Titulación de la relatoría 32.381 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / NULIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / ABUSO DEL DERECHO / CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRETENSIÓN SUBSIDIARIA / CESANTÍA COMERCIAL / CARGO BÁSICO DE TELEFONÍA PÚBLICA BÁSICA CONMUTADA / TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA DE LARGA DISTANCIA / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONCILIACIÓN / ESTADO DE CUENTA / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR MUTUO ACUERDO / PAZ Y SALVO EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA TRANSACCIÓN / COSA JUZGADA / ACTA DE CONCILIACIÓN / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / ACTO PROPIO / PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS / IMPROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿En el presente contrato de prestación de servicios de telefonía indirecta, se le debe reconocer al demandante la cesantía comercial o las participaciones correspondientes al 50% de la totalidad de lo recaudado por cargo básico mensual y del 10% por participación de telefonía automática local y de larga distancia?
Respuesta al problema jurídico: No
En el proceso se acreditó que, con fecha del 28 de noviembre de 1995 […], TELECOM y TELESAI celebraron el contrato GRA-014-95 […]. El objeto del contrato buscaba la prestación de los servicios de telefonía de manera indirecta, ya que el servicio era prestado por medio de un Agente de TELECOM, que atendía en el mostrador de un punto de venta, recibiendo dicho contrato la denominación de contrato SAI. […] En la segunda pretensión subsidiaria de la demanda, el actor solicitó que se le reconozca la cesantía comercial. En la tercera pretensión subsidiaria, el demandante solicitó que se le paguen las participaciones correspondientes al 50% de la totalidad del recaudo del cargo básico mensual y el 10% de lo recaudado por el concepto de la telefonía automática, local y de larga distancia nacional. […] Valga mencionar que el contrato GRA-014-95 se rigió por el derecho privado, en el que no se pactó una cláusula de liquidación (bilateral o unilateral), ni ello fue objeto de pacto adicional o de modificación por las partes, por lo que el a quo no podía suponer y darle el efecto de una liquidación al acta de terminación ni a la conciliación. La Sala se aparta de tales conclusiones para, en su lugar, considerar que la voluntad de las partes se circunscribió a la terminación del contrato y la conciliación de los estados de cuenta. […] De esta manera, el entendimiento en conjunto y la finalidad de los acuerdos a los que llegaron las partes, la Sala concluye que su intención fue: (i) mediante el acta de terminación de mutuo acuerdo suscrita el 6 de agosto de 2004, las partes se declararon a paz y salvo y con efectos de transacción -cosa juzgada como se explicará a continuación- por el periodo que transcurrió entre el 28 de noviembre de 1995 -fecha de suscripción del contrato- y el mes de diciembre de 2002, y (ii) mediante el acta de conciliación suscrita el 20 de junio de 2005, se declararon a paz y salvo por el periodo transcurrido entre el mes de enero de 2003 y el 6 de agosto de 2004. Transigiendo y conciliando así, la totalidad de las obligaciones surgidas por el plazo total de ejecución del contrato GRA-014-95. […] En virtud de la autonomía de la voluntad de las partes, estas le otorgaron al acuerdo de terminación -según se menciona en la parte final del acta y para el plazo transcurrido entre el 28 de noviembre de 1995 y el mes de diciembre de 2002- el efecto de una transacción, esto es, de cosa juzgada. Así, entonces, se anticiparon a un litigio futuro y cerraron la posibilidad de que la controversia fuese puesta en conocimiento de la jurisdicción por ese periodo de la ejecución del contrato, ya que todas las cifras que en su momento fueron un derecho en favor de las partes, fueron declaradas a paz y salvo. Frente al saldo pendiente entre el mes de enero de 2003 y el 6 de agosto de 2004, conforme a lo pactado en la terminación bilateral, llegaron a un acuerdo conciliatorio. Así pues, la Sala considera, conforme a los antecedentes del acta de terminación de mutuo acuerdo, el contenido del acta en sí misma y la posterior suscripción del acta de conciliación que las partes quisieron terminar y liquidar el contrato GRA- 014-95 de mutuo acuerdo, expresando su voluntad cabalmente, declarándose a paz y salvo por todo concepto respecto a la celebración, ejecución, terminación y liquidación del contrato GRA-014/95. En este orden de ideas, no cabe duda de que los acuerdos de las partes se extendieron a los aspectos que fueron demandados, concernientes a la cesantía comercial y a las participaciones correspondientes al 50% del recaudo del cargo básico mensual y del 10% de lo recaudado por el concepto de la telefonía automática, local y de larga distancia nacional, pues abarcaron la totalidad de las obligaciones derivadas del contrato. Adicionalmente, considera la Sala que, de acogerse las pretensiones de la parte actora respecto al pago de la cesantía comercial o de las prestaciones por recaudo, sería tanto como transgredir el principio de buena fe y la regla general de derecho de los actos propios (devenire contra factum propium non valet), lo que implica desconocer la confianza generada en el contratante sobre la terminación del contrato GRA-014-95. Dado que las partes procedieron a finiquitar los aspectos derivados de las obligaciones del contrato, tampoco hay lugar a la liquidación judicial pedida en la pretensión cuarta subsidiaria.