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CORRUPCIÓN

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Colombia Compra Eficiente Concepto

Las entidades pueden exigir una declaración juramentada sobre la inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades para participar en los procesos de selección.

C-307 de 2026 2026-03-11
¿Cuáles son los puntos de conexión entre las prácticas restrictivas de la competencia con el régimen de inhabilidades e incompatibilidades?
El contratista debe identificar y denunciar las prácticas colusorias en los procesos de selección, ya que estas violan la libre competencia y son objeto de sanciones administrativas según el Decreto Ley 2153 de 1992. Para establecer la existencia de colusión, se requiere un juicio de tipicidad basado en indicios que demuestren la concurrencia de factores como la conducta concertada entre participantes y la eliminación de la competencia, lo que puede llevar a la Superintendencia de Industria y Comercio a suspender los procesos y adoptar medidas cautelares. Además, las entidades pueden implementar medidas contractuales como el rechazo de ofertas y la declaración de desierta del proceso, en caso de evidencia de colusión, en conformidad con la Ley 80 de 1993 y el Decreto 4886 de 2011. Estas acciones refuerzan la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, promoviendo la transparencia y la protección de los recursos públicos.síntesis automática
También resuelve: Colusión: prácticas, procedimientos de selección, alcance Restricción a la competencia: estándar probatorio Acuerdos anticompetitivos: alternativas, denuncia, rechazo de las ofertas, declaratoria de desierta
Colombia Compra Eficiente Concepto

En contraste se ha considerado que los entes universitarios no son entidades que hagan parte de la rama ejecutiva, ni pueden considerarse entidades descentralizadas, sino que gozan de un régimen especial.

C-1456 de 2025 2025-10-27
¿El artículo 2.1.4.3.2.1 del Decreto 1081 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto 1600 de 2024, aplica a los entes universitarios autónomos?
Los entes universitarios autónomos no hacen parte de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional ni territorial, no son entidades descentralizadas y gozan de un régimen especial, en los términos del artículo 69 de la Constitución y de la Ley 30 de 1992. Por esa razón no están comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2.1.4.3.1.2 del Decreto 1081 de 2015, modificado por el Decreto 1600 de 2024, y en consecuencia la obligación del artículo 2.1.4.3.2.1 de esa misma norma no les resulta aplicable. El marco de fondo es la estrategia nacional de lucha contra la corrupción del artículo 200 de la Ley 2294 de 2023, que busca fortalecer la transparencia en la contratación y la gestión pública. Para la práctica contractual, las universidades autónomas no deben aplicar esa obligación por la sola condición de entidad estatal, sin perjuicio de sus deberes generales de transparencia y moralidad.síntesis automática
También resuelve: Función administrativa: principio de moralidad, principio de transparencia Estrategia nacional de lucha contra la corrupción: Ley 2294 de 2023 Decreto 1600 de 2024: estrategia de lucha contra la corrupción
Colombia Compra Eficiente Concepto

El carácter reconocidamente taxativo y restrictivo supone que las entidades no pueden establecer en el pliego de condiciones causales de inhabilidad o incompatibilidad no previstas en la Constitución o en la ley, ni siquiera haciéndolas pasar como causa para rechazar los ofrecimientos realizados.

C-718 de 2026 2026-05-29
¿Cuáles es el alcance de los mecanismos y metodologías que para la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo en el sistema de compras y contratación pública?
Las entidades estatales no pueden establecer en los pliegos causales de inhabilidad o incompatibilidad no previstas en la Constitución o en la ley, y para prevenir el riesgo de lavado de activos y de corrupción en la contratación deben recurrir a medidas de gestión del riesgo en los estudios previos y en los pliegos de condiciones. Esta postura se apoya en dos razones. Primera, el régimen de inhabilidades tiene reserva legal y es taxativo y restrictivo, por lo que una entidad no puede crear nuevas causales que afecten la capacidad para contratar, ni siquiera presentándolas como causa de rechazo de los ofrecimientos. Segunda, de acuerdo con la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, tanto las entidades sometidas a la Ley 80 de 1993 como las exceptuadas tienen opciones para prevenir la corrupción y los delitos derivados de la contratación, como tipificar, estimar y asignar los riesgos en los estudios previos, verificar las calidades de los proponentes o futuros contratistas y, en los pliegos de condiciones, incorporar medidas equivalentes.síntesis automática
También resuelve: Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: reserva legal Sarlaft: marco jurídico, definición Actos de corrupción: medidas de mitigación
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Acto de adjudicación

