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¿Se acreditó la calidad de agente del Estado de los demandados dentro de la acción de repetición? Sí
La Sala destaca que, no le asiste razón al apoderado en relación con la prueba de la calidad de agentes de los demandados, puesto que, en el recurso único de apelación se afirmó que en el (se trascribe) “proceso administrativo se establec[ió] al estudiar la responsabilidad del Estado en el fallo respectivo, que aparecen como sindicados los soldados” demandados.
¿Se acreditó en debida forma el pago de la condena reclamada en repetición, por la destitución de una funcionaria de la Caja de Previsión Social de Santafé de Bogotá? No
La entidad pública que promueve la acción de repetición tiene la carga de acreditar de manera clara, inequívoca y cierta el pago efectivo de la condena judicial impuesta en su contra, pues este constituye un elemento objetivo indispensable para la prosperidad de las pretensiones. Aunque el juez ejerza sus poderes oficiosos en primera y segunda instancia para recaudar la prueba de la erogación, la acción de repetición debe negarse cuando subsiste incertidumbre sobre el desembolso o la recepción del dinero por el beneficiario de la condena. En ese sentido, los actos administrativos que ordenan cumplir el fallo, las copias simples denominadas relación de giros o la referencia a cheques con dudas sobre su número, desembolso o destinatario no permiten tener por demostrado el pago ante la ausencia de una certificación de tesorería o de un comprobante de egreso que acredite inequívocamente la entrega efectiva de los recursos.síntesis automática
¿Se presentó de forma oportuna la presente acción de repetición, cuando se observa que el pago de la condena se realizó antes del vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del CCA? Sí
Cuando el pago de la condena se realiza antes del vencimiento del plazo de dieciocho meses del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, el término de dos años para presentar la demanda de repetición se cuenta desde la fecha del pago, según el artículo 11 de la Ley 678 de 2001. La razón es que el pago se efectuó antes de que venciera ese plazo, de modo que la caducidad corre desde esa fecha, y la demanda, presentada dentro de los dos años siguientes, fue oportuna. En el caso, la sentencia penal absolutoria, que declaró la legítima defensa del agente que disparó con su arma de dotación contra un civil, hizo tránsito a cosa juzgada. Por esa razón, la Sala concluyó que no se acreditó el elemento subjetivo de la repetición, revocó la condena contra el agente y negó las pretensiones. Su consecuencia práctica es que, en pagos anteriores al plazo, la caducidad corre desde el pago, pero la absolución penal por legítima defensa impide la repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la responsabilidad patrimonial del agente estatal demandado en repetición por disparar a un civil con su arma de dotación oficial…
¿Procede la condena en repetición contra el demandado cuando la entidad demandante no invocó en la demanda las presunciones que trae la Ley 678 de 2001 y tampoco demostró la culpa grave del demandando? No
El contratista no puede obtener una condena en repetición contra la entidad estatal cuando no demuestra la culpa grave del servidor público demandado ni invoca las presunciones de la Ley 678 de 2001 en la demanda. En este caso, la entidad demandante no probó que el servidor actuara con culpa grave al causar el daño que dio lugar a la condena, limitándose a describir una actuación culposa sin evidenciar las circunstancias que la calificaran como gravemente culposa. Además, no invocó las presunciones de la Ley 678 de 2001, por lo que no pudo beneficiarse de ellas y tuvo la carga de demostrar la culpa grave del servidor. La Sala confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda debido a la falta de prueba de la culpa grave del servidor público.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas a la entidad demandante, Policía Nacional, en la acción de repetición, por haber sido vencida en el proceso y se le resolvió de forma desfavorable el recurso de…
¿Se debe revocar la sentencia proferida por el a quo, dado que conforme a las pruebas obrantes en el expediente se demuestra que los demandados violaron de forma manifiesta e inexcusable las normas de derecho al no impulsar como correspondía el proceso de cobro coactivo adelantado en contra de la Sociedad Sistemas Integrados Automotrices Limitada, es decir, ordenando la devolución del título? No
