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¿Las acciones relativas a los contratos caducan en el término de dos años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirven de fundamento? Sí
El contratista debe presentar las acciones relativas a los contratos dentro del término de dos años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirven de fundamento, según el régimen de caducidad del Código Contencioso Administrativo modificado por el Decreto Ley 2304 de 1989. Esta regla no se aplica cuando el contrato sigue en ejecución a la fecha de presentación de la demanda, permitiendo al juez declarar oficiosamente la nulidad absoluta del contrato si el objeto es ilícito, siempre que las partes contratantes hayan intervenido en el proceso para respetar el debido proceso. La Sala modifica la interpretación previa, reforzando la potestad judicial para declarar la nulidad absoluta en cualquier instancia, incluso si la controversia no giró en torno a la nulidad, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales.síntesis automática
También resuelve:¿La potestad de declarar la nulidad absoluta del contrato puede ejercerse al dictar el fallo, en cualquiera de las instancias, incluso si la controversia judicial no giró en torno a la nulidad?¿Los bienes declarados monumentos nacionales son considerados bienes de interés cultural, en tanto conforman el patrimonio cultural de la Nación, y son inalienables, imprescriptibles e inembargables?¿Se torna imperativa la modificación del fallo apelado, declarando oficiosamente la nulidad absoluta del contrato de manera integral, en razón a la ilicitud de su objeto?
¿El contrato de arrendamiento tiene como fin principal conceder el goce de una cosa, o de ejecutar una obra o un servicio y, de la otra, de pagar, por este goce, obra o servicio, un precio determinado? Sí
El contratista no puede denominar un contrato con una entidad estatal sobre un bien de uso público como arrendamiento cuando combina obligaciones propias de la prestación de servicios y presenta rasgos de una concesión, ya que corresponde al juez determinar la naturaleza real del contrato más allá de la denominación formal acordada por las partes. En este caso, el contrato en cuestión no cumple con los elementos esenciales del arrendamiento, como el uso y goce exclusivo del bien, ya que el contratista fue encargado de la administración directa del bien y de la recuperación de la cartera morosa, lo cual implica una entrega total del bien y no solo su uso y goce. Además, el bien en cuestión, una plaza de mercado, está destinado al servicio público, lo que también impide la celebración de un contrato de arrendamiento. Esta decisión matiza la interpretación de la naturaleza de los contratos estatales y subraya la importancia de la función interpretativa del juez para determinar la verdadera naturaleza del contrato celebrado, independientemente de la denominación que le hayan dado las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Los elementos esenciales del contrato de arrendamiento son el otorgamiento del goce o uso de un bien, el precio que se paga por el uso o goce de ese bien y el consentimiento de las partes?¿Las plazas de mercado son de bienes de uso público que prestan un servicio público por destinación legal?¿Cuándo el contrato con una entidad estatal sobre un bien de uso público, como lo es una plaza de mercado, combina obligaciones propias de la prestación de servicios…
¿El concesionario debió probar que durante el plazo de ejecución realizó inversiones en bienes reversibles, esperando amortizarlos y obtener una remuneración hasta el fin del plazo inicialmente estipulado, en los términos pactados en el contrato? Sí
El concesionario debe probar que durante el plazo de ejecución realizó inversiones en bienes reversibles, esperando amortizarlos y obtener una remuneración hasta el fin del plazo inicialmente estipulado, en los términos pactados en el contrato, ya que la falta de evidencia de estas inversiones y su amortización impide que el concesionario reclame por los ingresos anuales restantes de la concesión. Además, la terminación unilateral del contrato no genera automáticamente un derecho a indemnización, sino que debe demostrarse el daño efectivamente causado y la existencia de perjuicios morales, lo cual requiere una carga probatoria suficiente. La decisión administrativa debe contener una descripción detallada de las exigencias del servicio público que dieron lugar a la terminación unilateral, y no puede ejercerse veladamente la cláusula de caducidad sin un fundamento legal claro. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la terminación unilateral de contratos de concesión, estableciendo que la administración debe cumplir con los requisitos legales y contractuales para terminar unilateralmente un contrato, y que el concesionario debe demostrar adecuadamente cualquier reclamación por daños y perjuicios.síntesis automática
También resuelve:¿La imposibilidad de establecer la existencia del daño efectivamente causado al concesionario impide que sea beneficiario de lo que quedaba de la concesión?¿La decisión atacada contiene una descripción detallada de las exigencias del servicio público que dieron lugar a la terminación unilateral?¿La auditoría se limitó a determinar el aspecto de la explotación económica de la concesión estableciendo los ingresos para unas vigencias?
