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¿La decisión del liquidador en el proceso de liquidación de la ESE Francisco de Paula Santander relativa a la terminación unilateral del contrato de asociación no. 0678 de 2006, constituye un acto administrativo contractual, por lo que debe declararse la excepción de falta de jurisdicción al existir pacto de una cláusula compromisoria en el negocio jurídico? No
El liquidador en el proceso de liquidación de la ESE Francisco de Paula Santander emite actos administrativos que no son contractuales, por lo que no caen bajo la competencia de un tribunal arbitral ni pueden ser objeto de una acción de controversias contractuales. Esto se debe a que la terminación del contrato de asociación no. 0678 de 2006 fue una decisión derivada de la orden de supresión y liquidación de la ESE, no de una decisión unilateral de las partes o de un conflicto contractual. Por tanto, la decisión del liquidador no constituye un acto administrativo contractual, y la excepción de falta de jurisdicción por pacto de cláusula compromisoria no prospera. Esto implica que las acciones basadas en la terminación del contrato por parte del liquidador deben ser abordadas a través de otros mecanismos legales distintos a la controversia contractual.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales es la idónea para demandar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales el liquidador de la ESE Francisco de Paula Santander comunicó la…
¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto de adjudicación del contrato, se intentó dentro del plazo preclusivo previsto en la ley? No
El contratista no puede ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto de adjudicación del contrato una vez vencido el plazo de caducidad establecido en la ley, que en este caso es de cuatro meses contados a partir de la fecha en que se realizó la audiencia de adjudicación y se notificó el acto a los proponentes no favorecidos. En el presente caso, la entidad estatal llevó a cabo la audiencia de adjudicación el 16 de septiembre de 1997, en la que notificó el acto de adjudicación al contratista, quien asistió a dicha audiencia. El término de caducidad comenzó a correr desde esa fecha y venció el 16 de enero de 1998. La demanda fue presentada el 19 de enero de 1998, por lo que operó la caducidad del término de la acción, lo que implica que la entidad estatal no está obligada a revisar la legalidad del acto de adjudicación una vez vencido el plazo establecido por la ley.síntesis automática
También resuelve:¿La jurisdicción Contencioso Administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas?¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene del acto…¿De conformidad con la ley y de acuerdo a la conducta asumida por las partes, procede la condena en costas?
¿Procede la acción de controversias contractuales para solicitar los perjuicios derivados del acto de adjudicación cuando el contrato ya se celebró al momento de presentar la demanda, por lo cual, se configuró ineptitud sustantiva de la demanda al interponer en el caso bajo análisis la acción de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
Conforme al parágrafo primero del artículo 77 de la Ley 80 de 1993, el acto de adjudicación no tiene recursos en la vía gubernativa y puede impugnarse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, según las reglas del CCA.
También resuelve:¿Debe aplicarse el artículo 32 de la Ley la Ley 446 de 1998 como norma procesal al caso concreto, dado que la misma se encontraba vigente cuando se adelantó el proceso de licitación pública y se…¿Debe el juez administrativo decidir en la sentencia judicial sobre las excepciones propuestas en el proceso y las que encuentre probadas?