La acción de repetición contra el servidor público exige acreditar, además de la condena o del pago efectivo realizado por la entidad, que el agente actuó con dolo o con culpa grave. Esta última es un requisito de carácter subjetivo que debe probarse en el proceso y no puede presumirse, pues solo el actuar irresponsable, mal intencionado o descuidado genera responsabilidad. Los requisitos objetivos se rigen por las normas procesales vigentes al presentarse la demanda, mientras que la conducta subjetiva se rige por la normatividad vigente al momento de la acción u omisión que originó la responsabilidad del Estado. El operador judicial no debe limitarse a las definiciones del Código Civil y debe valorar la conducta del agente con garantía de los principios de buena fe, debido proceso e inocencia. En el caso concreto, los demandados actuaron conforme a sus funciones y tramitaron el proceso de cobro coactivo según correspondía, de modo que no se demostró la culpa grave y se confirmó la decisión de primera instancia. Como consecuencia práctica, la sola existencia de una condena o de un error en la gestión no basta para fundar la repetición.síntesis automática
¿Procede la prelación de fallo en razón de la naturaleza del asunto, por ser una repetición en contra de un exfuncionario público? Sí
El juez precisa que procede la prelación de fallo en razón de la naturaleza del asunto, tratándose de una acción de repetición en contra de un exfuncionario público, de conformidad con las facultades autorizadas por la ley y los reglamentos internos de la corporación judicial. Asimismo, en cuanto al fondo de la controversia, la indexación ordenada en el proceso de controversias contractuales con motivo de la declaración judicial de incumplimiento no comporta un reconocimiento indemnizatorio o el pago de perjuicios a cargo del Estado, sino que responde al fenómeno de la devaluación de la moneda por efectos inflacionarios para mantener su poder adquisitivo. En consecuencia, si la entidad demandante fue condenada a pagar de manera indexada el capital adeudado, tal medida atiende a la satisfacción de la obligación principal y no a una condena indemnizatoria cuyo reembolso pueda reclamarse a través del medio de control de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La responsabilidad de un agente estatal demandado en repetición requiere la constatación de la concurrencia de cuatro presupuestos, a saber: la obligación resarcitoria a cargo del Estado…¿La condena judicial impuesta en una acción de controversias contractuales en contra de la entidad pública demandante y por la cual ahora se repite…
¿El régimen aplicable a la acción de repetición se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena y el tiempo en el que estos acaecieron? Sí
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, en garantía del derecho al debido proceso, contenido en el artículo 29 constitucional, es necesario definir la norma sustancial vigente en el momento de la ocurrencia de los hechos. En concreto, el reconocimiento de la mora se causó desde el 06 de abril de 1999 hasta el 18 de julio de 2001, precisando que la Ley 678 de 2001 entró en vigencia el 04 de agosto de 2001.
También resuelve:¿Los demandados incurrieron en culpa grave al incumplir de forma inexcusable lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 244 de 1995…¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por un Tribunal Administrativo? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas por los tribunales administrativos, siempre que la cuantía de la demanda de repetición supere el límite establecido para la competencia de estos últimos en primera instancia, lo que implica que el proceso tenga vocación de doble instancia. La entidad pública que realiza el pago de la condena es legitimada por activa para ejercer la acción de repetición, junto con el Ministerio Público y el ministro de Justicia, en caso de que la entidad condenada no lo haga en el plazo de seis meses. La Sala reitera que el régimen jurídico sustancial aplicable es el que regía antes de la entrada en vigor de la Ley 678 de 2001, por lo que la carga de la prueba de la conducta dolosa o gravemente culposa recae sobre el órgano demandante. En el caso particular, la Sala no encuentra probada la conducta gravemente culposa de los demandados, por lo que no procede el reembolso de la suma de la condena. Finalmente, resulta procedente condenar a la parte demandante a pagar las costas causadas en ambas instancias, incluyendo agencias en derecho en esta instancia.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad pública que realiza el pago de la condena está legitimada por activa para el ejercicio de la acción de repetición ?¿El régimen jurídico sustancial aplicable al caso es el que regía con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 678 de 2001?¿La suma de la condena que el municipio de Sabana de Torres pagó por causa del daño antijurídico que le fue atribuido a título de falla del servicio, debe ser reembolsada por los demandados…
¿Se presentó de forma oportuna la presente acción de repetición, cuando se observa que el pago de la condena se realizó antes del vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del CCA? Sí