¿Resulta procedente la nulidad de los actos mediante los cuales se impuso una multa al titular de un contrato de concesión minera por el reiterado incumplimiento de las obligaciones contractuales, dada la falta de delimitación del área del Contrato luego de la declaratoria de utilidad pública e interés social decretada por el Ministerio de Minas y Energía? No
El contratista no puede obtener la nulidad de los actos mediante los cuales se impuso una multa por el reiterado incumplimiento de las obligaciones contractuales, ya que la Autoridad Nacional Minera (ANM) no estaba obligada a delimitar el área del contrato luego de la declaratoria de utilidad pública e interés social decretada por el Ministerio de Minas y Energía, y el contratista conocía la existencia de traslapes con terrenos destinados a un proyecto de utilidad pública. Además, la ANM no estaba obligada a inscribir en el Registro Minero Nacional el acto administrativo que declaró como de utilidad pública e interés social los terrenos destinados al proyecto hidroeléctrico, y el contratista no solicitó a la ANM que definiera el área del contrato. Por lo tanto, la Sala reitera que el incumplimiento del contrato no puede justificarse por la falta de definición del área del contrato, y que la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación debe ser condenada en costas y agencias en derecho.síntesis automática
También resuelve:¿La supuesta falta de definición del área del contrato habilitaba al titular minero para dejar de cumplir las obligaciones a su cargo?¿Resulta procedente condenar en costas a la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2022-06-17Sala Consulta y Servicio CivilANA MARIA CHARRY GAITANRad. 11001030600020210008400CONCEPTOS PARA PRECAVER LITIGIOS
¿Un aeropuerto de uso público y a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa Especial es objeto pasivo del impuesto predial y contribución por valorización? No
Conforme a lo explicado en este concepto, los aeropuertos públicos que son propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, o son administrados directamente por ella, en ejercicio de sus funciones legales, no pueden ser gravados, en principio, con el impuesto predial ni con la contribución de valorización, salvo algunas áreas, en cualquiera de los siguientes dos casos: i) Las construcciones, edificaciones o cualquier tipo de mejora sobre estos bienes, que estén en manos de particulares, pueden ser gravadas con el impuesto predial unificado, por parte de los distritos, tal como lo establecen el artículo 6, numeral 3°, de la Ley 768 de 2012 y el artículo 26, numeral 3°, de la Ley 1617 de 2013.
También resuelve:¿La existencia de operadores de prestación de servicio de transporte aéreo de pasajeros y de carga, en un aeropuerto de uso público a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa…¿La existencia de operadores de prestación de servicio de transporte aéreo de pasajeros y de carga, en un aeropuerto de uso público a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa…¿La existencia de locales comerciales y la explotación económica de estos por parte de particulares, dentro de los aeropuertos a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa Especial…
RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL CONTRATO,BIEN DE USO PÚBLICO,CONTRATO DE ARRENDAMIENTO,CONTRATO DE CONCESIÓN – Régimen jurídico aplicable al contrato,Bien de uso público,Contrato de arrendamiento,Bienes públicos,Determinación,Criterio jurisprudencial,Bien público,Contrato de concesión,Caracterísiticas – Mes: enero – Año: 2013…
¿Procede la nulidad absoluta del contrato de concesión minera AIT-147 de 2002, por ilicitud del objeto frente a la declaratoria de Distrito de Manejo Integrado -DMI- del Páramo de Guargua y Laguna Verde dispuesta por la CAR a través del Acuerdo 022 de agosto de 2009, por configurar un área excluible de la minería? No
El contratista no puede obtener la nulidad absoluta del contrato de concesión minera por ilicitud del objeto frente a la declaratoria posterior de un Distrito de Manejo Integrado que excluye áreas para la minería, ya que la ley ambiental permite la aplicación retrospectiva de disposiciones que prohíben la actividad minera en áreas específicas, lo que no invalida el contrato en su totalidad sino que limita su ejecución en las áreas afectadas, dejando a las partes la responsabilidad de determinar la viabilidad técnica, administrativa y financiera de la concesión en las áreas no excluidas. La Sala revoca la sentencia que declaró la nulidad parcial del contrato y niega las pretensiones de la demanda, reiterando que los contratos de concesión que involucran bienes públicos como el subsuelo o recursos naturales no renovables son imprescriptibles e inenajenables, permitiendo que la acción de controversias contractuales se presente en cualquier tiempo.síntesis automática
¿Le asiste competencia a la Sala para resolver del presente proceso en segunda instancia, toda vez que los tribunales administrativos conocen en primera instancia de las acciones referentes a los contratos de concesión minera? Sí