¿La potestad de adecuar el medio de control a las pretensiones formuladas en la demanda cuando la parte actora ha señalado una vía procesal inadecuada, resulta aplicable al caso concreto? No
El contratista no puede adecuar el medio de control a las pretensiones formuladas en la demanda cuando ha señalado una vía procesal inadecuada, ya que la reforma del CPACA que otorga dicha potestad no es aplicable en este caso, dado que la acción de controversias contractuales es indebida y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es extemporánea. La entidad estatal revoca la sentencia de primera instancia para declarar la indebida escogencia de la acción de controversias contractuales, lo que implica que no se puede adecuar el medio de control sin cumplir los requisitos que permitan un análisis juicioso y completo de la legalidad del acto administrativo, evitando así una violación del debido proceso y del principio de congruencia.síntesis automática
También resuelve:¿En consonancia con la hipótesis general que fijó la Corte Constitucional, se pueden proferir de manera excepcional decisiones inhibitorias?¿No cabe duda sobre los reproches que hizo la demandante a la legalidad de la decisión que rechazó el pago por falsa motivación del acto?¿El medio de control dispuesto por el ordenamiento para procurar el restablecimiento o reparación del daño causado por un acto administrativo ilegal…
¿Procede la nulidad de los actos administrativos atacados por la parte actora al invocar de manera inadecuada, una causal de nulidad que no aplica a los actos precontractuales? No
El contratista no puede obtener la nulidad de los actos administrativos atacados al invocar de manera inadecuada una causal de nulidad que no aplica a los actos precontractuales, ya que la motivación del Tribunal para declarar la nulidad de las resoluciones no giró en torno a la causal invocada sino a la vulneración de normas superiores, como la de selección objetiva. La Sala confirma la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, actualizando el monto de la condena. Además, la competencia funcional del juez de segunda instancia se circunscribe a los aspectos del fallo confrontados específicamente por el recurrente, excluyendo el debate sobre otros aspectos no abordados en el recurso. En el presente caso, el juez de primera instancia adecuó la acción a la de nulidad y restablecimiento del derecho, evitando fallos inhibitorios y garantizando el acceso a la administración de justicia.síntesis automática
También resuelve:¿La competencia funcional del juez de segunda instancia se circunscribe a los aspectos del fallo confrontados específicamente por el recurrente, que se entienden desfavorables a sus intereses?¿Se daban los presupuestos para que el juzgador de primera instancia, actuando como garante del acceso a la administración de justicia y con el propósito de evitar fallos inhibitorios…¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada de manera oportuna?
¿Caducó la acción de nulidad y restablecimiento en contra de la decisión de declarar la imposibilidad de celebrar el contrato expedida por la Aerocivil, sin embargo, las acciones de nulidad absoluta del contrato y la de nulidad y restablecimiento del derecho contra de la decisión de adjudicar el contrato a un tercero, se presentaron en tiempo? Sí
El término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de treinta días previsto en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo se cuenta a partir de la ejecutoria del acto. Cuando el acto que decide sobre la adjudicación de un contrato no es susceptible de recurso, la caducidad corre desde su ejecutoria, y cuando sí procede el recurso de reposición, el término se cuenta desde la firmeza del acto que resuelve el recurso. Esta regla exige distinguir los distintos actos expedidos dentro de un mismo trámite contractual, pues cada uno tiene su propia fecha de ejecutoria y su propio término. En el caso concreto, la decisión de adjudicar el contrato a un tercero, que no admitía recurso, quedó ejecutoriada después de su notificación por edicto, y la demanda contra ella se presentó dentro del término. La decisión que declaró la imposibilidad de celebrar el contrato sí fue recurrida, y su firmeza se determinó con la resolución que resolvió el recurso de reposición. Como consecuencia práctica, para establecer si la acción caducó debe identificarse cada acto del procedimiento y la fecha en que quedó en firme.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la nulidad del acto de adjudicación a un tercero, cuando se presume la legalidad del acto que declaró la imposibilidad de celebrar el contrato y que no fue demandado a tiempo, además que…¿Procede declarar la nulidad absoluta del contrato cuando, se trató de una pretensión consecuencial a las pretensiones primera y segunda que, no prosperaron, y, además…
¿Cuál es la pauta del conteo del término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que negó la solicitud de suscripción del contrato estatal de estabilidad jurídica? Sí
El contratista debe contar con cuatro meses a partir de la notificación del acto administrativo que niega la solicitud de suscripción del contrato estatal de estabilidad jurídica para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que implica que la caducidad de esta acción vence cuatro meses después de la notificación. Además, el acto administrativo que niega la suscripción del contrato estatal de estabilidad jurídica puede ser nulo por falsa motivación si no se demuestran adecuadamente las razones que justifican la importancia y el carácter determinante de la decisión de inversión en relación con las normas e interpretaciones administrativas vinculantes, conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y el documento CONPES. Asimismo, la negativa a la suscripción del contrato no viola el derecho a la igualdad si el contratista no aporta pruebas comparativas que demuestren que otras empresas similares obtuvieron contratos de estabilidad jurídica bajo condiciones equivalentes. Estas reglas reiteran y matizan precedentes existentes, proporcionando mayor claridad sobre los requisitos y procedimientos para la suscripción de contratos de estabilidad jurídica y la protección de los derechos de los contratistas en la etapa precontractual.síntesis automática
También resuelve:¿Son nulos por falsa motivación los actos administrativos que negaron la suscripción del contrato estatal de seguridad jurídica conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y documento…¿Son nulos los actos administrativos por violación al derecho a la igualdad al haber negado la suscripción del contrato estatal de seguridad jurídica…¿Cuál es el criterio de procedencia para la condena en costas en asunto regido por el CPACA?
