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¿La nulidad relativa del contrato derivada de la existencia de vicios del consentimiento, es susceptible de ser declarada por el juez oficiosamente? No
El juez no puede declarar oficiosamente la nulidad relativa del contrato estatal derivada de vicios del consentimiento, ya que esta facultad requiere que la parte interesada la solicite en la demanda. La autonomía funcional del juez permite que ejerza sus facultades de oficio sin petición de las partes, siempre y cuando estime que se dan las condiciones para adoptar tal decisión, pero no en el caso de la nulidad relativa. Asimismo, el juez no debe declarar el incumplimiento del contratista cuando en la apelación se modifica la imputación del incumplimiento planteada en la demanda y no se acredita debidamente el incumplimiento en el proceso. Esta regla limita la capacidad del juez para alterar las pretensiones iniciales de la demanda y reafirma la importancia de la petición de las partes en el proceso contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Las facultades de oficio del juez se ejercen sin petición de parte, cuando el juzgador estime que se dan las condiciones para adoptar tal decisión?¿Debe el juez declarar el incumplimiento de las obligaciones del contratista, cuándo se evidencia que en la apelación se modificó lo planteado en la demanda sobre este punto, y que, en todo caso…
¿La acción de repetición fue presentada oportunamente? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de repetición contra el servidor público, cumpliendo con los plazos legales y acreditando el pago de la condena dentro del término establecido. La Sala determina que no son aplicables las presunciones previstas en la Ley 678 de 2001, por lo que la parte demandante debe probar la culpa grave del agente del Estado, lo cual no logra demostrar adecuadamente, incumpliendo así su carga probatoria. Además, la Sala considera procedente la condena en costas a favor del demandado, pero no fija una suma por agencias en derecho debido a la ausencia del demandado en el proceso. Este precedente reitera la importancia de cumplir con los requisitos procesales y probatorios para la procedencia de la acción de repetición y la condena en costas.síntesis automática
También resuelve:¿Las presunciones previstas en la Ley 678 de 2001 son aplicables al presente caso?¿La parte demandante incumplió la carga de probar la culpa grave en cabeza del agente del DAS demandado en repetición?¿Procede la condena en costas en la acción de repetición?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento2025-02-07Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020150102401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los impedimentos son una manifestación del derecho de acceso a la administración de justicia y del debido proceso, y materializan la tutela judicial efectiva de los individuos? Sí
El Consejero de Estado declara fundado el impedimento invocado por un magistrado que se encuentra en segundo grado de consanguinidad con un familiar que ocupa un cargo directivo en la entidad demandada, lo que configura una relación de interés directo y conflictivo que compromete la imparcialidad del juez. Esta decisión reitera la jurisprudencia según la cual los impedimentos son una manifestación del derecho de acceso a la administración de justicia y del debido proceso, materializando la tutela judicial efectiva de los individuos. La Sala establece que la aceptación del impedimento se debe a la necesidad de garantizar la seguridad de las partes en el proceso, independientemente de que el juez pueda actuar con imparcialidad, y separa al magistrado del conocimiento del asunto.síntesis automática
También resuelve:¿Las causales de impedimento y de recusación están llamadas a prosperar porque prima la garantía que deben tener las partes comprometidas en un conflicto?¿Se declara fundado el impedimento invocado por el magistrado y se le separará del conocimiento del asunto?
¿Procede la valoración de las pruebas documentales trasladadas del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
El contratista puede solicitar que se trasladen pruebas documentales del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y la entidad estatal debe valorarlas si las partes tuvieron la oportunidad de conocerlas y no presentaron reparos, lo que implica que estas pruebas son admisibles y pueden ser objeto de análisis. La Sala reitera que para la prosperidad de la acción de repetición es necesario demostrar la existencia de dolo o culpa grave en el actuar del funcionario público, y que la valoración de la culpa grave se realiza en comparación con el estándar de conducta previsto en la ley vigente en el momento de los hechos. Además, la Sala matiza que para determinar si un agente estatal actuó con dolo o culpa grave, es necesario considerar la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, la infracción manifiesta de preceptos constitucionales y el incumplimiento de las funciones que la ley le asigna, lo que implica un análisis detallado de la conducta del agente estatal en cada caso específico.síntesis automática
También resuelve:¿Para la prosperidad de la acción de repetición es necesario un actuar doloso o gravemente culposo en cabeza del funcionario público demandado?¿Cuáles son los presupuestos a tener en cuenta a la hora de definir si un agente estatal obró con dolo o culpa grave?¿El acto administrativo de insubsistencia estuvo viciado de desviación de poder?
