Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
¿La Federación de Bomberos de Colombia está legitimada para demandar la nulidad del contrato de prestación de servicios celebrado entre la CNSC y la Universidad libre? No
El contratista no está legitimado para demandar la nulidad absoluta del contrato estatal si no es parte del mismo ni demuestra un interés directo en su ejecución, tal como establece la jurisprudencia del Consejo de Estado. La legitimación en la causa material requiere que el demandante sea una de las partes contratantes, el Ministerio Público, o un tercero que acredite un interés directo en el contrato, lo cual implica que la Federación de Bomberos de Colombia, a pesar de su relación con los cuerpos de bomberos, no puede solicitar la nulidad del contrato si no demuestra que sus afiliados se presentaron en el proceso de selección. La Sala declarará de oficio la falta de legitimación en la causa por activa, inhibiéndose de emitir un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la demanda, lo que reitera la necesidad de acreditar un interés directo para demandar la nulidad absoluta del contrato estatal.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-06-10Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 85001233300020200000401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En asuntos relacionados con controversias contractuales pueden ser llamados en garantía sujetos que no con parte del contrato? Sí
El contratista puede ser llamado en garantía por sujetos que no forman parte del contrato original, siempre y cuando exista una relación contractual o legal que permita derivar derechos en favor del tercero no vinculado. En este caso, la Sala considera que el Indev, a pesar de no ser parte del contrato de consultoría No. 1237 de 2013, puede ser llamado en garantía debido a su participación en el convenio de cogestión No. 1 de 2011, del cual formaba parte. La Sala reitera que el llamamiento en garantía es procedente cuando el tercero llamado pueda ser responsable del perjuicio sufrido por la entidad llamante, y no cuando se busca declarar la solidaridad o responsabilidad del tercero en las condenas que pudieran imponerse. Esta regla permite una mayor flexibilidad en la intervención de terceros en controversias contractuales, facilitando la resolución de conflictos en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el llamamiento en garantía cuando no se pretende directamente la reparación integral del perjuicio alegado?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-07-24Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 47001233300020180009801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El contrato de concesión se mantenía vigente para el momento que se presentó la demanda? Sí
El contratista mantiene su legitimación en la causa para solicitar la nulidad absoluta del contrato de concesión, ya que acredita el interés directo en el proceso, lo que es suficiente en esta etapa inicial del procedimiento. La Sala revoca la decisión del Tribunal Administrativo del Magdalena que rechazó la demanda por falta de subsanación, al considerar que el contrato de concesión se mantenía vigente al momento de presentarse la demanda, y que la entidad demandada es competente para conocer del asunto. La vigencia del contrato hasta el 21 de octubre de 2018 y la presentación de la demanda el 18 de enero de 2018 demuestran que el medio de control se promovió oportunamente. Esta decisión reitera la importancia de la legitimación en el proceso y la oportunidad del recurso de apelación, y establece que el Consejo de Estado es competente para conocer de las apelaciones de autos que dispongan el rechazo de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones de los autos proferidos por los Tribunales Administrativos que dispongan el rechazo de la demanda?¿Al incumplimiento de algún requisito formal se deberá inadmitir la demanda indicando claramente la irregularidad o falencia de que adolece?¿La legitimación de hecho refiere a la relación procesal entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal?
