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Consejo de Estado Providencia

Puede solicitar su suspensión, para que sea el juez natural quien bajo su autonomía e independencia.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2022-06-03 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 41001233300020200076301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las pretensiones del medio de control de controversias contractuales están dirigidas a que se declare la nulidad del contrato? Sí
El contratista no puede solicitar la suspensión del proceso de restitución de bienes arrendados como medida cautelar cuando las pretensiones del medio de control de controversias contractuales están dirigidas a declarar la nulidad del contrato, ya que la continuación del proceso no causaría un perjuicio irremediable, dado que la entidad ya está dispuesta a devolver los bienes y a buscar alternativas para cumplir sus funciones. Además, la Sala considera que la demanda está razonablemente fundada en derecho, sin prejuzgar el fondo del asunto, y que la terminación del contrato y la restitución de los bienes son las únicas acciones que el juez puede ordenar en la sentencia que concluye el proceso de restitución. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la admisibilidad de medidas cautelares en procesos de control de controversias contractuales, limitando la posibilidad de suspender el proceso de restitución de bienes arrendados cuando la nulidad del contrato es la pretensión principal.síntesis automática
También resuelve: ¿Es admisible que la demandante alegue que la restitución de los bienes arrendados implica un perjuicio para ella? ¿El juez, en la sentencia que concluye el proceso de restitución de bienes dados en arrendamiento solo puede declarar la terminación del contrato y ordenar la restitución de los bienes objeto de este? ¿La demanda se encuentra razonablemente fundada en derecho, sin que tal consideración implique prejuzgamiento?
Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-04-24 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 25000232600020100006601 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿La preclusión en aplicación del principio in dubio pro reo supone una privación injusta de la libertad? No
El contratista no puede obtener reparación por privación injusta de la libertad cuando la preclusión de la investigación se basa en el principio in dubio pro reo, ya que esta medida no implica una actuación arbitraria de la Fiscalía General de la Nación ni una privación injusta de la libertad. En el caso analizado, la Sala confirmó que la preclusión de la investigación por lavado de activos no implicaba una privación injusta de la libertad, ya que la medida de aseguramiento se había adoptado en cumplimiento de los requisitos legales y con base en indicios graves de responsabilidad. La Fiscalía aplicó el principio in dubio pro reo debido a dudas sobre la participación delictiva del contratista, lo que no constituía una actuación arbitraria ni una privación injusta de la libertad. Como resultado, la Sala reiteró que la responsabilidad patrimonial del Estado no se configura en estos casos, a menos que se demuestre claramente que la privación de la libertad fue injusta y arbitraria.síntesis automática
También resuelve: ¿Resultaba razonable inferir que la ahora demandante había participado en la comisión del delito de lavado de activos? ¿Para la Fiscalía se tornaba en dudosa la participación de la demandante en el delito de lavado de activos? ¿Corresponde examinar si la medida de aseguramiento fue legal, razonable, proporcionada y necesaria?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No puede ser tomado como prueba determinante para arribar a la hipótesis que se plantea en la demanda.

Sentencia — Sentencia 2023-09-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 76001233300020120022304 LEY 1437 REPETICION
¿La desviación de poder consiste en el vicio de ilegalidad de los actos administrativos por cuya virtud la autoridad decide apartarse de los fines que se pretenden satisfacer con la prerrogativa de poder que le ha sido asignada? Sí
No sería correcto asumir que el ex Director Operativo de C.A.L.I, fue declarado insubsistente por sostener una simple amistad con los presuntos adversarios políticos del nominador, cuando es claro que tal funcionario no hacía parte de la estructura política de aquellos y si bien era amigo de uno de los concejales que votó en contra del proyecto promovido por el alcalde, lo cierto es que también sostenía relaciones amistosas en común con quien declaró su insubsistencia. A la luz de tal situación, el hecho de sostener una relación personal de amistad con los adversarios o aliados del actual gobernante, no puede ser tomado como prueba determinante para arribar a la hipótesis que se plantea en la demanda.
También resuelve: ¿Se confirma la decisión adoptada por el Tribunal a quo en tanto no está acreditado el vicio de desviación de poder? ¿Se puede colegir que la declaratoria de insubsistencia del funcionario se hubiere dado como consecuencia de la votación negativa que obtuvo el proyecto de reestructuración de Emcali? ¿En la culpa grave se halla inmersa una conducta en que su autor ha obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La repetición es asunto de expresa previsión constitucional

