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clave: "consejo_estado:providencia:63001233300020200042101-70045-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: es aplicable el término supletivo de cuatro meses del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 cuando no se estipula un plazo"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-04-04"
radicado: "63001233300020200042101"
numero: "70045"
ponente: "JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ"
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# Consejo de Estado: es aplicable el término supletivo de cuatro meses del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 cuando no se estipula un plazo

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-04-04
- **Radicado:** 63001233300020200042101
- **Número interno:** 70045
- **Ponente:** JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** MUNICIPIO DE ARMENIA
- **Demandado:** UNION TEMPORAL VIAS DE ARMENIA, FUREL S.A., COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., CONSTRUCCIONES DIAZ CARMONA S.A.S, CONSTRUCCIONES LEZO S.A.S
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:63001233300020200042101-70045-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/63001233300020200042101/289DEC55CD3426CF2B78A4AA45EC844B11276E60BABB0FEAE7888B6EC7F9876F/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=630012333000202000421011100103

## Problema jurídico

¿Es aplicable el término supletivo de cuatro meses del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 cuando no se estipula un plazo para la liquidación bilateral del contrato?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

REVOCA

## Puntos clave

- ¿La solicitud de conciliación extrajudicial presentada por una entidad pública, que no estaba obligada a agotar ese trámite como requisito de procedibilidad…
- ¿Está el juez sujeto al término de caducidad del contrato cuando declara de oficio la nulidad de un contrato estatal?
- ¿Es jurídicamente viable declarar la configuración de la cosa juzgada respecto de la validez de un contrato estatal, cuando en un proceso anterior se resolvió la caducidad de la pretensión anulatoria…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1150 de 2007, art. 11
- Ley 1437 de 2011, art. 164 núm. 2
- Ley 80 de 1993, art. 60

## Extracto

El contrato de obra No. 012 de 2015 es un contrato estatal sujeto a liquidación conforme al artículo 60 de la Ley 80 de 1993, dado que su ejecución se extendió en el tiempo. Este contrato terminó por expiración del plazo el 1 de junio de 2018 . Al no haberse estipulado un término para la liquidación bilateral, resulta aplicable el plazo supletivo de cuatro meses previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, cuyo vencimiento ocurrió el 2 de octubre de 2018. En consecuencia, el plazo para que el municipio liquidara unilateralmente el contrato (dos meses) expiró el 3 de diciembre de 2018.… El término de caducidad comenzó a correr el 4 de diciembre de 2018 y vencía el 4 de diciembre de 2020.

## Síntesis temática

El contratista puede aplicar el término supletivo de cuatro meses del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 para la liquidación bilateral del contrato cuando no se haya estipulado un plazo específico, dado que este plazo es aplicable a contratos estatales sujetos a liquidación conforme al artículo 60 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal no puede liquidar unilateralmente el contrato después de este plazo, y el término de caducidad del medio de control se suspende si la entidad presenta una solicitud de conciliación prejudicial, incluso si no está obligada a hacerlo. La Sala establece que el juez no está sujeto al término de caducidad cuando declara de oficio la nulidad del contrato, y que no se configura la cosa juzgada respecto de la validez del contrato si en un proceso anterior se resolvió la caducidad de la pretensión anulatoria sin pronunciamiento de fondo. Además, la Sala matiza la regla según la cual el juez puede declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato sin que estén acreditados plenamente los elementos probatorios de la causal invocada, estableciendo que esta facultad no puede ejercerse sin un sustento probatorio adecuado.