2017_11001-03-06-000-2017-00098-00_2346 2017-08-15
CONTRATO ESTATAL,ACTO DE ADJUDICACIÓN,NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO,ADJUDICACIÓN POR MEDIOS ILEGALES,RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES,RIESGO DE CORRUPCIÓN,ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS,CONTRATO DE CONCESIÓN,MOD – Adjudicación,Acto administrativo,Aceptación de la oferta,Aceptación de la propuesta,Acto de adjudicación,Contrato solemne,Perfeccionamiento,Suscripción del contrato,Contrato Estatal,Características,Acto definitivo,Alcance part – Mes: agosto – Año: 2017…
También resuelve: Contrato estatal: adjudicación, acto administrativo, aceptación de la oferta, aceptación de la propuesta Acto de adjudicación: contrato estatal, características, acto definitivo, alcance particular Nulidad y restablecimiento del derecho: contrato estatal, acto de adjudicación, carga de la prueba
Colombia Compra Eficiente Concepto

Previo concepto de sus asesores, la solución de situaciones particulares corresponde a los interesados adoptar la decisión correspondiente y, fiscales y disciplinarias.

C-867 de 2025 2025-07-16
¿Respecto a la verificación de las situaciones de control de que trata el literal a) del artículo 2.1.4.3.2.1 del Decreto 1600 de 2024, existe riesgo de inhabilidad e incompatibilidad conforme al artículo 8 de la Ley 80 de 1993?
Conforme a la interpretación general de las normas del sistema de compras públicas, para efectos del literal a) del artículo 2.1.4.3.2.1 del Decreto 1600 de 2024, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública regula algunas inhabilidades relacionadas con la existencia de situaciones de control. Sin pretensión de exhaustividad, este es el caso de la prevista para condenas por actos de corrupción del literal j del numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 2014 de 2019, caso en el cual la restricción aplica a “… las sociedades de las que hagan parte dichas personas en calidad de administradores, representantes legales, miembros de junta directiva o de socios controlantes, a sus matrices y a sus subordinadas, a los grupos empresariales a los que estas pertenezcan cuando la conducta delictiva haya sido parte de una política del grupo y a las sucursales de sociedades extranjeras”.
También resuelve: Inhabilidades: definición, finalidad, limitación capacidad contractual Contratación estatal: capacidad, validez contratos, régimen de contratación, inscripción Actos de corrupción: inhabilidad, fundamento
Colombia Compra Eficiente Concepto

La falta de manifestación de las situaciones de control por parte de los oferentes dentro del término de tres días señalado en la norma puede dar lugar al rechazo de su ofrecimiento, dado que es un requisito de obligatorio cumplimiento introducido por una norma de orden superior.

C-1251 de 2025 2025-10-16
¿A partir de qué fecha resulta exigible para las Entidades Estatales la verificación de las “situaciones de control” previstas en el Decreto 1600 de 2024 dentro de los procesos de contratación, y si la omisión por parte de los oferentes de manifestar dicha situación dentro del término legal constituye causal de rechazo automático de la oferta?
El contratista debe verificar y declarar las "situaciones de control" previstas en el Decreto 1600 de 2024 a partir del 27 de diciembre de 2024, y su omisión dentro del término legal de tres días puede resultar en el rechazo automático de la oferta, dado que esta declaración es un requisito habilitante para garantizar la transparencia y prevenir la configuración de inhabilidades o incompatibilidades. Esta regla implica que las entidades estatales deben incluir esta causal de rechazo en el pliego de condiciones, lo que fortalece la lucha contra la corrupción y la transparencia en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: Estrategia nacional de lucha contra la corrupción: Ley 2294 de 2023, transparencia en la contratación y gestión pública Decreto 1600 de 2024: vigencia, estrategia de lucha contra la corrupción, capítulo 3 Principio de publicidad: término de publicación, interpretación armónica, documentos de ejecución
Colombia Compra Eficiente Concepto

