Titulación de la relatoría 23.734 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / OMISIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / CÓMPUTO DEL TÉRMINO PROCESAL
Problema jurídico:
¿Se configura la caducidad del medio de control contractual cuando, tratándose de un contrato pendiente de liquidación, la demanda se interpone una vez vencido el término especial previsto en el artículo 164 del CPACA, a pesar de haberse suspendido dicho término por la solicitud de conciliación prejudicial?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Fundación pretendió que se declare que el Municipio incumplió el contrato 010 de 2016, cuyo objeto consistió en la prestación del servicio educativo para atención a población adulta y jóvenes (…) por el cumplimiento tardío de los pagos parciales que se acordaron realizar en el contrato 010 de 2016 de cara al avance de ejecución del objeto pactado, y (ii) por la falta de pago del saldo de $704’370.000. (…) [C]omo la liquidación no se realizó, la regla específica aplicable sería la contenida en el numeral v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, esto es, dos (2) años siguientes al vencimiento del plazo para realizar la liquidación del contrato de manera bilateral y unilateral. El contrato se celebró el 10 de febrero de 2016 para ser ejecutado en un plazo de ocho (8) meses contados a partir del acta de inicio, la cual se suscribió el día 15 siguiente, por lo que dicho plazo venció el 15 de octubre de 2016. En la cláusula vigésima se estipuló que la liquidación se efectuaría de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, por tanto, el término de cuatro (4) meses para realizar ese acto de manera concertada entre las partes feneció el 16 de febrero de 2017 y el de la liquidación unilateral a la culminación de los dos (2) meses siguientes, es decir, el 17 de abril de 2017; de manera que el término para incoar la demanda empezó a computarse a partir del 18 de abril de ese año y vencía, en principio, el 18 de abril de 2019. Sin embargo, en virtud de la solicitud de conciliación prejudicial que presentó la Fundación (…), el término se suspendió en esa fecha -cuando faltaban 9 meses y 25 días para que se completara el plazo de dos (2) años- y se reanudó el 17 de agosto de 2018, día siguiente a aquél en que se expidió la certificación de que trata el artículo 2 de la Ley 640 de 2001; por tanto, el plazo venció el 10 de junio de 2019. La demanda se radicó ante esta jurisdicción el 23 de julio de 2021, es decir, por fuera del plazo perentorio establecido por la ley para ello.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993
CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN / PAGO PARCIAL / MORA EN EL PAGO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / MUNICIPIO / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBLIGACIÓN PURA Y SIMPLE / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Se configuró la caducidad del medio de control de reparación directa respecto de la pretensión de incumplimiento por el pago extemporáneo de los anticipos pactados durante la ejecución de un contrato de prestación de servicios educativos?
Respuesta al problema jurídico: Si
En lo que respecta a la pretensión de incumplimiento por la mora de los pagos parciales acordados, no es un aspecto que estuviera en latencia o pendiente de ser definido en la etapa de liquidación del contrato, puesto que no hay litigio en cuanto a que las prestaciones que daban lugar a ellos se hubieren ejecutado, tampoco en cuanto a que los pagos no se hubieren realizado. (…) En consecuencia, bajo esta tesis, en relación con la pretensión de incumplimiento que se fundó en la satisfacción tardía de los pagos parciales que se acordaron realizar durante la fase de ejecución del contrato, la regla aplicable para determinar si la demanda fue oportuna sería la que establece que el término es de dos (2) años que se computan a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento, es decir, desde cuando el Municipio incumplió con la obligación de realizarlos, lo que en este caso ocurrió desde el mismo momento en que FINDECOL cumplió con las condiciones acordadas para ello en la cláusula tercera del contrato, pues los pagos no se sometieron a plazo, por lo cual se trataba de una obligación pura y simple que se hizo exigible de manera inmediata. De conformidad con lo estipulado en el artículo 1608 del Código Civil, en esta clase de obligaciones el deudor se constituye en mora con la reconvención judicial. (…) [E]n el expediente no obran pruebas que permitan determinar con certeza cuándo la demandante radicó ante la entidad los documentos necesarios para que la contraprestación se tornara exigible y, por ello, para determinar cuándo el demandado habría incumplido estas obligaciones. (…) No obstante, es posible inferir razonablemente que para las fechas en las que el Municipio expidió los comprobantes de egreso la Fundación ya había radicado los documentos respectivos para cada pago. Con todo, si se tomara la fecha del último de esos comprobantes -4 de enero de 2017-, se tendría que concluir que la demanda se presentó ante esta jurisdicción de manera extemporánea (…). Como ya se mencionó, el 25 de junio de 2018 la Fundación presentó solicitud de conciliación extrajudicial (…). El término se reanudó el 17 de agosto de 2018, dado que el día anterior se expidió la certificación de que trata el artículo 2 de la Ley 640 de 2001; por tanto, el plazo venció el 28 de febrero de 2019. La demanda se radicó ante esta jurisdicción el 23 de julio de 2021, es decir, por fuera del plazo perentorio establecido por la ley para ello.