## Descriptores temáticos

CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONCILIACIÓN PREJUDICIAL, ACCIÓN CONTRACTUAL, TÉRMINO DEL CONTRATO, ENTIDAD TERRITORIAL, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD, INTERPRETACIÓN DE LA NORMA, PRINCIPIO DE LEGALIDAD, VIOLACIÓN DEL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, ENTIDAD PÚBLICA, CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, SEGUNDA INSTANCIA, TÉRMINO PROCESAL, NULIDAD DEL CONTRATO, DECLARACIÓN DE OFICIO DE NULIDAD ABSOLUTA, DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD SUSTANCIAL, COSA JUZGADA, NULIDAD ABSOLUTA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, VALIDEZ DEL CONTRATO, MINISTERIO PÚBLICO, PRINCIPIO DE PLANEACIÓN, PERJUICIOS, ANULACIÓN DEL CONTRATO, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, ANULABILIDAD DEL NEGOCIO JURÍDICO, CAUSALES DE NULIDAD, CÓDIGO CIVIL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CAPACIDAD PARA SER PARTE, UNIÓN TEMPORAL, NOTIFICACIÓN, NOTIFICACIÓN PERSONAL, REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA PARTE DEMANDANTE, REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL, ADMISIÓN DE LA DEMANDA, CONTRADICCIÓN PROCESAL, DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, CONTRATISTA, EJERCICIO DEL MANDATO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL, PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, VINCULACIÓN AL PROCESO, REPRESENTANTE LEGAL, ACEPTACIÓN DEL PREACUERDO, PREACUERDOS, APLICACIÓN DE LOS PREACUERDOS, RESPONSABILIDAD PENAL, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUEZ, DEBIDO PROCESO, SINDICADO, VÍCTIMA, ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO, JUEZ DE CONOCIMIENTO, ESCRITO DE ACUSACIÓN, JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA, PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, POLÍTICA CRIMINAL, ACCIÓN PENAL, CONTROL JUDICIAL, JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS, AUTOR MATERIAL, CONDUCTA PUNIBLE, CONDUCTA TÍPICA, SENTENCIA CONDENATORIA, PRUEBA, DUDA RAZONABLE, JUICIO ORAL, PROCESO PENAL, CARGA DE LA PRUEBA, DESVIACIÓN DE PODER, PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA, INTERÉS PÚBLICO, FORMACIÓN DEL CONTRATO, FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, VICIOS DEL CONSENTIMIENTO, CAUSA ILÍCITA, CORRUPCIÓN, ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL, ORDEN PÚBLICO, COHECHO, FINANCIACIÓN DE LA CAMPAÑA ELECTORAL, OBJETO ILÍCITO, DERECHO PÚBLICO, SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, PLIEGO DE CONDICIONES, NORMA IMPERATIVA, ANTICIPO DEL CONTRATO, ADJUDICACIÓN DE CONTRATO, NULIDAD, CONTRATO DE EJECUCIÓN SUCESIVA, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, BIEN DE USO PÚBLICO, OBLIGACIÓN DE HACER, RESTITUCIONES MUTUAS, IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS, PROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS, COMPENSACIÓN, REPETICIÓN, PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA, ACCIÓN DE NULIDAD, INTERÉS GENERAL, PRINCIPIO DE PRIMACÍA DEL INTERÉS GENERAL, BIEN JURÍDICO, CONCEPTO JURÍDICO, OBRA PÚBLICA, PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA, CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA VIAL, CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS, COSTOS DIRECTOS, COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO ESTATAL, COSTOS INDIRECTOS, MARGEN DE UTILIDAD, EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, ELEMENTOS PARA ESTABLECER LA UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA, OBTENCIÓN DE UTILIDAD PARA EL CONTRATISTA, BUENA FE, DOLO, ACTO ILÍCITO, INTERÉS ILÍCITO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO, ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA, CAPITAL, CAPITAL SUSCRITO, UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, INTERESES, RESTITUCIÓN DE FRUTOS DEL BIEN, MEJORAS AL BIEN, PRINCIPIO DE EQUIDAD, OBLIGACIÓN LEGAL, MORA, INTERÉS MORATORIO, TASA DE INTERÉS, CONSORCIO, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, RESPONSABILIDAD SOLIDARIA, CLÁUSULAS DEL CONTRATO, SENTENCIA JUDICIAL, COSTAS PROCESALES, CONDENA EN COSTAS, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES

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## Texto del documento

CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / ACCIÓN CONTRACTUAL / TÉRMINO DEL CONTRATO / ENTIDAD TERRITORIAL
Problema jurídico:
¿Es aplicable el término supletivo de cuatro meses del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 cuando no se estipula un plazo para la liquidación bilateral del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
El contrato de obra No. 012 de 2015 es un contrato estatal sujeto a liquidación conforme al artículo 60 de la Ley 80 de 1993, dado que su ejecución se extendió en el tiempo. Este contrato terminó por expiración del plazo el 1 de junio de 2018 . Al no haberse estipulado un término para la liquidación bilateral, resulta aplicable el plazo supletivo de cuatro meses previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, cuyo vencimiento ocurrió el 2 de octubre de 2018. En consecuencia, el plazo para que el municipio liquidara unilateralmente el contrato (dos meses) expiró el 3 de diciembre de 2018. (…) [E]l término de caducidad comenzó a correr el 4 de diciembre de 2018 y vencía el 4 de diciembre de 2020. No obstante, el 14 de septiembre de 2020, cuando aún restaban más de dos meses para su vencimiento, el municipio presentó la solicitud de conciliación prejudicial sobre las mismas pretensiones de la demanda, lo que suspendió su cómputo por tres meses, hasta el 15 de diciembre de 2020 . Como la demanda fue presentada el 16 de diciembre de 2020, es claro que se interpuso dentro del término legal. [Respecto de las pretensiones formuladas en este proceso por la entidad territorial, la oportunidad en el ejercicio de la acción debe determinarse conforme al numeral (v), literal (j), del artículo 164.2 del CPACA].
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD / INTERPRETACIÓN DE LA NORMA / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / VIOLACIÓN DEL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ENTIDAD PÚBLICA / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿La solicitud de conciliación extrajudicial presentada por una entidad pública, que no estaba obligada a agotar ese trámite como requisito de procedibilidad, tiene efecto suspensivo sobre el término de caducidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
Si bien el artículo 613 del CGP, vigente al momento de presentarse la solicitud, establecía que las entidades públicas no estaban obligadas a agotar la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, ello no significaba que, si optaban por presentarla, no se suspendiera el término de caducidad. El artículo 21 de la Ley 640 de 2001, vigente en la época, disponía que la “presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad”. El legislador no distinguió entre las solicitudes de conciliación presentadas por sujetos para quienes dicho trámite constituía un requisito de procedibilidad y para quienes no era obligatorio. Un principio de interpretación jurídica establece que donde el legislador no distingue, no le es dado al intérprete hacerlo, menos aún cuando ello implicaría restringir el acceso a la administración de justicia. Por lo tanto, la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por la entidad pública suspendió el término de caducidad y, en consecuencia, las pretensiones del municipio se formularon oportunamente.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 613, LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 21
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONTRATO ESTATAL / SEGUNDA INSTANCIA / TÉRMINO PROCESAL / NULIDAD DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE OFICIO DE NULIDAD ABSOLUTA / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD SUSTANCIAL
Problema jurídico:
¿Está el juez sujeto al término de caducidad del contrato cuando declara de oficio la nulidad de un contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: No
[C]omo también ha sostenido la Corporación, la caducidad es exigible a las partes del contrato o a los terceros con interés que soliciten su nulidad, pero no al juez cuando la declara de oficio. Esto cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que, en la mayoría de los casos —especialmente en segunda instancia—, el juez conoce del proceso cuando el término de caducidad de la pretensión ya ha vencido.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la falta de exigibilidad de la caducidad al juez que declara la nulidad del contrato, ver: C.E., Secc. Tercera, Sala Plena, exp. 18.294, jun. 23/2010, C.P. Enrique Gil Botero.
COSA JUZGADA / NULIDAD ABSOLUTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / VALIDEZ DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / MINISTERIO PÚBLICO / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PERJUICIOS / ANULACIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Es jurídicamente viable declarar la configuración de la cosa juzgada respecto de la validez de un contrato estatal, cuando en un proceso anterior se resolvió la caducidad de la pretensión anulatoria sin haberse emitido pronunciamiento de fondo?
Respuesta al problema jurídico: No
En este caso, el proceso no se fundó en la misma causa ni tuvo el mismo objeto que el que dio lugar a la providencia del 14 de septiembre de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En aquella oportunidad el Ministerio Público solicitó la nulidad del contrato por violación del principio de planeación, mientras que en este proceso se pretende declarar su incumplimiento y obtener la condena al pago de perjuicios. Y lo que es más importante: la providencia de 2022 no efectuó un análisis sobre la validez del contrato ni sobre su conformidad con el ordenamiento jurídico, ya que se limitó a declarar la caducidad de la pretensión anulatoria y a dar por terminado el proceso sin pronunciamiento de fondo. Por tanto, al no haberse resuelto de fondo la validez del negocio jurídico en el proceso anterior, no se ha configurado la cosa juzgada sobre este aspecto. Ello se demuestra en que la decisión de la Sala de declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato no contradice ningún pronunciamiento judicial previo sobre su validez, que es precisamente lo que pretende evitarse con esta institución.
