Titulación de la relatoría 25.824 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / SUBROGACIÓN DE LAS OBLIGACIONES / SUBROGACIÓN DEL PAGO / REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
Problema jurídico:
¿Tiene legitimación en la causa por activa la UAE Organizaciones Solidarias, pues fue la entidad pública que pagó una reparación patrimonial derivada de una conciliación aprobada judicialmente y con ello se subrogó en los derechos y privilegios del tercero afectado con la conducta que califica como dolosa o gravemente culposa del servidor público?
Respuesta al problema jurídico: Si
La subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que paga la obligación, en nombre del deudor, la cual puede tener origen en la ley o en el acuerdo de voluntades (arts. 1630, 1666, 1667 y 1668 CC). Por virtud de la ley o el contrato, quien pagó la obligación se subroga en todos los derechos, acciones y privilegios, prendas e hipotecas que tenía el antiguo acreedor contra el deudor principal, como contra terceros, obligados solidaria y subsidiariamente a la deuda (art. 1670 CC). De modo que, por transmisión o traspaso de los derechos del acreedor viene a ocupar su lugar (subrogación legal o convencional), pues la deuda no se extingue y solo cambia al acreedor . El artículo 90 CN, desarrollado por el artículo 8 de la Ley 678 de 2001, establece que la entidad que pagó la condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público, estará legitimada para el ejercicio de la acción de repetición. Se trata, pues, de un evento de subrogación legal, en virtud del cual la entidad tiene derecho a repetir lo pagado –por ministerio de la ley– contra el servidor público que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, dio origen a la condena contra el Estado. La UAE Organizaciones Solidarias está legitimada en la causa por activa, pues fue la entidad pública que pagó una reparación patrimonial derivada de una conciliación aprobada judicialmente. Con ocasión de este pago se subrogó en los derechos y privilegios del tercero afectado con la conducta que califica como dolosa o gravemente culposa del servidor público [núm. 11]. Rosemberg Pabón Pabón está legitimado en la causa por pasiva, pues fue el servidor público que, según la demanda, con su conducta gravemente culposa o dolosa dio lugar a la indemnización por el Estado, proveniente de una conciliación. Aquel era el director de la UAE Organizaciones Solidarias para la época de los hechos, según da cuenta copia simple del Decreto 2921 del 31 de agosto de 2006 y el acta de posesión nº. 1239 del 6 de septiembre de 2006
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la subrogación ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de noviembre de 1935 [fundamento jurídico 8] en Gaceta Judicial, Tomo XLIII, nº. 1904, p. 393.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1630, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1666, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1667, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1668, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1670, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 8
PROVIDENCIA JUDICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / HECHO
Problema jurídico:
¿Las providencias judiciales sirven para probar los hechos que le sirvieron de fundamento?
Respuesta al problema jurídico: No
Las providencias judiciales son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y las actuaciones procesales, pero no sirven para probar los hechos que le sirvieron de fundamento
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las providencias judiciales, ver: . Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, Rad. 24.844 [fundamento jurídico 3.3.3.2].
ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE DOLO / PRESUNCIÓN LEGAL
Problema jurídico:
¿El régimen aplicable al caso concreto es la Ley 678 de 2001 que previó el objeto, la noción, las finalidades y unas presunciones legales sobre la conducta del servidor o exservidor público en la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como los hechos que produjeron la condena ocurrieron el 19 de abril de 2007, el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es la Ley 678 de 2001 que entró en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial nº. 44.509, el 4 de agosto de 2001. La Ley 678 de 2001, al desarrollar el inciso segundo del artículo 90 CN, reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición, por ello, los hechos ocurridos en vigencia de esta ley se rigen enteramente por ella. En lo sustancial la Ley 678 de 2001 no solo previó el objeto, noción y finalidades de este medio de control, sino que, al calificar la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público, estableció unas «presunciones legales» (artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001) que admiten prueba en contrario de conformidad con el artículo 66 del Código Civil.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la aplicación de la Ley 678 de 2001 a los hechos ocurridos en su vigencia, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27.006 [fundamento jurídico 2.2].