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las copias simples, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 357, DECRETO 2123 DE 1992 - ARTÍCULO 6, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1324, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / VIGENCIA DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / VIGENCIA DE LA LEY 1437 DE 2011 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia del CPACA seguirán rigiéndose y culminarán conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el CCA?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como la demanda se presentó el 5 diciembre de 2006 […] el régimen aplicable es el Código Contencioso Administrativo –en adelante CCA–. Conforme al artículo 266 del CCA, en los procesos iniciados antes de la vigencia de ese código, los recursos interpuestos, los términos que comenzaron a correr y las notificaciones en curso, se regían por la ley vigente al momento de esas actuaciones. Por su parte, el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –que empezó a regir desde el 2 de julio de 2012– prevé que las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia de dicho código seguirían rigiéndose y culminarían conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el CCA. Adicionalmente, conforme al artículo 267 del CCA, en los aspectos no regulados se seguiría el Código de Procedimiento Civil –en adelante CPC– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 266, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 308
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACTIVIDAD CONTRACTUAL / ENTIDAD PÚBLICA / CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / DECISIÓN DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGOCIO JURÍDICO / CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 30 de Ley 446 de 1998. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 del CPC, el valor de la pretensión mayor […] supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.5 CCA […]. […] La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal […].
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 2, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 30
CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / PLAZO PRECLUSIVO / INTERÉS GENERAL / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DILIGENCIA PROCESAL
Problema jurídico:
¿La caducidad se configura cuando ha vencido el plazo establecido en la ley para instaurar algún tipo de acción?
Respuesta al problema jurídico: Si
La caducidad es un fenómeno que se configura cuando ha vencido el plazo establecido en la ley para instaurar algún tipo de acción. La caducidad es en si misma una sanción cuya fuente es la ley y que aplica ante la inoperancia o el ejercicio inoportuno del derecho de acción, pues al sobrepasarse los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción, se restringe el derecho que le asiste a toda persona de solicitar la definición de un conflicto. La caducidad protege intereses de orden general, pues por medio de ella se garantiza la seguridad jurídica y la paz social, operando de pleno derecho, ya que, una vez transcurrido el tiempo preclusivo fijado en la ley, el juez puede y debe decretarla aún de oficio o cuando aparezca que ella ha operado. La doctrina ha indicado que para evitar que opere la caducidad, al interesado le asiste una carga de actuar con diligencia en los tiempos que la ley indica.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el ejercicio inoportuno del derecho de acción que configura la caducidad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de junio de 2013, rad. 25712, C. P. Enrique Gil Botero. Sobre la facultad y el deber del juez de decretar de oficio la caducidad cuando esta ha operado, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de mayo de 2017, rad. 58282, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIÓN PRINCIPAL / PRETENSIÓN SUBSIDIARIA / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR MUTUO ACUERDO / NULIDAD / SUBROGACIÓN DEL CONTRATO / CESANTÍA COMERCIAL / SERVICIO DE TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / VICIO DE NULIDAD ALEGADO / CAPACIDAD / VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / ABUSO DEL DERECHO / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCILIACIÓN / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La caducidad de las pretensiones que buscan la nulidad del acta de terminación de mutuo acuerdo del contrato, debe contabilizarse desde que se perfeccionó dicha acta?