¿En procesos de repetición resulta procedente una imputación en la que se alegue que el demandado incurrió en dolo y en culpa grave de manera concomitante? No
El contratista no puede imputar dolo y culpa grave de manera concomitante en un proceso de repetición, ya que no es posible que un funcionario actúe de manera consciente y voluntaria para causar un daño y, al mismo tiempo, no pretenda desmejorarlo; además, las partes no pueden modificar ni agregar aspectos a la controversia después de las oportunidades previstas para ello, como la demanda y su reforma. La entidad debe plantear las distintas imputaciones de forma separada y sustentarlas para garantizar el derecho de defensa del demandado. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y limita la posibilidad de introducir nuevos argumentos en el recurso de apelación, lo que implica que las partes deben ser precisas en sus alegaciones iniciales y no pueden sorprender a su contraparte con cargos nuevos en etapas posteriores del proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Para la procedencia de la responsabilidad en procesos de repetición, se debe probar la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular; el pago de la obligación reparatoria…¿La condena a una entidad estatal a través de un juicio previo y diferente al de la referencia, implica automáticamente la responsabilidad del agente o exagente estatal que eventualmente hubiere dado…¿Resulta procedente la condena en costas en contra de la entidad demandante vencida en el proceso de repetición, considerando que con éste se persigue un interés público?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2025-12-16Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020240004800LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Procede aclarar o adicionar la sentencia cuando no existen frases dudosas ni puntos omitidos, y lo que realmente busca el solicitante es reabrir el debate ya decidido, en contravía del artículo 285 del CGP y de la intangibilidad de la cosa juzgada? No
El juez niega la solicitud de aclaración o adición de una sentencia cuando en el fallo judicial no existen conceptos confusos ni puntos litigiosos omitidos, y la pretensión de la parte recurrente busca únicamente reabrir el debate jurídico que ya ha sido decidido de fondo. En virtud de los principios de seguridad jurídica e intangibilidad de la cosa juzgada previstos en el Código General del Proceso, las providencias judiciales son inmutables para el juzgador que las profiere, de modo que la censura orientada a cuestionar la aplicación normativa no procede a través de estos mecanismos excepcionales.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento2024-09-23Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 68001233100020070027301ACCION CONTRACTUAL
¿Se configura la causal de impedimento invocada, dado el conocimiento previo que, de manera personal, tiene el magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas de la situación fáctica que dio lugar a esta controversia? Sí
El magistrado puede declararse impedido si previamente prestó servicios como abogado para una de las partes en relación con el objeto del litigio, conforme al artículo 150 numeral 12 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por integración normativa al Código Contencioso Administrativo. En este caso, el magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas asesoró a la entidad demandada en la legalidad del contrato de concesión en cuestión, lo que afecta su imparcialidad en el proceso actual. La regla reitera que el conocimiento previo y personal del magistrado sobre la situación fáctica del litigio configura una causal de impedimento, lo que implica que debe abstenerse de conocer el caso para garantizar la independencia e imparcialidad del juez administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código Contencioso Administrativo, así como las previstas en el Código de Procedimiento Civil?¿En los eventos en los que un magistrado concurra alguna de las causales de impedimento, deberá manifestarlo en escrito dirigido al ponente o al magistrado que le siga en turno para que lo decida de…¿Para que el juez pueda apartarse del conocimiento del proceso y, en esa medida, abstenerse de cumplir los deberes que la ley le asigna…
Sentencia — Sentencia2024-11-08Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020240001500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Los fundamentos del recurso extraordinario de anulación son meras discrepancias frente a lo decidido y a los fundamentos expuestos por el panel arbitral sobre el presupuesto procesal de caducidad? Sí
El contratista no puede basar un recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral en meras discrepancias frente a lo decidido y a los fundamentos expuestos por el panel arbitral sobre el presupuesto procesal de caducidad, ya que la causal analizada no implica la configuración de un error in procedendo que comprometa la ritualidad de las actuaciones o vulnere las garantías del derecho de defensa y del debido proceso. La Sala declara infundado el recurso, al considerar que la función del juez de anulación no es intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para modificar las decisiones del tribunal de arbitramento, sino limitarse a examinar si se han cumplido los requisitos formales y procesales establecidos. Además, las apreciaciones y conclusiones del panel arbitral deben ser consideradas como producto de una válida interpretación y aplicación de la ley, sin que el juez de anulación pueda revisar la pertinencia de dicha interpretación.síntesis automática
También resuelve:¿La función del juez de anulación no es operar como superior jerárquico, ni intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para modificar las decisiones del tribunal de arbitramento?¿Las apreciaciones y conclusiones del panel arbitral se muestran como producto de una válida interpretación y aplicación de la ley?¿Se considera que la demanda fue presentada dentro del término establecido para ello y que el análisis realizado por el panel arbitral no fue irrazonable?
