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Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas2025-09-19Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 25000233600020130167002LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se decreta como prueba de oficio el contrato de transacción aportado con el recurso de alzada promovido por la parte demandada? Sí
El juez de segunda instancia puede decretar de oficio una prueba aportada con el recurso de apelación cuando lo considere necesario, y debe correr traslado de ella a las partes para garantizar el derecho de contradicción antes de decidir de fondo. La regla se apoya en el artículo 213 del CPACA, que habilita al juez para decretar pruebas de oficio, y en el traslado previsto en el artículo 201A del mismo código, en consonancia con el artículo 110 del Código General del Proceso. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. En el caso, se decretó como prueba de oficio un contrato de transacción aportado con la apelación de la parte demandada, y se ordenó correr traslado por tres días. Como consecuencia práctica, el documento incorporado de oficio no se valora hasta que la contraparte haya tenido oportunidad de controvertirlo, y el expediente vuelve al despacho para decidir de fondo una vez surtido ese traslado.síntesis automática
¿Se configuró la causal de nulidad absoluta del contrato por prohibición legal? No
Los contratos que trasladan a particulares la administración, fiscalización o cobro de impuestos territoriales están viciados de nulidad, pues esas facultades no pueden trasladarse válidamente, pero no todo contrato con un particular que se relacione con tributos configura esa causal. La regla se apoya en la jurisprudencia según la cual la asignación de funciones administrativas a particulares no puede vaciar la competencia propia de las entidades del Estado, y en que la prohibición legal posterior no se aplica de forma automática a negocios anteriores. Por ello, la nulidad exige que el objeto del contrato implique efectivamente la delegación de esas facultades. En el asunto, la Sala revocó parcialmente la sentencia al concluir que no se configuraba una causal de nulidad absoluta del contrato, porque el objeto no trasladaba la gestión tributaria. En la práctica, la nulidad por delegación tributaria depende del contenido real del objeto contractual y no de su mera relación con los tributos.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditaron los elementos para liquidar el contrato y reconocer saldos en favor del contratista?¿Procede la condena en costas ante la negación del recurso de apelación?
¿Los procesos de repetición pueden fallarse sin sujeción al turno? Sí
el contratista puede interponer una acción de repetición contra un servidor público cuando el daño que dio origen a la condena contra la entidad estatal tuvo su origen en la suscripción de un contrato de transacción, pero no cuando el cuestionamiento se dirige a la legalidad del contrato en sí mismo y no a las conductas del funcionario que causaron el daño. La Sala establece que la acción de repetición no es procedente cuando el núcleo del litigio se centra en la validez del contrato de transacción, ya que esto implicaría un enjuiciamiento indebido del negocio jurídico y una violación del principio de congruencia. Esta regla reitera y matiza la jurisprudencia existente, limitando la aplicación de la acción de repetición a casos en los que el daño se origina en la actuación del servidor público y no en la legalidad del contrato celebrado.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los requisitos para que un acuerdo entre las partes tenga la naturaleza de conciliación?¿El daño que dió lugar a la condena contra el municipio, tuvo su origen en un contrato de transacción?¿Es procedente la acción de repetición en eventos en los cuales se cuestiona la legalidad de un contrato?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-07-24Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 47001233300020180009801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El contrato de concesión se mantenía vigente para el momento que se presentó la demanda? Sí
El contratista mantiene su legitimación en la causa para solicitar la nulidad absoluta del contrato de concesión, ya que acredita el interés directo en el proceso, lo que es suficiente en esta etapa inicial del procedimiento. La Sala revoca la decisión del Tribunal Administrativo del Magdalena que rechazó la demanda por falta de subsanación, al considerar que el contrato de concesión se mantenía vigente al momento de presentarse la demanda, y que la entidad demandada es competente para conocer del asunto. La vigencia del contrato hasta el 21 de octubre de 2018 y la presentación de la demanda el 18 de enero de 2018 demuestran que el medio de control se promovió oportunamente. Esta decisión reitera la importancia de la legitimación en el proceso y la oportunidad del recurso de apelación, y establece que el Consejo de Estado es competente para conocer de las apelaciones de autos que dispongan el rechazo de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones de los autos proferidos por los Tribunales Administrativos que dispongan el rechazo de la demanda?¿Al incumplimiento de algún requisito formal se deberá inadmitir la demanda indicando claramente la irregularidad o falencia de que adolece?¿La legitimación de hecho refiere a la relación procesal entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal?
