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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: es aplicable el término supletivo de cuatro meses del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 cuando no se estipula un plazo

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Fecha
2025-04-04
Radicado
63001233300020200042101
Número interno
70045
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
MUNICIPIO DE ARMENIA
Demandado
UNION TEMPORAL VIAS DE ARMENIA, FUREL S.A., COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., CONSTRUCCIONES DIAZ CARMONA S.A.S, CONSTRUCCIONES LEZO S.A.S

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: es aplicable el término supletivo de cuatro meses del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 cuando no se estipula un plazo

Lo que dijo la Sala

El contrato de obra No. 012 de 2015 es un contrato estatal sujeto a liquidación conforme al artículo 60 de la Ley 80 de 1993, dado que su ejecución se extendió en el tiempo. Este contrato terminó por expiración del plazo el 1 de junio de 2018 . Al no haberse estipulado un término para la liquidación bilateral, resulta aplicable el plazo supletivo de cuatro meses previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, cuyo vencimiento ocurrió el 2 de octubre de 2018. En consecuencia, el plazo para que el municipio liquidara unilateralmente el contrato (dos meses) expiró el 3 de diciembre de 2018.… El término de caducidad comenzó a correr el 4 de diciembre de 2018 y vencía el 4 de diciembre de 2020.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista puede aplicar el término supletivo de cuatro meses del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 para la liquidación bilateral del contrato cuando no se haya estipulado un plazo específico, dado que este plazo es aplicable a contratos estatales sujetos a liquidación conforme al artículo 60 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal no puede liquidar unilateralmente el contrato después de este plazo, y el término de caducidad del medio de control se suspende si la entidad presenta una solicitud de conciliación prejudicial, incluso si no está obligada a hacerlo. La Sala establece que el juez no está sujeto al término de caducidad cuando declara de oficio la nulidad del contrato, y que no se configura la cosa juzgada respecto de la validez del contrato si en un proceso anterior se resolvió la caducidad de la pretensión anulatoria sin pronunciamiento de fondo. Además, la Sala matiza la regla según la cual el juez puede declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato sin que estén acreditados plenamente los elementos probatorios de la causal invocada, estableciendo que esta facultad no puede ejercerse sin un sustento probatorio adecuado.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es aplicable el término supletivo de cuatro meses del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 cuando no se estipula un plazo para la liquidación bilateral del contrato?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1150 de 2007, art. 11
  • Ley 1437 de 2011, art. 164 núm. 2
  • Ley 80 de 1993, art. 60

También resuelve

  • ¿La solicitud de conciliación extrajudicial presentada por una entidad pública, que no estaba obligada a agotar ese trámite como requisito de procedibilidad…
  • ¿Está el juez sujeto al término de caducidad del contrato cuando declara de oficio la nulidad de un contrato estatal?
  • ¿Es jurídicamente viable declarar la configuración de la cosa juzgada respecto de la validez de un contrato estatal, cuando en un proceso anterior se resolvió la caducidad de la pretensión anulatoria…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONCILIACIÓN PREJUDICIAL ACCIÓN CONTRACTUAL TÉRMINO DEL CONTRATO ENTIDAD TERRITORIAL CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD INTERPRETACIÓN DE LA NORMA PRINCIPIO DE LEGALIDAD VIOLACIÓN DEL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ENTIDAD PÚBLICA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL SEGUNDA INSTANCIA TÉRMINO PROCESAL NULIDAD DEL CONTRATO DECLARACIÓN DE OFICIO DE NULIDAD ABSOLUTA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD SUSTANCIAL COSA JUZGADA NULIDAD ABSOLUTA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN VALIDEZ DEL CONTRATO MINISTERIO PÚBLICO PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PERJUICIOS ANULACIÓN DEL CONTRATO NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN ANULABILIDAD DEL NEGOCIO JURÍDICO CAUSALES DE NULIDAD CÓDIGO CIVIL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CAPACIDAD PARA SER PARTE UNIÓN TEMPORAL NOTIFICACIÓN NOTIFICACIÓN PERSONAL REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA PARTE DEMANDANTE REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL ADMISIÓN DE LA DEMANDA CONTRADICCIÓN PROCESAL DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL CONTRATISTA EJERCICIO DEL MANDATO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES VINCULACIÓN AL PROCESO REPRESENTANTE LEGAL ACEPTACIÓN DEL PREACUERDO PREACUERDOS APLICACIÓN DE LOS PREACUERDOS RESPONSABILIDAD PENAL FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUEZ DEBIDO PROCESO SINDICADO VÍCTIMA ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO JUEZ DE CONOCIMIENTO ESCRITO DE ACUSACIÓN JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD POLÍTICA CRIMINAL ACCIÓN PENAL CONTROL JUDICIAL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS AUTOR MATERIAL CONDUCTA PUNIBLE CONDUCTA TÍPICA SENTENCIA CONDENATORIA PRUEBA DUDA RAZONABLE JUICIO ORAL PROCESO PENAL CARGA DE LA PRUEBA DESVIACIÓN DE PODER PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA INTERÉS PÚBLICO FORMACIÓN DEL CONTRATO FUNCIÓN ADMINISTRATIVA VICIOS DEL CONSENTIMIENTO CAUSA ILÍCITA CORRUPCIÓN ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL ORDEN PÚBLICO COHECHO FINANCIACIÓN DE LA CAMPAÑA ELECTORAL OBJETO ILÍCITO DERECHO PÚBLICO SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA PLIEGO DE CONDICIONES NORMA IMPERATIVA ANTICIPO DEL CONTRATO ADJUDICACIÓN DE CONTRATO NULIDAD CONTRATO DE EJECUCIÓN SUCESIVA ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN BIEN DE USO PÚBLICO OBLIGACIÓN DE HACER RESTITUCIONES MUTUAS IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS PROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS COMPENSACIÓN REPETICIÓN PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA ACCIÓN DE NULIDAD INTERÉS GENERAL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DEL INTERÉS GENERAL BIEN JURÍDICO CONCEPTO JURÍDICO OBRA PÚBLICA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA VIAL CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS COSTOS DIRECTOS COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO ESTATAL COSTOS INDIRECTOS MARGEN DE UTILIDAD EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO ELEMENTOS PARA ESTABLECER LA UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA OBTENCIÓN DE UTILIDAD PARA EL CONTRATISTA BUENA FE DOLO ACTO ILÍCITO INTERÉS ILÍCITO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA CAPITAL CAPITAL SUSCRITO UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL INTERESES RESTITUCIÓN DE FRUTOS DEL BIEN MEJORAS AL BIEN PRINCIPIO DE EQUIDAD OBLIGACIÓN LEGAL MORA INTERÉS MORATORIO TASA DE INTERÉS CONSORCIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPONSABILIDAD SOLIDARIA CLÁUSULAS DEL CONTRATO SENTENCIA JUDICIAL COSTAS PROCESALES CONDENA EN COSTAS IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES

Guías del tema