FUENTE FORMAL:
LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 2, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1608
CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL PAGO / PRECIO DEL CONTRATO / PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / OBJECIÓN A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Respecto de la pretensión de incumplimiento por falta de pago del saldo adeudado, el cómputo del término de caducidad inició desde la liquidación, toda vez que discusión versó sobre un asunto que debió ser definido al momento de realizar el balance final de cuentas?
se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales, toda vez que, con base en las reglas estructuradas en función de si se realizó o no el balance final de cuentas, transcurrieron más desde dos años desde el vencimiento del plazo que tenían las partes para liquidar el contrato bilateral y unilateralmente, y la presentación de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
[R]especto de la pretensión de incumplimiento por falta de pago del saldo de $704’370.000 la regla de caducidad aplicable sería la contenida en el numeral v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, esto es, dos (2) años siguientes al vencimiento del plazo para realizar la liquidación del contrato de manera bilateral y unilateral, en la medida que la discusión versa sobre la ausencia de un pago aspecto que es propio de ser definido al momento de realizar el balance final de cuentas, en función de las evaluaciones que se hagan en torno al cumplimiento de las obligaciones estipuladas versus la contraprestación pactada. Como ya se definió, al aplicar este parámetro también se concluye en la extemporaneidad de la presentación de la demanda.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
CLÁUSULA COMPROMISORIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ESTIPULACIÓN DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / SUSPENSIÓN DEL PROCESO ARBITRAL / FALTA DE PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / REMISIÓN DE EXPEDIENTE / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / ADECUACIÓN DE LA DEMANDA / CENTRO DE ARBITRAJE / CESACIÓN DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / IRREGULARIDAD EN EL PROCESO JUDICIAL / ERROR EN LA REMISIÓN DE EXPEDIENTE / FALTA DE COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / LÍMITES DE LA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / EFECTOS DEL PACTO ARBITRAL / EXTINCIÓN DE LOS EFECTOS DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / TERMINACIÓN DEL PROCESO / DERECHO DE ACCIÓN / TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / CLÁUSULA COMPROMISORIA / EXTINCIÓN DEL PACTO ARBITRAL
Problema jurídico:
¿Está facultado el juez contencioso administrativo para asumir de oficio el conocimiento de una controversia inicialmente sometida a arbitraje, cuando este concluye por falta de pago de honorarios y no existe demanda promovida por la parte interesada?
Respuesta al problema jurídico: No
En virtud de la cláusula compromisoria pactada por las partes, el 03 de septiembre de 2018 la Fundación presentó solicitud de arbitraje ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Montería (…). A través de oficio del 3 de diciembre de 2020, la directora de la Cámara de Comercio de Montería remitió el expediente arbitral al Tribunal Administrativo de Córdoba. Como fundamento expresó que el tribunal de arbitramento perdió competencia para resolver el asunto por falta de pago de los honorarios (…). [L]a remisión que del expediente arbitral hizo la directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Montería al Tribunal Administrativo de Córdoba no encuentra ningún respaldo legal, como tampoco lo tienen las decisiones posteriores que adoptó este juez colegiado en el sentido de avocar el conocimiento del asunto y de ordenar que la demanda se adecuara para que pudiera ser tramitada ante esta jurisdicción, puesto que el derecho de acción no había sido ejercido por la Fundación interesada para que se procediera en ese sentido, lo que determinó que, de manera irregular, el proceso se iniciara oficiosamente por el juez. (…) [N]o existe norma que señale que cuando se extingan los efectos del pacto arbitral y cesen las funciones del tribunal de arbitramento por falta de pago de los gastos y honorarios fijados para su funcionamiento el proceso deba ser trasladado a la jurisdicción permanente para que ésta continúe con el conocimiento del asunto. Lo que disponen los artículos 27 -inciso 4º- y 35 - inciso 1º- de la Ley 1563 de 2012 es que concluyen las funciones del tribunal de arbitramento y se extinguen los efectos del pacto arbitral para el caso, es decir, que el proceso arbitral finaliza.
FUENTE FORMAL:
LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 27 INCISO 4, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 35 INCISO 1
CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / DERECHO DE ACCIÓN / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / REQUISITOS DE LA DEMANDA / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES / ADECUACIÓN DE LA DEMANDA / DEMANDA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Debe contabilizarse la caducidad del medio de control de controversias contractuales desde la fecha de presentación de la demanda, cuando el demandante manifiesta su conformidad con adelantar el proceso ante la jurisdicción contencioso administrativa y ajusta la demanda a los requisitos legales?