Sentencia — Sentencia 2022-08-30 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 73001233100020080035601 ACCION DE REPETICION
¿Para determinar el régimen legal aplicable a la acción de repetición es necesario tener en cuenta el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la condena contra el Estado, que en este evento consistieron en la desaparición y muerte de un civil a manos de miembros de la Policía? Sí
Para determinar el régimen legal aplicable a la acción de repetición es necesario tener en cuenta el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la condena contra el Estado, que en este evento consistió en la desaparición y muerte de un civil a manos de miembros de la Policía. La repetición es asunto de expresa previsión constitucional, en tanto el artículo 90 Superior prescribe que, si el Estado es obligado a reparar un daño, debe repetir contra el agente causante del mismo, pero solo cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este, calificación que denota un calificado error de conducta de un agente estatal generador del daño antijurídico que ha conducido a la condena al Estado. Para la determinación del régimen legal aplicable al caso, la Sala tiene en cuenta que la situación cuestionada de los demandados está relacionada con la muerte del señor (…). En esas condiciones, para la época de los hechos ya estaba vigente la Ley 678 de 2001, bajo la cual deben analizarse tanto los aspectos formales como sustanciales del presente caso.síntesis automática
También resuelve: ¿Quién invoque las presunciones legales de dolo o culpa grave contenidas en la Ley 678 de 2001, tiene la carga de probar los hechos en los que se funda y la parte contraria deberá desvirtuar dichas… ¿Se acreditó la calidad de servidores públicos de los agentes de policía demandados, al momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la condena contra el Estado? ¿Con la conciliación prejudicial celebrada y aprobada entre las víctimas y la Policía Nacional en el curso del proceso de reparación directa…
Consejo de Estado Providencia

El daño es imputable a la Rama Judicial porque la Corte Suprema de Justicia pertenece a esta entidad

Sentencia — Sentencia 2023-05-02 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020140144601 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La privación de la libertad que padeció la demandante le generó un daño que no debía soportar porque superó las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad? Sí
El contratista no debe soportar un daño que supere las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad, configurándose la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad cuando la entidad estatal priva injustamente de la libertad a un ciudadano y este es absuelto por atipicidad objetiva de la conducta. En este caso, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante por supuestamente utilizar su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS, pero posteriormente absolvió a la demandante por desvirtuar los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias, al establecer que las facturas no son documentos reservados y que la exhibición de estos documentos se realizó dentro de su rol institucional. La Sala concluyó que la privación de la libertad que padeció la demandante generó un daño que no debía soportar, superando las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar, y que la responsabilidad patrimonial de la rama judicial se configura en estos casos.síntesis automática
También resuelve: ¿Los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias fueron desvirtuados por la Corte en la sentencia absolutoria? ¿La Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante porque utilizó su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS? ¿La absolución del sindicado por atipicidad de la conducta era suficiente para considerar como antijurídico el daño recibido por la privación de su libertad?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Se impone denegar las pretensiones de la demanda y, confirmar la decisión del a quo.

Sentencia — Sentencia 2024-05-06 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233100020100132701 ACCION CONTRACTUAL
¿La decisión de descalificación de la propuesta contractual obedeció a una ruptura intempestiva y carente de razón? No
Constituye un motivo válido para descalificar una propuesta en un proceso de selección que una persona con cargo directivo en la entidad contratante tenga relación familiar con el representante de la firma proponente, pues la prohibición de favorecimiento aplica aunque la dependencia en la que se desempeña no tenga relación con la contratación. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presencia de un servidor público del nivel directivo con esa relación familiar basta para activar la prohibición, con independencia de que su dependencia no intervenga en el objeto contratado. Segundo, la descalificación no vulnera el principio de buena fe contractual cuando la decisión no obedece a una ruptura intempestiva ni carece de razón y no sorprende al participante, pues en tal caso no se rompen las tratativas, que deben respetarse conforme a los pliegos y a la ley. La providencia deniega las pretensiones de la demanda y confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el aspirante que incurre en una prohibición legal puede ser descalificado sin que ello implique una ruptura de las tratativas precontractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿La incompatibilidad en estudio era adecuada si se dirigía a los familiares de aquellas personas que gozaran de poder de decisión de adjudicar un contrato? ¿La incompatibilidad en estudio resulta conteste con la clasificación y nomenclatura de cargos de la EPM y era viable su aplicación en el presente asunto? ¿La calidad de servidores públicos de las entidades estatales mixtas la ostentan sus representantes legales y los funcionarios de los niveles directivo…
MODIFICA