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Equilibrio económico del contrato Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Anticipo y pago anticipado Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 53.167 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / ACCIÓN CONTRACTUAL / TÉRMINO DEL CONTRATO / ENTIDAD TERRITORIAL Problema jurídico: ¿Es aplicable el término supletivo de cuatro meses del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 cuando no se estipula un plazo para la liquidación bilateral del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si El contrato de obra No. 012 de 2015 es un contrato estatal sujeto a liquidación conforme al artículo 60 de la Ley 80 de 1993, dado que su ejecución se extendió en el tiempo. Este contrato terminó por expiración del plazo el 1 de junio de 2018 . Al no haberse estipulado un término para la liquidación bilateral, resulta aplicable el plazo supletivo de cuatro meses previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, cuyo vencimiento ocurrió el 2 de octubre de 2018. En consecuencia, el plazo para que el municipio liquidara unilateralmente el contrato (dos meses) expiró el 3 de diciembre de 2018. (…) [E]l término de caducidad comenzó a correr el 4 de diciembre de 2018 y vencía el 4 de diciembre de 2020. No obstante, el 14 de septiembre de 2020, cuando aún restaban más de dos meses para su vencimiento, el municipio presentó la solicitud de conciliación prejudicial sobre las mismas pretensiones de la demanda, lo que suspendió su cómputo por tres meses, hasta el 15 de diciembre de 2020 . Como la demanda fue presentada el 16 de diciembre de 2020, es claro que se interpuso dentro del término legal. [Respecto de las pretensiones formuladas en este proceso por la entidad territorial, la oportunidad en el ejercicio de la acción debe determinarse conforme al numeral (v), literal (j), del artículo 164.2 del CPACA]. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD / INTERPRETACIÓN DE LA NORMA / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / VIOLACIÓN DEL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ENTIDAD PÚBLICA / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL Problema jurídico: ¿La solicitud de conciliación extrajudicial presentada por una entidad pública, que no estaba obligada a agotar ese trámite como requisito de procedibilidad, tiene efecto suspensivo sobre el término de caducidad? Respuesta al problema jurídico: Si Si bien el artículo 613 del CGP, vigente al momento de presentarse la solicitud, establecía que las entidades públicas no estaban obligadas a agotar la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, ello no significaba que, si optaban por presentarla, no se suspendiera el término de caducidad. El artículo 21 de la Ley 640 de 2001, vigente en la época, disponía que la “presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad”. El legislador no distinguió entre las solicitudes de conciliación presentadas por sujetos para quienes dicho trámite constituía un requisito de procedibilidad y para quienes no era obligatorio. Un principio de interpretación jurídica establece que donde el legislador no distingue, no le es dado al intérprete hacerlo, menos aún cuando ello implicaría restringir el acceso a la administración de justicia. Por lo tanto, la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por la entidad pública suspendió el término de caducidad y, en consecuencia, las pretensiones del municipio se formularon oportunamente. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 613, LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 21 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONTRATO ESTATAL / SEGUNDA INSTANCIA / TÉRMINO PROCESAL / NULIDAD DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE OFICIO DE NULIDAD ABSOLUTA / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD SUSTANCIAL Problema jurídico: ¿Está el juez sujeto al término de caducidad del contrato cuando declara de oficio la nulidad de un contrato estatal? Respuesta al problema jurídico: No [C]omo también ha sostenido la Corporación, la caducidad es exigible a las partes del contrato o a los terceros con interés que soliciten su nulidad, pero no al juez cuando la declara de oficio. Esto cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que, en la mayoría de los casos —especialmente en segunda instancia—, el juez conoce del proceso cuando el término de caducidad de la pretensión ya ha vencido. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la falta de exigibilidad de la caducidad al juez que declara la nulidad del contrato, ver: C.E., Secc. Tercera, Sala Plena, exp. 18.294, jun. 23/2010, C.P. Enrique Gil Botero. COSA JUZGADA / NULIDAD ABSOLUTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / VALIDEZ DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / MINISTERIO PÚBLICO / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PERJUICIOS / ANULACIÓN DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Es jurídicamente viable declarar la configuración de la cosa juzgada respecto de la validez de un contrato estatal, cuando en un proceso anterior se resolvió la caducidad de la pretensión anulatoria sin haberse emitido pronunciamiento de fondo? Respuesta al problema jurídico: No En este caso, el proceso no se fundó en la misma causa ni tuvo el mismo objeto que el que dio lugar a la providencia del 14 de septiembre de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En aquella oportunidad el Ministerio Público solicitó la nulidad del contrato por violación del principio de planeación, mientras que en este proceso se pretende declarar su incumplimiento y obtener la condena al pago de perjuicios. Y lo que es más importante: la providencia de 2022 no efectuó un análisis sobre la validez del contrato ni sobre su conformidad con el ordenamiento jurídico, ya que se limitó a declarar la caducidad de la pretensión anulatoria y a dar por terminado el proceso sin pronunciamiento de fondo. Por tanto, al no haberse resuelto de fondo la validez del negocio jurídico en el proceso anterior, no se ha configurado la cosa juzgada sobre este aspecto. Ello se demuestra en que la decisión de la Sala de declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato no contradice ningún pronunciamiento judicial previo sobre su validez, que es precisamente lo que pretende evitarse con esta institución. NULIDAD ABSOLUTA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / ANULABILIDAD DEL NEGOCIO JURÍDICO / CAUSALES DE NULIDAD / CÓDIGO CIVIL / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Está facultado el juez para declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal aun cuando no se encuentren plenamente acreditados en el expediente los elementos probatorios que sustenten la causal invocada? Respuesta al problema jurídico: No El ordenamiento jurídico impone a los operadores judiciales el deber de declarar oficiosamente la nulidad absoluta de un contrato estatal cuando se cumplen determinados presupuestos. Conforme al artículo 1742 del Código Civil, aplicable a los contratos estatales en virtud del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, la nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato. En este sentido, esta facultad no puede ejercerse de forma inquisitiva ni tiene un alcance ilimitado, pues su ejercicio está condicionado a que los elementos de prueba, sometidos a la contradicción de las partes, evidencien en el expediente la ilicitud del negocio, de forma que tampoco se sacrifique el principio de conservación de los actos jurídicos. Además, de acuerdo con el artículo 141 del CPACA, en el proceso deben haber intervenido las partes contratantes o sus causahabientes, y la causal de nulidad debe estar plenamente acreditada con pruebas en el expediente. