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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la acción de repetición se define como el medio judicial mediante el cual la Administración Pública obtiene

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Fecha
2022-02-04
Radicado
15001233100020130000901
Número interno
59904
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
MUNICIPIO DE DUITAMA - BOYACÁ-
Demandado
GUSTAVO ALFREDO CANO RIAÑO, RAFAEL ANTONIO PIRAJON

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la acción de repetición se define como el medio judicial mediante el cual la Administración Pública obtiene

Lo que dijo la Sala

La acción de repetición se define como el medio judicial que la Constitución y la ley le otorgan a la Administración Pública para obtener de sus funcionarios o exfuncionarios -que hubieran actuado con dolo o culpa grave- el resarcimiento o reintegro del monto de la indemnización que la primera ha debido reconocer a quien, como resultado de una condena de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tiene a su haber el derecho de ser indemnizado por los daños antijurídicos que se le hubieren causado.… Es por lo anterior, que en un esfuerzo de sistematizar los elementos teleológicos de la acción de repetición se ha dicho que esta tiene una triple finalidad: i) función resarcitoria, dado que, sin perjuicio del pago de la condena por parte del Estado a efectos de asegurar el derecho a la reparación de la víctima, implica que el verdadero responsable del daño sea quien, en última instancia…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La acción de repetición es el medio judicial que la Constitución y la ley otorgan a la Administración para obtener de sus servidores o exservidores que actuaron con dolo o culpa grave el reintegro del monto de la indemnización que debió pagar. La regla tiene tres finalidades. La primera es la función resarcitoria, pues el verdadero responsable del daño asume en última instancia el valor de la indemnización. La segunda es la función preventiva, porque disuade a los agentes del Estado de incurrir en conductas dañosas por negligencia o imprudencia. La tercera es la función retributiva, ya que la obligación de reparar surge de un juicio de reproche a la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor. En consecuencia, la responsabilidad patrimonial de los servidores del Estado bajo el artículo 90 de la Constitución y la Ley 678 de 2001 es reparatoria y está sujeta a criterios de proporcionalidad. La nota de relatoría remite a las sentencias C-309 de 2002, C-484 de 2002 y C-338 de 2006 de la Corte Constitucional, y el documento no indica que modifique un precedente.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La acción de repetición se define como el medio judicial mediante el cual la Administración Pública obtiene de sus funcionarios o exfuncionarios que hubieran actuado con dolo o culpa grave, el resarcimiento o reintegro del monto de las condena impuestas en su contra, cuya finalidad encuentra en ese sentido una función resarcitoria, preventiva y retributiva?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 678 de 2001, arts. 2 y 3

También resuelve

  • ¿La responsabilidad patrimonial de los servidores del Estado es de naturaleza reparatoria, subsidiaria, subjetiva y se encuentra sujeta a criterios de proporcionalidad?
  • ¿La multa impuesta en cumplimiento del deber legal que tienen las autoridades judiciales de asignar a los incumplidos la respectiva sanción por el desacato de una orden contenida en una providencia…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

