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¿Al momento de presentación de la demanda, el Ministerio tenía competencia para liquidar unilateralmente el contrato? Sí
Si al momento de presentarse la demanda la entidad pública tenía la competencia para liquidar unilateralmente el contrato, el juez no puede liquidarlo judicialmente, porque ello implicaría desconocer el objeto de la jurisdicción y usurpar una función que la ley asigna a la administración. Una razón es que con la demanda no se planteó una controversia contractual, pues el juez de lo contencioso administrativo solo controla, a petición de parte, la legalidad de los actos de la administración que surjan de un conflicto. Otra razón es que el ministerio conservaba la atribución de liquidar el contrato dentro del plazo legal, y no podía despojarse de ella. En el caso, la sentencia de primera instancia había ordenado al consorcio el pago de anticipos no amortizados como resultado de la liquidación judicial, y la Sala revocó esa decisión. Su consecuencia práctica es que la liquidación judicial solo procede cuando la competencia de liquidar unilateralmente ya no existe al momento de la demanda.síntesis automática
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¿En un proceso administrativo sancionatorio de naturaleza contractual, cuando la administración pretende imponer una multa acordada en el contrato en la que se pactó su forma de tasación, es necesario hacer la cuantificación de los perjuicios del incumplimiento, atendiendo lo que dice el encabezado del artículo 86 de la ley 1474?
Conforme al inciso primero del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, las entidades estatales podrán cuantificar los perjuicios ocasionados por el incumplimiento, y según la jurisprudencia del Consejo de Estado esa tasación es discrecional para la administración, aunque debe abordarse desde la perspectiva del principio de proporcionalidad, que opera como criterio de acción y de control judicial. La declaratoria de cualquier incumplimiento, total o parcial, debe surtirse con plena observancia del procedimiento del artículo 86. Multas y cláusula penal se diferencian: la multa es, por regla general, conminatoria frente a incumplimientos parciales, mientras la cláusula penal constituye en principio una tasación anticipada de perjuicios a raíz de la caducidad o del incumplimiento definitivo; su imposición unilateral se funda en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. El monto de la cláusula penal debe atender la proporcionalidad y, según el artículo 1596 del Código Civil, puede disminuirse según el porcentaje de obra ejecutado y recibido por la entidad. Corresponde a cada entidad realizar el análisis jurídico para cuantificar los perjuicios según el caso concreto.síntesis automática
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¿Cuál es el procedimiento y garantías de protección que deben aplicar las entidades en los casos de acoso sexual en los cuales el presunto agresor o la víctima se encuentran vinculados mediante contrato de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión?
Frente al acoso sexual en los que el presunto agresor o la víctima estén vinculados mediante contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, la Ley 2365 de 2024 extiende su alcance al contexto laboral, pues incluye las interacciones de los contratistas de prestación de servicios, independientemente de la naturaleza de la vinculación. Para las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, el artículo 20 de esa ley establece un trámite sancionatorio de naturaleza especial en los contratos de prestación de servicios. Ese procedimiento solo puede aplicarse una vez el Gobierno nacional lo reglamente, lo que incluye la forma en que los contratos deben incorporar el procedimiento de queja, investigación y atención de los casos. El mecanismo de queja del artículo 15 se articula con las garantías de protección del artículo 13. Cuando la entidad contratante no está sujeta al Estatuto, el artículo 20 no le es aplicable, sin perjuicio de las demás medidas de prevención, protección y atención previstas en la Ley 2365 de 2024.síntesis automática
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¿Cómo se calcula el valor a pagar por concepto de cláusula penal?
Conforme a los expuesto, la competencia atribuida a esta entidad por los artículos 3.5 y 11.8 del Decreto 4170 de 2011 se limita a la resolución de consultas sobre la aplicación de normas de alcance general en materia de contratación estatal y compras públicas. Esta competencia de interpretación de normas generales no puede extenderse a la resolución de controversias, ni a brindar asesorías sobre casos puntuales. Esto en la medida en que, para resolver una consulta de carácter particular, además de conocer un sin número de detalles de la actuación administrativa, es necesario acceder al expediente y a los documentos del procedimiento contractual donde surge la inquietud.
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El peticionario realiza la siguiente pregunta: «Puede un Establecimiento Público descentralizado nivel territorial, participar como oferente de una licitación pública».
