001 / PRUEBA DEL PAGO EFECTIVO – reiteración jurisprudencial / CULPA GRAVE– no se acreditó en el presente asunto. Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, a través de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. El Tribunal Administrativo de Casanare declaró la re sponsabilidad patrimonial de la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por la ejecución extrajudicial de un civil, razón por la cual la entidad pública condenada inició un proceso de repetición en contra de los agentes involucrados en el hecho. I. SENTENCIA IMPUGNADA 1. Corresponde a la sentencia del 16 de abril de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, que decidió la demanda presentada el 26 de julio de 20131 por la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional 2 en ejercicio de la acción de repetición en contra de los señores Juan Carlos Niustes Díaz, Miguel Zúñiga Buriticá, Carlos Castilla Sánchez y Leison Enrique Julio Aguirre, con el fin de que se les declare patrimonialmente responsables por la condena que le fue impuesta a la entidad demandante, cuyas pretensiones y hechos fueron, los siguientes: Pretensiones 1 Folio 7 del cuaderno 1. 2 Según el poder obrante a folio 1 del cuaderno 1. Radicación: 850012333000201300204 01 (54314) Actor: Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional. Demandado: Juan Carlos Niustes Díaz Referencia: Acción de repetición 2 2. Solicitó que se condenara a pagar a los demandados la suma de cuatrocientos veinticuatro millones setecientos cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y tres pesos m/cte. ($424’741.493), que la entidad tuvo que pagar por la condena que le fue impuesta en el marco de la acción de reparación directa. Hechos 3. Como fundamento fáctico de las pretensiones, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional narró que el 5 de octubre de 2005, el joven William Jaimes Mojica fue retenido por miembros del Ejército Nacional mientras se desplazaba en un bus de servicio público a la altura de “El Tablón”, jurisdicción del municipio de Támara, Casanare. 4. El 14 de octubre siguiente, miembros del CTI informaron a los familiares del señor Jaimes Mojica, quienes se encontraban realizando la búsqueda de aquél, que el pasado 6 de octubre habían hallado el cuerpo de un guerrillero NN muerto en combate, el cual fue reconocido por el señor Víctor Jaimes Parada como su hijo William. 5. Señaló que, como consecuencia de lo an terior, los familiares del señor William Jaimes formularon demanda de reparación directa contra dicha entidad, alegando una falla del servicio, la cual fue decidida por el Tribunal Administrativo del Casanare en el sentido de declarar la responsabilidad pa trimonial deprecada y, en consecuencia, condenó a la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional al pago de cuatrocientos veinticuatro millones, setecientos cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y tres pesos m/cte. ($424’741.493), suma que fue pag ada a los demandantes el 28 de julio de 2011. 6. Con estos antecedentes, alegando la culpa grave de los demandados, por cuanto violaron manifiesta e inexcusablemente las normas de derecho al ejecutar con uso excesivo de fuerza en las actividades relacionadas con el servicio, se repite el pago de la condena impuesta en el proceso de reparación directa3. La defensa 7. Mediante sus respectivos apoderados, los agentes Niustes Díaz 4, Castillo Sánchez5, Zúñiga Buriticá 6 y Julio Aguirre 7 se opusieron a las pretensiones formuladas; para tal efecto manifestaron, en síntesis, en cada una de las 3 Folios 7-18 del cuaderno 1. 4 Folio 101 del cuaderno 1. 5 Folio 192 del cuaderno 1. 6 Folio 221 del cuaderno 1. 7 Folio 224 del cuaderno 1 Radicación: 850012333000201300204 01 (54314) Actor: Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional. Demandado: Juan Carlos Niustes Díaz Referencia: Acción de repetición 3 contestaciones, que su conducta no fue dolosa ni gravemente culposa en el despliegue de las actividades que llevaron posteriormente a declarar la responsabilidad del Estado, pues actuaron en estricto cumplimiento de sus funciones como militares. Los alegatos de conclusión 8. Los demandados reiteraron lo dicho en cada una de sus contestaciones y agregaron que en el presente caso se pretende hacer valer como única prueba de responsabilidad de los demandados la sentencia de reparación directa, pero en aquélla no se precisaron las circunstancias que rodearon la muerte del joven Jaimes Mojica a partir de la cual se pudiera inferir una su puesta conducta gravemente culposa que les fuera imputable8. 