NULIDAD ABSOLUTA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / ANULABILIDAD DEL NEGOCIO JURÍDICO / CAUSALES DE NULIDAD / CÓDIGO CIVIL / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Está facultado el juez para declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal aun cuando no se encuentren plenamente acreditados en el expediente los elementos probatorios que sustenten la causal invocada?
Respuesta al problema jurídico: No
El ordenamiento jurídico impone a los operadores judiciales el deber de declarar oficiosamente la nulidad absoluta de un contrato estatal cuando se cumplen determinados presupuestos. Conforme al artículo 1742 del Código Civil, aplicable a los contratos estatales en virtud del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, la nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato. En este sentido, esta facultad no puede ejercerse de forma inquisitiva ni tiene un alcance ilimitado, pues su ejercicio está condicionado a que los elementos de prueba, sometidos a la contradicción de las partes, evidencien en el expediente la ilicitud del negocio, de forma que tampoco se sacrifique el principio de conservación de los actos jurídicos. Además, de acuerdo con el artículo 141 del CPACA, en el proceso deben haber intervenido las partes contratantes o sus causahabientes, y la causal de nulidad debe estar plenamente acreditada con pruebas en el expediente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la declaración de la nulidad oficiosa del contrato estatal, ver: C.E., Secc. Tercera, Subsección A, exp. 57.822, may. 21/2021, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1742
NULIDAD ABSOLUTA / CAPACIDAD PARA SER PARTE / UNIÓN TEMPORAL / NOTIFICACIÓN / NOTIFICACIÓN PERSONAL / REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA PARTE DEMANDANTE / REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL / CONTRATO ESTATAL / ADMISIÓN DE LA DEMANDA / CONTRADICCIÓN PROCESAL / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Cumple con el requisito del artículo 141 del CPACA la intervención procesal de una unión temporal representada por la persona designada en el documento de constitución?
Respuesta al problema jurídico: Si
El inciso tercero del artículo 141 del CPACA dispone que, en el marco del proceso, el juez puede declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato “siempre y cuando en él hayan intervenido las partes contratantes o sus causahabientes”. La exigencia tiene justificación en la medida que el juez va a interferir por decisión unilateral, sin solicitud de ninguno de los contratantes, en el acuerdo de voluntades, para —ni más ni menos— anular sus efectos en el tráfico jurídico. Las partes del contrato de obra No. 012 de 2015 fueron el municipio de Armenia, por un lado, y la Unión Temporal Vías Armenia, por el otro. El municipio fue el que formuló la demanda, por lo que está acreditada su intervención en el proceso. (…) Los artículos 6 y 7 de la Ley 80 de 1993 dotaron a las uniones temporales y a los consorcios de capacidad jurídica para ser parte de un contrato estatal sometido a esta normativa especial y sus modificatorias, aunque sean agrupaciones empresariales sin personería jurídica. Además de su capacidad de goce, según la jurisprudencia unificada de la Corporación, estas disposiciones también confirieron a dichas estructuras plurales capacidad para ser parte procesal y comparecer directamente a juicio. La condición de parte recae, pues, en la UT Vías Armenia. En el expediente hay constancia de la notificación personal del auto admisorio de la demanda a Fernando León Diez Cardona, quien figura como representante de la UT Vías Armenia según el documento de constitución de la estructura plural. La notificación al representante de una unión temporal es suficiente para que se proyecten los efectos de la providencia notificada a todos sus integrantes, en tanto el parágrafo primero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993 establece que se debe designar a una persona que representará a la estructura plural “para todos los efectos”. Según la postura unificada de la Corporación, la representación para todos los efectos comprende “las actuaciones procesales que deban emprenderse o desplegarse con el propósito de reclamar o defender en juicio los derechos derivados de la propuesta o del contrato”.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la representación de la unión temporal para todos los efectos, ver: C.E., Secc. Tercera, Sala Plena, exp. 19.933, sep. 25/2013, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Respecto de la notificación al representante de la estructura plural, ver: C.E., Secc. Tercera, Sub. B., exp. 48.135, sep. 25/2019, C.P. Ramiro Pazos; C.E., Secc. Tercera, Sub. 
A, exp. 31.753, feb. 12/2014, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y C.E., Secc. Tercera, Sub. A, exp. 30.250, 01/ 29/2014, Mauricio Fajardo Gómez.
UNIÓN TEMPORAL / NOTIFICACIÓN PERSONAL / CONTRATISTA / EJERCICIO DEL MANDATO / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL / PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES / VINCULACIÓN AL PROCESO / REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL
Problema jurídico:
¿Resulta jurídicamente válido que la notificación judicial realizada al representante designado por una unión temporal produzca efectos frente a todos los integrantes de la estructura asociativa?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según la jurisprudencia unificada de la Corporación, el representante de una unión temporal no es un mero mandatario de cada uno de los integrantes, individualmente considerados, al que cada miembro pueda revocarle su mandato representativo a través de actos individuales. La finalidad del parágrafo primero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993 es que la Administración tenga un único interlocutor válido, con facultades suficientes para todos los efectos. Admitir lo contrario implicaría que cada integrante podría realizar gestiones ante la entidad por su propia cuenta, por lo que tendría que entenderse con múltiples mandatarios para tratar asuntos de un único contrato, lo que “resultaría abiertamente contrari[o] a los principios constitucionales y legales de economía, de eficacia y de eficiencia”. Por estas razones, la Sala concluye que la UT Vías Armenia, en su condición de parte contratista, fue válidamente vinculada al proceso mediante la notificación del auto admisorio a su representante.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las facultades del represe