¿Compete al Consejo de Estado conocer en única instancia de los procesos de repetición adelantados contra representantes legales de entidades del orden nacional, como es el caso del rector de la Universidad Popular del Cesar? Sí
Los procesos de repetición que el Estado promueve contra representantes legales de órganos y entidades del orden nacional se conocen en única instancia por la corporación que señala el numeral 13 del artículo 149 del CPACA. La regla se apoya en la enumeración expresa de los funcionarios cuya responsabilidad se somete a esa competencia, lo que delimita el factor de conocimiento por la calidad del demandado. Por ello, la competencia no depende de la naturaleza del asunto sino de la clase de cargo que ocupaba el servidor al momento de los hechos. En el asunto, la demanda de repetición se dirigió contra el rector de una universidad, quien por la época de los hechos ejercía esa función, y la subsección asumió la competencia para conocer del proceso. La Sala negó las pretensiones de la demanda en ese contexto. En la práctica, el factor de competencia de la repetición debe verificarse según el cargo del demandado al momento de los hechos antes de determinar el juez que la tramita.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó oportunamente la demanda de repetición frente a las 23 pretensiones instauradas contra el rector de la la Universidad Popular del Cesar?¿Las hipótesis sobre la conducta del agente del Estado contenidas en los artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001, constituyen presunciones legales que admiten prueba en contrario?¿Debe condenarse patrimonialmente al rector de la Universidad Popular del Cesar por declarar insubsistentes, mediante actos administrativos no motivados…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-06-19Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 25000233600020230029301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La petición de La Previsora consistente en que se decrete un dictamen pericial contable y financiero no cumple con el parámetro de pertinencia? Sí
El solicitante de una prueba pericial debe demostrar su pertinencia vinculándola directamente con las situaciones fácticas objeto del litigio bajo los parámetros legales establecidos. Lo relacionado con factores contables o financieros no tiene algún vínculo con las situaciones fácticas bajo las cuales la entidad estima que el daño no le es imputable a la póliza. El mencionado dictamen pericial no se solicitó, por ejemplo, para efectos de establecer la depreciación de los muebles que supuestamente resultaron afectados para la época de los hechos, de ahí que dicha prueba no se pidió con el fin de determinar la pérdida del valor de los equipos tecnológicos.síntesis automática
También resuelve:¿Se impone al asegurador la obligación de demostrar los hechos o circunstancias que lo exonerarían de su responsabilidad de indemnizar?¿Las partes del contrato de seguro pueden acreditar en forma judicial o extrajudicial su derecho, mediante cualquier medio probatorio, siempre que sea lícito, idóneo, conducente y eficaz?¿El funcionario judicial debe analizar las solicitudes probatorias que eleven las partes y considerar si cumplen o no los requisitos de legalidad, conducencia y pertinencia?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2021-12-07Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 88001233300020200001201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
[D]eterminar si la medida cautelar de urgencia solicitada por la parte actora es procedente, para lo cual se revisará si se cumplieron los requisitos dispuestos en el CPACA. Sí
El contratista no puede obtener una medida cautelar de urgencia en el proceso contencioso administrativo si no cumple con los requisitos establecidos en el Código Procesal Contencioso Administrativo (CPACA), entre los que se incluye la necesidad de que la medida tenga relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda y que no se refiera a actuaciones o actos administrativos que no han sido objeto de impugnación. La Sala determina que la medida cautelar solicitada no guarda relación con el objeto de la demanda y que su decretación implicaría emitir un juicio de valor sobre actuaciones no discutidas en el proceso, por lo que reitera la importancia de que las medidas cautelares estén en congruencia con el objeto del litigio y las pretensiones del demandante, evitando así la emisión de pronunciamientos sobre asuntos que no son materia del proceso.síntesis automática
¿El incumplimiento del contrato y la ruptura del equilibrio son dos instituciones diferentes, pues la primera de ellas se deriva de desatender una obligación con fuente en el contrato, mientras que la segunda supone la existencia de una situación que altere la equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar, dentro de lo que no resulta dable incluir las modificaciones y prórrogas contractuales, ya que no dan lugar a la configuración de la teoría de la imprevisión, del hecho del príncipe, ni constituyen ejercicio de ius variandi? Sí