Respuesta al problema jurídico: Si
Dado que la acción instaurada es la de controversias contractuales, la norma que se debe tener en cuenta para analizar la caducidad de cada una de las pretensiones, es el numeral 10° del artículo 136 del CCA […]. […] [L]a Sala observa que la pretensión principal y primera subsidiaria buscan que el acta de terminación de mutuo acuerdo suscrita el 6 de agosto de 2004, sea declarada nula. Las pretensiones segunda y tercera subsidiaria se encaminan a que se declare la subrogación entre TELECOM y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, lo que posibilita el reconocimiento de la cesantía comercial o el pago de unos recaudos por servicios de telefonía que quedaron pendientes. Por último, la cuarta pretensión subsidiaria parte de la declaración de que el contrato GRA-014-95 se terminó válidamente, por lo que se pide su liquidación. Es decir, tienen que ver con un aspecto de la ejecución del contrato GRA-014-95 entre las partes. […] De cara a analizar las pretensiones principal y primera subsidiaria, las cuales buscan la nulidad el acta de terminación de mutuo acuerdo del Contrato GRA-014-95, la Sala encuentra que los motivos por los cuales se pretende su nulidad corresponden a vicios o circunstancias ocurridas al momento de su perfeccionamiento (capacidad, vicio del consentimiento y abuso del derecho). Por ello desde que se perfeccionó dicha acta debe contabilizarse la caducidad de tales pretensiones. […] [L]os dos años que prescribe el numeral 10° del artículo 136 del CCA deben contabilizarse desde el 7 de agosto de 2004 -día siguiente a la fecha de suscripción del documento-, por lo que el plazo para interponer la acción se extendía hasta el 8 de agosto de 2006. En este sentido, la acción contractual, en lo referente a la nulidad del acta de terminación de mutuo acuerdo -pretensiones principal y primera subsidiaria- caducaba el 8 de agosto de 2006 y la demanda fue presentada el 5 de diciembre de 2006. En consecuencia, se concluye que la acción para las pretensiones principal y primera subsidiaria fue impetrada fuera del término legalmente establecido. […] Respecto a las pretensiones, segunda, tercera, cuarta subsidiarias, que buscan el reconocimiento de la cesantía comercial, los dineros dejados de percibir por recaudo del servicio de telefonía y la liquidación del contrato, la Sala encuentra que las partes señalaron que realizarían las conciliaciones pendientes -liquidación bilateral- dentro de los seis (6) meses siguientes contados desde la suscripción de dicha acta. […] Las partes suscribieron la terminación del Contrato de mutuo acuerdo el 6 de agosto de 2004, por lo que el plazo para realizar las conciliaciones pendientes - contabilizando seis meses- vencía el 7 de febrero de 2005 y la caducidad operaba a partir del 7 de febrero de 2007; por lo que se concluye que estas pretensiones pueden ser estudiadas de fondo, ya que la demanda se interpuso el 5 de diciembre de 2006.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
CONTRATO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO / PARTES CONTRATANTES / INVALIDEZ DEL CONTRATO / MUTUO CONSENTIMIENTO / OBLIGACIONES DEL CONTRATO / PARTES DEL CONTRATO / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El cumplimiento del contrato solo puede ser exigido, en principio, entre los contratantes?
Respuesta al problema jurídico: Si
Todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, de conformidad con el artículo 1602 del CC. El contrato, en principio, como ley creada por las partes, solo obliga a quienes forman parte de él –efecto relativo de los contratos–. Por ello, su cumplimiento solo puede ser exigido entre los contratantes y no por terceros, ni a terceros, salvo algunas excepciones (arts. 1506 y 1507 del CC).
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1506, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1507, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
SUPRESIÓN DE TELECOM / LIQUIDACIÓN DE TELECOM / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES / SUBROGACIÓN DEL CONTRATO / CONTRATO DE INTERCONEXIÓN / OPERADORES DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES / CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES / EXPANSIÓN COMERCIAL / CESIÓN DEL CONTRATO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR MUTUO ACUERDO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / DESVINCULACIÓN DEL PROCESO
Problema jurídico:
¿Los contratos de atención en mostrador en un punto de venta o contratos SAI eran, en sí mismos, un servicio de telecomunicaciones?