La demanda de repetición debe presentarse dentro de los dos años siguientes al día en que se realice el pago o, a más tardar, al vencimiento del plazo de dieciocho meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del CCA, según el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, de modo que, si el pago se hace antes de vencerse ese plazo, la caducidad se cuenta desde la fecha del pago. Una razón es que la sentencia quedó ejecutoriada en febrero de 2010 y el pago se efectuó en agosto, septiembre y octubre de 2010, es decir, antes del vencimiento de los dieciocho meses. Otra razón es que con esas fechas la demanda presentada en septiembre de 2011 se radicó dentro de los dos años siguientes al último pago. En el caso, la Sala confirmó la negación de la acción de repetición, porque aunque la demanda fue oportuna no se demostró la culpa grave de la agente que declaró la insubsistencia de una funcionaria en estado de embarazo. Su consecuencia práctica es que, si el pago es anterior al vencimiento del plazo legal, la caducidad corre desde el pago y no desde ese vencimiento.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la responsabilidad patrimonial de la agente estatal demandada en repetición, por obrar con culpa grave al declarar insubsistente a una funcionaria de libre nombramiento y remoción…
¿La acción de repetición fue presentada oportunamente? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de repetición contra el servidor público, cumpliendo con los plazos legales y acreditando el pago de la condena dentro del término establecido. La Sala determina que no son aplicables las presunciones previstas en la Ley 678 de 2001, por lo que la parte demandante debe probar la culpa grave del agente del Estado, lo cual no logra demostrar adecuadamente, incumpliendo así su carga probatoria. Además, la Sala considera procedente la condena en costas a favor del demandado, pero no fija una suma por agencias en derecho debido a la ausencia del demandado en el proceso. Este precedente reitera la importancia de cumplir con los requisitos procesales y probatorios para la procedencia de la acción de repetición y la condena en costas.síntesis automática
También resuelve:¿Las presunciones previstas en la Ley 678 de 2001 son aplicables al presente caso?¿La parte demandante incumplió la carga de probar la culpa grave en cabeza del agente del DAS demandado en repetición?¿Procede la condena en costas en la acción de repetición?
¿En el caso concreto se configuraron los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, estos es la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular, el pago efectivo a la víctima del daño y la existencia de una conducta dolosa del agente como factor determinante de la condena y la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio? Sí
El contratista puede prosperar en una acción de repetición contra la entidad estatal cuando se configuran tres elementos: la condena judicial al Estado por un daño antijurídico causado a un particular, el pago efectivo de la condena a la víctima y la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal. En este caso, la Sala determinó que la entidad demandante fue condenada por un acto administrativo de insubsistencia que fue declarado nulo por falsa motivación, lo que configuró la presunción de dolo del agente estatal conforme al artículo 5 numeral 3 de la Ley 678 de 2001. La entidad demandante pagó la condena, lo que completa los requisitos para la procedencia de la acción de repetición. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, estableciendo que la falsa motivación en la expedición de actos administrativos puede dar lugar a la presunción de dolo del agente estatal, lo que implica que las entidades estatales deben ser especialmente cuidadosas en la motivación de sus decisiones administrativas.síntesis automática
¿Se configuró la culpa grave en la actuación del servidor público, para acceder a las pretensiones de la acción de repetición? No
El contratista no puede acceder a las pretensiones de la acción de repetición contra el servidor público debido a la falta de demostración de culpa grave en su actuación. La entidad demandante no especificó en qué consistía la culpa grave del ex alcalde, y los actos administrativos que se anularon lo hicieron por la inaplicación del Acuerdo del Concejo Municipal, no por una ilegalidad en sí mismos. Además, la entidad no invocó las presunciones de dolo o culpa grave de la Ley 678 de 2001, por lo que no puede beneficiarse de su tratamiento probatorio. La Sala reitera que la sucesión procesal a los herederos del demandado es consecuente cuando este ejerció su derecho de defensa antes de fallecer, lo que garantiza la efectiva protección del derecho de defensa.síntesis automática
¿La prueba del pago en la acción de repetición puede acreditarse con documentos públicos? Sí