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 66, LEY 678 DE 2001, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5
ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / DOLO / CULPA
Problema jurídico:
¿Para que proceda la acción de repetición se requiere la condición de servidor o exservidor público, la obligación reparatoria a cargo del Estado, el pago y la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público o de un particular que ejerza funciones públicas?
Respuesta al problema jurídico: Si
La procedencia de la acción de repetición –a más de la condición de servidor o exservidor público, que ya fue analizada [núm. 4]– requiere: (i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; (ii) el pago y (iii) la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público o de un particular que ejerza funciones públicas
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los presupuestos para la procedencia de la acción de repetición, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27.006 [fundamento jurídico 2.1] y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad. 42.183 [fundamentos jurídicos 12, 13 y 15].
PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONCILIACIÓN JUDICIAL / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS / REPETICIÓN / CONCILIACIÓN / ACUERDO DE CONCILIACIÓN / EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN / EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN JUDICIAL / OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ESTATAL / OBLIGATORIEDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / MOTIVACIÓN DEL ACTO DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / ACTO DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / FUERO DE MATERNIDAD / LICENCIA DE MATERNIDAD
Problema jurídico:
¿Se acreditó la obligación reparatoria a cargo del Estado, en el caso que, la UAE Organizaciones Solidarias concilió judicialmente por la condena impuesta a la entidad que, anuló la resolución de insubsistencia, ordenó reincorporar a la funcionaria y pagarle los sueldos y prestaciones sociales dejados de devengar, dicha conciliación no impone una definición de la conducta del servidor, lo que se debe debatir en la repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
Primer presupuesto: La obligación reparatoria a cargo de la entidad demandante (...) El primer presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el Estado haya reparado los perjuicios derivados de un daño antijurídico, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor suyo, conforme lo dispone el artículo 2 de la Ley 678 de 2001. La obligación de la entidad estatal, por la ocurrencia de un daño antijurídico, se verifica mediante una sentencia judicial condenatoria, un acuerdo conciliatorio, de naturaleza judicial o extrajudicial, tal y como lo prevé el artículo 2 de la Ley 678 de 2001. La persona jurídica de derecho público directamente perjudicada con el pago de una suma de dinero, en virtud de una conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto permitida por la ley, está en el deber de iniciar la acción de repetición (arts. 2 y 8 Ley 678 de 2001). La conciliación no extingue la acción de repetición, pues el fundamento de esta acción está en el perjuicio que se causa al patrimonio público por el pago de una indemnización, con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público. La Corte Constitucional, al revisar la exequibilidad del inciso segundo del artículo 21 y del artículo 22 de la Ley 678 de 2001, que disponen que cuando se concilien pretensiones de responsabilidad del Estado el proceso contra el llamado en garantía continuará, concluyó que esa conciliación no extingue las pretensiones de repetición y que se ajusta a la Constitución que el proceso continúe contra el agente . El acuerdo conciliatorio, pues, no impone una definición sobre la conducta del servidor, asunto que debe debatirse mediante la pretensión de repetición, en la que deberá estudiarse si su conducta dolosa o gravemente culposa dio origen al perjuicio patrimonial sufrido por el Estado con el pago de una indemnización de perjuicios
NOTA DE RELATORÍA:
La conciliación de pretensiones de responsabilidad del Estado no extingue las pretensiones de repetición contra el agente que causó el daño, ver: Corte Constitucional, sentencia C-484 de 2002, de 25 de junio de 2002 [fundamento jurídico 12].
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 21, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 22, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 8
PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
Problema jurídico:
¿Se acreditó el pago de la obligación reparatoria por parte de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias?