¿El Consejo de Estado es competente para decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la demandante, por tratarse de un proceso con vocación de doble instancia? Sí
El contratista debe cumplir con el trámite de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en acciones de controversias contractuales, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009. Si la reforma de la demanda incluye nuevas pretensiones, el cumplimiento de este requisito debe analizarse de forma independiente respecto a las nuevas pretensiones, sin considerar la fecha de presentación de la demanda inicial, conforme a la regla de unificación jurisprudencial. La Sala modifica la decisión de primera instancia para inhibirse de fallar de fondo respecto de las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho que no cumplieron con el requisito de conciliación, lo que implica que los contratistas deben asegurarse de cumplir con todos los requisitos de procedibilidad antes de presentar reformas a sus demandas.síntesis automática
También resuelve:¿Para la fecha en que la accionante radicó su reforma de la demanda, la norma vigente exigía como requisito de procedibilidad el trámite de la conciliación extrajudicial para las acciones de…¿Si la reforma de la demanda incluye nuevas pretensiones, el cumplimiento del requisito de procedibilidad debe analizarse respecto de las nuevas pretensiones de forma independiente sin tener en…¿La legitimación por activa supone que quien demanda tenga la titularidad para reclamar el interés jurídico que se debate…
¿Se presenta falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que el demandado no participó en el procedimiento quirúrgico, posquirúrgico ni mucho menos en los trámites administrativos que tal procedimiento involucraba y por lo que se predica el daño que dio origen al proceso de reparación directa del que se derivó la condena por la que ahora se reclama con el medio de control de repetición? Sí
El contratista no tiene legitimación en la causa por pasiva en un medio de control de repetición, ya que no participó en el procedimiento quirúrgico ni en los trámites administrativos que dieron origen al daño que dio lugar a la condena en el proceso de reparación directa, y por tanto no puede ser responsable por la falta de defensa técnica que habría causado la condena. La falta de conexión entre la actuación del abogado y el daño que se pretende revertir, junto con la ausencia de una acción u omisión dolosa o gravemente culposa que cause un daño antijurídico, determina que no exista un vínculo inescindible que justifique la pretensión reversiva. Además, el Ministerio Público no tiene interés jurídico para impugnar la decisión de primera instancia cuando esta va dirigida a proteger los intereses patrimoniales de la parte actora, lo que transgrede los principios constitucionales de igualdad y debido proceso. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la necesidad de un vínculo directo entre la actuación del agente y el daño para establecer la responsabilidad del Estado y la legitimación en la causa en el medio de control de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Le asiste interés jurídico al Ministerio Público para impugnar la decisión de primera instancia, la cual va dirigida a proteger los intereses patrimoniales de la parte actora…¿La legitimación de hecho se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal…¿La repetición es una acción civil de carácter patrimonial, a través de la cual se promueve un juicio de responsabilidad frente a quien, por sus acciones u omisiones…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-05-11Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 52001233300020170045101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Previo a la sentencia, procedente declarar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, de ser así, Ecopetrol S.A. se encuentra legitimado en la causa por pasiva? Sí
La capacidad para comparecer al proceso de los consorcios y uniones temporales, según la unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera de 25 de septiembre de 2013, no impide que sus integrantes comparezcan individualmente, siempre que cumplan los requisitos legales, y por ello no se configura litisconsorcio necesario cuando el derecho de cada miembro es divisible. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la capacidad procesal de los consorcios es compatible con el derecho de sus integrantes a actuar por separado. La segunda es que las labores y derechos de cada miembro se fijan según los porcentajes de participación, lo que hace el elemento divisible. En el caso concreto, uno de los integrantes ejerció su derecho de acción individualmente, por lo que no se configuró litisconsorcio. La providencia también distingue la legitimación en la causa de hecho, que se define al trabarse la litis, y la material, que exige una relación real con la pretensión. El texto disponible no permite precisar la conclusión sobre la legitimación de la empresa demandada. El documento remite a la unificación citada en su nota de relatoría y no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas en el evento de apelación de autos en el proceso de lo contencioso administrativo?
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad frente a las pretensiones contenidas en los ordinales cuarto, quinto, y sexto de la demanda, que versan sobre los reconocimientos económicos aducidos por el actor, porque el medio de control se interpuso luego de vencido los 30 días siguientes a la notificación del acto de adjudicación? Sí
El contratista no puede ejercer la acción de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho si presenta la demanda de controversias contractuales después de los 30 días siguientes a la notificación del acto de adjudicación, salvo que el contrato se celebre antes de que transcurran esos 30 días, en cuyo caso la acción procedente es la de controversias contractuales, pero también debe ser presentada dentro del mismo plazo. Si la demanda se interpuso después de vencido este término, las pretensiones de restablecimiento económico del contratista no están disponibles y se declara la configuración de la caducidad por extemporaneidad. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior, reforzando la importancia del cómputo del término de caducidad para el ejercicio de los medios de control en contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El interés de un tercero en la nulidad absoluta del contrato, derivado de la ilegalidad del acto de adjudicación, se circunscribe al interés de los oferentes que no resultaron favorecido?¿Los integrantes del Consorcio Plan Vial 08 tienen interés directo para solicitar la nulidad de la Resolución 206 de 2010 y consecuentemente, la del contrato de obra 1066 de 2010?¿Procede la condena en costas en segunda instancia, contra la demandante, por cuanto fue la parte vencida en el proceso?
¿Al momento de presentar la demanda Asesorías e Interventorías Ltda.AEI liquidada, tenía capacidad para ser parte? No
El juez declara probada la excepción de falta de capacidad para ser parte cuando la persona jurídica demandante ha finalizado su existencia legal antes de la presentación de la demanda. De acuerdo con el ordenamiento procesal, la capacidad para ser parte se extingue a partir de la inscripción en el registro mercantil de la cuenta final de liquidación de la sociedad, de modo que el poder otorgado y la demanda presentada con posterioridad a dicha inscripción carecen de validez jurídica por ausencia de un presupuesto procesal esencial.síntesis automática
También resuelve:¿La jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas?¿La renuncia tácita a la cláusula compromisoria, opera cuando se instaura demanda ante la jurisdicción y no se excepciona falta de jurisdicción…¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo?