La prueba del pago en la acción de repetición puede acreditarse con documentos públicos, pues los expedidos por las entidades públicas tienen plena validez y capacidad probatoria, sin perjuicio de la tacha de falsedad o de la controversia que la parte contraria pueda promover. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el pago consiste en la ejecución de la prestación que extingue la obligación, y puede demostrarse por cualquier medio idóneo. La segunda es que las certificaciones firmadas por el tesorero o las constancias de recibido que expiden las entidades públicas son documentos públicos del tipo que el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil reconoce como válidos. En el caso concreto, el municipio demandante aportó una certificación firmada por su tesorero y una constancia de recibido, que demuestran el pago parcial de la suma acordada en la conciliación. El documento reitera un criterio que la Corporación sostiene desde 2013, y no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Es posible ejercer la acción de repetición para solicitar el reintegro de pagos parciales realizados por la entidad pública en virtud de una condena judicial o una conciliación?¿En qué eventos se configura la culpa grave?¿Se acreditó la culpa grave del exalcalde demandado en repetición?
¿La acción de repetición se define como el medio judicial mediante el cual la Administración Pública obtiene de sus funcionarios o exfuncionarios que hubieran actuado con dolo o culpa grave, el resarcimiento o reintegro del monto de las condena impuestas en su contra, cuya finalidad encuentra en ese sentido una función resarcitoria, preventiva y retributiva? Sí
La acción de repetición es el medio judicial que la Constitución y la ley otorgan a la Administración para obtener de sus servidores o exservidores que actuaron con dolo o culpa grave el reintegro del monto de la indemnización que debió pagar. La regla tiene tres finalidades. La primera es la función resarcitoria, pues el verdadero responsable del daño asume en última instancia el valor de la indemnización. La segunda es la función preventiva, porque disuade a los agentes del Estado de incurrir en conductas dañosas por negligencia o imprudencia. La tercera es la función retributiva, ya que la obligación de reparar surge de un juicio de reproche a la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor. En consecuencia, la responsabilidad patrimonial de los servidores del Estado bajo el artículo 90 de la Constitución y la Ley 678 de 2001 es reparatoria y está sujeta a criterios de proporcionalidad. La nota de relatoría remite a las sentencias C-309 de 2002, C-484 de 2002 y C-338 de 2006 de la Corte Constitucional, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿La responsabilidad patrimonial de los servidores del Estado es de naturaleza reparatoria, subsidiaria, subjetiva y se encuentra sujeta a criterios de proporcionalidad?¿La multa impuesta en cumplimiento del deber legal que tienen las autoridades judiciales de asignar a los incumplidos la respectiva sanción por el desacato de una orden contenida en una providencia…
¿La decisión administrativa emitida dentro del proceso de cobro coactivo, no constituye una condena judicial o una conciliación cuyo reembolso pueda ser pretendido mediante la acción de repetición? Sí
La decisión que adopta la administración dentro de un proceso de cobro coactivo no constituye una condena judicial ni una conciliación, por lo que no puede ser objeto de reembolso mediante la acción de repetición. La regla se justifica en que el mandamiento de pago es un acto administrativo que genera efectos jurídicos y contiene una obligación de pago clara, expresa y exigible, expedida como manifestación de la autotutela administrativa. Además, la acción de repetición presupone que la entidad haya pagado una condena impuesta por la jurisdicción o una conciliación que ponga fin a un daño antijurídico causado por agentes del Estado, presupuestos que no se cumplen con un acto de cobro. En el caso, la entidad demandante buscó recuperar aportes, intereses, gastos de representación e impuesto al valor agregado pagados por una obligación del cobro coactivo, y la Sala confirmó la negativa de las pretensiones. En la práctica, esos pagos no pueden recuperarse por esta vía.síntesis automática
También resuelve:¿El Instituto de Seguros Sociales puede acudir a la jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos contenidos en títulos ejecutivos generados por sus dependencias del nivel nacional?¿El procedimiento de jurisdicción coactiva es mixto, esto es, administrativo mientras esté a cargo de funcionarios administrativos y jurisdiccional en los eventos en que la Ley obliga a remitir las…¿Se cumplió el requisito objetivo de procedencia de la acción de repetición, consistente en la existencia de una condena judicial, conciliación u otra forma alternativa de terminación de conflictos?