El contratista no puede confundir el incumplimiento del contrato con la ruptura del equilibrio económico, ya que la primera se origina en el desatender una obligación contractual, mientras que la segunda implica una alteración de la equivalencia entre derechos y obligaciones existentes al momento de la contratación, excluyendo modificaciones y prórrogas contractuales que no generan la teoría de la imprevisión, hecho del príncipe o ejercicio de ius variandi. La entidad estatal no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del contrato si se eligió la modalidad de pago llave en mano, debido al carácter solemne de los contratos estatales y el respeto a la autonomía de la voluntad. Además, si las partes acuerdan una suspensión o prórroga del contrato sin salvedades, están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones, lo que resultaría contrario al principio de buena fe y la doctrina de los actos propios. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, reafirmando la importancia de distinguir claramente entre estas instituciones y principios en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿La elección de la modalidad de pago del contrato lleva implícita una asunción de deberes de conducta que es relevante, pues el juez no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del…¿Si las partes acuerdan una suspensión o una prórroga del contrato y no plantean salvedades a su cumplimiento, con ello están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones…
¿Debe declararse la falta de jurisdicción o competencia por la existencia de una cláusula arbitral, teniendo en cuenta que la parte demandada no invocó oportunamente la respectiva excepción y, que, por ende, renunció tácitamente al pacto arbitral? No
El contratista no puede invocar la falta de jurisdicción o competencia por la existencia de una cláusula arbitral si no la presenta oportunamente en el proceso, ya que se considera que ha renunciado tácitamente al pacto arbitral, lo que permite a la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejercer su competencia. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la renuncia tácita al pacto arbitral, independientemente de los argumentos específicos utilizados por el juzgador de instancia. Además, en un contrato de derecho privado de ejecución sucesiva sin cláusula de liquidación, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se inicia desde el día siguiente a la terminación del contrato. Asimismo, el pacto y el ejercicio de facultades unilaterales en contratos de derecho privado son válidos, pero las partes pueden imponer límites al ejercicio de estas facultades, como plazos temporales para realizar descuentos, sin que esto signifique la extinción de los derechos sustantivos del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Cómo el contrato era de ejecución sucesiva, pero no requería liquidación, ya que se trató de un contrato sometido al derecho privado en el cual las partes no pactaron una cláusula de liquidación…¿El pacto y el ejercicio de una facultad unilateral en un contrato de derecho privado, como los descuentos, son válidos, así como los límites que las partes imponen al ejercicio de dichas facultades…¿Procede la declaratoria de incumplimiento del contrato de transferencia de activos como consecuencia de la práctica de unos descuentos y provisiones realizados por la demandada…
¿El apoderado del consorcio convocante ha debido formular recusación contra los árbitros? Sí
El apoderado del consorcio convocante debe formular recusación contra los árbitros si considera que estos desconocieron el deber de información en los términos del artículo 15 del Estatuto Arbitral, una vez integrado el tribunal arbitral, ya que el control sobre el cumplimiento de este deber queda diferido a las partes y a los propios árbitros a través de los impedimentos y las recusaciones. La Sala reitera que el incumplimiento del deber de información que ocurra de manera posterior a la audiencia de instalación del tribunal no constituye una causal legal de anulación del laudo, sino que puede generar consecuencias disciplinarias para el árbitro o el secretario. Esto implica que las partes deben actuar oportunamente para proteger sus derechos mediante recusaciones y no a través de recursos de anulación que busquen revisar el fondo de la controversia.síntesis automática
También resuelve:¿Una vez integrado el tribunal arbitral el control sobre el cumplimiento del deber de información queda diferido a las partes y a los propios árbitros a través de los impedimentos y las recusaciones?¿Se acreditó que se hubieran dejado de practicar pruebas oportunamente decretadas por el tribunal arbitral?¿Los árbitros adoptaron una decisión en derecho?