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia emitida por un tribunal administrativo, dado que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de la controversia contractual, conforme al artículo 104 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA). Esta competencia se fundamenta en que la demanda se dirige contra una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios y que la pretensión supera los 500 SMLMV, lo que se ajusta a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA. Además, el contrato de obra celebrado por la empresa de servicios públicos se rige por el derecho privado, conforme al artículo 31 de la Ley 142 de 1994, y las resoluciones emitidas por la empresa se consideran actos contractuales de derecho privado. La aseguradora que expidió la póliza de garantía contractual para el contrato de obra también tiene legitimación en la causa por activa para demandar, ya que tiene un interés jurídico directo en la controversia. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado para resolver recursos de apelación en casos de doble instancia y confirma la naturaleza privada de los actos contractuales de las empresas de servicios públicos.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de obra que tuvo por objeto la construcción del acueducto y alcantarillado se rige de modo preferente por el derecho privado?¿A la aseguradora demandante le asiste un interés jurídico para demandar y se encuentra legitimada en la causa por activa…¿El juez de lo contencioso administrativo en sede de apelación se encuentra atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le formule…
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del medio de control de repetición? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, de conformidad con el artículo 142 del CPACA y el inciso primero del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas por los tribunales administrativos. La acción de repetición constituye el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial y lograr el reembolso de lo pagado por el Estado mediante la subrogación legal, debiendo valorarse las pruebas documentales y providencias judiciales allegadas al proceso conforme a los principios de la sana crítica y las normas procesales vigentes.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de repetición es procedente para buscar establecer la responsabilidad patrimonial del agente que con su conducta dolosa o gravemente culposa haya generado una condena contra el…¿El término para interponer el medio de control de repetición es de dos años, contabilizados a partir de la realización del pago por parte de la entidad?¿El demandado está legitimado en la causa al desempeñarse como servidor público de la entidad que lo demanda que realizó el pago con ocasión a una condena judicial?
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del medio de control de repetición? Sí
La entidad pública que paga una reparación patrimonial derivada de una condena judicial o conciliación está legitimada en la causa por activa para promover el medio de control de repetición, pues con el pago se subroga en los derechos y privilegios del tercero afectado frente a los servidores públicos cuya conducta dolosa o gravemente culposa originó la obligación, quienes ostentan legitimación por pasiva. Esta acción procede contra el agente estatal que no estuvo vinculado al proceso respectivo, conforme al artículo 90 de la Constitución Política de 1991, los artículos 142 del CPACA, 2 y 8 de la Ley 678 de 2001, y 1668 numeral 3 y 1670 del CC. La jurisdicción administrativa conoce del trámite y el recurso de apelación se resuelve en segunda instancia según los artículos 7 de la Ley 678 de 2001 y 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP. Asimismo, las providencias judiciales dictadas en un proceso ejecutivo constituyen pruebas documentales legalmente admisibles y valorables para acreditar decisiones y actuaciones procesales.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de repetición es procedente para buscar establecer la responsabilidad patrimonial del agente que con su conducta dolosa o gravemente culposa haya generado una condena contra el…¿El término para interponer el medio de control de repetición es de dos años contabilizados a partir del día siguiente al de la fecha de la realización del pago por parte de la entidad?¿Los demandados están legitimados en la causa al desempeñarse como alcalde y alcalde encargado al momento de suscribir el contrato de obra del cual se derivó la condena contra la entidad demandante?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos cuando la cuantía de la pretensión supera los 500 SMLMV, como lo establece el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta competencia se circunscribe a las razones de inconformidad presentadas por el apelante y aspectos íntimamente relacionados con el fallo de primera instancia, según el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil. Además, para impugnar actos administrativos particulares, como la declaración de existencia de un siniestro en una póliza de cumplimiento, la entidad aseguradora debe acreditar un interés jurídico directo, ya que de dicha declaración se deriva la obligación de pagar el riesgo asumido. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y la necesidad de acreditar un interés jurídico para impugnar actos administrativos particulares, lo que implica que las partes deben presentar pruebas sólidas para demostrar su legitimación en la causa.síntesis automática
También resuelve:¿La competencia del ad quem se circunscribe a las razones de inconformidad o juicios de reproche esbozados por el apelante en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia?¿Para pretender la nulidad de los actos administrativos particulares, se requiere la acreditación de un interés sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual?¿La sociedad aseguradora que expide una póliza de cumplimiento le asiste un interés para impugnar los actos que declaren la ocurrencia del siniestro que amparó?