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,CONSEJO DE ESTADO,NULIDAD DEL CONTRATO,VALIDEZ DEL CONTRATO – Ley 1437 de 2011,Competencia,Ley 865 de 2001,Oportunidad,Nulidad del contrato,Absoluta,Contrato de concesión minera,Impugnación,Celebración,Carencia de objeto – Mes: mayo – Año: 2019…
También resuelve:Controversias contractuales: Ley 1437 de 2011, oportunidad, nulidad del contrato, absolutaConsejo de estado: competencia, Ley 865 de 2001, Ley 1437 de 2011Nulidad del contrato: impugnación
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO,VALIDEZ DEL CONTRATO,INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL – Competencia,Rompimiento del equilibrio económico del contrato,Definición,Efectos,Presupuesto pretensiones que se deriven de su ejecución,Falta de pago,Servicios de alumbrado público y energía eléctrica – Mes: noviembre – Año: 2018…
También resuelve:Controversias contractuales: competenciaEquilibrio económico del contrato: rompimiento del equilibrio económico del contrato, falta de pagoIncumplimiento del contrato: definición, efectos, falta de pago, servicios de alumbrado público y energía eléctrica
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,MEDIDAS CAUTELARES,NULIDAD DEL CONTRATO,PRINCIPIO DE PLANEACIÓN,OBJETO ILÍCITO,CAUSA ILÍCITA,VALIDEZ DEL CONTRATO – ETB,Naturaleza jurídica,Régimen aplicable,Competencia de la jurisdicción contencioso administrativa,Empresa de servicios públicos,Procedencia,Finalidad,Articulo 231 del CPACA,Ley 1437 de 2011,Novedades,Nulidad absoluta del contrat – Mes: junio – Año: 2018…
También resuelve:Controversias contractuales: etb, naturaleza jurídica, régimen aplicable, competencia de la jurisdicción contencioso administrativaMedidas cautelares: procedencia, finalidad, Artículo 231 del CPACA, Ley 1437 de 2011Nulidad del contrato: nulidad absoluta del contrato, posición jurisprudencial y doctrinaria –principio de planeación, Ley 80 de 1993
Sentencia — Sentencia2024-11-08Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020240001500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Los fundamentos del recurso extraordinario de anulación son meras discrepancias frente a lo decidido y a los fundamentos expuestos por el panel arbitral sobre el presupuesto procesal de caducidad? Sí
El contratista no puede basar un recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral en meras discrepancias frente a lo decidido y a los fundamentos expuestos por el panel arbitral sobre el presupuesto procesal de caducidad, ya que la causal analizada no implica la configuración de un error in procedendo que comprometa la ritualidad de las actuaciones o vulnere las garantías del derecho de defensa y del debido proceso. La Sala declara infundado el recurso, al considerar que la función del juez de anulación no es intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para modificar las decisiones del tribunal de arbitramento, sino limitarse a examinar si se han cumplido los requisitos formales y procesales establecidos. Además, las apreciaciones y conclusiones del panel arbitral deben ser consideradas como producto de una válida interpretación y aplicación de la ley, sin que el juez de anulación pueda revisar la pertinencia de dicha interpretación.síntesis automática
También resuelve:¿La función del juez de anulación no es operar como superior jerárquico, ni intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para modificar las decisiones del tribunal de arbitramento?¿Las apreciaciones y conclusiones del panel arbitral se muestran como producto de una válida interpretación y aplicación de la ley?¿Se considera que la demanda fue presentada dentro del término establecido para ello y que el análisis realizado por el panel arbitral no fue irrazonable?