Auto interlocutorio — Auto que decide sobre excepciones previas2024-04-05Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 11001032600020170001400LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El liquidador de la sociedad demandante ostentaba la capacidad y facultad para interponer la presente demanda y representar a la sociedad actora en el este caso concreto? Sí
El liquidador de una sociedad en liquidación conserva capacidad para demandar y representar a la sociedad cuando el acto de liquidación ordena la continuación de los litigios en curso, de modo que la excepción de incapacidad o indebida representación no prospera. La conclusión se sostiene en tres razones. Primera, el acto de liquidación expedido por la autoridad de supervisión dispuso expresamente la continuación de todos los litigios, incluido el proceso en curso. Segunda, la capacidad se determina a partir del contenido de ese acto y no de la mera condición formal de liquidador. Tercera, el magistrado ponente es competente para resolver las excepciones previas mediante auto, conforme al numeral 6 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011. El auto además señala que la nota aclaratoria que modificó el monto de una multa penal es un acto administrativo susceptible de control jurisdiccional, porque altera una situación jurídica. En cuanto a la caducidad, se remite a lo resuelto en un auto previo, que el auto reitera. La consecuencia práctica es que el liquidador puede comparecer mientras el acto de liquidación mantenga los litigios.síntesis automática
¿De conformidad con la normatividad vigente para la época de los hechos, procede la terminación unilateral del contrato de comodato celebrado con un particular y por el tiempo de 6 años? si Sí
El contratista no procede a solicitar restituciones mutuas cuando se declara oficiosamente la nulidad absoluta del contrato de comodato y no existen pruebas de las mismas, ya que la ley establece que para exigir restituciones mutuas debe demostrarse que se han realizado las devoluciones de bienes y pagos conforme a lo pactado. La entidad estatal termina unilateralmente el contrato de comodato celebrado con un particular por seis años, dado que este se celebró contra la prohibición legal de la Ley 9 de 1989, que limita el plazo máximo a cinco años. La nulidad absoluta del contrato se declara de oficio por la violación de la ley, y no se considera saneada por prescripción, ya que la interrupción de la prescripción extintiva se produjo dentro del término legal. Esta sentencia reitera la jurisprudencia sobre la terminación unilateral de contratos estatales y la declaración de nulidad absoluta por incumplimiento de requisitos legales, lo que implica que los contratos que violan disposiciones legales pueden ser declarados nulos y terminados unilateralmente por la administración.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente declara de manera oficiosa la nulidad absoluta del contrato de comodato por haberse celebrado sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley?¿Proceden las restituciones mutuas por haberse declarado de manera oficiosa la nulidad absoluta del contrato de comodato y sin que exista prueba?¿Procede o no la acumulación de las pretensiones formuladas por la parte demandante de conformidad con lo establecido en el artículo 82 del C.P.C.?
¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho mediante el cual se controvierte la legalidad de la Resolución proferida por la DIMAR que otorgó el derecho de uso y goce de bienes de uso público a la sociedad demandante, se presentó por fuera del término de caducidad establecido por la ley? Sí
La acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo particular que otorga el derecho de uso y goce de un bien de uso público se rige por el término de caducidad del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que se cuenta desde la notificación del acto. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la resolución es una manifestación unilateral de voluntad en ejercicio de función administrativa y no constituye ni contiene un contrato de concesión, por lo que la acción procedente se determina por la fuente del daño. Segunda, el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el Decreto 2304 de 1989, permite pedir la nulidad del acto y el restablecimiento del derecho, y el término de cuatro meses corre desde la notificación. Tercera, la demanda se presentó años después del vencimiento de ese término, de modo que la caducidad está configurada. La providencia modifica la sentencia de primera instancia y declara probada la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento. La consecuencia práctica es que el acto particular que concede el uso de un bien de uso público debe impugnarse dentro de los cuatro meses desde su notificación.síntesis automática
También resuelve:¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las controversias originadas de la actividad de una entidad adscrita al Ministerio de Defensa…¿La distinción entre "contrato" y la "licencia, permiso o autorización" adoptada mediante actos administrativos, radica en la voluntad (o voluntades) requeridas para la formación…¿En materia marítima y portuaria, si la concesión se otorga bajo la vigencia de la Ley 1 de 1991, esta configura un contrato administrativo entre el Estado y la sociedad portuaria…
¿La celebración del contrato estatal antes del vencimiento de los treinta (30) días extinguía la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y limitaba a ese mismo término la reclamación de los perjuicios derivados de la ilegalidad del acto de adjudicación? Sí
El acto administrativo de adjudicación expedido antes de la celebración del contrato estatal puede demandarse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. Si el contrato se celebra antes de vencer ese término, la acción de nulidad y restablecimiento se extingue y la ilegalidad del acto debe invocarse a través de la acción de controversias contractuales, preservando el término de treinta días que ya había comenzado a correr. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 87 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, fija el término para demandar los actos previos al contrato; una vez suscrito el contrato, la ilegalidad de esos actos solo puede plantearse como causal de nulidad contractual; y la jurisprudencia distingue tres hipótesis según la oportunidad de la demanda frente a la celebración del negocio. Así se evita que la celebración del contrato impida el control de los actos de adjudicación. Como la demanda se presentó el 30 de octubre de 2003, el proceso se rigió por esa regulación, y la sentencia se modifica conforme a ella.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda de nulidad del contrato 064 de 2003, fundamentada en la ilegalidad del acto de adjudicación, fue presentada oportunamente…¿Se acreditó que la propuesta de la Unión Temporal MSI Electring Ltda. era la más favorable para la administración y que, por tanto, debía ser adjudicataria del contrato?¿El hecho de que la Unión Temporal hubiera ocupado inicialmente el primer lugar en el informe de evaluación demostraba que debía ser adjudicataria?
4700123310001998064040 de 20242024-08-14Rad. 4700123310001998064040
Se condena (sic) al DISTRITO… al pago del lucro cesante dejado de percibir por los demandantes al no poder gozar de los valores a que tenían derecho, de conformidad con los intereses corrientes establecidos en la Ley 80 de 1993 y su decretos (sic) reglamentarios. 1 El pliego de condiciones permitía presentar propuestas “por dos o más personas” , además, con independencia de la figura asociativa utilizada por los proponentes pluripersonales , imponía “asumir expresamente el compromiso de constituir una sociedad anónima ESP, que tenga como objeto social exclusivo la prestación del servicio objeto de la concesión en caso de ser adjudicatario” Como sustento fáctico de las pretensiones de la demanda se señaló, en síntesis, el siguiente: 1.2.1 Objeciones en relación con la evaluación de los demandantes Son las sociedades oferentes, por lo cual la póliza sí cumplió con la finalidad de amparar la seriedad de la oferta.