¿Es procedente proponer excepciones en la etapa de alegaciones finales? No
En el proceso no se pueden proponer excepciones en la etapa de alegaciones finales, porque la oportunidad prevista por el ordenamiento es la contestación de la demanda, para que sean resueltas en la audiencia inicial conforme al artículo 180 del CPACA. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la oportunidad de proponer excepciones se cierra con la contestación de la demanda, de modo que las alegaciones no son el momento para formularlas. La segunda es que esta limitación no se opone a la facultad oficiosa del juez, en cualquier instancia, para declarar cualquier excepción que aparezca probada. En el caso concreto, la entidad que pagó la condena estaba legitimada en la causa por activa, porque el pago se hizo por el departamento con cargo a su presupuesto, habilitado por el artículo 3 de la Ley 1416 de 2010 para el caso de una contraloría departamental condenada. La legitimación se fundó en el hecho del pago, que condiciona el inicio de la repetición al aporte de la prueba del pago. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Existe habilitación legal para que, a pesar de que una condena judicial sea emitida contra una contraloría departamental, el pago se haga con cargo al presupuesto del departamento respectivo?¿La entidad que pagó la condena judicial está legitimada por activa en el medio de control de repetición?¿Procede la aplicación de las presunciones de culpa grave y dolo establecidas en la Ley 678 de 2001?
¿El pronunciamiento del juez de segunda instancia está limitado por las razones de inconformidad planteadas por los apelantes en el recurso de apelación? Sí
El juez de segunda instancia en un recurso de apelación está limitado a las razones de inconformidad planteadas por los apelantes, no pudiendo examinar cuestiones no objeto del recurso. En la acción de repetición, la normativa aplicable es la vigente al momento de los hechos que dan lugar al dolo o culpa grave del servidor público, y la evaluación de dicha culpa se realiza comparando la conducta del agente con los estándares legales y reglamentarios que le eran aplicables. Para determinar la existencia de dolo o culpa grave, es necesario acreditar que la conducta del servidor implicó omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, y que violó principios constitucionales como la buena fe y el respeto a los derechos de las personas. El juez en la acción de repetición no está atado a las consideraciones hechas en otros procesos por la misma causa, pero debe valorar la prueba presentada de acuerdo con la ley y la Constitución, sin limitaciones adicionales.síntesis automática
También resuelve:¿La normatividad aplicable a la acción de repetición es la vigente al momento de la ocurrencia de los hechos que dieron lugar al dolo o la culpa grave del servidor?¿La evaluación y determinación de la existencia de dolo o culpa grave se funda en un análisis comparativo de una conducta concreta frente a un estándar o modelo conductual que está dispuesto en la…¿Para determinar si un agente estatal obró con dolo o culpa grave, es necesario acreditar una conducta que implicó la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones?