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

en un contrato declarado nulo constituye una obligación legal fundada en la equidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
Sobre el valor histórico actualizado se liquidarán intereses, conforme a lo dispuesto en el artículo 1746 del Código Civil, que establece: “en las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o de su deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias (…)” (Énfasis añadido). En este contexto, el reconocimiento de intereses o frutos sobre el capital no constituye una sanción, sino que obedece a un mandato legal basado en la equidad. Como ha señalado la jurisprudencia civil, “la causa de la orden de restitución con intereses que sigue a la declaratoria judicial de nulidad, inexistencia o en general ineficacia del acto jurídico estriba en una razón de equidad, como ya se dijo, que el propio legislador ha tomado en consideración como base de una obligación de fuente legal, desde el encabezado mismo del transcrito artículo 1746 del Código Civil”.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la orden de restitución con intereses que sigue a la declaratoria judicial de nulidad, inexistencia o ineficacia del acto jurídico, ver: C.S.J., Sala de Casación Civil, Civil, sentencia SC10097-2015, jul. 31/2015, M.P. Jesús Vall de Rutén Ruiz.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1746
RESTITUCIONES MUTUAS / INTERESES / NULIDAD DEL CONTRATO / CÓDIGO CIVIL / MORA / INTERÉS MORATORIO / TASA DE INTERÉS
Problema jurídico:
¿Corresponde aplicar la tasa del seis por ciento (6%) anual prevista en el artículo 1617 del Código Civil para la liquidación de intereses en las restituciones mutuas derivadas de la nulidad de un contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
La tasa de interés aplicable será la prevista en el artículo 1617 del Código Civil, equivalente al 6% anual. En este caso, no resulta procedente aplicar el artículo 4.8 de la Ley 80 de 1993, pues (i) dicha norma supletiva regula los intereses en eventos de mora, entendida como la sanción derivada del incumplimiento culpable de una obligación dineraria y (ii) el reconocimiento de intereses dentro del régimen de restituciones mutuas responde a un mandato expreso del ordenamiento civil, previsto en el artículo 1746 del Código Civil, el cual remite, en lo relativo a los frutos del dinero, al contenido del artículo 1617 del mismo estatuto.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, en la sentencia C-965 de 2003, la Corte Constitucional señaló: “En este contexto, se repite, la tasa del doble del interés legal busca amparar al acreedor por el daño antijurídico que le representa el retardo injustificado de la entidad en el pago de la obligación, pero sin consideración a su poder adquisitivo”. Ver: Corte Constitucional, sentencia C-965/03, expediente D-4539. Ponente: Rodrigo Escobar Gil.