Respuesta al problema jurídico: Si
Segundo presupuesto: El pago (...) El pago efectivo es la prestación de lo que se debe (art. 1626 CC). El pago deberá hacerse bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación (art. 1627 CC). Está acreditado que la entidad demandante pagó la conciliación aprobada por el Juzgado Noveno Administrativo de Descongestión de Bogotá (...) La UAE Organizaciones Solidarias pagó $223.506.383 por la condena impuesta por el Juzgado Noveno Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá y conciliada por las partes. El último pago se hizo el 14 de marzo de 2012, según da cuenta copia auténtica de la certificación del pagador y el coordinador financiero de la entidad
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1626, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1627
PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / CARGA DE LA PRUEBA / INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DEL FUERO DE MATERNIDAD / FUERO DE MATERNIDAD / DESVINCULACIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO / EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DE MOTIVACIÓN PARA EL DESPIDO DEL TRABAJADOR / DESPIDO DEL TRABAJADOR SIN JUSTA CAUSA / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿El demandado desvirtuó la presunción legal de culpa grave por desvincular a una empleada provisional cuyo fuero de maternidad no había finalizado, sin motivación y sin justa causa?
Respuesta al problema jurídico: No
Tercer presupuesto: La conducta dolosa o gravemente culposa del agente (...) Como el régimen sustantivo de esta acción de repetición es la Ley 678 de 2001, se aplican las «presunciones legales» previstas en los artículos 5° y 6° de esa ley, que califican la conducta del servidor o exservidor público de dolosa o gravemente culposa. Estas «presunciones» inciden directamente en la carga de la prueba, pues antes de la Ley 678 de 2001, le correspondía al demandante demostrar los supuestos de hecho en los que se fundamentaba y, por tanto, acreditar la culpa grave o el dolo del agente del Estado. Con la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, se invirtió la carga de la prueba , una vez la entidad demandante acredita que el servidor del Estado incurrió en alguno de los supuestos que «presumen» el dolo o la culpa grave, el demandado tiene el deber de atacar la presunción y, por ello, le corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que configura la «presunción». De modo que el juez de la acción de repetición puede estudiar la conducta del agente con el fin de determinar, si no obstante configurarse alguna de las «presunciones», el demandado no actuó en forma dolosa o gravemente culposa. El juez evaluará todos los eventos que no se subsumen en los supuestos de «presunciones» previstos por el legislador. (...) Frente a la conducta de Rosemberg Pabón Pabón está acreditado que: (...) El testigo dio cuenta de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que conoció los hechos que relató, pues hizo parte del comité que decidió la insubsistencia. En cuanto a que varios funcionarios asesoraron a Rosemberg Pabón Pabón y avalaron la declaratoria de insubsistencia, al considerar que el acto no debía motivarse, su relato es claro, preciso y completo. Frente a la desvinculación durante el fuero de maternidad, sin embargo, su relato no es preciso ni detallado. El testigo se limitó a sostener que la resolución no se expidió durante el embarazo y que «respetaron la licencia de maternidad», pero no indicó fechas, ni allegó o hizo referencia a pruebas que acrediten que, para la fecha de la desvinculación, el fuero de maternidad de la funcionaria había finalizado. (...) La motivación es un elemento del acto administrativo que puede encontrase en el texto de la decisión o en los antecedentes que le dieron origen . Si la ley dispone que la motivación debe estar explícita en el contenido de un acto, esta constituye un requisito de validez y, por ende, su ausencia –la falta de motivación– vicia de nulidad la decisión por incumplimiento de uno de sus presupuestos formales, esto es, por expedición irregular (art. 84 CCA, retomado por el artículo 137 CPACA). En este sentido, la motivación se relaciona con el derecho al debido proceso que se aplica a todas las actuaciones administrativas, según el artículo 29 CN. La Administración, al decidir los asuntos a su cargo, debe ceñirse a las formas propias que la ley dispone para su proceder. El debido proceso implica el respeto de unas garantías, previstas en la ley, en favor del interesado, que acude a la Administración para obtener la decisión de una situación jurídica. La exigencia de motivación del acto administrativo es la más importante garantía, como instrumento de control –administrativo y jurisdiccional– de las decisiones de la Administración (art. 35 CCA, retomado por el art. 42 CPACA). En un Estado de derecho ningún funcionario –administrativo o judicial– puede ejercer competencias al margen de la ley. Por ello, la fundamentación jurídica y fáctica de sus resoluciones permite verificar su sometimiento al orden jurídico. (...) la Sección Segunda, hasta 2010, sostenía la tesis según la cual el acto de desvinculación del empleado provisional no requería motivación alguna y solo tenía como excepción cuando el nombramiento provisional se diera por terminado antes de cumplirse el término, de acuerdo con el artículo 10 del Decreto 1227 de 2005 . Un mes después, la Sala Plena de la Sección Segunda recogió el anterior criterio y sostuvo que los retiros del servicio de empleados nombrados en provisionalidad, después de la entrada en vigencia de la Ley 909 de 2004, debían motivarse. La Sala ha sostenido que, si un agente estatal se fundamenta en un criterio jurisprudencial que avala su comportamiento, su conducta no puede calificarse de «gravemente culposa» o «dolosa», pues está soportada en una interpretación jurídica del sentido y alcance de las normas que gobiernan la materia, con pronunciamientos judiciales que la respaldaban. En sede de repetición se debe hacer un nuevo juicio de valor, sobre el actuar del agente, y ello supone no descartar las razones jurídicas que acompañaron una decisión (...) Está probado que Rosemberg Pabón Pabón expidió el acto de insubsistencia, con asesoría de la oficina de talento humano y la oficina jurídica. Todas las dependencias de la entidad demandante decidieron no motivar el acto, fundamentados en un criterio jurisprudencial, que no era unificado, pero que avalaba su comportamiento porque estaba soportado en una interpretación jurídica de las normas que regulaban la materia. No obstante lo anterior, según las pruebas, Rosemberg Pabón Pabón fue quien concedió la licencia por maternidad a [la empleada desvinculada] hasta el 17 de abril de 2007. Es decir, conforme a las pruebas, se acreditó que el demandado conocía que la funcionaria estaba en licencia y, a pesar de ello, la desvinculó de la entidad dos días después de esa fecha. El parto de [la empleada desvinculada] fue el 24 de enero de 2007 y los tres meses posteriores –en los cuales la norma prohibía su despido– vencían el 25 de abril de 2007. Como el demandado –que concedió la licencia por maternidad– declaró la insubsistencia y notificó a la funcionaria el 19 de abril de 2007 –seis días antes del vencimiento de los tres meses–, no motivó la decisión y no comprobó una justa causa, desconoció de forma manifiesta e inexcusable la legislación laboral aplicable –Decreto 3135 de 1968, Decreto 1848 de 1969 y CST–. Como se acreditó la causal de culpa grave del numeral 1º del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 y el demandado no la desvirtuó, la Sala accederá a las pretensiones. (...) La Sala advierte que, conforme a las pruebas allegadas, cuando el demandado adoptó la decisión no motivó la resolución de insubsistencia, ni comprobó una justa causa de desvinculación, como lo establecía la norma laboral [núm. 19]. La fecha de ejecutoria de la decisión no desvirtúa la presunción de culpa grave por infracción directa de la constitución y de la ley al expedir el acto. Además, la fecha de ejecutoria no quedó probada pues al expediente no se allegó la Resolución nº. 331 del 17 de julio de 2007
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la inversión de la carga de la prueba en eventos de repetición contra el agente estatal, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, exp. 40.755 [fundamento jurídico 14]. Sobre la presunción de culpa grave, ver: Corte Constitucional, sentencia C-285 de 2002 [fundamento jurídico 4] y sentencia C-455 de 2002 [fundamento jurídico 6]. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2011, exp. 34.816 [fundamento jurídico 3.2.3]. Sobre la motivación del acto administrativo, ver: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 17 de febrero de 2000, exp. 5694 [fundamento jurídico 3]. Esta providencia se puede consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Primera, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 27-28. Sobre la tesis anterior al 2010 relativa a la no motivación de la insubsistencia de los empleados provisionales, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, exp.. 0319-08 [fundamento jurídico párr. 93 a 109]. Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de septiembre de 2010, exp.. 0883-08 [fundamento jurídico II y III]. Sobre la posición de la sala frente a la fundamentación con aplicación de la jurisprudencia vigente al momento de los hechos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 6 de diciembre de 2013, exp. 27.835 [fundamento jurídico 16]; Subsección C, sentencia del 19 de diciembre de 2017, exp. 49.194 [fundamento jurídico 15], sentencia del 9 de julio de 2018, exp.. 51.271 [fundamento jurídico 16] y sentencia del 1 de octubre de 2018, exp. 56.401 [fundamento jurídico 16].