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la declaración de la nulidad oficiosa del contrato estatal, ver: C.E., Secc. Tercera, Subsección A, exp. 57.822, may. 21/2021, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1742 NULIDAD ABSOLUTA / CAPACIDAD PARA SER PARTE / UNIÓN TEMPORAL / NOTIFICACIÓN / NOTIFICACIÓN PERSONAL / REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA PARTE DEMANDANTE / REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL / CONTRATO ESTATAL / ADMISIÓN DE LA DEMANDA / CONTRADICCIÓN PROCESAL / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Cumple con el requisito del artículo 141 del CPACA la intervención procesal de una unión temporal representada por la persona designada en el documento de constitución? Respuesta al problema jurídico: Si El inciso tercero del artículo 141 del CPACA dispone que, en el marco del proceso, el juez puede declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato “siempre y cuando en él hayan intervenido las partes contratantes o sus causahabientes”. La exigencia tiene justificación en la medida que el juez va a interferir por decisión unilateral, sin solicitud de ninguno de los contratantes, en el acuerdo de voluntades, para —ni más ni menos— anular sus efectos en el tráfico jurídico. Las partes del contrato de obra No. 012 de 2015 fueron el municipio de Armenia, por un lado, y la Unión Temporal Vías Armenia, por el otro. El municipio fue el que formuló la demanda, por lo que está acreditada su intervención en el proceso. (…) Los artículos 6 y 7 de la Ley 80 de 1993 dotaron a las uniones temporales y a los consorcios de capacidad jurídica para ser parte de un contrato estatal sometido a esta normativa especial y sus modificatorias, aunque sean agrupaciones empresariales sin personería jurídica. Además de su capacidad de goce, según la jurisprudencia unificada de la Corporación, estas disposiciones también confirieron a dichas estructuras plurales capacidad para ser parte procesal y comparecer directamente a juicio. La condición de parte recae, pues, en la UT Vías Armenia. En el expediente hay constancia de la notificación personal del auto admisorio de la demanda a Fernando León Diez Cardona, quien figura como representante de la UT Vías Armenia según el documento de constitución de la estructura plural. La notificación al representante de una unión temporal es suficiente para que se proyecten los efectos de la providencia notificada a todos sus integrantes, en tanto el parágrafo primero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993 establece que se debe designar a una persona que representará a la estructura plural “para todos los efectos”. Según la postura unificada de la Corporación, la representación para todos los efectos comprende “las actuaciones procesales que deban emprenderse o desplegarse con el propósito de reclamar o defender en juicio los derechos derivados de la propuesta o del contrato”. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la representación de la unión temporal para todos los efectos, ver: C.E., Secc. Tercera, Sala Plena, exp. 19.933, sep. 25/2013, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Respecto de la notificación al representante de la estructura plural, ver: C.E., Secc. Tercera, Sub. B., exp. 48.135, sep. 25/2019, C.P. Ramiro Pazos; C.E., Secc. Tercera, Sub. A, exp. 31.753, feb. 12/2014, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y C.E., Secc. Tercera, Sub. A, exp. 30.250, 01/ 29/2014, Mauricio Fajardo Gómez. UNIÓN TEMPORAL / NOTIFICACIÓN PERSONAL / CONTRATISTA / EJERCICIO DEL MANDATO / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL / PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES / VINCULACIÓN AL PROCESO / REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL Problema jurídico: ¿Resulta jurídicamente válido que la notificación judicial realizada al representante designado por una unión temporal produzca efectos frente a todos los integrantes de la estructura asociativa? Respuesta al problema jurídico: Si Según la jurisprudencia unificada de la Corporación, el representante de una unión temporal no es un mero mandatario de cada uno de los integrantes, individualmente considerados, al que cada miembro pueda revocarle su mandato representativo a través de actos individuales. La finalidad del parágrafo primero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993 es que la Administración tenga un único interlocutor válido, con facultades suficientes para todos los efectos. Admitir lo contrario implicaría que cada integrante podría realizar gestiones ante la entidad por su propia cuenta, por lo que tendría que entenderse con múltiples mandatarios para tratar asuntos de un único contrato, lo que “resultaría abiertamente contrari[o] a los principios constitucionales y legales de economía, de eficacia y de eficiencia”. Por estas razones, la Sala concluye que la UT Vías Armenia, en su condición de parte contratista, fue válidamente vinculada al proceso mediante la notificación del auto admisorio a su representante. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las facultades del representante legal de la unión temporal y su vinculación al proceso, ver: C.E., Secc. Tercera, Sala Plena, exp. 19.933, sep. 25/2013, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. ACEPTACIÓN DEL PREACUERDO / PREACUERDOS / APLICACIÓN DE LOS PREACUERDOS / RESPONSABILIDAD PENAL / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUEZ / DEBIDO PROCESO / SINDICADO / VÍCTIMA / ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO / JUEZ DE CONOCIMIENTO / ESCRITO DE ACUSACIÓN / JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA Problema jurídico: ¿Es jurídicamente procedente que la Fiscalía General de la Nación suscriba un preacuerdo sin contar con elementos materiales probatorios que acrediten los hechos jurídicamente relevantes que le sirven de fundamento? Respuesta al problema jurídico: No [E]l preacuerdo es un mecanismo de justicia consensuada mediante el cual un procesado acepta su responsabilidad penal a cambio de un tratamiento jurídico y punitivo menos severo. La Fiscalía General de la Nación tiene facultad discrecional para emplear este mecanismo, pero su aplicación debe garantizar el respeto al debido proceso del indiciado y de las víctimas. Por esta razón, todo preacuerdo debe estar respaldado en elementos materiales probatorios que acrediten los hechos jurídicamente relevantes en los que se fundamenta. Tan es así que el acuerdo debe presentarse ante el juez de conocimiento para su aprobación, en la misma forma de un escrito de acusación, lo que implica que la Fiscalía solo puede celebrar preacuerdos cuando cuente con evidencias suficientes para formular acusación. FUENTE FORMAL: LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 348, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 350 PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / POLÍTICA CRIMINAL / ACCIÓN PENAL / CONTROL JUDICIAL / JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS / AUTOR MATERIAL / CONDUCTA PUNIBLE / CONDUCTA TÍPICA Problema jurídico: ¿Es jurídicamente admisible que la Fiscalía General de la Nación aplique el principio de oportunidad sin contar con pruebas suficientes que permitan inferir razonablemente la autoría o participación del investigado en la conducta punible? Respuesta al problema jurídico: No El principio de oportunidad, por otra parte, es la facultad constitucional de la Fiscalía General de la Nación de suspender, interrumpir o renunciar a la acción penal por razones de política criminal. Su propósito es racionalizar la actividad investigativa del Estado en la persecución de delitos, otorgando un trato diferenciado a las conductas punibles que no representan una lesión significativa al orden social. Este principio solo puede aplicarse en los casos taxativamente previstos en la ley, su otorgamiento está sujeto a control judicial por parte del juez de garantías y únicamente procede cuando existan pruebas suficientes para inferir razonablemente la autoría o participación del investigado en la conducta punible y su adecuación típica. . [Ley 906 de 2004, art. 327]. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el principio de oportunidad, ver: (i) Corte Constitucional, sentencia C-387 de 2014, expediente D-9997. Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio; (ii) Corte Constitucional, sentencia C-738 de 2008, expediente D-9997. Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. FUENTE FORMAL: LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 327 ACEPTACIÓN DEL PREACUERDO / PREACUERDOS / PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD / SENTENCIA CONDENATORIA / PRUEBA / DUDA RAZONABLE / JUICIO ORAL / PROCESO PENAL / UNIÓN TEMPORAL / CONTRATISTA / RESPONSABILIDAD PENAL / CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Puede considerarse satisfecho el estándar probatorio exigido para la validez de un preacuerdo o la aplicación del principio de oportunidad cuando obran en el expediente elementos que acreditan los hechos y permiten inferir razonablemente la participación del procesado? Respuesta al problema jurídico: Si [T]anto el preacuerdo celebrado con la exalcaldesa de la entidad estatal que contrató la obra como el principio de oportunidad aplicado en favor del representante de la unión temporal contratista, están sustentados en elementos probatorios que acreditan los hechos jurídicamente relevantes y permiten inferir la participación de tales sujetos en conductas punibles. Con mayor razón, lo mismo puede afirmarse respecto de la sentencia condenatoria emitida tras el juicio oral contra el entonces subdirector Jurídico del municipio de Armenia, pues esta decisión se adoptó tras superarse el umbral probatorio más exigente del proceso penal: la convicción más allá de toda duda razonable sobre los hechos imputados. FUENTE FORMAL: LEY 904 DE 2004 - ARTÍCULO 372 DESVIACIÓN DE PODER / CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / NULIDAD ABSOLUTA / INTERÉS PÚBLICO / FORMACIÓN DEL CONTRATO / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / VICIOS DEL CONSENTIMIENTO Problema jurídico: ¿Constituye la desviación de poder una causal de nulidad absoluta de un contrato estatal cuando el servidor público ejerce sus competencias con fines personales o en beneficio de terceros? Respuesta al problema jurídico: Si La desviación de poder es un vicio que se configura cuando la Administración utiliza sus atribuciones con fines distintos a los expresamente previstos y autorizados en la ley. En el ámbito de la contratación estatal, este vicio se materializa cuando el servidor público, en la fase de formación del contrato, ejerce sus competencias con el propósito de favorecer a un tercero o a sí mismo, en lugar de cumplir el fin legítimo que la ley atribuye a dicha función . En consecuencia, la jurisprudencia ha señalado que este vicio se configura cuando los funcionarios, persiguiendo un provecho para sí, “eluden los procedimientos de selección objetiva y requisitos previstos por la Ley (…) pues se apartan de los fines de la contratación, del interés público y del bienestar de la comunidad, circunstancias que cuando se desconocen configuran la causal de nulidad absoluta del contrato por actuar con abuso o desviación de poder". NOTA DE RELATORÍA: Sobre la causal de nulidad absoluta del contrato por desviación de poder, ver: (i) C.E., Secc. Tercera, exp. 28.010, 03/22/2007, C.P. Alier E. Hernández. C.E.; y, (ii) Secc. Tercera, Sub. B, exp. 63.021, nov. 23/2022, C.P. Fredy H. Ibarra. En similar sentido: (i) C.E., Secc. Tercera, exp. 28.010, mar. 22/2007, C.P. Alier E. Hernández;; y, (ii) exp. 15.797, feb. 25/2009, C.P. Myriam Guerrero. CAUSA ILÍCITA / NULIDAD ABSOLUTA / CONTRATO ESTATAL / CORRUPCIÓN / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / ORDEN PÚBLICO / CÓDIGO CIVIL / COHECHO / FINANCIACIÓN DE LA CAMPAÑA ELECTORAL / UNIÓN TEMPORAL Problema jurídico: ¿Da lugar a la nulidad absoluta de un contrato estatal la existencia de una causa ilícita consistente en un acuerdo previo de pago a cambio de su adjudicación? Respuesta al problema jurídico: Si La causa es el motivo o razón que induce a la celebración del contrato. Es ilícita cuando la intención que llevó a contratar está prohibida por la ley o es contraria al orden público o las buenas costumbres, y tiene como consecuencia la nulidad absoluta del contrato. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que “la demostración de actos de corrupción en la celebración de los contratos estatales y la evidencia de que a través de ellos se buscó en realidad favorecer intereses particulares, está sancionada por la ley con la declaratoria de nulidad por causa ilícita”. El motivo que llevó a las partes a celebrar el contrato No. 012 de 2015 fue un acuerdo ilícito previo, mediante el cual el contratista, como condición para la adjudicación, aceptó pagar un monto equivalente al 10% del valor del contrato. Esta dádiva habría sido destinada a financiar campañas electorales y fue extraída del anticipo entregado a la UT Vías Amencia. Por consiguiente, la Sala concluye que el contrato No. 012 de 2015 adolece de causa ilícita, lo que acarrea su nulidad absoluta. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la nulidad del contrato por causa ilícita, ver: C.E., Secc. Tercera, Sub. B, exp. 64.048, jul. 27/2023, C.P. Martín G. Bermúdez. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1524 OBJETO ILÍCITO / NULIDAD ABSOLUTA / CONTRATO ESTATAL / DERECHO PÚBLICO / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / PLIEGO DE CONDICIONES / NORMA IMPERATIVA / ANTICIPO DEL CONTRATO / UNIÓN TEMPORAL / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO Problema jurídico: ¿Configura objeto ilícito la elaboración del pliego de condiciones por parte de un oferente con el fin de garantizarse la adjudicación del contrato y destinar recursos públicos a fines prohibidos por el ordenamiento jurídico? Respuesta al problema jurídico: Si Según el artículo 1519 del Código Civil, hay objeto ilícito en todo lo que contraviene el derecho público de la Nación. Por otra parte, el artículo 24.5 de la Ley 80 de 1993 dispone que en los pliegos de condiciones“ se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva”; asimismo, el artículo 24.8, norma imperativa e indisponible para las partes, establece que las autoridades deben ejercer sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley y tienen prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva. La inobservancia deliberada de las reglas y principios que garantizan la selección objetiva de los contratistas constituye una vulneración del derecho imperativo, lo que, conforme a lo expuesto en el párrafo precedente, configura un objeto ilícito. Sobre este punto, la jurisprudencia de la Corporación ha señalado que procede la declaración de nulidad absoluta de un contrato estatal cuando se transgrede el numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, al desconocer los procedimientos y reglas que garantizan la selección objetiva de los contratistas. El pliego de condiciones, documento rector del procedimiento administrativo de selección, fue elaborado por uno de los integrantes de la UT Vías Armenia con el propósito de garantizar su adjudicación y, posteriormente, desviar parte de los recursos oficiales para la entrega de dádivas. Este hecho supone una clara vulneración de las normas imperativas previamente descritas, que prohíben la inclusión de reglas que favorezcan la selección de un oferente con la finalidad de destinar recursos públicos a fines ilícitos. En consecuencia, también se desconocieron los principios de selección objetiva y transparencia en la contratación estatal, configurándose, en los términos del artículo 1519 del Código Civil, la causal de objeto ilícito. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la causal de nulidad del contrato por objeto ilícito, ver: (i) C.E., Secc. Tercera, Sub. B, exp. 67.201, may. 25/2023, C.P. Alberto Montaña Plata; (ii) C.E., Secc. Tercera, Sub. A, exp. 26.939, mar. 27/2014, C.P. Hernán Andrade Rincón; y, (iii) Sub. C, exp. 55.596, mar. 13/2024, C.P. Jaime E. Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 8, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1519 NULIDAD / CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE EJECUCIÓN SUCESIVA / OBJETO ILÍCITO / CAUSA ILÍCITA / INTERÉS PÚBLICO / CÓDIGO CIVIL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN Problema jurídico: ¿Resulta procedente el reconocimiento económico de las prestaciones ejecutadas en el marco de un contrato estatal de ejecución sucesiva declarado nulo por causa u objeto ilícito, cuando se acredita que la entidad estatal recibió un beneficio derivado de su cumplimiento? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 48 de la Ley 80 de 1993 establece en su primer inciso que la declaración de nulidad de un contrato estatal de ejecución sucesiva no impide el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria. Por su parte, el segundo inciso dispone que, en los casos en los que la nulidad del contrato se derive de un objeto o causa ilícita, también procederá el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas, siempre que se pruebe que la entidad estatal obtuvo un beneficio y hasta el monto del mismo. El legislador precisó el concepto de beneficio señalando que este se entiende obtenido cuando las prestaciones cumplidas hayan servido para satisfacer el interés público. El artículo 48 de la Ley 80 de 1993 debe leerse armónicamente con el 1746 del Código Civil, que enuncia la consecuencia jurídica que se desprende —como regla general— de la declaratoria de nulidad de un contrato: el derecho de las partes para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido. Si bien el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 no emplea expresamente el término restituciones mutuas al regular los efectos de la nulidad de los contratos estatales de ejecución sucesiva, sí disciplina esta materia considerando las particularidades de esta tipología contractual en el ámbito de la contratación pública. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1746 NULIDAD DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE EJECUCIÓN SUCESIVA / BIEN DE USO PÚBLICO / CÓDIGO CIVIL / OBLIGACIÓN DE HACER / RESTITUCIONES MUTUAS / IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS Problema jurídico: ¿Es procedente el pago de una compensación económica a favor del contratista cuando, en un contrato estatal de ejecución sucesiva, resulta jurídicamente imposible la restitución in natura de las prestaciones ejecutadas? Respuesta al problema jurídico: Si En los contratos estatales de ejecución sucesiva que involucran prestaciones de hacer y, en general, en aquellos cuya ejecución se prolonga en el tiempo, la posibilidad de ordenar restituciones mutuas in natura como mecanismo para deshacer los efectos del negocio jurídico y restablecer el statu quo ante puede verse limitada por razones jurídicas y fácticas. Por ejemplo, en un contrato para la provisión de infraestructura vial, como el que es objeto de este litigio, no sería jurídicamente procedente exigir que el contratista restituya las sumas recibidas y que la entidad estatal devuelva las intersecciones viales construidas, dado que estas corresponden a bienes de uso público (Ley 105 de 1993, art. 17). Cuando la restitución in natura resulta imposible por razones jurídicas, materiales o temporales, se acude al subrogado pecuniario y a la ficción de compensación entre las prestaciones ya ejecutadas. En un contrato de arrendamiento, por ejemplo, la imposibilidad de devolver el uso y disfrute del bien entregado se suple con la compensación del valor de este beneficio con los cánones ya percibidos por el arrendador. De acuerdo con lo expuesto, el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 no contradice el principio según el cual las partes deben ser restituidas al estado en que se hallarían si el acto o contrato nulo no hubiera existido. Tampoco ordena que la entidad estatal asuma obligaciones dinerarias pendientes de pago, como si el contrato siguiera produciendo efectos jurídicos. Lo que realmente establece es que, para restablecer hasta donde sea posible el statu quo ante y frente a la imposibilidad de efectuar la restitución in natura, la entidad pague el subrogado pecuniario de las prestaciones ejecutadas por el contratista que no hubieran sido remuneradas antes de la declaratoria de nulidad. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la improcedencia de las restituciones mutuas en un contrato para la provisión de infraestructura vial, ver: C.E., Secc. Tercera, Sub. A, exp. 30.834, feb. 26/2015. C.P. Hernán Andrade. Respecto del subrogado pecuniario y la compensación entre las prestaciones ya ejecutadas, ver: C.S.J. Cas. Civil, sentencia del 26 de noviembre de 1935, G.J. LVII, p. 640. Citado en Hinestrosa, F., Tratado de las obligaciones II: de las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico II, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015, pp. 792-794. Respecto de la imposibilidad de restitución in natura de servicios inmateriales (obligaciones de hacer) a su prestador, ver: C.E., Secc. Tercera, exp. 69.233, nov. 18/2024, C.P. José R. Sáchica. La Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación explicó: “cada parte tiene que restituir a la otra lo que ha recibido como prestación del contrato anulado, excepto en algunos casos en los cuales por la naturaleza de las prestaciones, este efecto no se puede dar, como cuando ya se han prestado unos servicios, se han consumido unos bienes suministrados o se han ejecutado algunas obras, por lo cual habrá lugar al pago de lo que corresponda mediante una estimación pecuniaria de la prestación a devolver”. Ver: C.E., SCSC, exp. 2335, may. 15/2018, C.P. Álvaro Namén. FUENTE FORMAL: LEY 105 DE 1993 - ARTÍCULO 17, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1746 RESTITUCIONES MUTUAS / PROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS / NULIDAD ABSOLUTA / OBJETO ILÍCITO / CAUSA ILÍCITA / COMPENSACIÓN / CONTRATO ESTATAL / DERECHO PÚBLICO / REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Está condicionado el reconocimiento pecuniario a favor del contratista, en caso de declararse la nulidad absoluta de un contrato estatal por causa u objeto ilícito, a que se acredite un beneficio efectivo en favor de la entidad estatal? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l inciso segundo del artículo 48 de la Ley 80 de 1993 constituye una norma especial frente al artículo 1746 del Código Civil, pues introduce un requisito que no está previsto en el derecho común para ordenar las restituciones. Cuando la nulidad absoluta se origina en un objeto o causa ilícita, el derecho del contratista a obtener la restitución por equivalente pecuniario queda supeditado a que las prestaciones ejecutadas antes de la declaratoria judicial de nulidad hayan beneficiado a la entidad estatal, sin que el reconocimiento pueda superar el monto de dicho beneficio. Este requisito no está previsto en el derecho común y allí radica la especialidad de la regla del derecho público. Este requisito que impone el inciso segundo del artículo 48 de la Ley 80 de 1993 es aplicable en dos hipótesis fácticas diferentes: (i) cuando se hubieran ejecutado prestaciones que, al momento de declararse la nulidad, aún no habían sido remuneradas, y (ii) cuando dichas prestaciones ya habían sido pagadas conforme a lo pactado en el contrato. Si el contratista realizó una prestación que no había sido remunerada, pero esta no generó un beneficio a la entidad estatal, no habrá lugar a su reconocimiento y pago en la sentencia que declara la nulidad del contrato. Si el contratista realizó prestaciones a favor de la entidad estatal y estas fueron remuneradas antes de declararse nulo el contrato, pero se comprueba que no generaron un beneficio a la entidad estatal, el contratista deberá devolver las sumas recibidas en virtud del contrato, pues se entendería que la entidad no le adeuda nada a título de restituciones mutuas. En consecuencia, no se configuraría la compensación como modo de extinción de las obligaciones, dado que esta requiere que ambas partes sean deudoras recíprocas y la entidad estatal no tendría esa condición. En conclusión, la especialidad del artículo 48 de la Ley 80 de 1993 no radica en hacer inaplicable a los contratos del Estado el artículo 1525 del Código Civil, que establece: “no podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas”. Su carácter especial consiste en imponer requisitos adicionales para ordenar las restituciones en contratos declarados nulos por causa u objeto ilícito, por obedecer a entornos materiales y jurídicos diferentes. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los requisitos para que se ordenen las restituciones en contratos declarados nulos por causa u objeto ilícito, ver: C.E., Secc. Tercera, exp. 12.249, jul. 06/2005, C.P. Alier E. Hernández y Sub. C. exp. 36.102, jun. 22/2017, C.P. Jaime E. Rodríguez. RESTITUCIONES MUTUAS / PROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS / NULIDAD ABSOLUTA / OBJETO ILÍCITO / CAUSA ILÍCITA / CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA / ACCIÓN DE NULIDAD Problema jurídico: ¿Es procedente la orden de las restituciones mutuas cuando la nulidad absoluta del contrato ha sido declarada de oficio por el juez de la causa? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 1525 del Código Civil, que establece que no podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas, no impide un pronunciamiento sobre las restituciones mutuas en este caso. Como ha señalado la Corporación, el origen histórico de esta norma demuestra que su propósito fue evitar que una parte que celebró un contrato con pleno conocimiento de la ilicitud de su causa u objeto pudiera, mediante la acción de nulidad absoluta, reclamar la restitución de lo que hubiera dado o pagado durante se ejecución. En consecuencia, esta regla no se aplica cuando el juez, en ejercicio de sus facultades, declara oficiosamente la nulidad, pues en esta hipótesis no puede afirmarse que una de las partes busca la repetición de lo pagado con pleno conocimiento de la invalidez del acuerdo. [E]l régimen jurídico vigente permite que quien contrató a sabiendas de la ilicitud demande la nulidad del contrato, pero le impide pretender la restitución de lo pagado en virtud de dicho negocio. El muni NOTA DE RELATORÍA: Sobre la prueba del beneficio para el Estado y de su monto para que procedan las restituciones mutuas, C.E., Secc. Tercera, Sub. A, Exp. 68.406, dic. 06/2024, C.P. José R. Sáchica. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1525 INTERÉS PÚBLICO / CONTRATO ESTATAL / INTERÉS GENERAL / PRINCIPIO DE PRIMACÍA DEL INTERÉS GENERAL / BIEN JURÍDICO / CONCEPTO JURÍDICO / OBRA PÚBLICA / PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Problema jurídico: ¿Constituye prueba jurídicamente suficiente del beneficio exigido por el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 la sola ejecución de una obra de infraestructura en el marco de un contrato estatal? Respuesta al problema jurídico: No El legislador definió que el beneficio se configura cuando las prestaciones ejecutadas efectivamente satisfacen un interés público. De acuerdo con el significado legal atribuido a esta expresión (Código Civil, art. 28), la mera ejecución de las obras de infraestructura no es suficiente para demostrar la obtención del beneficio. Por lo tanto, es necesario verificar que dichas obras hayan constituido un medio efectivo para la satisfacción del interés público. El interés público es un concepto jurídicamente indeterminado, cuyo contenido varía según el contexto y los fines del ordenamiento jurídico, como lo ha señalado la jurisprudencia. Sin embargo, su indeterminación no lo convierte en una noción abstracta o especulativa. Su concreción se encuentra en los bienes jurídicos de titularidad del conglomerado, que reflejan el interés común de la sociedad y no el de los individuos de manera aislada. Así, el concepto interés público se proyecta sobre la comunidad política y se articula con los intereses de los ciudadanos, no desde una perspectiva individual, sino en su dimensión colectiva como integrantes de la sociedad. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el concepto de interés general, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-053-01, expediente D-3099. Ponente Cristina Pardo Schlesinger. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 28 INTERÉS GENERAL / INTERÉS PÚBLICO / INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE / CONTRATO ESTATAL / RESTITUCIONES MUTUAS / PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / CORRUPCIÓN / CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / INFRAESTRUCTURA VIAL / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA Problema jurídico: ¿Puede considerarse acreditado el beneficio exigido para efectos restitutorios en un contrato estatal declarado nulo por ilicitud, cuando las obras ejecutadas satisfacen necesidades urbanas de conformidad con los principios legales que rigen la infraestructura pública? Respuesta al problema jurídico: No El legislador ha definido que las actividades de planificación, ejecución, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de los proyectos de infraestructura de transporte constituyen una manifestación del interés general (Ley 1682 de 2013, art. 5). En consecuencia, se han establecido principios y criterios orientadores que garantizan que la infraestructura a cargo de la Nación y las entidades territoriales responda a este objetivo (Ley 1682 de 2013, art. 8). Entre estos principios destacan el de capacidad, que exige optimizar la infraestructura conforme a las condiciones técnicas de oferta y demanda de cada modo de transporte, y el de competitividad, que dispone que la elección del tipo de infraestructura a construir debe considerar factores como la vulnerabilidad ante fenómenos naturales, los beneficios esperados y los costos de construcción. Estos principios especiales, que constituyen criterios fundamentales en la programación y contratación de proyectos de infraestructura, son armónicos con los principios generales de transparencia y planeación que presiden la actividad contractual de las entidades estatales (Ley 80 de 1993, art. 24). El expediente contiene elementos probatorios suficientes para concluir que, a pesar de la entrega de dádivas