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Medio de control de repetición: Sentencia
Titulación de la relatoría 9.218 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE ACCIÓN DE REPETICIÓN / DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿La acción de repetición se define como el medio judicial mediante el cual la Administración Pública obtiene de sus funcionarios o exfuncionarios que hubieran actuado con dolo o culpa grave, el resarcimiento o reintegro del monto de las condena impuestas en su contra, cuya finalidad encuentra en ese sentido una función resarcitoria, preventiva y retributiva? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a acción de repetición se define como el medio judicial que la Constitución y la ley le otorgan a la Administración Pública para obtener de sus funcionarios o exfuncionarios -que hubieran actuado con dolo o culpa grave- el resarcimiento o reintegro del monto de la indemnización que la primera ha debido reconocer a quien, como resultado de una condena de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tiene a su haber el derecho de ser indemnizado por los daños antijurídicos que se le hubieren causado. (...) Es por lo anterior, que en un esfuerzo de sistematizar los elementos teleológicos de la acción de repetición se ha dicho que esta tiene una triple finalidad: i) función resarcitoria, dado que, sin perjuicio del pago de la condena por parte del Estado a efectos de asegurar el derecho a la reparación de la víctima, implica que el verdadero responsable del daño sea quien, en última instancia, asuma el valor de la indemnización del mismo a cuenta de su patrimonio; ii) función preventiva, porque busca disuadir a los agentes del Estado de incurrir deliberadamente o con manifiesta negligencia o imprudencia, en conductas susceptibles de generar daños, pues su patrimonio puede llegar a verse afectado para resarcir los costos de sus comportamientos cuando los mismos se encuentran por fuera de los márgenes propios de la adecuada gestión administrativa; y iii) función retributiva, dado que la obligación de reparar lo pagado por el Estado, si bien se configura como una responsabilidad civil de tipo patrimonial, surge también de un juicio de reproche al proceder del servidor público que, con sus actuaciones u omisiones dolosas o gravemente culposas, dio lugar a la condena al Estado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la finalidad de la acción de repetición, consultar providencias de la Corte Constitucional, C-309 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-484 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; y C-338 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 3 AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO Problema jurídico: ¿La responsabilidad patrimonial de los servidores del Estado es de naturaleza reparatoria, subsidiaria, subjetiva y se encuentra sujeta a criterios de proporcionalidad? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a responsabilidad patrimonial de los servidores del Estado bajo el artículo 90 (...) [de la Constitución Política] y Ley 678 de 2001, es reparatorio, en tanto que la acción de repetición tiene como finalidad principal la recuperación del patrimonio público, razón por la cual se ejerce con el propósito de reintegrar al Estado el valor correspondiente a la condena efectivamente pagada como consecuencia de un daño antijurídico causado a la víctima, imputable al dolo o la culpa grave del agente (...). Concordante con tales premisas debe tenerse en cuenta que la consagración constitucional de la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado es: i) subsidiaria, porque su procedencia está restringida a los eventos en los que la Administración sea efectivamente condenada judicialmente a pagar una indemnización por el daño antijurídico causado con dolo o culpa grave por parte de uno de sus agentes, por lo que la misma se concreta a través de la figura de la repetición; ii) subjetiva, ya que la viabilidad de la acción de repetición depende de la demostración de que el daño que debió indemnizar el Estado fue causado con dolo o culpa grave por parte de uno de sus funcionarios, por lo que no cualquier equivocación o descuido permite que se ejecute la acción de regreso, pues se requiere que ante la autoridad competente se acredite plenamente que la conducta que derivó en el menoscabo obedeció a un supuesto de imprudencia calificada o de arbitrariedad; y iii) sujeta a criterios de proporcionalidad, toda vez que la transferencia al agente del Estado del valor de la indemnización por el daño que debió ser asumido por la administración debe guardar una correspondencia con el daño o valor pagado sin que se incurra en excesos. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado, consultar providencia de la Corte Constitucional, de 10 de diciembre de 2014, Exp. C-957, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; de 3 de octubre de 2018, Exp. C-092, M.P. Alberto Rojas Ríos. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA JUDICIAL / MULTA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / PAGO DE LA MULTA / DESACATO / IMPOSICIÓN DE SANCIÓN POR DESACATO / SANCIÓN POR DESACATO / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿La multa impuesta en cumplimiento del deber legal que tienen las autoridades judiciales de asignar a los incumplidos la respectiva sanción por el desacato de una orden contenida en una providencia, constituye condena judicial susceptible de ser reintegrada mediante la acción de repetición? Respuesta al problema jurídico: No [L]a Sala observa que al proceso se allegó copia de la decisión (...) proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se impuso una multa al municipio de Duitama a favor del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, (...) por haber desacatado la orden consistente en la construcción de un pozo séptico en la vereda La Trinidad contenida en sentencia (...) de ese tribunal, la cual fue confirmada por la Sección Segunda del Consejo de Estado. (...). [L]a multa impuesta al municipio de Duitama no constituye y, menos aún, representa una condena judicial contra el Estado, básicamente, porque no existe un daño antijurídico a un asociado en términos reales sino una sanción de carácter judicial por el incumplimiento de una orden judicial. En ese sentido, la multa fue impuesta en cumplimiento del deber legal que tienen las autoridades judiciales de imponer a los incumplidos la respectiva sanción por el desacato de una orden contenida en una providencia, todo lo cual significa que en este caso el afectado estaba en la obligación de soportarla, porque no constituyó una lesión injusta a su patrimonio, sino se trató de una sanción que debió asumir debido a la transgresión del ordenamiento jurídico y, en la hipótesis de pretender resarcir la afectación patrimonial al considerar que en la imposición de la misma medió responsabilidad de sus representantes legales, tuvo a su alcance ejercer las acciones que fija la ley para ello. (...) Así, para concluir, independientemente de la imposición de la multa, el importe de la multa no fue pagado a un tercero como indemnización para resarcir un daño antijurídico, pues, como se indicó, el mismo no existió y, con ello, el hilo que ata las pretensiones con la acción de repetición se rompe completamente al encontrarse desligado del artículo 90 superior. (...) Así las cosas, la Sala estima que la acción de repetición en el presente caso resulta abiertamente improcedente, comoquiera que no se cumple con uno de los requisitos principales de la misma, cual es el de la imposición de una condena judicial en contra de la Administración Pública que constituya una afectación patrimonial. (...) Por consiguiente, comoquiera que no se cumple con uno de los supuestos esenciales para la procedencia de la acción de repetición, la Sala negará las pretensiones de la demanda y se abstendrá de estudiar cualquier otro aspecto de los discutidos por las partes en el proceso. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la imposibilidad de considerar la multa como expresión de un daño antijurídico que de origen a la responsabilidad de los agentes del Estado, consultar providencia de la Corte Constitucional, de 10 de diciembre de 2014, Exp. C-957, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Texto extraído del PDF oficial 23.096 caracteres
1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Bogotá, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintidós (2022). Radicación número: 150012331000201300009 01 (59904) Actor: Municipio de Duitama Demandado: Gustavo Alfredo Cano Riaño y otro Referencia: Repetición Asunto: Sentencia Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN - presupuestos de procedencia bajo el régimen del Código Contencioso Administrativo / CONDENA JUDICIAL CONTRA EL ESTADO – Su ausencia conduce a declarar improcedente la presente acción. Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda. El Tribunal Administrativo de Boyacá impuso una multa al municipio de Duitama y a EMPODUITAMA por encontrar probado el desacato de una orden judicial, razón por la cual, el referido municipio inició un proceso de repetición en contra de dos exalcaldes de esa entidad, por considerar que la sanción tuvo origen en su falta de gestión y diligencia para llevar a cabo la construcción d el pozo séptico de la vereda La Trinidad. I. SENTENCIA IMPUGNADA 1. Corresponde a la sentencia del 16 de junio de 2017, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá decidió la demanda presentada el 29 de junio de 20111 por el municipio de Duitama, en ejercicio de la acción de repetición, en contra de los señores Gustavo Alfredo Cano Riaño y Rafael Antonio Pirajón, con el fin de que se les declare patrimonialmente responsables por la multa que le fue impuesta al municipio, cuyas pretensiones y fundamentos de hecho y de derecho fueron los siguientes: Pretensiones 2. Solicitó que se condenara a pagar a los demandados la suma de doce millones ochocientos setenta y cinco mil pesos m/cte. ($12´875.000,00), valor que el municipio 1 Folio 22 del cuaderno 1. Radicación: 150012331000201300009 01 (59904) Actor: Municipio de Duitama. Demandado: Gustavo Alfredo Cano Riaño y otro. Referencia: Acción de repetición 2 tuvo que pagar por la multa que le fue impuesta en el marco de un incidente de desacato a una orden judicial. Hechos 3. Como fundamento fáctico de las pretensiones, el municipio de Duitama narró, en síntesis, que el 21 de marzo de 2001, dentro del trámite de una acción popular, el Tribunal Administrativo de Boyacá condenó al pago de diez (10) salarios mínimos a favor del Fondo de Defensa de Intereses Colectivos y ordenó ejecutar las obras de infraestructura correspondientes para la construcción del pozo séptico de la vereda la Trinidad; decisión que fue confirmada por la Sección Segunda del Con sejo de Estado en providencia del 5 de julio de 2001. 4. Indicó que, ante el incumplimiento de las referidas órdenes, el Tribunal Administrativo de Boyacá inició incidente de desacato, el cual fue resuelto el 20 de octubre de 2010 en el sentido de declarar p robado el desacato y ordenar la imposición de una multa al municipio de 25 SMLMV (equivalente a $12´875.000,00). 