También resuelve:Controversias contractuales –ley 446 de 1198: Articulo 87 –Definición Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas. Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contract ual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato.” Las normas procesales aplicables a la controversia son aquellas vigentes en la época de la presentación de la demanda, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, nulidad absoluta, nulidad de actos previos al contrato “(…) Ante la celebración del contrato estatal, los actos previos de la administración se tornan en inseparables del negocio jurídico, lo cual significa que su control solamente puede incoarse mediante la acción de controversias contractuales, a través de la pretensión de nulidad absoluta del contrato, fundamentada en la nulidad de los actos previos –entre ellos, el acto de adjudicación-. Estas condiciones, impuestas para la impugnación judicial de los actos previos, han sido consideradas por la Corte Constitucional como requisitos congruentes y ajustados al ordenamiento jurídico, toda vez que proveen estabilidad al proceso de selección sin coartar las garantías de todos aquellos que se consideren perjudicados; a la vez que dotan de firmeza al contrato una vez este ha sido suscrito, al permitir que solo pueda ser discutido judicialmente por el Ministerio Públ ico, las partes o un tercero que acredite un interés directo. Sobre el particular, el alto Tribunal Constitucional ha manifestado: En este orden de ideas, se insiste que, el límite de la separabilidad de los actos previos se traza una vez se cumple el plazo de los 30 días ya referenciado o, cuando se suscribe el contrato, por cuanto desde ese momento tales actos se tornan en inseparables del mismo, lo que hace ineludible que su control judicial se ejerza mediante el ejercicio de la denominada acción de cont roversias contractuales, como mecanismo procedente para escrutar la presunción de legalidad de los aludidos actos previos.” MOTIVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO, informe de evaluación la jurisprudencia de esta corporación ha aceptado que la motivación del acto administrativo por medio del cual se adjudica un contrato estatal puede aparecer desarrollada no solamente en el texto del propio acto, sino que, también puede aparecer en otros documentos expresamente referenciados, tales como los informes de evaluac ión, cuando es inequívoca la voluntad de la administración de incorporarlos a la decisión. “ahora bien, debe recordarse que la sala ha considerado que la motivación del acto de adjudicación no implica que en su texto deban encontrarse consignadas todas y c ada una de las razones que determinaron su expedición, puesto que aunque la parte considerativa no sea muy explícita, hay que entender incorporadas a su motivación las razones analizadas en la evaluación de las ofertas o debatidas en la audiencia pública de adjudicación”República de colombiaConsejo de estado sala de lo contencioso administrativo sección tercera: subsección b
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, según el artículo 142 CPACA y el inciso 1º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el inciso 2º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 150 CPACA, modificado por el artículo 615 CGP.
También resuelve:¿Es procedente el medio de control de repetición para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o…¿El medio de control de repetición fue interpuesto dentro de los dos años siguientes del vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el inciso 4° del artículo 177 CCA?¿La entidad que pagó una condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor público…
¿La demandante se encuentra legitimada en la causa por activa para pedir la nulidad de la declaratoria de desierta de una licitación al ser uno de los proponentes que participaron en el proceso de selección, y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla está legitimado por pasiva al ser la entidad que adoptó dicha decisión? Sí
El contratista está legitimado en la causa por activa para demandar la nulidad de la declaratoria de desierta de una licitación cuando acredita que el acto administrativo le ha lesionado sus derechos, como ocurre con los proponentes que participaron en el proceso de selección. A su vez, la entidad estatal que adoptó la decisión de declarar desierta la licitación está legitimada por pasiva. Sin embargo, la entidad no está legitimada por pasiva frente a la pretensión de nulidad de las propuestas presentadas por los oferentes, ya que estas no las formuló. La Sala reitera que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es procedente contra el acto de declaratoria de desierta, y que las copias simples de documentos aportadas en la demanda cuentan con valor probatorio, según la jurisprudencia de la Sección Tercera.síntesis automática
También resuelve:¿El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla está legitimado en la causa por pasiva frente a la pretensión de nulidad de las propuestas presentadas por varios oferentes?¿La demandante está legitimada en la causa por activa para demandar la nulidad del acto que adjudicó por contratación directa el contrato de prestación del servicio de vigilancia?¿Procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar el acto que declara desierta una licitación pública?