COPIAS SIMPLES,CAPACIDAD,INEXISTENCIA DEL CONTRATO,VALIDEZ DEL CONTRATO – Valoración,Inexistencia,Nulidad Absoluta,Noción,Finalidad,Contratación estatal,Normativa,Calidad de funcionario,Nulidad – Mes: agosto – Año: 2016…
También resuelve:Copias simples: valoraciónVálidez del contrato: inexistencia, nulidad absoluta, noción, finalidadInexistencia: contratación estatal, normativa
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,CADUCIDAD DE LA ACCIÓN,CONTRATO DE TRANSACCIÓN,CONTRATO DE OBRA PÚBLICA,CLÁUSULAS EXCEPCIONALES,VALIDEZ DEL CONTRATO – Acción,Legitimación en la causa,Oportunidad de ejercer acción,Demanda de reconvención,Término de caducidad,Naturaleza jurídica,Noción,Finalidad,Contratos estatales,Condiciones,Normativa civil,Normativa contratación estatal, – Mes: febrero – Año: 2016…
También resuelve:Controversias contractuales: acción, legitimación en la causaCaducidad de la acción: oportunidad de ejercer acción, demanda de reconvención, término de caducidadContrato de transacción: naturaleza jurídica
¿Le asiste competencia a la Sala para resolver del presente proceso en segunda instancia, toda vez que los tribunales administrativos conocen en primera instancia de las acciones referentes a los contratos de concesión minera? Sí
El contratista puede demandar la nulidad de un contrato minero ante el Consejo de Estado en segunda instancia, toda vez que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de estos litigios, conforme al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 293 de la Ley 685 de 2001, y el Consejo de Estado, en segunda instancia, puede conocer de las apelaciones de autos y sentencias dictadas por los tribunales administrativos. Además, la entidad ambiental, como la CAR, está legitimada para demandar la nulidad del contrato minero cuando este transgrede la normativa ambiental y se superpone con áreas de protección ambiental, independientemente de no ser parte contratante, al tener interés directo y ser la autoridad ambiental competente en la zona concesionada. En estos casos, no operan los términos de caducidad del medio de control de controversias contractuales, dado que los recursos naturales renovables y las áreas de protección ambiental son bienes imprescriptibles e inalienables, lo que garantiza la protección del interés público y la integridad del medio ambiente.síntesis automática
También resuelve:¿La CAR, al ser la entidad ambiental que tiene por obligación desarrollar las políticas orientadas a aprovechar los recursos naturales renovables, puede demandar la nulidad de un contrato minero?¿En los casos en los que se pretende la nulidad absoluta de un contrato de exploración y de explotación minera por transgredir la normativa ambiental, operarán los términos de caducidad?¿Cuando se demanda la nulidad absoluta de un contrato minero por traslaparse con áreas de protección ambiental, su presentación podrá darse en cualquier tiempo?
¿Se presentó un incumplimiento de contrato por parte de la entidad demandada? Sí
El contratista no puede alegar un incumplimiento del contrato por parte de la entidad estatal, ya que las normas y el contrato de alianza no establecen que las entidades estén obligadas a asumir riesgos financieros o pérdidas por la prestación del servicio de salud. Además, el contrato, regido por el derecho privado conforme a la Ley 100 de 1993, no le es aplicable la figura del desequilibrio económico ni las normas sobre liquidación del contrato, por lo que no puede restablecerse el equilibrio financiero ni efectuarse una liquidación judicial. Asimismo, la entidad demandante no puede reclamar la existencia de un estado de cosas inconstitucional a través de la acción de controversias contractuales, ya que este medio no es adecuado para tal fin y el argumento no fue presentado en la demanda original. Finalmente, las pretensiones de reparación directa por daños causados por la ejecución del contrato no son procedentes en la acción de controversias contractuales, ya que estas no se relacionan con el objeto del contrato ni con su desarrollo.síntesis automática
También resuelve:¿Al estar regido el contrato por el derecho privado, es aplicable la figura del desequilibrio económico y las normas sobre la liquidación?¿El estudio y declaratoria de un estado de cosas inconstitucionales se pueden reclamar a través de la acción de controversias contractuales?¿Es procedente el estudio de pretensiones de reparación directa por daños producidos por la ejecución de un contrato?
Término de presentación,Régimen legal,Vigente fechade suscripción,Ley paralas partes,Ley del procedimiento de selección,Descripción técnica,Elemento esencial,Causales – Mes: mayo – Año: 2014…
¿Cuáles son los elementos esenciales que determinan la existencia del contrato estatal? Sí
El contratista y la entidad estatal deben cumplir con los elementos esenciales que determinan la existencia del contrato estatal, como el acuerdo de voluntades sobre el objeto y la contraprestación, y la elevación del contrato a escrito, para que éste se reputa existente y perfecto. La ausencia de la operación de disponibilidad o registro presupuestal y la falta de la constitución de un amparo de cumplimiento no afectan la existencia o la validez del contrato, sino que impiden su regular ejecución, generando responsabilidad del funcionario que omitió realizar la operación de apropiación de recursos y/o que dio cabida al desarrollo del negocio jurídico sin contar con la garantía debida. La falta de aporte del registro presupuestal y de la garantía única de cumplimiento, no siendo requisitos esenciales del contrato, sí tiene como efecto una alteración en la regularidad de la ejecución del negocio jurídico, lo que puede dar lugar a incumplimientos por parte de la entidad pública y del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿La ausencia de la operación de disponibilidad o registro presupuestal y la falta de la constitución de un amparo de cumplimiento tienen la virtualidad de afectar la existencia o la validez del…¿La falta de aporte del registro presupuestal y de la garantía única de cumplimiento al no ser requisitos esenciales del contrato…¿En qué consiste la excepción de contrato no cumplido?