¿En la acreditación del pago de la condena como presupuesto necesario para la prosperidad de las pretensiones dentro de la acción de repetición, rige el principio de libertad de medios de prueba? Sí
En la acción de repetición el pago de la condena es un presupuesto necesario, aunque no suficiente, para que prosperen las pretensiones, y en su acreditación rige el principio de libertad de medios de prueba. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el certificado de pago que el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 considera prueba suficiente para iniciar el proceso no constituye una regla de conducencia que limite la prueba del pago a ese medio. Segundo, la previsión legal no excluye que el juez aprecie otros medios que acrediten el mismo hecho jurídico del pago, de modo que la carga probatoria puede satisfacerse por distintos medios. Tercero, el pago debe acreditarse como presupuesto de la pretensión, pero su prueba no basta por sí sola para que la acción prospere, pues deben concurrir los demás elementos de la responsabilidad del agente. La providencia confirma la decisión de instancia; en la práctica, la entidad que pretenda repetir puede acreditar el pago con cualquier medio idóneo, sin limitarse al certificado, pero debe demostrar también los elementos de la responsabilidad.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó en debida forma el pago de la indemnización a la que la parte actora fue condenada en un proceso de reparación directa, y que ahora es objeto de la acción de repetición?
¿Las presunciones legales de la Ley 678 de 2001 no son aplicables al presente asunto en tanto la entidad demandante no cumplió con la carga de identificar el evento de la norma que resultaba aplicable al caso concreto, para que el demandado pudiera ejercer su derecho defensa y contradicción frente a esa presunción alegada? Sí
El contratista no puede beneficiarse de las presunciones legales de la Ley 678 de 2001 en una acción de repetición si la entidad demandante no identifica claramente el evento de la norma aplicable, lo que impide al demandado ejercer su derecho a la defensa y contradicción. La Sala determina que la entidad debe cumplir con la carga de probar el elemento subjetivo de la responsabilidad, en este caso el dolo, y no puede ampliar las pretensiones al estudio de la responsabilidad por culpa grave en los alegatos de conclusión y en el recurso de apelación, ya que esto afectaría el derecho de defensa del demandado. Además, la Sala concluye que la entidad no acreditó dolo en el acto de declaratoria de insubsistencia del funcionario de libre nombramiento y remoción, dado que la demandada desconocía la condición de pre-pensionado del afectado y no había sido informada de esta situación, lo que implica que no puede ser considerada responsable por actuar en ausencia de dolo. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos de procedibilidad en la acción de repetición y la necesidad de acreditar claramente el elemento subjetivo de la responsabilidad.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de repetición debe ser estudiada conforme a los fundamentos de la demanda cuyo contenido alegó únicamente el dolo como elemento subjetivo de responsabilidad…¿El acto de declaratoria de insubsistencia del funcionario de libre nombramiento y remoción fue expedido por la funcionaria del ICBF en ausencia de dolo…¿La tasación de las agencias en derecho se hace en virtud de la naturaleza, calidad y duración de la gestión del apoderado de la demandada?