El contratista puede demandar la nulidad de un contrato minero ante el Consejo de Estado en segunda instancia, toda vez que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de estos litigios, conforme al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 293 de la Ley 685 de 2001, y el Consejo de Estado, en segunda instancia, puede conocer de las apelaciones de autos y sentencias dictadas por los tribunales administrativos. Además, la entidad ambiental, como la CAR, está legitimada para demandar la nulidad del contrato minero cuando este transgrede la normativa ambiental y se superpone con áreas de protección ambiental, independientemente de no ser parte contratante, al tener interés directo y ser la autoridad ambiental competente en la zona concesionada. En estos casos, no operan los términos de caducidad del medio de control de controversias contractuales, dado que los recursos naturales renovables y las áreas de protección ambiental son bienes imprescriptibles e inalienables, lo que garantiza la protección del interés público y la integridad del medio ambiente.síntesis automática
También resuelve:¿La CAR, al ser la entidad ambiental que tiene por obligación desarrollar las políticas orientadas a aprovechar los recursos naturales renovables, puede demandar la nulidad de un contrato minero?¿En los casos en los que se pretende la nulidad absoluta de un contrato de exploración y de explotación minera por transgredir la normativa ambiental, operarán los términos de caducidad?¿Cuando se demanda la nulidad absoluta de un contrato minero por traslaparse con áreas de protección ambiental, su presentación podrá darse en cualquier tiempo?
"(...) ¿Si hay lugar a declarar la nulidad de las Resoluciones No. 426 y 453 de 2019, en virtud de las cuales, la entidad demandada: (i) declaró el incumplimiento parcial del contrato de Administración, Mantenimiento y Aprovechamiento Económico CAMEP 110- 00129-1-0-2013, afectando la cláusula penal pecuniaria y (ii) declaró la ocurrencia del siniestro, en virtud de la póliza 2144101128183, expedida por la compañía Seguros del Estado? (...)" No
… en el presente asunto, se pretende la nulidad de las resoluciones, por medio de las cuales se resolvió una actuación administrativa, por incumplimiento contractual y se resolvió el recurso de reposición presentado por la aseguradora Seguros del Estado (garante del contrato), no a partir de argumentos tendientes a atacar el contenido de las referidas decisiones, sino a evidenciar una presunta vulneración del derecho al debido proceso del contratista, durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionatorio, que condujo a la expedición de los actos administrativos. 3.4 Así las cosas, encuentra la Sala que la parte actora está alegando unos vicios en la formación de los actos administrativos, por tanto, en esta oportunidad se limitará únicamente a analizar los cargos de nulidad formulados por el demandante. a) De la incompetencia temporal de la ex directora Nadime Yaver Licht…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-04-26Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 44001233100020000054002ACCION CONTRACTUAL
¿Debe la entidad demandada pagar restituciones mutuas consecuenciales a causa de la declaratoria de nulidad del contrato de concesión? Sí
El contratista no puede reclamar restituciones mutuas consecuenciales a causa de la declaratoria de nulidad del contrato de concesión, ya que estas deben basarse en la extinción de los compromisos adquiridos y no en las sumas de dinero que fueron pactadas como parte de la oferta para contratar. La entidad demandada no está obligada a pagar estas restituciones mutuas, ya que el dictamen pericial y la formulación del incidente se apartan de lo dispuesto por la sentencia anulatoria del contrato. Además, es necesario probar el monto de los gastos en que incurrió el contratista para la ejecución del objeto del contrato, lo cual no se refleja en el texto contractual ni en la proyección financiera presentada. Esta decisión matiza la interpretación previa sobre la cuantificación de restituciones mutuas en casos de nulidad contractual, limitando la posibilidad de reclamar sumas que no se ajusten a la realidad de la ejecución del contrato.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2026-10-05Sección Tercera (Subsección B)DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIARad. 52001233300020250025001Controversias contractuales
¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales para resolver las pretensiones de declaración de existencia, validez e incumplimiento de un contrato estatal de comodato, así como la restitución del bien inmueble entregado en virtud de dicho negocio jurídico, cuando la tenencia del bien tiene origen en la relación contractual entre las partes? Sí