En el marco de la obligación restitutoria, la cuantificación de los frutos del dinero tampoco puede fundarse en lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio. Al respecto, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, SC3971-2022, mar. 23/2023, M.P. Hilda González Neira.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 8, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1617, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1746
UNIÓN TEMPORAL / CONSORCIO / CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
Problema jurídico:
¿Responden solidariamente los integrantes de una unión temporal por las obligaciones de restitución que se generan con ocasión de la nulidad de un contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
Los integrantes de la Unión Temporal responderán solidariamente por el cumplimiento de la obligación restitutoria. Como se desprende de la exposición de motivos del artículo 7 de la Ley 80 de 1993, la única diferencia entre un consorcio y una unión temporal radica en la ausencia de solidaridad respecto de las sanciones derivadas del incumplimiento, dado que en este último caso cada integrante de la unión temporal responde según su participación en la ejecución del contrato. Sin embargo, respecto de las demás obligaciones surgidas con ocasión del contrato, el tratamiento es idéntico: existe solidaridad pasiva.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 7
CONTRATO ESTATAL / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA / NULIDAD / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / SENTENCIA JUDICIAL
Problema jurídico:
¿Es jurídicamente procedente exigir solidariamente a los integrantes de una unión temporal el cumplimiento de la obligación de restituir, cuando dicha solidaridad ha sido pactada expresamente en el acuerdo de constitución?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala no desconoce que la fuente inmediata de la obligación restitutoria es la sentencia judicial que pone fin al proceso. Sin embargo, ello no significa que sea ajena a la celebración del contrato; si este no se hubiera celebrado, no habría surgido la obligación de restituir. En este sentido, se trata de una obligación que nace con ocasión del contrato y cuya cuantificación depende de lo que se pruebe haber ejecutado mientras el contrato produjo efectos jurídicos entre las partes. Además, esta obligación no constituye una sanción por incumplimiento, sino un remedio jurídico destinado a suprimir las consecuencias materiales derivadas de la ejecución del acto anulado. En consecuencia, los integrantes de la UT Vías Armenia están obligados solidariamente a su cumplimiento. Esta conclusión se confirma al examinar el numeral 4º del acuerdo de constitución de la UT Vías Armenia, en el que las partes estipularon, sin restricción alguna, lo siguiente: “4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria”.
COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / NULIDAD DEL CONTRATO / INTERÉS PÚBLICO / SEGUNDA INSTANCIA / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES
Problema jurídico:
¿Es procedente la imposición de costas procesales cuando se declara la nulidad de un contrato y no existe una parte vencida en el litigio?
Respuesta al problema jurídico: No
De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CGP. Según el numeral 1 del artículo 365 del CGP, se debe condenar en costas a la parte vencida en el proceso. Además, el numeral 4 establece que, cuando la sentencia de segunda instancia revoque en su totalidad la de primera instancia, se debe condenar a la parte vencida a pagar las costas de ambas instancias. En este caso no puede considerarse que haya una parte vencida, ya que la fuente de derechos y obligaciones alegada por las partes —el contrato No. 12 de 2015— fue declarado nulo. Por tanto, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2011 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-04-04. C.P. JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Rad. 63001233300020200042101. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:63001233300020200042101-70045-sentencia).