a funcionarios del ente territorial, la construcción de la Intersección Los Kioscos, el Puente Constitución y la Avenida Centenario satisface el interés público. Esto se debe a que dichas obras, que efectivamente fueron ejecutadas, resultaban necesarias para mejorar la movilidad en el perímetro urbano de la ciudad de Armenia, atendiendo al incremento de la demanda en este modo de transporte. FUENTE FORMAL: LEY 1682 DE 2013 - ARTÍCULO 5, LEY 1682 DE 2013 - ARTÍCULO 8, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NULIDAD DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS / COSTOS DIRECTOS / COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO ESTATAL / COSTOS INDIRECTOS / MARGEN DE UTILIDAD / RESTITUCIONES MUTUAS / CAUSA ILÍCITA / OBJETO ILÍCITO / COHECHO / INTERÉS PÚBLICO / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / UNIÓN TEMPORAL Problema jurídico: ¿Debe excluirse del cálculo de las restituciones el valor de las sumas desviadas con fines ilícitos en el marco de un contrato estatal declarado nulo? Respuesta al problema jurídico: Si Para determinar el valor del beneficio, la Sala descarta la aplicación sin matices del artículo 1498 del Código Civil, según el cual, en los contratos conmutativos, cada parte se obliga a dar o hacer algo que se considera equivalente a lo que la otra debe dar o hacer a su vez. Esta regla no resulta aplicable en este caso, pues la anulación de un negocio jurídico en el que interviene el Estado conlleva la pérdida de aptitud para producir efectos jurídicos. Como consecuencia natural de la nulidad, se suprimen todos los efectos derivados del contrato, incluyendo la presunción (subjetiva) de equivalencia entre las prestaciones, con mayor razón cuando dicha presunción constituye, en sí misma, la fuente del vicio contractual, en la medida en que intereses ajenos al interés público se beneficiaron de esta apariencia. En el presente caso, la Sala confirma que las pruebas obrantes en el expediente acreditan que un 10% del valor estimado del contrato, correspondiente a recursos oficiales entregados al contratista, fue desviado para el pago de dádivas ilegales. En consecuencia, dichos recursos no se destinaron a cubrir los costos directos e indirectos de las obras viales en el perímetro urbano de Armenia, sino que fueron empleados para financiar una promesa remuneratoria ilícita. Por lo tanto, las sumas desviadas con un propósito ilegal y ajeno a la construcción de la infraestructura no pueden integrar la relación de equivalencia prestacional prevista en el artículo 1498 del Código Civil, motivo por el cual deben excluirse de la ecuación en el cálculo de las restituciones por equivalente. el beneficio real obtenido por la entidad no equivale al 100% de las sumas entregadas por el municipio a UT Vías Armenia, ya que dicho monto incluye, además de los costos directos e indirectos de la obra, el margen de utilidad del contratista. [L]os valores facturados por UT Vías Armenia con fundamento en las 16 actas de avance corresponden al resultado de multiplicar los precios unitarios convenidos para cada ítem de obra por las cantidades realmente ejecutadas. Estos precios unitarios comprenden los costos directos del contratista (materiales, mano de obra, maquinaria y equipo), los costos indirectos (seguros, arrendamientos de oficina, administración, impuestos) y un componente de utilidad expresado como un porcentaje de los costos directos. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1498 NULIDAD DEL CONTRATO / RESTITUCIONES MUTUAS / ELEMENTOS PARA ESTABLECER LA UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / OBTENCIÓN DE UTILIDAD PARA EL CONTRATISTA / CONTRATO ESTATAL / CORRUPCIÓN / INTERÉS PÚBLICO / BUENA FE / DOLO / ACTO ILÍCITO / INTERÉS ILÍCITO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO Problema jurídico: ¿Es jurídicamente procedente incluir la utilidad empresarial del contratista dentro del concepto de beneficio previsto en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993, en caso de declararse la nulidad del contrato estatal? Respuesta al problema jurídico: No [E]l concepto de beneficio al que se refiere el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 no incluye el reconocimiento de una utilidad a favor del contratista. La utilidad empresarial de este no forma parte ni puede confundirse con el beneficio obtenido por la entidad estatal, pues el interés público no se ve satisfecho cuando un particular que obtuvo un contrato mediante corrupción genera una ganancia neta tras deducir los costos de producción de los ingresos percibidos en su ejecución. No se trata de una sanción, sino de una consecuencia natural derivada de la imposibilidad legal de remunerar una actividad ilícita. Además, la utilidad presupone la existencia y validez de la fuente que la genera. Dado que la nulidad del contrato implica retrotraer las cosas al estado anterior a su celebración, no es posible incluir en las restituciones mutuas, a favor del contratista, la utilidad que el contrato habría derivado de su ejecución, ya que este ha sido retirado del ordenamiento jurídico. Aun si se dejara de lado lo anterior, reconocer dicha utilidad resultaría inadmisible si se constata que el contratista actuó con conocimiento de la ilicitud, pues ello supondría validar una conducta contraria al principio de buena fe, según el cual nadie puede beneficiarse de su propio dolo o culpa. NOTA DE RELATORÍA: Respecto del concepto de beneficio referido en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993, ver: C.E., Secc. Tercera, exp. 66.102, abr. 08/2024, C.P. José R. Sáchica. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48 ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA / NULIDAD / RESTITUCIONES MUTUAS / CAPITAL / CAPITAL SUSCRITO / UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DOLO / OBJETO ILÍCITO / CAUSA ILÍCITA / CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Es procedente reconocer la devolución del capital aportado por los accionistas de un concesionario en un contrato de asociación público-privada (APP) declarado nulo por objeto o causa ilícita, cuando se demuestra que actuaron con dolo o conocían la ilicitud del contrato? Respuesta al problema jurídico: No [E]sta interpretación es coherente con la ratio legis de las disposiciones que regulan el alcance de las restituciones mutuas cuando se declara la nulidad de contratos para la provisión de infraestructura mediante esquemas de asociación público-privada (APP). En efecto, el artículo 20 de la Ley 1882 de 2018 establece un límite al monto de las restituciones que pueden recibir los accionistas del concesionario, una vez se haya pagado el pasivo externo. La norma prescribe que este remanente no puede ser superior a los aportes de capital de sus socios menos los dividendos decretados, dividendos pagados y descapitalizaciones . Así, el legislador excluye de la protección jurídica los retornos sobre la inversión de capital (equity) cuando el contrato ha sido declarado nulo por objeto o causa ilícita, reafirmando que en estos casos no puede haber reconocimiento de utilidad o provecho para quienes participaron en un negocio jurídico viciado de nulidad. De hecho, tras emitirse la sentencia C-207 de 2019, que declaró la exequibilidad condicionada del mencionado artículo, los accionistas ni siquiera tienen derecho a este remanente en determinados casos . En efecto, pierden el capital aportado para financiar la ejecución de las obras cuando ha mediado una conducta dolosa en la comisión de un delito o de una infracción administrativa, que da lugar a la nulidad del contrato por objeto o causa ilícitos. Asimismo, esta