El medio de control de controversias contractuales es procedente para resolver pretensiones de declaración de existencia, validez e incumplimiento de un contrato estatal de comodato, así como para ordenar la restitución del bien inmueble entregado en virtud de dicho contrato, siempre que la tenencia del bien tenga origen en la relación contractual entre las partes. La Sala establece que, aunque el CPACA no prevé un procedimiento específico para la restitución de bienes, es aplicable el artículo 384 del CGP para efectos de resolver sobre la pretensión de restitución del inmueble, manteniendo la competencia del juez administrativo. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y permite una mayor flexibilidad en la resolución de controversias contractuales que involucren la restitución de bienes, garantizando así la protección de los intereses de las partes en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Debe tramitarse la demanda de restitución de un inmueble entregado en virtud de un contrato estatal de comodato mediante el medio de control de controversias contractuales…¿Debe contabilizarse de manera independiente la caducidad de cada pretensión, aunque se acumulen en una misma demanda de controversias contractuales?¿Operó el fenómeno jurídico de caducidad de las pretensiones de existencia, validez e incumplimiento del contrato estatal de comodato, así como de las indemnizatorias…
¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho mediante el cual se controvierte la legalidad de la Resolución proferida por la DIMAR que otorgó el derecho de uso y goce de bienes de uso público a la sociedad demandante, se presentó por fuera del término de caducidad establecido por la ley? Sí
La acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo particular que otorga el derecho de uso y goce de un bien de uso público se rige por el término de caducidad del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que se cuenta desde la notificación del acto. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la resolución es una manifestación unilateral de voluntad en ejercicio de función administrativa y no constituye ni contiene un contrato de concesión, por lo que la acción procedente se determina por la fuente del daño. Segunda, el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el Decreto 2304 de 1989, permite pedir la nulidad del acto y el restablecimiento del derecho, y el término de cuatro meses corre desde la notificación. Tercera, la demanda se presentó años después del vencimiento de ese término, de modo que la caducidad está configurada. La providencia modifica la sentencia de primera instancia y declara probada la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento. La consecuencia práctica es que el acto particular que concede el uso de un bien de uso público debe impugnarse dentro de los cuatro meses desde su notificación.síntesis automática
También resuelve:¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las controversias originadas de la actividad de una entidad adscrita al Ministerio de Defensa…¿La distinción entre "contrato" y la "licencia, permiso o autorización" adoptada mediante actos administrativos, radica en la voluntad (o voluntades) requeridas para la formación…¿En materia marítima y portuaria, si la concesión se otorga bajo la vigencia de la Ley 1 de 1991, esta configura un contrato administrativo entre el Estado y la sociedad portuaria…
¿El negocio jurídico estuvo gobernado por el derecho privado y los instrumentos expedidos por la contratante no tienen la connotación de actos administrativos? Sí
El contratista no puede emplear la vía contenciosa para sustituir a la administración en el cumplimiento de sus deberes, ya que el negocio jurídico celebrado para la vigilancia de las obras afectadas por el fenómeno de La Niña está gobernado por el derecho privado, y los instrumentos expedidos por la contratante no tienen la connotación de actos administrativos. La entidad contratante puede perseguir por vía judicial el cierre financiero del contrato si el balance definitivo no se ha producido pese al interés reiterado de la contratante y el plazo convencional ha expirado, siempre que no pueda practicar la liquidación de forma unilateral. Además, las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación son inadmisibles en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia, que imponen fallar de forma coherente con los hechos y las pretensiones formulados en la demanda. Esta decisión reitera y matiza precedentes, estableciendo límites claros para el uso de la jurisdicción contenciosa en casos de liquidación de contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Existe causa suficiente para que la entidad hiciera uso de la pretensión de perseguir por vía judicial el cierre financiero del negocio…¿Son inadmisibles las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación, en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia…¿La sociedad contratista detenta la condición de extremo pasivo de la relación jurídico procesal, por lo cual no se encuentra habilitada para formular pretensiones que introduzcan cuestiones…
¿La declaración del Río Subachoque y Pantano de Arce como un DMI, a través del Acuerdo 17 de 1997 dictado por la CAR, es suficiente para impedir el desarrollo de actividad minera en la zona, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 34 del Código de Minas? Sí