¿La competencia del ad quem se contrae a revisar la decisión impugnada de cara a los motivos de censura expuestos por el apelante? Sí
La competencia del juez de segunda instancia se contrae a revisar la decisión impugnada frente a los motivos de censura que formula el apelante, y no puede pronunciarse de fondo sobre una sentencia que no fue cuestionada. La regla se apoya en tres razones. Primera, la apelación exige una debida sustentación que refute los fundamentos de la providencia, y si el recurrente plantea hechos distintos a los de la demanda, se desconecta de la razón de la decisión. Segunda, el juez de segunda instancia no puede analizar oficiosamente los argumentos del tribunal ni los del recurso, porque la instancia no es una nueva oportunidad para estudiar el asunto como si nunca hubiera sido analizado. Tercera, la sentencia de primera instancia quedó libre de censura, por lo que no procede reformarla. En consecuencia, se confirma el fallo que negó las pretensiones. El documento reitera la exigencia de debida sustentación del recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve:¿El apelante no cumplió adecuadamente la carga de sustentar el recurso, pues los argumentos que planteó no refutan los fundamentos de la sentencia?¿El apelante nada dijo respecto de la conducta de los demandados ni argumentó que hubiese existido una destinación diferente de recursos?¿El impugnante con la sustentación del recurso de apelación pretende variar los hechos en los que fundó su demanda inicial?
¿El cómputo del término de la acción de repetición inicia desde el dia siguiente a la realización del pago de la condena por parte de la entidad del Estado? Sí
El término de caducidad de la acción de repetición se cuenta desde el día siguiente al pago de la condena cuando este se efectúa antes del vencimiento del plazo de dieciocho meses que tiene la administración desde la ejecutoria de la sentencia, y si el último día cae en vacancia judicial, la demanda puede presentarse el primer día hábil siguiente. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el pago ocurrió antes de que venciera el plazo de dieciocho meses, de modo que los dos años corren desde el día siguiente al pago. La segunda es que, al vencerse el término, la Rama Judicial se encontraba en vacancia, por lo que la demanda se presentó el primer día hábil, con lo cual resultó oportuna. En el mismo caso, el régimen aplicable se determina por los hechos que dieron lugar a la condena, por lo que las presunciones de la Ley 678 de 2001 no se aplican cuando los hechos ocurrieron antes de su vigencia. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que la Sala analiza el elemento subjetivo de culpa grave o dolo.síntesis automática
También resuelve:¿Las previsiones de la Ley 678 de 2001 se aplican para hechos ocurridos a partir de su vigencia?¿Se acredito en debida forma la condena contra el Estado para la procedencia de la acción de repetición?¿Se acredito en debida forma el pago de la condena en favor de la víctima del daño antijurídico?
¿El juicio que sobre el carácter excusable del error de Derecho cometido por la ex funcionaria demandada hizo el juez de primera instancia de la repetición, era improcedente dado que el hecho del cual se desprendía la presunción de dolo o culpa grave? No
El juez de primera instancia tiene competencia para determinar si el error de derecho cometido por la exfuncionaria demandada es excusable, conforme a la Ley 678 de 2001, ya que la presunción de culpa grave se infiere a partir de una violación manifiesta e inexcusable de normas jurídicas, cuya carga probatoria incumplida por la demandante impide la aplicación de dicha presunción. La Sala confirma que no se puede derivar directamente la existencia de culpa grave o dolo de la anulación judicial de un acto administrativo, especialmente si la funcionaria no estaba en carrera administrativa, lo que permite razonablemente considerar la validez de la declaración de insubsistencia discrecional según las normas vigentes en el momento del acto. Además, la nulidad del acto de declaración de insubsistencia se basa en la omisión de demostrar una causal de despedida, no en un juicio subjetivo, y el municipio demandante no proporcionó un fundamento jurídico preciso a sus pretensiones, incumpliendo la carga procesal de especificar la presunción de culpa grave o dolo, lo que implica la inaplicación de estas presunciones y un análisis general del elemento subjetivo de la responsabilidad por repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La culpa o dolo de la funcionaria demandada se configuró, debido a que el acto administrativo con el que declaró la insubsistencia de una servidora pública fue anulado judicialmente…¿La nulidad del acto de declaración de insubsistencia se dictó en consideración a la omisión de la demostración de una causal de despedida?¿El municipio demandante proporcionó un verdadero fundamento jurídico a sus pretensiones?
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