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, DECRETO 1848 DE 1969, DECRETO 3135 DE 1968, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 35, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 42, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 84, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 137, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6, LEY 909 DE 2004
ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA / ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA / CONDENA DINERARIA / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA / VALOR DE LA CONDENA / REDUCCIÓN DE LA CONDENA / CONDENA / REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / INTERÉS MORATORIO / IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS MORATORIO / INTERESES
Problema jurídico:
¿La condena al demandado en repetición debe reducirse cuando para la expedición del acto, éste fue asesorado por varios funcionarios que tambien lo suscribieron, asi como no puede incluir los intereses pagados por la entidad demandante?
Respuesta al problema jurídico: Si
La condena (...). Según las pruebas, Rosemberg Pabón Pabón tomó la decisión de desvincular a [empleada provisional con fuero de maternidad], asesorado por varios funcionarios –oficina jurídica y oficina de recursos humanos–, que suscribieron la Resolución nº. 167 del 19 de abril de 2007. Por lo anterior, la condena se reducirá en un 33%, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 678 de 2001. (...) La condena en repetición no puede incluir los intereses pagados por la entidad demandante, pues no son imputables a la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público, sino a la demora en el pago de la reparación patrimonial, circunstancia atribuible a la entidad pública . Está acreditado que el monto de la condena, conciliado y aprobado por el Juzgado Noveno Administrativo de Descongestión de Bogotá, fue $218.137.028 (...), pero la UAE Organizaciones Solidarias pagó $223.506.383 por salarios, prestaciones sociales y otros aportes parafiscales de [empleada provisional con fuero de maternidad] (...). Como la certificación que da cuenta del pago de la entidad no discriminó el valor por intereses de mora, la Sala tomará, como monto de la condena, el valor conciliado y aprobado por el Juzgado en el auto del 9 de septiembre de 2011, esto es, $218.137.028, que disminuido en un 33% corresponde a $71.985.219. Se actualizará dicho valor, (...) = $115.003.161
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto del valor de la condena que no debe contener los intereses pagados por la entidad, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de mayo de 2014, exp. 42.660 [fundamento jurídico 23].
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 14
CONDENA EN COSTAS / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS A PARTICULAR / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas y agencias en derecho al demandado en repetición en este caso?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 188 CPACA prescribe que, salvo aquellos procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC, hoy CGP. El artículo 365.1 CGP, norma vigente para la época en que se interpuso la demanda, ordena condenar en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. De conformidad con el artículo 366.4 CGP y en los términos del Acuerdo nº. 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha de presentación de la demanda –hoy Acuerdo n°. 10554 de 2016–, las agencias en derecho se tasarán en el 0,5% del valor de las pretensiones en atención a la naturaleza del proceso, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado. Como las pretensiones se estimaron en $223.509.383, el demandado pagará la suma de $1.117.547 por concepto de agencias en derecho.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4