Respuesta al problema jurídico: Si
En virtud de la cesación de los efectos del pacto arbitral las partes quedan habilitadas para promover el litigio ante los jueces permanentes. Sin embargo, si es de su interés que la controversia se ventile ante esta jurisdicción, tienen que cumplir con las cargas que la ley les impone para ello; por tanto, deben iniciar el proceso a través de la presentación de la respectiva demanda, con el lleno de los requisitos que la ley establece. Esta carga no se suple con la remisión de una demanda arbitral que realice un tercero respecto del cual, dicho sea de paso, no se predica ningún interés en el proceso. (…) Sin perjuicio de lo anterior, la Sala encuentra que, en razón de los requerimientos que realizó el Tribunal Administrativo de Córdoba, la Fundación expresó su clara intención de tramitar el litigio ante esta jurisdicción, para lo cual otorgó poder dirigido a esa Corporación con la manifestación expresa de que facultaba a su apoderado para “adecuar y presentar la demanda de controversias contractuales”. En cumplimiento de ese mandato, el 23 de julio de 2021 el abogado presentó la demanda adecuada. La referida fecha fue la que se tuvo en cuenta para establecer si la demanda ante esta jurisdicción se instauró de manera oportuna, pues fue cuando la Fundación ejerció su derecho de acción ante esta jurisdicción.
PROCESO ARBITRAL / TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO ARBITRAL / SUSPENSIÓN DEL PROCESO ARBITRAL / INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / REANUDACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CESACIÓN DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / EXTINCIÓN DE LOS EFECTOS DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / FALTA DE PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / ESTATUTO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL (LEY 1563 DE 2012) / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / RECHAZO DE LA DEMANDA / DESCONOCIMIENTO DEL PACTO ARBITRAL / EXTINCIÓN DEL PACTO ARBITRAL / FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / TÉRMINO PARA INTERPONER LA DEMANDA / ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / CONVOCATORIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO
Problema jurídico:
¿Se mantienen los efectos de interrupción de la prescripción y suspensión de la caducidad cuando el proceso arbitral finaliza por falta de pago, si la demanda se interpone oportunamente ante la jurisdicción contencioso administrativa?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]s pertinente advertir que, si bien la demanda arbitral se presentó en tiempo, los efectos de ello -interrupción de la prescripción e inoperancia de la caducidad- desaparecieron en el mismo momento en que quedó en firme el auto que declaró la cesación de las funciones del tribunal de arbitramento y se produjo también la cesación de los efectos de la cláusula compromisoria por falta de pago de los honorarios y gastos fijados para su funcionamiento. Al respecto, es pertinente mencionar -como en otra oportunidad ya lo hizo esta Subsección - que en el escenario especial e integral del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional contenido en la Ley 1563 de 2012, advirtiendo una serie de circunstancias que pueden impedir que el proceso se surta en esa sede y que se explican en razón de los pilares fundamentales que soportan la justicia arbitral y el procedimiento establecido en función de ellos, el legislador contempló taxativamente una serie de circunstancias en las que, pese a que el proceso arbitral no continúe, se mantienen los efectos de la demanda arbitral que se hubiere presentado en tiempo, esto es, la interrupción de la prescripción y la inoperancia de la caducidad, bajo la condición de que la demanda ante la jurisdicción permanente se instaure dentro del plazo máximo que esa misma normativa dispone para cada uno de esos supuestos (…). Esa misma ley establece otro supuesto en el que se mantienen los efectos de la presentación de la demanda arbitral en tiempo, cuando se anula el laudo por cualquiera de las causales 3 a 7 de su artículo 41, caso en el cual el artículo 44 dispone expresamente que se considerará interrumpida la prescripción y no operará la caducidad, siempre que la parte interesada presente la solicitud de convocatoria del tribunal de arbitramento dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 44
FUERA DEL TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / CESACIÓN DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / EXTINCIÓN DE LOS EFECTOS DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / CONVOCATORIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / FALTA DE PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA PROCESAL / PLAZO PERENTORIO / EFECTOS DEL PACTO ARBITRAL / DEBERES DE LAS PARTES DEL PROCESO / PERENTORIEDAD DEL TÉRMINO JUDICIAL / PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / REEMBOLSO DEL GASTO / AMPARO DE POBREZA
Problema jurídico:
¿Se conservan los efectos procesales de la demanda arbitral presentada oportunamente cuando el proceso no avanza por incumplimiento de ambas partes en el pago de los honorarios y gastos arbitrales?