5. Aseguró que aquella sanción tuvo su origen en la falta de diligencia de los demandados para la construcción del pozo séptico de la vereda “La Trinidad”, lo que causó contaminación, y vulneró el goce de un ambiente sano y la salubridad pública de los habitantes de la zona. 6. Agregó que la sanción por desacato no se impuso a título personal, sino en contra del municipio y por ello el Comité de Conciliación ordenó iniciar una acción de repetición, con base en la afectación económica causada al erario territorial. Fundamentos de Derecho 7. La demanda plantea que los demandados, quienes para la época de los hechos se desempeñaron como alcaldes en distintos períodos, incurrieron en culpa grave, por cuanto omitieron efectuar las gestiones necesarias para la construcción del pozo séptico2. La defensa 8. Mediante apoderado, el señor Rafael Antonio Pirajón López se opuso a las pretensiones de la demanda; para ese efecto adujo que no incurrió en ninguna conducta gravemente culposa. Indicó que, para la época de la primera condena -que ordenó la construcción d el pozo séptico -, él no se desempeñaba como funcionario público, pues el alcalde de esa época era el señor Cano Riaño. Por otro lado, aseguró que para el momento en que se desempeñó como alcalde del municipio de Duitama, 2 Folios 10-22 del cuaderno 1. Radicación: 150012331000201300009 01 (59904) Actor: Municipio de Duitama. Demandado: Gustavo Alfredo Cano Riaño y otro. Referencia: Acción de repetición 3 adelantó y ejecutó varias acciones cuyo objeto fue el de realizar mantenimiento del pozo séptico de la vereda La Trinidad3. 9. Por su parte, el señor Gustavo Alfredo Cano Riaño guardó silencio4. Los alegatos de conclusión 10. La parte accionante reiteró íntegramente lo dicho en su demanda5. 11. Los demandados y el Ministerio Público guardaron silencio. La decisión 12. Al resolver el conflicto, el Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda, por considerar que no se acreditó la culpa grave de los demandados. 13. En ese sentido, sostuvo que a la parte demandante le correspondía probar el dolo o la culpa grave de forma suficiente para generar un convencimiento consistente en que los demandados, intencional o desprevenidamente, desatendieron de forma grosera sus deberes y con ello generaron un daño antijurídico, lo cual no ocurrió en este caso. 14. Agregó que el apoderado de la entidad demandante no alegó ninguna de las presunciones de la Ley 678 de 2001, sino que se limitó a mencionar que los accionados actuaron con dolo o culpa grave pero sin explicar en qué consistió su conducta; asimismo, refirieron las sentencias de la acción popular y la decisión que impuso la multa dentro del incidente de desacato, las cuales no bastan para probar o calificar una conducta dentro del juicio de repetición6. II. EL RECURSO INTERPUESTO 15. El municipio demandante in terpuso recurso de apelación frente a la anterior decisión, para cuyo efecto manifestó que el dolo o la culpa grave eran evidentes, dado que que la condena y la multa se dieron como consecuencia del actuar negligente de los accionados, por cuanto no acataron la orden impartida dentro de la acción popular y ello derivó en una imposición de una multa a cargo del municipio, lo cual le causó un perjuicio económico7. 3 Folios 235-239 del cuaderno 2. 4 Folio 257 del cuaderno 2. 5 Folios 269 y 270 del cuaderno 2. 6 Folios 200-213 del cuaderno principal. 7 Folios 217-220 del cuaderno principal. Radicación: 150012331000201300009 01 (59904) Actor: Municipio de Duitama. Demandado: Gustavo Alfredo Cano Riaño y otro. Referencia: Acción de repetición 4 Los alegatos de conclusión 16. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio8. III. C O N S I D E R A C I O N E S El objeto del recurso de apelación 17. Como se dejó reseñado, el motivo de disenso de la parte demandante se centra en sostener que se produjo una afectación patrimonial al municipio como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de los demandados. Cuestión previa Acerca de la naturaleza jurídica de la multa que impuso el Tribunal Administrativo de Boyacá a la parte demandante. 18. En primer lugar, la Sala observa que al proceso se allegó copia de la decisión del 20 de octubre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá 9, mediante la cual se impuso una multa al municipio de Duitama 10 a favor del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, por un valor de doce millones ochocientos setenta y cinco mil pesos m/cte. ($12´875.000,00) , por haber desacatado la orden consistente en la construcción de un pozo séptico en la vereda La Trinidad contenida en sentencia del 21 de marzo de 2001 de ese tribunal, la cual fue confirmada por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 5 de julio siguiente. 19. Ahora bien, r esulta necesario precisar que la referida multa no constituye una condena judicial en los términos del artículo 90 de la C.P. y de la Ley 678 de 2001, en virtud de la cual se hubiera configurado un daño patrimonial al municipio de Duitama, pues la sanción impuesta resultó consecuencia del incumplimiento por parte de este d e una orden judicial y no como una indemnización a un tercero derivada de un daño antijurídico. 20. La Sala estima necesario realizar unas precisiones conceptuales acerca de la condena contra el Estado como fundamento de la acción de repetición, en los términos del artículo 90 Superior y de la Ley 678 de 2001. 21. En el artículo 90 de la Constitución se consagró la cláusula general de responsabilidad del Estado, en los siguientes términos: 8 Folio 249 del cuaderno principal. 9 Folios 56-65 del cuaderno 1. 10 De conformidad con certificación del Secretario General AD -HOC de la Superintendencia Financiera de Colombia, Almagrario S.A. es una sociedad de economía mixta del orden nacional sometida al control y vigilancia por parte de dicha Superintendencia. Radicación: 150012331000201300009 01 (59904) Actor: Municipio de Duitama. Demandado: Gustavo Alfredo Cano Riaño y otro. Referencia: Acción de repetición 5 “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 22. De la lectura del precepto constitucional transcrito, se infiere que mientras el fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado, establecido en el primer inciso del

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=150012331000201300009011100103