¿Cuáles son los factores que determinan la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia respecto de asuntos relativos a controversias contractuales? Sí
La competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de una controversia contractual depende de dos factores que concurren en el caso: que sea parte una entidad pública, conforme al inciso segundo del artículo 104 del CPACA, y que el proceso tenga vocación de doble instancia por razón de la cuantía, según el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. La regla se apoya en dos razones. La primera es que la entidad territorial demandada participó en el contrato del otrosí, lo que activa la jurisdicción contencioso administrativa. La segunda es que la pretensión mayor excedía los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda. Como obiter dictum, la providencia advierte que la caducidad de la pretensión de nulidad de una resolución, declarada en la audiencia inicial y no apelada, quedó como cosa juzgada, de modo que la primera instancia no podía volver sobre ese punto. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Está facultado el juez de segunda instancia para pronunciarse sobre pretensiones decididas en curso de la audiencia inicial por vía de excepción pero decididas en la sentencia de primera instancia?¿Quiénes se encuentran legitimados en la causa por activa para demandar la nulidad absoluta del contrato estatal?¿Cuál es la oportunidad para formular pretensiones alusivas a la nulidad absoluta de la modificación contractual por vía de las controversias contractuales?
¿Son nulos los actos administrativos que, con base en la competencia del inciso segundo del artículo 45 de la Ley 80 de 1993, terminaron unilateralmente un contrato de distribución de licor, con fundamento en que se firmó contra expresa prohibición legal -numeral 2 art. 44 de la Ley 80 de 1993- porque no se tenía registro sanitario, se afectó el postulado de selección objetiva, el contratista no estaba inscrito en el registro de proponentes y contrató sin capacidad para obligarse? No
El contratista no puede ser objeto de terminación unilateral del contrato por nulidad absoluta basada en la falta de registro sanitario, la violación del principio de selección objetiva, la ausencia de inscripción en el registro de proponentes o la falta de capacidad para obligarse, ya que estas circunstancias no constituyen una prohibición expresa legal o constitucional que genere la nulidad del contrato. La falta de motivación detallada y la ausencia de una prohibición expresa en la norma aplicada implica la nulidad del acto administrativo que termina unilateralmente el contrato. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, matizando la interpretación restrictiva de las causales de nulidad en contratos estatales, lo que implica que las entidades estatales deben fundamentar con rigor legal y constitucional cualquier terminación unilateral basada en la nulidad absoluta del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Por regla general, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes?¿La legitimación en la causa es de hecho y material?¿El liquidador debe elaborar un inventario de los procesos judiciales de la entidad en liquidación?
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia, por razón de su cuantía? Sí
Cuando se demanda en controversia contractual a una entidad pública y la suma de la pretensión mayor supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, el Consejo de Estado es competente para conocer de la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo. La regla se sostiene en tres razones: la jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006; el artículo 129 del mismo código atribuye a la corporación la apelación de las sentencias de primera instancia de los tribunales; y el valor de la pretensión mayor se determina conforme al artículo 20, numeral 2, del Código de Procedimiento Civil, con el umbral del artículo 132, numeral 5, del Código Contencioso Administrativo. En el caso, la pretensión mayor superó ese umbral y la corporación asumió la competencia para resolver la apelación, modificando la sentencia en lo relativo a las pretensiones que prosperaron parcialmente. El documento reitera la forma de determinar la competencia por cuantía; la consecuencia práctica es que la prosperidad parcial de las pretensiones no altera la competencia fijada por el valor de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales procede para reclamar los daños originados en una relación contractual?¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad de la acción de controversias contractuales?¿En la acción de controversias contractuales se encuentran legitimados en la causa quienes hayan sido parte en el negocio jurídico del cual se originó el daño alegado?
¿Es procedente unificar la jurisprudencia con el fin de indicar la capacidad procesal de los consorcios o uniones temporales como modalidad asociativa prevista por el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, para comparecer como parte en juicios cuyo objeto está constituido por derechos o por intereses jurídicos de los cuales es o pudiere ser titular el consorcio respectivo Sí
El contratista, en calidad de consorcio o unión temporal, tiene capacidad procesal para comparecer como parte en juicios relacionados con derechos o intereses jurídicos que le conciernen, conforme al artículo 7 de la Ley 80 de 1993, lo cual implica que puede actuar en el proceso judicial por conducto de su representante legal, sin necesidad de que los integrantes actúen individualmente. Esta regla se establece para modificar la jurisprudencia anterior que limitaba la capacidad procesal de estos consorcios y uniones temporales, reconociendo ahora su legitimación ad processum en controversias contractuales y procedimientos administrativos de selección contractual. La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado cambia su posición anterior, permitiendo que los consorcios y uniones temporales puedan participar en procesos judiciales sin restricciones basadas en la falta de personalidad jurídica propia, lo que amplía sus posibilidades de defensa y acción en el marco del derecho administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato celebrado por una entidad del Estado y cuál es el régimen aplicable?¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho es la procedente para demandar la nulidad del acto administrativo que adjudicó el contrato de obra?¿Cómo se contabiliza el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar el acto administrativo de adjudicación?