Un distrito de manejo integrado declarado por la autoridad ambiental queda excluido de la minería a priori, en los términos del artículo 34 del Código de Minas, sin que se requiera plan de manejo ni declaración expresa de exclusión, de modo que la superposición con un área concesionada produce nulidad absoluta por objeto ilícito. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los distritos de manejo integrado son zonas excluibles de minería, y la excepción para zonas de producción solo opera en el plan de manejo y por métodos que no afecten los objetivos de la zona. Segunda, el distrito declarado mediante acuerdo de 1997 es una zona de protección de los recursos naturales renovables, por lo que está excluido. Tercera, la superposición acreditada hace que el contrato adolezca de nulidad absoluta en la porción traslapada. La providencia confirma la decisión. La consecuencia práctica es que la concesión minera otorgada sobre un área traslapada con un distrito de manejo integrado es nula en esa porción, aun sin declaración expresa de exclusión.síntesis automática
También resuelve:¿La superposición existente, al momento de suscribir el contrato de concesión minera GC8-09F de 2006, entre una porción del área entregada y el DMI Río Subachoque y Pantano de Arce trae como…¿La parte demandada acreditó en el presente proceso que se hubiera expedido una licencia previa para adelantar las actividades de minería o que la autoridad minera hubiera dado su aval para ello en…¿Es procedente declarar la nulidad absoluta por objeto ilícito de la cláusula 2ª del Contrato de concesión GC8-09F, parcialmente…
¿El incumplimiento del contrato por parte del departamento de Putumayo fue superado con la suscripción del acta de liquidación bilateral? Sí
El contratista y la entidad estatal superan el incumplimiento del contrato mediante la suscripción de una acta de liquidación bilateral, siempre y cuando dicha acta no presente vicios del consentimiento y las partes queden a paz y salvo sin reparos o salvedades. En este caso, la entidad estatal incumplió el contrato No. 1188 de 2015 por una falta al deber de planeación, lo que impidió la suscripción del acta de inicio del proyecto debido a deficiencias en la gestión de las licencias de la obra. Sin embargo, el contratista y la entidad estatal liquidaron bilateralmente el contrato el 6 de diciembre de 2016, reconociendo únicamente los costos de pago de estampillas y pólizas, y modificaron el acta el 21 de diciembre de 2016 para excluir los gastos de administración fiduciaria. El contratista aceptó la liquidación y se declaró a paz y salvo por todo concepto, renunciando a otros emolumentos como la utilidad esperada y los gastos de arrendamiento, pago de servicios, alquileres de maquinaria y equipos y pago de prestaciones sociales. La Sala confirmó la sentencia que negaba las pretensiones del contratista, reafirmando que la liquidación bilateral es vinculante cuando no se acreditan vicios del consentimiento.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Nariño?¿Los contratos estatales suscritos por departamentos como el del Putumayo se rigen por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública -EGCAP- y sus reformas?¿Cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento…
¿El proceso de selección adelantado por TRANSMILENIO S.A. para contratar el mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura del sistema de transporte masivo debía someterse a los principios y reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, pese a que la entidad se encuentra sometida al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, por tratarse de una actividad ajena a escenarios de competencia o mercado regulado, vinculada al cumplimiento de cometidos estatales? Sí
Las entidades estatales descentralizadas sometidas al régimen de empresa industrial y comercial se sujetan a los principios y reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública cuando celebran contratos relacionados con actividades de interés general ajenas al mercado competitivo. El proceso de selección adelantado para contratar el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del sistema de transporte masivo persigue cometidos estatales esenciales. Por consiguiente, la actuación contractual debe regirse por la normativa pública de contratación para garantizar la libre competencia y el cumplimiento de los fines del Estado, apartándose del régimen privado cuando el objeto contractual compromete bienes y servicios de uso público.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda presentada en ejercicio de la acción contractual, mediante la cual se solicitó la nulidad de los actos precontractuales…¿El pliego de condiciones exigió una experiencia general y específica mínima del director del proyecto y de los ingenieros residentes como requisito habilitante y, simultáneamente…¿El tiempo durante el cual el director del proyecto participó en la etapa precontractual del contrato celebrado entre Konidol y Ecopetrol podía computarse como experiencia específica para efectos de…
¿Es aplicable el término supletivo de cuatro meses del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 cuando no se estipula un plazo para la liquidación bilateral del contrato? Sí