¿Se presentó de forma oportuna la demanda de controversias contractuales que, versa sobre la nulidad de un contrato de concesión minera ya que debe inaplicarse la regla de caducidad con fundamento imprescriptibilidad, inalienabilidad e inembargabilidad de los bienes sometidos a controversia? No
La caducidad de la acción de nulidad absoluta de un contrato estatal es de orden público, irrenunciable e insubsanable, y que, conforme al literal e del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la nulidad absoluta puede alegarse durante la vigencia del contrato o dentro de los cinco años siguientes a su perfeccionamiento, de modo que la imprescriptibilidad de los bienes del Estado no permite inaplicar ese término. Una razón es que el legislador limita el tiempo para acceder a la jurisdicción para dar seguridad jurídica, de modo que la caducidad opera aun cuando el asunto verse sobre bienes públicos. Otra razón es que el juez debe verificar la caducidad como presupuesto procesal y puede declararla de oficio. En el caso, el contrato de exploración y explotación se inscribió en el registro minero en 2002, y la demanda de nulidad absoluta se presentó después del término legal, por lo que la Sala concluyó que no fue oportuna y revocó la decisión de primera instancia. Su consecuencia práctica es que el término para alegar la nulidad absoluta del contrato minero corre desde su perfeccionamiento y no puede prolongarse por la naturaleza de los bienes.síntesis automática
También resuelve:¿La ocurrencia de una prohibición sobreviniente a la celebración del negocio jurídico puede desplazar el término definido por el legislador para computar y delimitar el acaecimiento de la caducidad…¿Procede la condena en costas cuando el recurso de apelación prosperó parcialmente y en el proceso se ventila un interés público?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve sobre sucesión procesal2023-10-02Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 70001233100019980028901ACCION CONTRACTUAL
¿Como en el presente asunto, surtido el traslado respectivo no hubo aceptación expresa por parte del municipio de Sincelejo, se impone tener a los cesionarios como litisconsortes cuasinecesarios? Sí
En el proceso judicial, la cesión de derechos litigiosos perfeccionada mediante el acuerdo de voluntades entre el cedente y cada cesionario permite tener a los cesionarios como litisconsortes cuasinecesarios cuando el traslado de las cesiones no fue aceptado expresamente por la contraparte. La regla se apoya en dos razones. Primera, los contratos de cesión quedan perfeccionados con el acuerdo de voluntades entre la parte actora y cada cesionario, y ese acuerdo es la base de la sustitución. Segunda, el juzgador corre traslado de las cesiones a la parte contraria, conforme al artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, y la falta de aceptación expresa dentro de ese traslado determina la calidad de litisconsortes de los cesionarios. El auto accede a la solicitud de sucesión procesal y tiene en cuenta esa calidad para el trámite. En la práctica, la sustitución de partes en el proceso depende del traslado de la cesión y de la aceptación expresa de la contraparte, y no de la sola voluntad de los cesionarios, por lo que el juez debe verificar esa aceptación antes de reconocer la sucesión.síntesis automática
También resuelve:¿La cesión de derechos litigiosos es un contrato aleatorio, a través del cual una de las partes de un proceso judicial, denominado cedente, transmite de forma onerosa o gratuita a un tercero…¿Si la contraparte de la litis guarda silencio o se opone expresamente a la cesión, el cesionario intervendrá en el proceso como litisconsorte cuasinecesario del cedente?