¿Para determinar el régimen legal aplicable a la acción de repetición es necesario tener en cuenta el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la condena contra el Estado, que en este evento consistieron en la desaparición y muerte de un civil a manos de miembros de la Policía? Sí
Para determinar el régimen legal aplicable a la acción de repetición es necesario tener en cuenta el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la condena contra el Estado, que en este evento consistió en la desaparición y muerte de un civil a manos de miembros de la Policía. La repetición es asunto de expresa previsión constitucional, en tanto el artículo 90 Superior prescribe que, si el Estado es obligado a reparar un daño, debe repetir contra el agente causante del mismo, pero solo cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este, calificación que denota un calificado error de conducta de un agente estatal generador del daño antijurídico que ha conducido a la condena al Estado. Para la determinación del régimen legal aplicable al caso, la Sala tiene en cuenta que la situación cuestionada de los demandados está relacionada con la muerte del señor (…). En esas condiciones, para la época de los hechos ya estaba vigente la Ley 678 de 2001, bajo la cual deben analizarse tanto los aspectos formales como sustanciales del presente caso.síntesis automática
También resuelve:¿Quién invoque las presunciones legales de dolo o culpa grave contenidas en la Ley 678 de 2001, tiene la carga de probar los hechos en los que se funda y la parte contraria deberá desvirtuar dichas…¿Se acreditó la calidad de servidores públicos de los agentes de policía demandados, al momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la condena contra el Estado?¿Con la conciliación prejudicial celebrada y aprobada entre las víctimas y la Policía Nacional en el curso del proceso de reparación directa…
¿La Unión Temporal MSI Electring Ltda. acreditó un interés directo que le otorgara legitimación para solicitar la nulidad absoluta del contrato estatal con fundamento en la ilegalidad del acto de adjudicación? No
Comparto el sentido de la decisión adoptada por la Sala, tanto en lo relativo a la caducidad de las pretensiones de restablecimiento económico como en la negativa de la nulidad contractual.
¿Existe legitimación material en la causa por pasiva por parte de los demandados en el caso concreto, dado que, la participación de los mismos en los hechos que originaron la demanda sí se demostró, en tanto que fueron ellos los que le practicaron una cesárea de emergencia a la persona que falleció días después de dicha intervención, por lo cual, debe negarse las pretensiones de la demanda por falta de prueba de uno de los requisitos de prosperidad del medio de control? Sí
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de esta Subsección, me permito señalar que, aunque comparto lo resuelto en la sentencia que puso fin a la instancia en el proceso de la referencia, estimo pertinente aclarar mi posición respecto de la afirmación según la cual los señores… carecen de legitimación material en la causa por pasiva.
¿Pierde el tercero el interés directo exigido por el artículo 87 del CCA para demandar la nulidad de un contrato estatal mediante la acción de controversias contractuales cuando, al momento de presentar la demanda, ya no es posible restablecer el derecho que afirma haber sido lesionado? Sí
Me he apartado de la decisión mayoritaria de la Sala, bajo una línea de pensamiento que se concreta en el alcance y efectos del requisito atinente al interés directo que, en sede de legitimación, impone el art. 87 del CCA al tercero que persigue la nulidad del contrato estatal, en particular, cuando es consecuencial a la declaratoria de nulidad de los actos previos. He considerado que la acción de controversias contractuales, en los eventos en que este mecanismo estaba definido como la vía procesal para cuestionar la legalidad de los actos previos al contrato –art. 87 del CCA reformado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998–, no condujo a que el interés jurídico subjetivo que concierne a la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho mutara hacia la realización de un mero juicio de legalidad en la tercera hipótesis espacio - temporal definida por la jurisprudencia, que fue transcrita en la sentencia.
Usamos una cookie técnica de sesión, necesaria para que el
buscador funcione, y, si lo aceptas, cookies de Google Analytics
con IP anonimizada para medir visitas de forma agregada. No usamos cookies de
publicidad ni de perfilamiento. Puedes cambiar tu decisión en cualquier momento
desde la Política de cookies.