El contratista puede aplicar el término supletivo de cuatro meses del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 para la liquidación bilateral del contrato cuando no se haya estipulado un plazo específico, dado que este plazo es aplicable a contratos estatales sujetos a liquidación conforme al artículo 60 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal no puede liquidar unilateralmente el contrato después de este plazo, y el término de caducidad del medio de control se suspende si la entidad presenta una solicitud de conciliación prejudicial, incluso si no está obligada a hacerlo. La Sala establece que el juez no está sujeto al término de caducidad cuando declara de oficio la nulidad del contrato, y que no se configura la cosa juzgada respecto de la validez del contrato si en un proceso anterior se resolvió la caducidad de la pretensión anulatoria sin pronunciamiento de fondo. Además, la Sala matiza la regla según la cual el juez puede declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato sin que estén acreditados plenamente los elementos probatorios de la causal invocada, estableciendo que esta facultad no puede ejercerse sin un sustento probatorio adecuado.síntesis automática
También resuelve:¿La solicitud de conciliación extrajudicial presentada por una entidad pública, que no estaba obligada a agotar ese trámite como requisito de procedibilidad…¿Está el juez sujeto al término de caducidad del contrato cuando declara de oficio la nulidad de un contrato estatal?¿Es jurídicamente viable declarar la configuración de la cosa juzgada respecto de la validez de un contrato estatal, cuando en un proceso anterior se resolvió la caducidad de la pretensión anulatoria…
¿Pese a que existe una Sentencia de Unificación de la Sección Tercera sobre la imposibilidad de celebrar contratos de arrendamiento sobre bienes de uso público, respeto tal posición, no [se puede] compartirla de manera irreflexiva para todos los bienes de uso público y todos los contratos de arrendamiento sin analizar el alcance del contrato en cada caso? Sí
A pesar de que coincido en que debía confirmarse la Sentencia de primera instancia que declaró la nulidad del contrato de arrendamiento sobre un bien de uso público, existen algunos puntos que me gustaría aclarar. Considero relevante aclarar que la naturaleza del bien base no es, en todos los casos, idéntica a los bienes que sobre esa superficie se construyen. Así, por ejemplo, no es idéntica la naturaleza del bien playa o terreno de bajamar, que la del bien muelle. Sin embargo, en el caso, el bien no podía ser objeto de arrendamiento. Adicionalmente, pongo de presente que, pese a que existe una Sentencia de Unificación de la Sección Tercera sobre la imposibilidad de celebrar contratos de arrendamiento sobre bienes de uso público, respeto tal posición, pero no puedo compartirla de manera irreflexiva para todos los bienes de uso público y todos los contratos de arrendamiento sin analizar el alcance del contrato en cada caso.
¿Se cumplieron los requisitos para declarar la nulidad del contrato? No
No comparto la sentencia de la referencia porque declaró la nulidad del contrato por considerar que había objeto ilícito al comprender el uso de la playa y terrenos de bajamar, que son bienes de uso público. 1.- Como he indicado previamente, de acuerdo con la ley, la declaratoria de nulidad de oficio de un contrato procede siempre que se tres requisitos: "1ª que la nulidad aparezca de manifiesto en el acto o contrato, es decir, que a la vez que el instrumento pruebe la celebración del acto o contrato contenga, muestre o ponga de bulto por sí solo los elementos que configuran el vicio determinante de la nulidad absoluta; 2ª que el acto o contrato haya sido invocado en el litigio en el proceso como fuente de derechos u obligaciones de las partes, y 3ª que al pleito concurran, en calidad de partes, las personas que intervinieron en la celebración" del contrato. 2.- Si bien las partes del contrato concurrieron al proceso…
¿La nulidad por objeto ilícito se produjo porque se contravino una norma superior de orden público? Sí
Con el respeto debido por la Sala, decidí aclarar voto, frente al motivo por el cual se originó el vicio de nulidad absoluta del contrato. El fallo consideró que el convenio fue celebrado sin agotar los procedimientos de selección objetiva establecidos en el Estatuto General de Contratación Pública.… En este caso, se probó, por las características del acuerdo de voluntades, que su objeto no correspondía verdaderamente con los elementos de la esencia de los convenios de asociación ni de los contratos de fomento. Ello porque la prestación principal a la que se comprometió la Caja —el servicio periódico de alimentación escolar— era remunerada con una contraprestación directa equivalente a esa labor, consistente en el pago de una suma de dinero por parte de la entidad territorial.
También resuelve:¿El legislador instituyó los eventos que dan lugar a la nulidad absoluta de los contratos por trasgredir normas de carácter superior que los rigen…¿La calificación de la naturaleza jurídica de un contrato parte del análisis de su contenido, derechos y obligaciones?