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Consejo de Estado
Providencia
Procede el recurso de súplica contra el auto
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica
2025-02-07
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 11001032600020130016500
LEY 1437 REPETICION
¿Procede el recurso de súplica contra el auto que declara la falta de competencia del Consejo de Estado, para conocer de demandas de repetición en única instancia? Sí
El recurso de súplica contra el auto que declaró la falta de competencia es procedente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 246 del CPACA, modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de 2021 y su resolución corresponde a la Sala, con exclusión de la magistrada ponente de la decisión censurada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 125 del mismo cuerpo normativo.
También resuelve:
¿Las Corporaciones Autónomas Regionales son entidades descentralizadas por servicios, cuya función es ejecutar políticas encaminadas a preservar el ambiente y el aprovechamiento de los recursos…
¿A las Corporaciones Autónomas Regionales le son aplicables las normas que rigen a las entidades descentralizadas del orden nacional siempre que sean compatibles con su régimen legal propio?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia, de las demandas presentadas en ejercicio del medio de control de repetición contra los representantes de las CAR?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia
Sentencia — Sentencia
2022-07-29
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 25000232600020030015102
ACCION DE REPETICION
¿En virtud del criterio de conexidad, la competencia para conocer de los procesos de repetición recae sobre el juez que conoció del proceso antecedente que dio lugar a la condena contra el Estado? Sí
El contratista debe acudir ante el juez que conoció del proceso antecedente que dio lugar a la condena contra el Estado para presentar un proceso de repetición, en virtud del criterio de conexidad establecido en el artículo 7 inciso 2 de la Ley 678 de 2001 y reiterado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, lo que implica que la competencia en segunda instancia recae en el superior jerárquico del juez o tribunal que conoció del proceso antecedente. Además, la figura de caducidad garantiza la seguridad jurídica y el interés general mediante plazos razonables para acudir a la jurisdicción, y la Corte Constitucional declaró exequible condicionada la disposición que establece el término de caducidad de la acción de repetición, determinando que éste comienza a correr desde la fecha en que se realiza el pago o desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en la ley, lo que tiene efectos erga omnes y debe ser aplicado por todos los jueces y tribunales.síntesis automática
También resuelve:
¿La figura de caducidad tiene como fin garantizar la seguridad jurídica y el interés general mediante plazos razonables para acudir a la jurisdicción?
¿El término de caducidad de la acción de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente de la fecha de pago o desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en la ley?
¿Las sentencias de la Corte Constitucionalidad que declaran la exequibilidad condicionada de una norma tienen efectos erga omnes?
Consejo de Estado
Providencia
Se acreditó el incumplimiento de INVÍAS por el hecho de no pagar en su totalidad las cantidades de obra ejecutadas
Sentencia — Sentencia
2024-10-10
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 17001233300020180000602
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se acreditó el incumplimiento de INVÍAS por el hecho de no pagar en su totalidad las cantidades de obra ejecutadas por el contratista? Sí
El contratista puede acreditar el incumplimiento de la entidad estatal por no pagar en su totalidad las cantidades de obra ejecutadas, siempre que demuestre con pruebas detalladas que la obra fue realizada conforme al contrato y que la entidad no ha desvirtuado dichas pruebas. En este caso, el contratista presentó un informe detallado de la interventoría que evidenciaba la existencia de trabajos no remunerados, y la entidad no realizó ningún esfuerzo probatorio para desvirtuarlo. Además, las actas parciales de ejecución eran provisionales y no impedían otros reconocimientos, y la suscripción de documentos modificatorios al contrato no implicaba la renuncia del derecho a formular reclamaciones económicas. La Sala revocó la sentencia apelada y concedió las pretensiones principales de la demanda, lo que implica que las partes deben cumplir con el reconocimiento del valor de las cantidades de obra ejecutadas pero no remuneradas.síntesis automática
También resuelve:
¿Las mayores cantidades de obra son las que no implican modificación del contrato y se presentan en aquellos contratos pactados a precios unitarios…
¿La sentencia SU 214 de 2022, no constituye un precedente obligatorio en el presente caso de estudio, por falta de similitud fáctica y jurídica en relación con los conceptos de mayor cantidad de obra…
¿Las fórmulas de acuerdo propuestas por las partes para fijar los valores del contrato, están sometidas a confidencialidad…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Acción de repetición: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2022-01-26
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 25000233600020130035301
LEY 1437 REPETICION
¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir para que prospere la acción de repetición? Sí
El contratista debe cumplir tres requisitos para que prospere la acción de repetición contra el Estado: la existencia de una condena judicial por daño antijurídico causado a un particular, el pago efectivo a la víctima del daño y la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente público como factor determinante de la condena. Estos requisitos se rigen por la Constitución Política de 1991, el Decreto 01 de 1984, la Ley 1437 de 2011 y la Ley 678 de 2001, que establecen que la prueba del pago de la condena, como el certificado del pagador, es suficiente para iniciar el proceso de repetición. La entidad demandante debe expresar claramente la causal derivada de la presunción de dolo o culpa grave para permitir que el demandado ejerza su derecho de defensa y contradicción. Esta regla reitera y matiza precedentes, estableciendo un marco claro para la aplicación de la acción de repetición en casos de responsabilidad estatal.síntesis automática
También resuelve:
¿La entidad demandante en la acción de repetición debe probar que los accionados obraron con dolo o culpa grave?