Respuesta al problema jurídico: No
La razón por la que se declaró la cesación de las funciones del Tribunal de Arbitramento y se produjo la extinción de los efectos de la cláusula compromisoria en la que se soportó la solicitud de convocatoria del tribunal de arbitramento que presentó la Fundación el 3 de septiembre de 2018, (…) se debió al incumplimiento de la carga que les correspondía a ambas partes del pacto de consignar el valor de los honorarios y gastos fijados por el tribunal; de manera que no se habilitó el plazo perentorio que la Ley 1563 de 2012 dispone en otros eventos para que se mantengan los efectos de la presentación oportuna de la demanda. (…) Cabe destacar que el pago de los honorarios y gastos del arbitramento es una carga que las partes conocen y asumen desde el momento mismo en que deciden voluntariamente someter sus conflictos al conocimiento de un panel arbitral y que, inclusive, la Ley 1563 de 2012 prevé mecanismos para que la falta de cumplimiento de esa carga por una de las partes no impida el desarrollo del proceso en esa sede, en tanto habilita a la otra para que haga el pago por aquélla y la dota de mecanismos para recobrar lo que hubiere cancelado por ese motivo (art. 27, inc. 2º), de esta manera ninguno de los contrayentes queda a merced del otro. Igualmente, la eventual insuficiencia de recursos no supone una barrera infranqueable para adelantar el procedimiento en sede arbitral, en la medida que esa normativa en el artículo 13 contempla el amparo de pobreza (…).
FUENTE FORMAL:
LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 13, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 27 INCISO 2
TÉRMINO PERENTORIO / PLAZO PERENTORIO / PERENTORIEDAD DEL TÉRMINO JUDICIAL / APLICACIÓN DE LA NORMA DE ORDEN PÚBLICO / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / GOBIERNO NACIONAL / AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO / SOLICITUD DE CONCEPTO PREVIO / CONCEPTOS DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO / IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS / IMPROCEDENCIA DE LA INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿Quedó acreditada la ocurrencia de alguno de los eventos legalmente previstos para que proceda la suspensión del término de caducidad del medio de control?
Respuesta al problema jurídico: No
Se recuerda que las normas que consagran los términos perentorios dentro de los cuales debe ejercerse el derecho de acción para reclamar en juicio el reconocimiento de un derecho o la definición de una situación jurídica conflictiva son de orden público y, por ello, de obligatorio cumplimiento. En concordancia con la naturaleza de la que participan, los plazos que contemplan estas normas están definidos en función de supuestos objetivos que no dependen de la voluntad de las partes, de ahí que para que se entienda configurado el fenómeno de la caducidad basta con que transcurra dicho plazo sin que se presente la demanda; por lo mismo, su suspensión solo opera en los supuestos específicos que determina la ley. Actualmente se reconocen tres eventos en los que el término para la presentación de la demanda que ha empezado a correr se suspende: i) con la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial (art. 21, Ley 640 de 2001); ii) con la solicitud de extensión de jurisprudencia (art. 102, Ley 1437 de 2011); y, iii) con la petición del Gobierno Nacional o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para que emita concepto en relación con las controversias jurídicas que se presenten entre entidades públicas del orden nacional, o entre estas y entidades del orden territorial, con el fin de precaver un eventual litigio o poner fin a uno existente (art. 112, Ley 1437 de 2011). En ninguno de estos encaja la situación descrita en el sub judice.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 102, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 112, LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 21
CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRIMERA INSTANCIA / REVOCATORIA DE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / ACUERDOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA / APODERADO JUDICIAL DE ENTIDAD PÚBLICA / MUNICIPIO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas en primera instancia por la revocatoria de la sentencia recurrida por el Municipio?
Respuesta al problema jurídico: Si
En los términos del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, salvo en los procesos en los que se ventile un interés público, en el fallo se debe disponer sobre la condena en costas, para lo cual se debe acudir a las reglas del Código General del Proceso. (…) En lo que concierne a las costas de la segunda instancia no resulta procedente imponer condena en contra de la demandante, dado que no fue ésta la que propuso el recurso de apelación, de manera que solo no puede predicarse que se le hubiere resuelto negativamente, sino que, además, no fue a iniciativa suya que se generaron las costas del proceso en esta instancia. No obstante, sí deben imponerse en su contra las costas de la primera instancia, en la medida que, por las razones ya expuestas, se revocará íntegramente la sentencia recurrida (art. 365, núm. 4), convirtiéndola en la parte vencida en el proceso. (…) En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que se rigen por el Acuerdo 10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda. Dado que el Municipio contó con apoderado judicial en el curso de ambas instancias, se condenará a la Fundación a pagar a favor del demandado por concepto de agencias de la primera instancia, el (…) equivalente al 3% del valor correspondiente a las pretensiones pecuniarias de la demanda.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4