Lista clinton: las causales aplicables son de interpretación restrictiva

C-1449 de 2025 2025-11-26
La denominada Lista Clinton tiene carácter no vinculante en Colombia, porque la Orden Ejecutiva 12.798 del Gobierno de Estados Unidos no rige en el país, como recoge el anexo de la Circular Conjunta 034 de 2011 de la Procuraduría General de la Nación, la Auditoría General de la Nación y la Contraloría General de Santander. Como esa lista no es norma nacional, no puede servir por sí sola de fundamento para terminar un contrato. La terminación unilateral solo procede en los eventos que el Estatuto General de Contratación establece expresamente, como los del artículo 17 de la Ley 80 de 1993 y los numerales 1, 2 y 4 del artículo 44 de la misma ley, en concordancia con el inciso segundo del artículo 45. La consecuencia práctica es que la entidad debe fundar cualquier decisión de terminación unilateral en una causal legal, y no en la inclusión de una persona en esa lista.síntesis automática
También resuelve: Lista clinton: carácter no vinculante Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: reserva legal Sarlaft: marco jurídico, definición
Consejo de Estado Providencia

Evidencia de la prueba: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-06-08 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 11001032600020180009200 LEY 1437 REPETICION
¿La entidad demandante realizó un ejercicio probatorio serio tendiente a demostrar la culpa grave de la demandada? No
La entidad demandante no realiza un ejercicio probatorio serio tendiente a demostrar la culpa grave del servidor público, toda vez que limita su demanda a pedir la declaratoria de responsabilidad con base en sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho, sin aportar pruebas del actuar irregular de los servidores públicos. La figura de la repetición no pretende imponer cargas desproporcionadas a quienes asumen el ejercicio del servicio público, por lo que su procedencia requiere acreditar con suficiencia que la intervención de los funcionarios en la ocurrencia de daños antijurídicos fue premeditada, negligente o manifiestamente imprudente. En este caso, la Auditoría General de la República no demostró la culpa grave del servidor público y se acreditó que la declaratoria de insubsistencia fue adoptada en uso de sus facultades y precedida de un comportamiento diligente, por lo que se negarán las pretensiones de la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿Las decisiones de la entidad pública demandada fueron debidamente razonadas y su propósito fue preservar los principios que rigen la función pública? ¿La declaratoria de insubsistencia se produjo por la pérdida de confianza en la funcionaria, derivada de unos hechos que evidenciaban su falta de integridad? ¿La declaratoria de insubsistencia de la servidora fue una decisión que se adoptó con la debida diligencia y cuidado?
Colombia Compra Eficiente Concepto

Debida diligencia: los municipios deben establecer en su programa de transparencia criterios para mitigar el riesgo de lavado de activos

C-494 de 2024 2024-11-21
¿Cuál es el marco jurídico vigente de la debida diligencia en el sistema de compras y contratación pública?
La entidad estatal no puede contemplar dentro de los criterios de evaluación la adopción de programas de cumplimiento anticorrupción o antilavado de activos, porque, conforme al principio de legalidad, se trata de una exigencia transversal a todos los proponentes que no determina la oferta más favorable en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y del artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, y los artículos 12 y 31 de la Ley 2195 de 2022 no autorizan asignarle puntaje. El marco de la debida diligencia parte del literal a) del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, que obliga a toda entidad, cualquiera que sea su régimen de contratación, a implementar Programas de Transparencia y Ética Pública que incluyen medidas de debida diligencia, y del artículo 12 de esta última ley. Por la reserva legal del régimen de inhabilidades, la entidad tampoco puede crear causales no previstas en la ley, ni siquiera como causales de rechazo.síntesis automática
También resuelve: Debida diligencia: marco normativo Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: reserva legal Sarlaft: marco jurídico, definición
Colombia Compra Eficiente Concepto

La inhabilidad por actos de corrupción puede asimilarse a una pena en los términos del artículo 38.2 de la Ley 153 de 1887 para efectos de determinar que la infracción correspondiente se castigará con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido.