Puede un Establecimiento Público descentralizado nivel territorial, participar como oferente de una licitación pública. Por el hecho de su creación, los establecimientos públicos adquieren la calidad de personas jurídicas, esto les permite ser sujeto de derechos y obligaciones, así como tener la capacidad para celebrar contratos. Además, los establecimientos públicos cuentan con autonomía administrativa y financiera. Sin embargo, esta se encuentra limitada por el principio de especialidad, según el cual «… los establecimientos públicos no pueden dedicarse a actividades diferentes de aquellas previstas como sus fines en las normas que los crearon… », y por el principio de afectación, del que se desprende que estos solo pueden destinar sus recursos a los fines que pretenden según sus estatutos.
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¿El decreto 1510 de 2013 es aplicable a Coljuegos, como Empresa Industrial y Comercial del Estado, con régimen de contratación privada bajo la excepción que regula la Ley 1150 de 2007?
Si bien la solicitud se refiere a establecer la aplicación de una norma derogada, esto es, el Decreto 1510 de 2013, de la lectura integral de la solicitud y su referencia a las excepciones que regula la Ley 1150 de 2007 para las empresas industriales y comerciales del Estado, se infiere que la misma va dirigida a determinar el régimen de contratación aplicable a estas entidades.
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¿Una alcaldía puede contratar por ley 80 de 1993 con una dependencia que hace parte de su propia estructura administrativa?
Por lo anterior, previo concepto de sus órganos asesores, las entidades involucradas deberán decidir si es posible o no la celebración de contratos con dependencias que hagan parte de su propia estructura administrativa.
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¿Cuál sería el alcance de la expresión “misma entidad” dado que en una misma jurisdicción confluyen entidades como alcaldía, la empresas (sic) de servicios públicos y empresa social del estado E.S.E., en tal sentido se hablaría de todas estas entidades de una misma jurisdicción como un todo es decir todas serían una misma entidad?
De conformidad con lo expuesto, las disposiciones del régimen de inhabilidades e incompatibilidades deben ser interpretadas conforme al principio pro libertate, lo que significa que su contenido se interpreta de forma restrictiva. En este sentido, respecto de este tipo de disposiciones no proceden interpretaciones extensivas o finalistas.
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¿Cuál es la modalidad de selección aplicable para la celebración de acuerdos de corresponsabilidad?
El contratista debe celebrar acuerdos de corresponsabilidad con organizaciones de recicladores mediante convocatorias públicas que garanticen la selección objetiva de las organizaciones habilitadas, en lugar de aplicar las modalidades de selección que implican evaluación por precio, como licitación pública, selección abreviada o mínima cuantía, debido a que estos acuerdos son gratuitos y no incluyen contraprestación económica. Esta regla reitera y matiza precedentes anteriores, estableciendo que las entidades estatales deben optar por modalidades de contratación que no requieren pago de contraprestación, como las reguladas por el Decreto 092 de 2017, para asegurar la inclusión y la igualdad real para los recicladores en la prestación de servicios públicos domiciliarios.síntesis automática
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¿Deben los fondos mixtos en el momento que vayan a contratar para la adquisición de algún bien o servicio, adelantar un proceso de selección, tal como lo estipula el estatuto de contratación estatal?
De conformidad con las consideraciones expuestas, los fondos mixtos para la promoción de la cultura y las artes, por regla general, no tienen el deber de adelantar procedimientos de selección de oferentes en los términos dispuestos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, dado que estos procedimientos precontractuales son propios del régimen de los contratos estatales sometidos a la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, regulación que no le es aplicable a los contratos regidos por el derecho privado. Lo anterior sin perjuicio de las reglas propias que hayan sido estipuladas en los estatutos o en el reglamento interno o manual de contratación de los fondos mixtos, caso en el cual deberán atenderse.