sanción se extiende a quienes participaron en la celebración del contrato con conocimiento de su ilicitud, reafirmando el principio según el cual no puede derivarse beneficio alguno de un negocio jurídico viciado de nulidad. NOTA DE RELATORÍA: Respecto de la exequibilidad condicionada del artículo 20 de la Ley 1882 de 2018, ver: Corte Constitucional, sentencia C-207 de 2019, expediente D-12877. Ponente: Cristina Pardo Schlesinger. FUENTE FORMAL: LEY 1882 DE 2018 - ARTÍCULO 20 RESTITUCIONES MUTUAS / INTERESES / RESTITUCIÓN DE FRUTOS DEL BIEN / MEJORAS AL BIEN / NULIDAD DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE EQUIDAD / OBLIGACIÓN LEGAL Problema jurídico: ¿El reconocimiento de intereses sobre las sumas objeto de restitución en un contrato declarado nulo constituye una obligación legal fundada en la equidad? Respuesta al problema jurídico: Si Sobre el valor histórico actualizado se liquidarán intereses, conforme a lo dispuesto en el artículo 1746 del Código Civil, que establece: “en las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o de su deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias (…)” (Énfasis añadido). En este contexto, el reconocimiento de intereses o frutos sobre el capital no constituye una sanción, sino que obedece a un mandato legal basado en la equidad. Como ha señalado la jurisprudencia civil, “la causa de la orden de restitución con intereses que sigue a la declaratoria judicial de nulidad, inexistencia o en general ineficacia del acto jurídico estriba en una razón de equidad, como ya se dijo, que el propio legislador ha tomado en consideración como base de una obligación de fuente legal, desde el encabezado mismo del transcrito artículo 1746 del Código Civil”. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la orden de restitución con intereses que sigue a la declaratoria judicial de nulidad, inexistencia o ineficacia del acto jurídico, ver: C.S.J., Sala de Casación Civil, Civil, sentencia SC10097-2015, jul. 31/2015, M.P. Jesús Vall de Rutén Ruiz. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1746 RESTITUCIONES MUTUAS / INTERESES / NULIDAD DEL CONTRATO / CÓDIGO CIVIL / MORA / INTERÉS MORATORIO / TASA DE INTERÉS Problema jurídico: ¿Corresponde aplicar la tasa del seis por ciento (6%) anual prevista en el artículo 1617 del Código Civil para la liquidación de intereses en las restituciones mutuas derivadas de la nulidad de un contrato estatal? Respuesta al problema jurídico: Si La tasa de interés aplicable será la prevista en el artículo 1617 del Código Civil, equivalente al 6% anual. En este caso, no resulta procedente aplicar el artículo 4.8 de la Ley 80 de 1993, pues (i) dicha norma supletiva regula los intereses en eventos de mora, entendida como la sanción derivada del incumplimiento culpable de una obligación dineraria y (ii) el reconocimiento de intereses dentro del régimen de restituciones mutuas responde a un mandato expreso del ordenamiento civil, previsto en el artículo 1746 del Código Civil, el cual remite, en lo relativo a los frutos del dinero, al contenido del artículo 1617 del mismo estatuto. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, en la sentencia C-965 de 2003, la Corte Constitucional señaló: “En este contexto, se repite, la tasa del doble del interés legal busca amparar al acreedor por el daño antijurídico que le representa el retardo injustificado de la entidad en el pago de la obligación, pero sin consideración a su poder adquisitivo”. Ver: Corte Constitucional, sentencia C-965/03, expediente D-4539. Ponente: Rodrigo Escobar Gil. En el marco de la obligación restitutoria, la cuantificación de los frutos del dinero tampoco puede fundarse en lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio. Al respecto, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, SC3971-2022, mar. 23/2023, M.P. Hilda González Neira. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 8, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1617, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1746 UNIÓN TEMPORAL / CONSORCIO / CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Problema jurídico: ¿Responden solidariamente los integrantes de una unión temporal por las obligaciones de restitución que se generan con ocasión de la nulidad de un contrato estatal? Respuesta al problema jurídico: Si Los integrantes de la Unión Temporal responderán solidariamente por el cumplimiento de la obligación restitutoria. Como se desprende de la exposición de motivos del artículo 7 de la Ley 80 de 1993, la única diferencia entre un consorcio y una unión temporal radica en la ausencia de solidaridad respecto de las sanciones derivadas del incumplimiento, dado que en este último caso cada integrante de la unión temporal responde según su participación en la ejecución del contrato. Sin embargo, respecto de las demás obligaciones surgidas con ocasión del contrato, el tratamiento es idéntico: existe solidaridad pasiva. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 7 CONTRATO ESTATAL / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA / NULIDAD / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / SENTENCIA JUDICIAL Problema jurídico: ¿Es jurídicamente procedente exigir solidariamente a los integrantes de una unión temporal el cumplimiento de la obligación de restituir, cuando dicha solidaridad ha sido pactada expresamente en el acuerdo de constitución? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala no desconoce que la fuente inmediata de la obligación restitutoria es la sentencia judicial que pone fin al proceso. Sin embargo, ello no significa que sea ajena a la celebración del contrato; si este no se hubiera celebrado, no habría surgido la obligación de restituir. En este sentido, se trata de una obligación que nace con ocasión del contrato y cuya cuantificación depende de lo que se pruebe haber ejecutado mientras el contrato produjo efectos jurídicos entre las partes. Además, esta obligación no constituye una sanción por incumplimiento, sino un remedio jurídico destinado a suprimir las consecuencias materiales derivadas de la ejecución del acto anulado. En consecuencia, los integrantes de la UT Vías Armenia están obligados solidariamente a su cumplimiento. Esta conclusión se confirma al examinar el numeral 4º del acuerdo de constitución de la UT Vías Armenia, en el que las partes estipularon, sin restricción alguna, lo siguiente: “4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria”. COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / NULIDAD DEL CONTRATO / INTERÉS PÚBLICO / SEGUNDA INSTANCIA / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES Problema jurídico: ¿Es procedente la imposición de costas procesales cuando se declara la nulidad de un contrato y no existe una parte vencida en el litigio? Respuesta al problema jurídico: No De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CGP. Según el numeral 1 del artículo 365 del CGP, se debe condenar en costas a la parte vencida en el proceso. Además, el numeral 4 establece que, cuando la sentencia de segunda instancia revoque en su totalidad la de primera instancia, se debe condenar a la parte vencida a pagar las costas de ambas instancias. En este caso no puede considerarse que haya una parte vencida, ya que la fuente de derechos y obligaciones alegada por las partes —el contrato No. 12 de 2015— fue declarado nulo. Por tanto, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2011 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4

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https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=630012333000202000421011100103