¿La presunción de legalidad de los actos administrativos le impiden al demandante utilizar el recurso de apelación para intentar restarle efecto a la declaración de incumplimiento total y definitiva que realizó el Fondo? Sí
El contratista no puede utilizar el recurso de apelación para intentar restar efecto a la declaración de incumplimiento total y definitiva emitida por el Fondo, debido a que dicha declaración es un acto administrativo definitivo que goza de la presunción de legalidad y carácter ejecutorio, conforme a lo establecido en los artículos 17 de la Ley 1150 de 2011 y 155 de la Ley 1753 de 2015. Además, la entidad pública ejerció correctamente su facultad para declarar el incumplimiento del contratista y determinar la efectividad de la cláusula penal pactada, lo que no puede ser impugnado por el contratista mediante el recurso de apelación. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente, limitando la capacidad del contratista para desafiar la legalidad de las declaraciones de incumplimiento emitidas por la entidad estatal.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión de declarar el incumplimiento del contratista está cobijada por la presunción de legalidad y goza de carácter ejecutorio?¿El contenido del acuerdo firmado reúne los elementos esenciales del contrato de transacción?¿La formulación de las excepciones previas está limitada al término de traslado de la demanda?
171_25000232600020120093601 de 20252025-11-09Rad. 11001-31-03-016-1994-03216- 01 precis
El contratista no puede ejercer acciones derivadas de un contrato de seguro después de que caduca la acción, lo cual ocurre dos años después del perfeccionamiento del negocio, sin que esto afecte la prescripción extintiva de los derechos sustanciales que se calcula de manera diferente. La caducidad de la acción es un término de orden público que el juez debe declarar de oficio, independientemente de la presentación oportuna de la demanda, lo que en este caso releva al tribunal de analizar los cargos de nulidad del contrato de seguro. La reticencia del tomador como causal de nulidad relativa no es aplicable si no se alega dentro del término legal, y el seguro de cumplimiento asume el riesgo de incumplimiento del contratista, independientemente de su voluntad o actos dolosos. Esta decisión reitera la distinción entre caducidad y prescripción extintiva, y establece que la entidad contratante debe recibir una cobertura real, lo que implica que el asegurador no puede excluir riesgos asegurados por la conducta del contratista.síntesis automática
También resuelve:Caducidad del medio de control y prescripción extintiva en los contratos de seguro: diferencias, caducidad, ejercicio oportuno de la acción, prescripciónReducción de la pena por incumplimiento parcial de las obligaciones: Artículo 1596 del Código de ComercioCoaseguro: límite de asunción del riesgo
¿Es necesario una autorización previa de la Asamblea Departamental para que el gobernador pueda celebrar un contrato de transacción? No
El gobernador no requiere autorización previa de la Asamblea Departamental para celebrar un contrato de transacción, en línea con la interpretación del artículo 300, numeral 9, de la Constitución Política, que establece que dicha autorización es excepcional y solo se requiere cuando el legislador lo disponga expresamente. La Sala confirma que la ausencia de una ordenanza que autorice al gobernador a celebrar la transacción no comporta la nulidad del contrato, ya que no existe una norma especial que lo exija. Además, la jurisprudencia del Consejo de Estado respalda que los gobernadores tienen la potestad de dirigir licitaciones y celebrar contratos sin necesidad de una autorización particular de las asambleas departamentales, siempre y cuando no haya una disposición legal que establezca lo contrario. Esta regla reitera y confirma la interpretación del artículo 300, numeral 9, y tiene implicaciones importantes para la autonomía de los gobernadores en la celebración de contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿De conformidad con la legislación, los gobernadores tienen la potestad de dirigir licitaciones y celebrar contratos, sin previa autorización de la Asamblea Departamental?
“¿La Nación-Ministerio de Transporte incumplió la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios No. 02.0019-03 de febrero de 2003, al no cancelar a favor del demandante la prima de éxito o, no se causó por no haberse cumplido la condición de disminución de las pretensiones de la demanda promovida contra Ferrovías, ni la condición de ingreso de dinero al patrimonio de la accionada?” Sí
El contratista puede exigir el pago de la comisión de éxito pactada en el contrato de prestación de servicios, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para su generación, independientemente de la existencia del certificado de disponibilidad presupuestal. En este caso, la Sala determinó que la entidad estatal incumplió al no cancelar la prima de éxito al contratista, a pesar de que se configuró la condición de éxito en uno de los procesos judiciales objeto del contrato. La falta de disponibilidad presupuestal no anula el contrato ni impide el pago de la comisión de éxito causada por el resultado obtenido en el proceso contractual, pues este requisito es de responsabilidad exclusiva de la entidad contratante y su omisión no afecta la existencia o validez del negocio jurídico, sino la regularidad de su ejecución. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia sobre la importancia de la disponibilidad presupuestal en la ejecución del contrato, pero no en su validez, permitiendo al contratista reclamar el pago de la comisión de éxito cuando se cumplan las condiciones pactadas.síntesis automática