¿Se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza del fiscal al imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva contra un concejal cuyo proceso penal terminó con sentencia absolutoria por conducta atípica? No
La imposición de una medida de aseguramiento fundada en un indicio grave de responsabilidad no configura por sí sola culpa grave del funcionario que la impone, porque el indicio es una inferencia lógica que parte de un hecho debidamente acreditado y de la experiencia. La regla se apoya en la definición de indicio que contenían los artículos 300 y siguientes del Código de Procedimiento Penal entonces vigente, y en que la valoración de la conducta del funcionario debe hacerse con las pruebas de la actuación que se le reprocha. Por ello, la posterior absolución del procesado por una conducta atípica no basta para demostrar que el fiscal actuó con culpa grave. En el asunto, el fiscal definió la situación jurídica con detención preventiva al considerar que la aprobación de un acuerdo municipal era un indicio grave de responsabilidad, y la Sala confirmó la decisión que negó la repetición por no acreditarse la culpa grave. En la práctica, la entidad que repite por una medida de aseguramiento debe demostrar que la inferencia del funcionario carecía de sustento razonable.síntesis automática
También resuelve:¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia debe recaer sobre la conducta del agente del Estado demandado…¿Las decisiones de los jueces contencioso administrativo y penal sobre la responsabilidad estatal, y la responsabilidad penal del procesado…¿Tratándose de una acción de repetición fundada en un error de una providencia judicial que posteriormente fue revocada, la entidad estatal tiene la carga de acreditar la conducta dolosa o gravemente…
¿ Cuando la entidad estatal aún tiene competencia para liquidar unilateralmente el contrato puede solicitar su liquidación judicial? No
El contratista no puede solicitar la liquidación judicial del contrato cuando la entidad estatal aún tiene competencia para liquidarlo unilateralmente, ya que esta prerrogativa es irrenunciable y su ejercicio corresponde exclusivamente a la administración pública. La Sala establece que la jurisdicción contenciosa administrativa no puede usurpar las funciones que la ley ha asignado a la administración, limitándose a controlar la legalidad de los actos administrativos en caso de controversia. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y reafirma la obligación de la administración de ejercer sus competencias conforme a la ley, evitando la renuncia o delegación de sus funciones.síntesis automática
También resuelve:¿En los convenios interadministrativos de tracto sucesivo, cuando las partes no logren un acuerdo sobre el cruce final de cuentas…¿En el grado jurisdiccional de consulta, el juez está habilitado para revisar oficiosamente todos los aspectos que puedan llegar a comprometer la legalidad de la condena?¿El objeto de la Jurisdicción Contencioso Administrativa es de naturaleza eminentemente contradictorio?
¿Se acreditó una conducta gravemente culposa por parte de los miembros de la fuerza aérea, al accionar negligente e imprudentemente sus armas de dotación oficial contra el vehículo que transportaba personal de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca? Sí
En la acción de repetición contra miembros de la fuerza pública, el uso de armas de dotación oficial contra un vehículo sin agotar las medidas eficaces disponibles constituye culpa grave. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el empleo de las armas es la última alternativa, de modo que el agente debe agotar previamente los medios menos lesivos para detener el vehículo. Segunda, la existencia de medidas eficaces, como dar una orden de pare, esperar que el vehículo reduzca su marcha o enviar personal de apoyo, excluye que el disparo sea una reacción justificada. En el caso, los servidores accionaron sus armas de manera voluntaria y negligente al percibir la llegada del vehículo, pese a contar con otras opciones. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara la responsabilidad en repetición por culpa grave. En la práctica, la culpa grave en el uso de armas se acredita por la omisión de las alternativas previas, y no solo por el resultado del disparo.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer las acciones de repetición contra funcionarios públicos?¿El término de caducidad de la acción de repetición empezó a contar desde el día siguiente a la fecha del pago de la sentencia condenatoria proferida dentro del proceso de reparación directa?¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre los agentes del Estado que causaron el daño que dio lugar a la condena contra el Estado?
Sentencia — Sentencia2023-07-14Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 11001032600020230000500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La competencia del juez de la anulación se encuentra circunscrita a las causales estrictamente invocadas y sustentadas? Sí
En el recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales, el juez de la anulación se circunscribe a las causales expresamente invocadas y sustentadas por el recurrente, y no puede examinar motivos que no encajan en ellas. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el control del laudo es de carácter restrictivo y se limita a las causales legales, de modo que la alegación genérica de que el tribunal decidió más allá de su competencia no basta. Segunda, cuando la afirmación del recurrente no encuadra en los supuestos de las causales invocadas, el juez no puede reconstruirlas de oficio. En el caso, el recurrente sostuvo que el laudo decidió más allá de la competencia arbitral, pero la afirmación no se ajusta a las causales 8 y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, y la providencia declara infundado el recurso. En la práctica, el recurrente debe identificar la causal exacta del artículo 41 y sustentar su configuración con los hechos del laudo, porque el juez no la completará.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso extraordinario de anulación no constituye una segunda instancia del proceso arbitral y el juez de anulación no puede corregir la apreciación jurídica realizada por el panel arbitral?¿Las consideraciones del Tribunal no fueron más allá del petitum y de la causa petendi, puntos que decidió congruentemente?¿El Tribunal sostuvo que la entidad podía declarar incumplimientos contractuales sin tener que acudir al juez para declararlos, pero no lo hizo?