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¿Opera la caducidad respecto de la pretensión tercera cuando los perjuicios reclamados corresponden a costos y gastos causados antes de la expedición de las Resoluciones 083 y 120 de 2016? Sí
El contratista no puede presentar una pretensión indemnizatoria por costos y gastos causados antes de la liquidación del contrato o antes de la expedición de resoluciones que generen perjuicios, ya que el término de caducidad para demandar comienza a correr desde la fecha de liquidación del contrato o desde la expedición de las resoluciones que causen los perjuicios. En este caso, la Unión Temporal reclamó costos y gastos que se originaron antes de la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato, el 8 de junio de 2012, y antes de la expedición de las Resoluciones 083 y 120 de 2016. La Sala determinó que el término de caducidad para la pretensión tercera venció el 9 de junio de 2014, y la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 7 de septiembre de 2018, cuando ya había operado la caducidad. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente, estableciendo que la caducidad opera respecto de la pretensión tercera cuando los perjuicios reclamados corresponden a costos y gastos causados antes de la expedición de las resoluciones mencionadas, lo que implica que el contratista debe presentar sus reclamos dentro del término legal para evitar la caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Conserva la entidad estatal la facultad de reclamar al contratista los perjuicios derivados de defectos cubiertos por los amparos de calidad y correcto funcionamiento que afloran durante la vigencia…¿Acreditó la Unión Temporal que las condiciones locativas, ambientales o eléctricas de las aulas causaron los defectos de funcionamiento posteriores del simulador?¿Impide la liquidación bilateral sin salvedades atribuir al Ejército los defectos de funcionamiento con fundamento en el incumplimiento de obligaciones anteriores comprendidas en el balance…
¿Cuáles son los criterios jurídicos que deben observar las entidades estatales para determinar la modalidad de selección aplicable a un proceso de contratación?
La modalidad de selección del contratista no se determina por la cuantía ni por fórmulas automáticas, sino por un análisis integral de la necesidad, el objeto contractual y las obligaciones a cargo del contratista. Según la postura expuesta, la entidad estatal es responsable de escoger la modalidad con base en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, donde la licitación pública es la regla general y las demás modalidades son excepciones. La cuantía cumple un rol subsidiario y no es autónoma ni automática, pues solo adquiere relevancia una vez la entidad ha definido la naturaleza del objeto y la necesidad pública que pretende satisfacer. En consecuencia, no es procedente determinar la modalidad con base exclusiva en el valor del presupuesto oficial, ni acudir a reglas porcentuales que desatiendan el análisis material del objeto. Esa exigencia se articula con los principios de planeación, transparencia y selección objetiva que rigen la contratación estatal. La consecuencia práctica es que la entidad debe dejar constancia en los estudios previos del examen integral que la llevó a escoger la modalidad.síntesis automática
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¿Cuál es la modalidad de selección aplicable para la celebración de acuerdos de corresponsabilidad?
Para celebrar acuerdos de corresponsabilidad a título gratuito con organizaciones de recicladores, la entidad estatal debe adelantar convocatorias públicas que garanticen la selección objetiva de la organización habilitada, verificando el cumplimiento de la Resolución 051 de 2014 de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, y resulta más adecuado acudir a convocatorias como las reguladas por los artículos 4 y 5 del Decreto 092 de 2017, cuyas relaciones negociales no suponen necesariamente una contraprestación y pueden implicar cooperación entre la administración y los particulares. A esos acuerdos gratuitos no les resultan aplicables de manera automática algunas disposiciones del Estatuto General, como las que consagran la contraprestación como derecho del contratista y elemento esencial del contrato, ni las modalidades de selección del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 en las que el precio es factor de evaluación. En cambio, cuando se pacta una contraprestación que determina el precio y el valor del contrato, se tornan aplicables esas modalidades de selección y la selección objetiva del artículo 5 de dicha ley. Los acuerdos de corresponsabilidad surgieron en el cumplimiento de la sentencia T-724 de 2003 de la Corte Constitucional.síntesis automática
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¿Cómo deben realizar los estudios del sector las Empresas Industriales y Comerciales del Estado cuando el objeto a contratar está relacionado con su misionalidad y esta se rige por el derecho privado?
Conforme al artículo 85 de la Ley 489 de 1998, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son Entidades Estatales con personería jurídica, autonomía administrativa, creadas para desarrollar actividades de carácter industrial o comercial y gestión económica conforme a las reglas establecidas por el derecho privado, salvo las excepciones que contempla la ley.