C-1226 de 2026 2026-08-27
¿Cuál es el criterio para aplicar la inhabilidad del literal j) del artículo 8.1 de la Ley 80 de 1993 frente a sus modificaciones en el tiempo?
El contratista está inhabilitado para contratar con el Estado si ha sido declarado responsable judicialmente por delitos contra la Administración Pública o de corrupción, o administrativamente por soborno transnacional, lo que limita su capacidad contractual durante 20 años, y esta inhabilidad se extiende a las sociedades en las que sea socio o tenga roles directivos, a sus matrices, subordinadas y a los grupos empresariales involucrados en la política delictiva, según las modificaciones introducidas por las Leyes 1474 de 2011, 1778 de 2016 y 2014 de 2019, y el Decreto 1358 de 2020, reiterando la necesidad de interpretar restrictivamente las inhabilidades conforme al principio de legalidad y la taxatividad de su creación.síntesis automática
También resuelve: Inhabilidades: definición, finalidad, limitación capacidad contractual, taxatividad Contratación estatal: capacidad, validez contratos, régimen de contratación, inscripción Actos de corrupción: inhabilidad, modificaciones
Colombia Compra Eficiente Concepto

Es así como el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015 permite que la Entidad Estatal a través del ordenador del gasto se separare del concepto emitido por el comité evaluador y no acoja sus recomendaciones, en cuyo caso deberá justificar completa y correctamente su decisión.

C-1328 de 2025 2025-10-02
¿Respecto a la verificación de las situaciones de control de que trata el literal a) del artículo 2.1.4.3.2.1 del Decreto 1081 de 2015, existe riesgo de inhabilidad e incompatibilidad conforme al artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y cuáles son los mecanismos para mitigarlo?
Las entidades del orden nacional de la Rama Ejecutiva deben verificar las situaciones de control de los oferentes y de los proponentes plurales, de acuerdo con el literal a) del artículo 2.1.4.3.2.1 del Decreto 1081 de 2015, adicionado por el Decreto 1600 de 2024. Para ello examinan la información suministrada por los oferentes y la que reposa en los expedientes públicos de las Cámaras de Comercio, con el fin de prever la configuración de inhabilidades e incompatibilidades del artículo 8 de la Ley 80 de 1993. El Registro Único de Proponentes es plena prueba de lo que contiene, según el artículo 6.1 de la Ley 1150 de 2007, de modo que la capacidad jurídica, la experiencia, la capacidad financiera y la de organización deben verificarse exclusivamente con él. Por regla general, la verificación de situaciones de control puede hacerse a través del RUP, y si el registro no es obligatorio, el pliego debe fijar el mecanismo de validación correspondiente. En consecuencia, el pliego debe prever cómo se acreditará ese dato cuando no exista RUP, y la entidad debe contrastar la información del oferente con los registros públicos.síntesis automática
También resuelve: Decreto 1600 de 2024: situaciones de control, acreditación Registro único de proponentes: definición, marco jurídico Requisitos habilitantes: registro único de proponentes, plena prueba
Consejo de Estado Providencia

Es aplicable el término supletivo de cuatro meses del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 cuando no se estipula un plazo