¿Se acreditó dolo o culpa grave por parte de los miembros de la junta directiva, toda vez, que recaía sobre ellos la facultad nominadora que los habilitaba para declarar la insubsistencia del…
¿En segunda instancia, se debe condenar en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
Consejo de Estado
Providencia
La repetición es asunto de expresa previsión constitucional
Sentencia — Sentencia
2022-08-30
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 73001233100020080035601
ACCION DE REPETICION
¿Para determinar el régimen legal aplicable a la acción de repetición es necesario tener en cuenta el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la condena contra el Estado, que en este evento consistieron en la desaparición y muerte de un civil a manos de miembros de la Policía? Sí
Para determinar el régimen legal aplicable a la acción de repetición es necesario tener en cuenta el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la condena contra el Estado, que en este evento consistió en la desaparición y muerte de un civil a manos de miembros de la Policía. La repetición es asunto de expresa previsión constitucional, en tanto el artículo 90 Superior prescribe que, si el Estado es obligado a reparar un daño, debe repetir contra el agente causante del mismo, pero solo cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este, calificación que denota un calificado error de conducta de un agente estatal generador del daño antijurídico que ha conducido a la condena al Estado. Para la determinación del régimen legal aplicable al caso, la Sala tiene en cuenta que la situación cuestionada de los demandados está relacionada con la muerte del señor (…). En esas condiciones, para la época de los hechos ya estaba vigente la Ley 678 de 2001, bajo la cual deben analizarse tanto los aspectos formales como sustanciales del presente caso.síntesis automática
También resuelve:
¿Quién invoque las presunciones legales de dolo o culpa grave contenidas en la Ley 678 de 2001, tiene la carga de probar los hechos en los que se funda y la parte contraria deberá desvirtuar dichas…
¿Se acreditó la calidad de servidores públicos de los agentes de policía demandados, al momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la condena contra el Estado?
¿Con la conciliación prejudicial celebrada y aprobada entre las víctimas y la Policía Nacional en el curso del proceso de reparación directa…
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: Aclaración voto
Aclaración voto — Aclaración de voto
2022-09-14
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 11001032600020040002401
ACCION DE REPETICION
¿El estudio de culpabilidad de los agentes del Estado contra quienes se repite, debe hacerse bajo el régimen de imputación subjetivo? Sí
No considero que el estudio de la culpabilidad de los agentes demandados deba hacerse con fundamento en las disposiciones del Código Civil. 1.- De acuerdo con dicha codificación, el análisis de la culpa debe ser abordado de modo objetivo, es decir mediante la comparación de la conducta externa del demandado con la de una persona diligente. A la luz del artículo 90 de la C.P., los agentes demandados solo pueden ser condenados si se demuestra su actuar doloso o gravemente culposo, es decir, de acuerdo con un análisis subjetivo de su culpabilidad. 2.- La Corte Constitucional, que en algunas ocasiones ha acudido al artículo 63 del C.C. como criterio para estudiar la culpa grave del agente estatal en la acción de repetición, recientemente reconoció que el estándar de conducta que se deriva de esa norma es un criterio insuficiente para evaluar el elemento subjetivo exigido para condenar en ejercicio de esta acción.
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: Aclaración voto
Aclaración voto — Aclaración de voto
2022-07-13
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 15001233300020160090001
LEY 1437 REPETICION
¿Cuál es la normatividad aplicable para el conteo del término de caducidad de la acción de repetición, frente a asuntos donde se ha impuesto antes de la entrada en vigor del CPACA? Sí
Para el cómputo de la caducidad de la acción de repetición debió tomarse como referencia el término de dieciocho (18) meses previstos para el pago de las condenas en el artículo 177 del CCA, y no el término de diez (10) meses, contenido en el artículo 192 del CPACA. El plazo para pagar la condena debe establecerse a partir del régimen aplicable al proceso en el cual esta se impuso, y con base en ese término debe contarse luego el plazo de dos (2) años previsto en el artículo 164 del CPACA para determinar la caducidad de la acción de repetición.
También resuelve:
¿El estudio de culpabilidad de los agentes del Estado contra quienes se repite, debe hacerse bajo el régimen de imputación subjetivo?
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: la declaratoria de incumplimiento del convenio por parte del Ministerio de Agricultura fue una decisión judicial
Salvamento voto — Salvamento de voto
2023-11-10
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020120028501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La declaratoria de incumplimiento del convenio por parte del Ministerio de Agricultura fue una decisión judicial que violó el principio de congruencia por no estar dentro de las pretensiones de la demanda? Sí
Considero, en primer lugar, que el fallo del cual me aparto incurrió en violación del principio de congruencia al declarar el incumplimiento del Ministerio de Agricultura por expedir las resoluciones enjuiciadas y dejar sin efecto las mismas, pese a que el incumplimiento contractual de esa entidad estatal no era una pretensión de la demanda. Las solicitudes del libelo, reiteradas en la apelación, se encaminaron expresamente a la nulidad de unas decisiones unilaterales adoptadas por el Ministerio, bajo la consideración de que se trataba de actos administrativos; conclusión ésta que, además, comparto con la parte demandante, pues toda declaración unilateral de la voluntad de una entidad administrativa, que genere determinados efectos jurídicos, constituye acto administrativo, al margen del régimen jurídico del contrato en cuyo marco se expida.
También resuelve:
¿El negocio jurídico objeto de controversia contractual cumplió los requisitos para ser tenido como un convenio especial de cooperación científica y tecnológica?
¿El régimen normativo aplicable al convenio era el Estatuto General de Contratación Estatal al tratarse de un negocio jurídico con elementos de carácter netamente contractual?
¿El Ministerio de Agricultura tenía la competencia para declarar unilateralmente el incumplimiento contractual del IICA e imponerle la cláusula penal…