9. En esta oportunidad procesal, la entidad demandante y el Ministerio Público guardaron silencio. La decisión apelada 10. Al resolver el conflicto, el Tribunal Administrativo de Casanare accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos: (se transcribe literalmente incluso los posibles errores): “PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por los demandados. SEGUNDO: DECLARAR responsables extracontractualmente a los señores JUAN CARLOS NIUSTES DIAZ, MIGUEL ZUÑIGA BURITACA, CARLOS HERNAN CASTILLO SANCHEZ y JULIO AGUIRRE LEISON ENRIQUE por la indemnización que tuvo que pagar el Ministerio de Defensa Nacional a Aldemar Jaimes Moji ca, Leopolda Jaimes Mojica, Baltazar Jaimes Mojica, Mariela Jaimes Mojica, Sol Jaimes Mojica, Hortencia Jaimes Gerónimo, Nieves Jaimes Gerónimo, Reinaldo Jaimes Gerónimo, Javier Jaimes Gerónimo, Víctor Jaimes Gerónimo, Víctor Jaimes Parada y María Cecilia Mojica, en cumplimiento de las sentencias proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal el 4 de junio de 2008 dentro del proceso de reparación directa radicado bajo el número 850012331 -003-2006-00007- 01 y confirmada por esta corporación en fallo del 27 de octubre de 2010. TERCERO: Consecuencialmente a la anterior declaración, CONDENAR a los citados demandados a cancelar a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL la suma de $424.741.493, debidamente indexados en la forma señalada en las consideraciones. Adicionalmente a lo anterior, se les condena a pagar intereses moratorios sobre el valor indexado, a partir de la ejecutoria de la sentencia. 8 Folios 319-326 del cuaderno 2. Radicación: 850012333000201300204 01 (54314) Actor: Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional. Demandado: Juan Carlos Niustes Díaz Referencia: Acción de repetición 4 CUARTO: NO CONDENAR en costas en la instancia. QUINTO: ORDENAR la devolución d los valores del excedente de lo consignado para gastos procesales, si lo hubiere, dejando las constancias pertinentes. SEXTO: ORDENAR el archivo del expediente cuando esta providencia quede en firme”. 11. Para arribar a la decisión anterior, el Tribunal consideró que, a partir de la prueba testimonial recaudada en el proceso contencioso administrativo de reparación directa podía inferirse que, en momentos en que el occiso William Jaimes viajaba en un vehículo de servicio público, fue detenido en un retén militar y que, tanto los testigos, como Jaimes Mojica, fueron obligados a descender del vehículo, pero que luego de subir nuevamente al autobús y, a poco de reiniciar la marcha, miembros del Ejército Nacional volvieron a subir al bus y tras referirse en forma soez y denigrante al ahora fallecido, lo obligaron a descender y quedarse con ellos, mientras el viaje del vehículo de servicio público continuó. 12. Asimismo, con fundamento en las pruebas trasladadas de la investigación penal, encontró acreditado que los militares demandados fueron quienes retuvieron al joven Jaimes Mojica y que, según esas mismas probanzas, fueron ellos quienes dispararon contra él ocasionándole la muerte, con lo cual se acreditó la culpa grave de los mismos respecto de los hechos que dieron lugar a la declaratoria de responsabilidad de la demandante, circunstancia que les imponía la obligación de asumir la responsabilidad patrimonial deprecada por la institución demandante9. II. EL RECURSO INTERPUESTO 13. En un solo escrito, todos los demandados interpusieron recurso de apelación frente a la anterior decisión; para tal efecto, manifestaron que no se probó que las personas que retuvieron al hoy occiso hubieran sido los acá accionados; por el contrario, en la sentencia contenci oso administrativa se precisó expresamente que no se tenía pruebas plenas acerca de los hechos en que murió el joven Jaimes Mojica, puesto que no hubo testigos presenciales y, por ende, no era posible aseverar que fueron los militares demandados quienes lo bajaron del vehículo de servicio público y posteriormente le causaron la muerte. 14. Al respecto, manifestaron que si bien se inició una investigación penal y otra disciplinaria en su contra, como en todos los casos donde se producen bajas en cumplimiento de operaciones, lo cierto era que tales decisiones culminaron en su favor, razón por la cual no existen decisiones definitivas donde se hubiera declarado la responsa

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=850012333000201300204011100103