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El contratista está legitimado en la causa por activa para demandar la nulidad del acto de adjudicación y del contrato estatal, en virtud de su participación como proponente en el proceso de selección, lo que le confiere interés para formular las pretensiones oportunamente en el proceso de controversias contractuales. La entidad estatal y el contratista están legitimados en la causa por pasiva, ya que la entidad emitió el acto de adjudicación y suscribió el contrato en cuestión, mientras que el contratista es coadyuvante en el proceso. Además, el Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía, dado que el monto de las pretensiones indemnizatorias supera el umbral establecido en el artículo 132.5 del Código Contencioso Administrativo. Esta decisión modifica la interpretación previa sobre la competencia del Consejo de Estado en casos de cuantía elevada, lo que implica que los procesos similares podrán ser conocidos en segunda instancia por esta corporación siempre que cumplan con los requisitos de cuantía establecidos en la normativa vigente.síntesis automática
También resuelve:¿Se configura la caducidad de la acción frente a las pretensiones de restablecimiento del derecho?¿La demandante como proponente en el proceso de selección del contratista esta legitimada en la causa por activa para demandar la nulidad del acto de adjudicación que finalizó dicho proceso?¿La entidad contratante y el contratista están legitimados en la causa por pasiva?
¿Existe un vicio que tiñe de ilegalidad la celebración del contrato 093 de 2008, desde su concepción, y conduce a afirmar que las reglas estructuradas en los pliegos nunca fueron portadoras del atributo de legalidad, ni pueden erigirse en título para reclamar de ellas algún derecho? Sí
El contratista no puede reclamar la legalidad de las reglas estructuradas en los pliegos de condiciones cuando estos fueron diseñados con la intención de favorecer ilegalmente a determinados proponentes, ya que la concepción de dichas reglas viola principios fundamentales de la contratación estatal como la selección objetiva y la transparencia. La Sala establece que la manipulación de los pliegos para apropiarse ilegalmente de recursos públicos y desfavorecer la competencia justa conduce a declarar la nulidad absoluta del contrato desde su concepción, independientemente de cómo se aplicaron esas reglas en el proceso de selección. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior, reforzando la importancia de la legalidad desde la etapa precontractual y limitando las posibilidades de que actos administrativos ilegales puedan ser corregidos por su correcta aplicación posterior.síntesis automática
También resuelve:¿La nulidad absoluta de un contrato, además de hacerlo desaparecer del mundo jurídico, genera como consecuencia que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de su celebración y…¿Una vez celebrado el negocio jurídico, la ilegalidad de los actos previos únicamente puede invocarse como fundamento de la nulidad del contrato?¿La causal de nulidad por objeto ilícito tiene lugar cuando se transgrede una prohibición legal o constitucional, o por inobservancia de las previsiones de orden público en materia contractual?