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¿El término de prescripción en el contrato de seguro se contabiliza desde el conocimiento real o presunto del siniestro por parte del interesado? Sí
El contratista debe ejercer acciones derivadas del contrato de seguro dentro del término de prescripción establecido en el artículo 1081 del Código de Comercio, que comienza a contabilizarse desde el conocimiento real o presunto del siniestro por parte del interesado, ya sea el tomador, el asegurado o el beneficiario. Esta regla se modifica respecto a precedentes anteriores, al establecer que la prescripción ordinaria opera desde que el interesado conoce o debió conocer del siniestro, incluso si la entidad asegurada ya tenía conocimiento de los hechos que dan origen a la acción. Esto implica que la entidad pública debe actuar con celeridad y diligencia en la formulación de reclamaciones ante las aseguradoras para evitar la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta aplicable la prescripción ordinaria prevista en el artículo 1081 del Código de Comercio cuando se acredita que la entidad asegurada conocía, o razonablemente debía conocer…¿Están las entidades públicas obligadas a ejercer control y vigilancia permanente sobre la ejecución de contratos estatales?¿Pueden considerarse los informes de interventoría como un medio idóneo para que las entidades estatales verifiquen el cumplimiento de los contratos públicos…
¿Cuál es el marco normativo del delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales respecto a su integración con las normas del sistema de compras públicas?
El delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales del artículo 410 del Código Penal es un tipo penal en blanco, de modo que la conducta solo es típica cuando se omiten requisitos de naturaleza esencial, y su determinación exige remitirse a las normas del sistema de compras públicas. Para las entidades sometidas al EGCAP esas normas son las de la Ley 80 de 1993. Para las entidades exceptuadas, son las del derecho civil y comercial, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. Para la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro aplica el régimen especial del Decreto 092 de 2017. El concepto aclara que las respuestas de la entidad no son de obligatorio cumplimiento ni tienen efectos vinculantes, pues expresan una posición hermenéutica, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011. Además, la competencia para investigar y juzgar los delitos contra la administración pública corresponde a las autoridades judiciales, que son quienes resuelven la controversia penal. Por ello, el interesado no debe entender el concepto como una decisión sobre la tipicidad de una conducta concreta.síntesis automática
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ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,ACTIO IN REM VERSO,SOLEMNIDADES,CONTRATO ESTATAL – Negocio jurídico solemne,Perfeccionamiento del contrato,Formalidad Ad Substantiam Actus,Prevalencia,Sustancial sobre las formas,Procedencia de la acción,Eventos de aplicación,Enriquecimiento sin causa,Sentencia de Unificación,Pago d – Mes: abril – Año: 2017…
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POTESTAD REGLAMENTARIA,LIBERTAD DE EMPRESA,LIBRE COMPETENCIA,ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,CONTRATACIÓN ESTATAL,ACUERDO MARCO DE PRECIOS,COLOMBIA COMPRA EFICIENTE,PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES – Origen histórico,Titularidad,Regla general,Reglamentación directa de la ley,Presidente de la república,Contenido y alcance,Marco conceptual,Exigencia al legislador,Criterios para su limitación,Necesidad,Reserva de ley,Límites, – Mes: agosto – Año: 2017…
También resuelve:Potestad reglamentaria: origen histórico, presidente de la república, titularidad, regla general
RÉGIMEN JURÍDICO DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO,ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,PRESUPUESTOS PROCESALES – Actividad contractual,Marco normativo,Ley 80 de 1993,Especialidad,Procedencia de la acción,Actio In Rem Verso – Mes: septiembre – Año: 2016…
También resuelve:Régimen jurídico del establecimiento público: actividad contractual, marco normativoEstatuto general de contratacion estatal: Ley 80 de 1993, especialidadPresupuestos procesal: procedencia de la acción, actio in rem verso
¿Existe regulación sobre cómo una Empresa Industrial y Comercial del Estado debe establecer el límite de adiciones, la elaboración del análisis del sector y la liquidación de contratos en sus procesos de contratación?
Las empresas industriales y comerciales del Estado, en general, están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con la excepción de las que desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector público o privado, o actividades en mercados regulados. Estas últimas se rigen por las disposiciones que regulan su actividad, según el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011. Esa regla de derecho privado se justifica porque estas entidades actúan en condiciones equivalentes a las de los particulares en actividades tradicionalmente ajenas al Estado, sin prerrogativas exorbitantes que las pongan en desventaja frente a sus competidores. Su régimen contractual lo definen la norma que las crea y el manual de contratación de cada entidad. Aun así, deben aplicar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de los artículos 209 y 267 de la Constitución, así como el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, según el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. En consecuencia, la entidad debe determinar primero si desarrolla actividades en competencia o en mercados regulados, pues de ello depende el régimen aplicable.síntesis automática
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