Respuesta al problema jurídico: Si
Mediante el Decreto 1615 de 2003 se ordenó la supresión y liquidación de TELECOM […]. […] El parágrafo del artículo 4° del Decreto 1615 de 2003 identificó como Gestor del Servicio a la empresa que se crearía con el fin de asegurar la prestación del servicio de telecomunicaciones, y mediante el artículo 1° del Decreto 1616 de 2003, se creó la empresa denominada COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. En línea con la creación de esa nueva empresa, el artículo 14 de este último decreto ordenó que se subrogaría en los contratos de interconexión celebrados con operadores de telecomunicaciones, por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones - Telecom en liquidación y por las Teleasociadas en liquidación, en las mismas condiciones que fueron pactados. Así mismo prescribió que Colombia Telecomunicaciones S. A. E.S.P. se «subrogaría» en los contratos de condiciones uniformes y en los contratos para la prestación de servicios de telecomunicaciones celebrados con los usuarios de dichos servicios, por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom y por las Teleasociadas, en las mismas condiciones que fueron pactadas. La Sala considera que el artículo 6° del Decreto 1615 de 2003 y el artículo 4 del Decreto 1615 de 2003 deben interpretarse sistemáticamente, pues en el primero se menciona que se le «subrogan» al Gestor del Servicio determinados contratos y, en el artículo 14, se identificó a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. como gestor, de manera que es esta entidad la que se «subrogó» en los contratos celebrados por TELECOM. Ahora, los contratos que se «subrogan» conforme a los artículos 6 del Decreto 1615 de 2003 y 14 del Decreto 1615 de 2003, serían: (i) los contratos de condiciones uniformes; (ii) los contratos de interconexión celebrados con operadores de telecomunicaciones, por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones - Telecom en liquidación y por las Teleasociadas; (iii) los contratos para la prestación de servicios de telecomunicaciones celebrados con los usuarios de dichos servicios y (iv) los demás contratos para la prestación de Servicios de Telecomunicaciones. […] De manera que resulta evidente que los contratos de atención en mostrador en un punto de venta o contratos SAI eran, en sí mismos, un servicio de telecomunicaciones, pues tenían que ver con una forma de expansión comercial mediante el uso de esas redes y prestación indirecta del servicio de telecomunicaciones a través de atención al público. Por ello, no hay duda de que ese contrato era de aquellos que se «subrogaron» en cabeza de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Ahora bien, en cuanto al fenómeno de la «subrogación», resulta oportuno señalar la posición que esta Corporación ha sostenido respecto a las normas precitadas, pues se ha decantado la forma en la que deben ser entendidas y cuál fue su efecto práctico. La jurisprudencia concluyó que no se trata de una subrogación sino de una cesión del contrato. […] Así las cosas, esta Sala considera que respecto al contrato GRA-014-95 operó una cesión por virtud de la ley en favor de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y, que, en razón a ello, pudo suscribir el acta de terminación de mutuo acuerdo de dicho contrato, por lo que se encuentra legitimado por pasiva. Por este motivo, respecto de ese contrato no hubo solución de continuidad y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES asumió su condición de parte hasta la fecha de su terminación por mutuo acuerdo el 6 de agosto de 2004. El a quo encontró probada la excepción de falta de legitimación por pasiva, respecto a lo cual, la Sala mantendrá dicha declaración, pues se evidenció que el CONSORCIO REMANENTES TELECOM no fue parte ni fue cesionario por disposición legal del contrato GRA-014-95 y no suscribió el acta de terminación bilateral del mencionado contrato, por lo que no adquirió derechos ni obligaciones frente al demandante. En orden a lo anterior, se confirmará lo decidido por el juez de primera instancia, que desvinculó al CONSORCIO REMANENTES TELECOM del proceso.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la prestación continua e ininterrumpida del servicio de telecomunicaciones a través de la cesión de contratos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de julio de 2019, rad. 44835, C. P. Alberto Montaña Plata; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo de 2020, rad. 43398, C. P. Martín Bermúdez Muñoz.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1615 DE 2003 - ARTÍCULO 4, DECRETO 1615 DE 2003 - ARTÍCULO 6, DECRETO 1616 DE 2003 - ARTÍCULO 1, DECRETO 1616 DE 2003 - ARTÍCULO 14, DECRETO 1616 DE 2003 - ARTÍCULO 5
SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE TELEFONÍA FIJA BÁSICA CONMUTADA / SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE TELEFONÍA LOCAL MÓVIL EN SECTOR RURAL / SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, entre ellos TELECOM, se regirán por el derecho privado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l artículo 1° de la Ley 142 de 1994 indicó que dicha normativa era aplicable a los servicios públicos de telefonía fija, básica conmutada y de telefonía local móvil en el sector rural, razón por la cual, esta a su vez, era aplicable a los contratos celebrados por TELECOM. […] El artículo precitado vino a ratificar lo que se indicó en el Decreto 2123 de 1992, pues confirmó que los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, entre ellos TELECOM, se regirían por el derecho privado. […] Esta misma Corporación, en sentencia del 21 de octubre de 2021, volvió a referirse al régimen aplicable a los contratos SAI, destacando que los mismos eran contratos que se regían por derecho privado, cuya naturaleza es la de un contrato de agencia comercial. En materia contractual, el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 dispone que en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Conforme a lo anterior, y dado que TELECOM celebró el contrato en vigencia del Decreto 2123 de 1992 y de la Ley 142 de 1994, esto es el 28 de noviembre de 1995, su régimen es el de derecho privado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la aplicación del derecho privado a los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2004, rad. 2003-00020-01(AP), C. P. María Elena Giraldo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de agosto de 2007, rad. 2005-00004-01(AP), C. P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de noviembre de 2011, rad. 21178, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. Sobre la naturaleza de los contratos SAI y la aplicación del derecho privado a estos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de julio de 2008, rad. 14800, C. P. Myriam Guerrero de Escobar.
FUENTE FORMAL:
LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 1, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 32, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38
DEBERES DEL JUEZ / REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / NORMA SUPLETORIA / LEY CIVIL / LEY COMERCIAL / BUENA FE CONTRACTUAL / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACUERDO DE VOLUNTADES / PAZ Y SALVO EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ESTIPULACIONES DEL CONTRATO / NEGOCIO JURÍDICO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / TÉRMINO DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La acción contractual se limitará a aquellos aspectos sobre los cuales no se llegó a un acuerdo al momento de suscribir la liquidación del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]onviene resaltar que, frente a los acuerdos a los que lleguen las partes, es tarea del juez dilucidar, en cada situación, cuál fue el entendimiento que le dieron y su alcance, conforme a las pautas de interpretación de los contratos, las normas supletorias asociadas a los tipos contractuales en las leyes civiles y comerciales, así como el cumplimiento de buena fe del contrato. De acuerdo con estas directrices, determinará si las partes pretendían regular, mediante dicho acuerdo, los asuntos objeto de la reclamación y los términos de dicha regulación. En consecuencia, la acción contractual se limitará a aquellos aspectos sobre los cuales no se llegó a un acuerdo al momento de suscribir la liquidación del contrato. En definitiva, le corresponde al juez indagar y establecer si lo que se reclama con la demanda quedó sometido al acuerdo de voluntades en el que las partes se declararon a paz y salvo frente a la ejecución del contrato. Para ello, podrá analizar cuál fue el motivo que indujo la suscripción de dicho acuerdo, contrastándolo con los hechos que sirven de causa a las pretensiones y con el objeto de estas. Con base en estos elementos y de cara a las estipulaciones de los contratantes, habrá de definirse si las pretensiones resultan improcedentes, pues desconocen el contenido de un negocio jurídico obligatorio en el que se regularon los asuntos objeto de la reclamación. En esa labor, el juez del contrato debe seguir ante todo el criterio sentado por el artículo 1618 del Código Civil, según el cual, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Esta regla tiene plena aplicación cuando conste de manera inequívoca que la intención de las partes es distinta de lo que expresaron los términos del contrato y supone que, aún siendo claro en el sentido lingüístico y literal, ante una divergencia el juez debe precisar e indagar la recíproca intención de las partes, según las circunstancias del negocio jurídico. La labor del juez no se orienta, por supuesto, a enervar, reemplazar o suplantar a las partes, ni a adulterar sus acuerdos, sino más bien a la consecución reflexiva del sentido de una estipulación. En tal sentido, no solo al interpretar el contrato, sino sus acuerdos modificatorios, debe precisar la finalidad común de las partes, con el propósito de determinar el resultado específico perseguido por ellas, de acuerdo con su contenido, alcance, utilidad y función.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el deber del juez de indagar la real intención de las partes en el negocio jurídico, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 23 de noviembre de 2020, rad. SC4527-2020, M. P. Francisco Ternera Barrios; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia del 7 de febrero de 2008, rad. 2001-06915-01, M. P. William Namén Vargas; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia del 1 de agosto de 2002, rad. 6907, M. P. Jorge Santos Ballesteros.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618