Sentencia — Sentencia 2025-04-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 63001233300020200042101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es aplicable el término supletivo de cuatro meses del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 cuando no se estipula un plazo para la liquidación bilateral del contrato? Sí
El contratista puede aplicar el término supletivo de cuatro meses del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 para la liquidación bilateral del contrato cuando no se haya estipulado un plazo específico, dado que este plazo es aplicable a contratos estatales sujetos a liquidación conforme al artículo 60 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal no puede liquidar unilateralmente el contrato después de este plazo, y el término de caducidad del medio de control se suspende si la entidad presenta una solicitud de conciliación prejudicial, incluso si no está obligada a hacerlo. La Sala establece que el juez no está sujeto al término de caducidad cuando declara de oficio la nulidad del contrato, y que no se configura la cosa juzgada respecto de la validez del contrato si en un proceso anterior se resolvió la caducidad de la pretensión anulatoria sin pronunciamiento de fondo. Además, la Sala matiza la regla según la cual el juez puede declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato sin que estén acreditados plenamente los elementos probatorios de la causal invocada, estableciendo que esta facultad no puede ejercerse sin un sustento probatorio adecuado.síntesis automática
También resuelve: ¿La solicitud de conciliación extrajudicial presentada por una entidad pública, que no estaba obligada a agotar ese trámite como requisito de procedibilidad… ¿Está el juez sujeto al término de caducidad del contrato cuando declara de oficio la nulidad de un contrato estatal? ¿Es jurídicamente viable declarar la configuración de la cosa juzgada respecto de la validez de un contrato estatal, cuando en un proceso anterior se resolvió la caducidad de la pretensión anulatoria…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La competencia de la jurisdicción contencioso administrativa se determina por un criterio orgánico basado en la participación de una entidad pública en el litigio.

Sentencia — Sentencia 2025-09-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000232600020120093602 ACCION CONTRACTUAL
¿Debe conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo de una controversia relacionada con un contrato de seguro si el demandado es una entidad estatal y aun cuando esta no sea parte del contrato? Sí
El juez contencioso administrativo aplica un criterio eminentemente orgánico para determinar su competencia en los litigios donde intervienen entidades públicas, con independencia de que dichas entidades no figuren formalmente como parte en el respectivo contrato de seguro. En los términos del artículo 82 del Decreto-ley 01 de 1984, modificado por la Ley 1107 de 2006, la jurisdicción está instituida para juzgar controversias originadas en la actividad de las entidades estatales, de modo que la naturaleza de los sujetos en el litigio define la asignación del asunto, aun cuando la entidad estatal asuma la condición de asegurada o beneficiaria de la póliza única de cumplimiento sin ser parte directa del contrato de seguro celebrado entre el tomador y el asegurador.síntesis automática
También resuelve: ¿Opera la caducidad de la acción contencioso administrativa para cuestionar la validez de un contrato de seguro de cumplimiento… ¿Es procedente la acción de nulidad contra actos administrativos contractuales proferidos durante la ejecución de un contrato estatal… ¿Puede excluirse la responsabilidad del asegurador en un contrato de seguro de cumplimiento por la existencia de dolo, culpa grave o actos potestativos del contratista o del tomador?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Sin prueba de su prestación no puede haber lugar a las restituciones.

Sentencia — Sentencia 2024-12-06 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000232600020100060702 ACCION CONTRACTUAL
¿Existe un vicio que tiñe de ilegalidad la celebración del contrato 093 de 2008, desde su concepción, y conduce a afirmar que las reglas estructuradas en los pliegos nunca fueron portadoras del atributo de legalidad, ni pueden erigirse en título para reclamar de ellas algún derecho? Sí
El contratista no puede reclamar la legalidad de las reglas estructuradas en los pliegos de condiciones cuando estos fueron diseñados con la intención de favorecer ilegalmente a determinados proponentes, ya que la concepción de dichas reglas viola principios fundamentales de la contratación estatal como la selección objetiva y la transparencia. La Sala establece que la manipulación de los pliegos para apropiarse ilegalmente de recursos públicos y desfavorecer la competencia justa conduce a declarar la nulidad absoluta del contrato desde su concepción, independientemente de cómo se aplicaron esas reglas en el proceso de selección. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior, reforzando la importancia de la legalidad desde la etapa precontractual y limitando las posibilidades de que actos administrativos ilegales puedan ser corregidos por su correcta aplicación posterior.síntesis automática
También resuelve: ¿La nulidad absoluta de un contrato, además de hacerlo desaparecer del mundo jurídico, genera como consecuencia que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de su celebración y… ¿Una vez celebrado el negocio jurídico, la ilegalidad de los actos previos únicamente puede invocarse como fundamento de la nulidad del contrato? ¿La causal de nulidad por objeto ilícito tiene lugar cuando se transgrede una prohibición legal o constitucional, o por inobservancia de las previsiones de orden público en materia contractual?
MODIFICA
Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PUBLICO: procede la Sala con el estudio de los demás aspectos de las apelaciones