¿La caducidad de la acción de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha del pago de la condena? Sí
El contratista no puede ejercer la acción de repetición más allá de los dos años contados a partir del día siguiente al pago de la condena, o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses para que la entidad efectúe el pago, según lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 136 y el inciso 4 del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se mantiene consistente con precedentes anteriores y refuerza la seguridad jurídica al establecer un plazo definido para el pago y la demanda, evitando indefinición y asegurando que la administración no pueda prolongar indefinidamente el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la caducidad de la acción de repetición al haber transcurrido más de dos años desde el pago de la sentencia condenatoria proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del…
¿Compete al Consejo de Estado conocer en única instancia de los procesos de repetición adelantados contra representantes legales de entidades del orden nacional, como es el caso del rector de la Universidad Popular del Cesar? Sí
Los procesos de repetición que el Estado promueve contra representantes legales de órganos y entidades del orden nacional se conocen en única instancia por la corporación que señala el numeral 13 del artículo 149 del CPACA. La regla se apoya en la enumeración expresa de los funcionarios cuya responsabilidad se somete a esa competencia, lo que delimita el factor de conocimiento por la calidad del demandado. Por ello, la competencia no depende de la naturaleza del asunto sino de la clase de cargo que ocupaba el servidor al momento de los hechos. En el asunto, la demanda de repetición se dirigió contra el rector de una universidad, quien por la época de los hechos ejercía esa función, y la subsección asumió la competencia para conocer del proceso. La Sala negó las pretensiones de la demanda en ese contexto. En la práctica, el factor de competencia de la repetición debe verificarse según el cargo del demandado al momento de los hechos antes de determinar el juez que la tramita.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó oportunamente la demanda de repetición frente a las 23 pretensiones instauradas contra el rector de la la Universidad Popular del Cesar?¿Las hipótesis sobre la conducta del agente del Estado contenidas en los artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001, constituyen presunciones legales que admiten prueba en contrario?¿Debe condenarse patrimonialmente al rector de la Universidad Popular del Cesar por declarar insubsistentes, mediante actos administrativos no motivados…
¿El contrato de suministro aportado en copia simple puede ser incorporado como prueba dentro del proceso para acreditar la existencia del negocio jurídico? Sí
El artículo 83 del C. de P.C., aplicable al sub examine en virtud de la remisión normativa que consagra el artículo 267 del CCA, establece que, en caso de no haberse vinculado a los litisconsortes necesarios en la admisión de la demanda, el juez puede, de oficio o a petición de parte, siempre que no haya proferido sentencia de primera instancia, vincularlos en la forma y con el término de comparecencia dispuesto para el demandado. En aplicación del anterior marco normativo, el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto del 5 de noviembre de 2013 y previo a proferir sentencia de primer grado, vinculó a la sociedad Escobar y Martínez S.A., en calidad de litisconsorte necesario por pasiva, por ser el proponente beneficiado con la adjudicación de la licitación pública 2 de 2005.
También resuelve:¿Una vez celebrado el contrato los actos precontractuales pasan a ser inseparables a este y para efectos de su control jurisdiccional solo procede la acción de controversias contractuales?¿Se configura la excepción de inepta demanda ante la indebida escogencia de la acción al no plantearse la pretensión de nulidad absoluta del contrato contra los actos precontractuales?¿En aplicación del principio iura novit curia el juez puede adecuar las pretensiones de la demanda?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento2024-12-05Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000232600020080013402ACCION CONTRACTUAL
¿El impedimento manifestado por la Conjuez, esto es, haber representado legalmente al director de la entidad demandada en un proceso que se adelantó con fundamento en los mismos hechos que dieron origen a este proceso, encuadra en una de las circunstancias descritas en la causal 12 del artículo 141 del Código General del Proceso? Sí
El impedimento de un conjuez debe declararse fundado cuando este hubiera representado legalmente al director de la entidad demandada en un proceso adelantado con fundamento en los mismos hechos que dan origen al litigio, pues esa situación encuadra en la causal 12 del artículo 141 del Código General del Proceso, que corresponde al numeral 12 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil. En este caso, la conjuez manifestó su impedimento porque había representado legalmente al director de la entidad, quien fue sancionado mediante decisión disciplinaria de la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal en un proceso que se basó en los mismos hechos de la controversia contractual. La providencia verificó que la manifestación obedecía a una de las circunstancias descritas en la ley y, en consecuencia, declaró fundado el impedimento. La decisión aplica la causal sin introducir matices y confirma que la representación judicial previa en hechos idénticos configura el impedimento.síntesis automática