TRANSACCIÓN / FINALIDAD DE LA TRANSACCIÓN / CONCEPTO DE TRANSACCIÓN / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE TRANSACCIÓN / CONCESIÓN / MECANISMOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS / CONTRATO DE TRANSACCIÓN / VALIDEZ DEL CONTRATO DE TRANSACCIÓN / REQUISITOS DE VALIDEZ DEL CONTRATO / CAPACIDAD / CONSENTIMIENTO / OBJETO LÍCITO / CAUSA LÍCITA / EFECTOS DE LA TRANSACCIÓN / COSA JUZGADA / EXCEPCIÓN DE TRANSACCIÓN
Problema jurídico:
¿La transacción es un instrumento jurídico que permite resolver una controversia actual o futura sin necesidad de recurrir a la autoridad jurisdiccional?
Respuesta al problema jurídico: Si
La función principal de la transacción es la de resolver las controversias reales y potenciales entre las partes. Consiste en un instrumento jurídico que permite resolver una controversia actual o futura sin necesidad de recurrir a la autoridad jurisdiccional. […] El segundo elemento esencial de la transacción consiste en que exista una diferencia litigiosa o que esta pueda llegar a existir, lo que se traduce en que exista un derecho en disputa y que, por medio de un acuerdo, las partes le ponen fin a la misma. La controversia debe ser cierta, por lo que, aunque esta no exista al momento de la suscripción del acuerdo transaccional, es necesario su existencia futura. La certeza de un posible conflicto, debe analizarse desde el punto de vista subjetivo, esto es, a partir de la mera duda de alguna de las partes de que el objeto de la transacción puede llegar a convertirse en una disputa. El tercer elemento de la transacción son las concesiones reciprocas entre las partes, siendo el elemento que marca la diferencia respecto a los demás mecanismos alternativos de solución de conflictos. En este, las partes deben renunciar de cierta manera a sus pretensiones respecto a la controversia que las afecta; sin embargo, las concesiones no deben ser equitativas, pues no es necesario que sean iguales en cuanto a su valor e importancia. Al ser la transacción un contrato, debe cumplir los requisitos de validez establecidos en el artículo 1502 del Código Civil, esto es, que sea celebrado por personas capaces (art.1503 CC), quienes manifiestan su voluntad exenta de vicios (art.1508 CC), y que el objeto de la transacción recaiga sobre un objeto y una causa lícita. El artículo 2483 del Código Civil establece que la transacción tiene el efecto de cosa juzgada en última instancia, que consiste en que pone fin a la controversia. […] Lo que sea objeto de una transacción no puede ser demandado so pretexto de un olvido de una de las partes, ya que la transacción impide que se suscite una nueva controversia entre las mismas partes y con el mismo objeto. Así las cosas, el efecto de cosa juzgada de la transacción conlleva a que las partes resuelven de una vez por todas las controversias que puedan llegar a derivarse de una posible disputa, lo que les permite, que, de llegar a interponerse una demanda respecto a lo transigido, se pueda alegar como excepción previa la transacción (art 97 del CPC). […] El artículo 2484 del Código Civil señala que la transacción solo surte efectos vinculantes entre los contratantes, por lo que se excluye a los terceros que no hicieron parte de la negociación y los interesados que no hayan actuado directamente en ella.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los elementos necesarios para que opere la transacción, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 12 de abril de 2023, rad. 67563, C. P. Guillermo Sánchez Luque.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 97, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1502, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1503, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1508, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1519, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1523, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1524, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2469, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2483, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2484
CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE MALA FE
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas cuando no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe?
Respuesta al problema jurídico: No
De conformidad con el artículo 171 CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55