Decisión disciplinaria — FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PUBLICO 2024-10-17 SALA DISCIPLINARIA DE JUZGAMIENTO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ELECCION POPULAR Rad. D 2017-974154
FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PUBLICO-Extender comprobantes de egreso con información falsa constituye falta disciplinaria FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PUBLICO-Secretario en calidad de alcalde encargado suscribió contrato estatal y dio visto bueno a otros con conocimiento del entramado de corrupción estructurado por el alcalde y su hermano mediante la celebración de contratos Por tanto, procede la Sala con el estudio de los demás aspectos de las apelaciones, sin tomar en consideración las citadas declaraciones DELEGACION DE FUNCIONES PÚBLICAS-Técnica de manejo administrativo en virtud del cual se produce un traslado de competencias de un órgano titular a otro ERROR EN MATERIA DISCIPLINARIA-Atañe directamente a la culpabilidad y se presenta cuando hay discordancia entre la conciencia del autor y la realidad…
También resuelve: Investigación disciplinaria por entramado de corrupción: Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular confirma parcialmente fallo de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3 contra Alcalde, secretarios, jefes y funcionarios de la Alcaldía de Alvarado (Tolima) Queja disciplinaria: Suscripción, desarrollo, ejecución y pago de 12 contratos por valor total de $60.808.400 con contratista que manifestó no haber presentado propuestas, ni firmado ni ejecutado dichos bilaterales Falsedad ideologica en documento publico: Extender comprobantes de egreso con información falsa constituye falta disciplinaria
Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: la declaratoria de incumplimiento del convenio por parte del Ministerio de Agricultura fue una decisión judicial

Salvamento voto — Salvamento de voto 2023-11-10 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020120028501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La declaratoria de incumplimiento del convenio por parte del Ministerio de Agricultura fue una decisión judicial que violó el principio de congruencia por no estar dentro de las pretensiones de la demanda? Sí
Considero, en primer lugar, que el fallo del cual me aparto incurrió en violación del principio de congruencia al declarar el incumplimiento del Ministerio de Agricultura por expedir las resoluciones enjuiciadas y dejar sin efecto las mismas, pese a que el incumplimiento contractual de esa entidad estatal no era una pretensión de la demanda. Las solicitudes del libelo, reiteradas en la apelación, se encaminaron expresamente a la nulidad de unas decisiones unilaterales adoptadas por el Ministerio, bajo la consideración de que se trataba de actos administrativos; conclusión ésta que, además, comparto con la parte demandante, pues toda declaración unilateral de la voluntad de una entidad administrativa, que genere determinados efectos jurídicos, constituye acto administrativo, al margen del régimen jurídico del contrato en cuyo marco se expida.
También resuelve: ¿El negocio jurídico objeto de controversia contractual cumplió los requisitos para ser tenido como un convenio especial de cooperación científica y tecnológica? ¿El régimen normativo aplicable al convenio era el Estatuto General de Contratación Estatal al tratarse de un negocio jurídico con elementos de carácter netamente contractual? ¿El Ministerio de Agricultura tenía la competencia para declarar unilateralmente el incumplimiento contractual del IICA e imponerle la cláusula penal…