Titulación de la relatoría 51.497 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR MUTUO ACUERDO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO CONVENCIONAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Cuando el contrato se liquida de mutuo acuerdo después de vencido el plazo convencional para hacerlo, pero dentro de los dos años siguientes a ese vencimiento, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta a partir del día siguiente a la firma del acta de liquidación?
Respuesta al problema jurídico: Si
El literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, dispone que el medio de control de controversias contractuales caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento, para lo cual contempla distintas hipótesis dependiendo de si el contrato es de ejecución instantánea, si no requiere de liquidación o si, por el contrario, se trata de un contrato que sí la requiera. Respecto de los contratos que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, como ocurre en el presente caso, la caducidad se deberá computar desde el día siguiente al de la firma del acta, de conformidad con el numeral iii) de la disposición en cita. A su turno, cabe señalar que la Sección Tercera del Consejo de Estado en auto de unificación estableció que en aquellos casos en los cuales las partes hayan llevado a cabo de mutuo acuerdo la liquidación del contrato con posterioridad al término convencional y/o legalmente dispuesto para su liquidación, pero dentro de los 2 años posteriores a dicho vencimiento, el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales iniciará a partir del día siguiente al de la firma del acta de liquidación. En el presente asunto, el contrato terminó por vencimiento de su plazo el 31 de diciembre de 2018 (hecho probado 6.3.8.). A su vez, en la cláusula vigésima segunda las partes acordaron que la liquidación se efectuaría de común acuerdo dentro de los 4 meses siguientes a su terminación (hecho probado 6.2.1.), término que venció el 1º de mayo de 2019. No obstante, la liquidación bilateral se efectuó posteriormente, mediante acta suscrita el 23 de octubre de 2019 (hecho probado 6.4.1.), esto es, una vez vencido el plazo convencional previsto para realizarla de mutuo acuerdo, pero dentro de los dos años siguientes a la expiración de dicho término. En consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia de unificación antes referida, en el presente caso el término de caducidad comenzó a correr a partir del día siguiente a la suscripción del acta de liquidación bilateral, esto es, el 24 de octubre de 2019. Así las cosas, el término de 2 años para ejercer el medio de control vencía el 24 de octubre de 2021. Como la demanda fue presentada el 25 de febrero de 2020, se concluye que su interposición fue oportuna, al margen del trámite de conciliación extrajudicial adelantado entre el 5 de diciembre de 2019 y el 22 de enero de 2020.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el cómputo de la caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando el contrato se liquida de mutuo acuerdo después del término convencional o legal, pero dentro de los dos años siguientes a su vencimiento, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de unificación de 1 de agosto de 2019, exp. 62009.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
RECURSO DE APELACIÓN / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / OBJETO DEL LITIGIO / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / NULIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / FALTA DE CONSENTIMIENTO
Problema jurídico:
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre el cuestionamiento del carácter bilateral del acta de liquidación por ausencia de consentimiento, cuando este fue planteado por primera vez en el recurso de apelación y no en la demanda?
Respuesta al problema jurídico: No
En relación con el argumento dirigido a cuestionar el carácter bilateral de la liquidación, la Sala advierte que este no fue planteado en la demanda, en la cual la parte actora no controvirtió la validez del acta de liquidación bilateral por ausencia de consentimiento, sino que dirigió sus reparos contra los descuentos allí consignados y formuló las demás reclamaciones económicas que consideró derivadas de la ejecución del contrato. En consecuencia, la Sala no se pronunciará sobre este planteamiento, formulado por primera vez en el recurso de apelación, pues su examen supondría ampliar en segunda instancia el objeto de la controversia a un aspecto que no fue sometido al conocimiento del Tribunal ni respecto del cual la parte demandada tuvo oportunidad de ejercer su derecho de contradicción, lo cual va en contravía del principio de congruencia. A partir de lo anterior, el análisis del caso en segunda instancia se circunscribirá a los reparos concretos expuestos por la parte recurrente contra la sentencia dictada por el a quo […].
VALORACIÓN DE LA PRUEBA / PRUEBA TESTIMONIAL / TESTIGO SOSPECHOSO / VÍNCULO LABORAL / PRUEBA DOCUMENTAL / PERTINENCIA DE LA PRUEBA / UTILIDAD DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Deben desecharse de plano los testimonios de quienes tuvieron vínculo laboral con la parte demandante, por el solo hecho de resultar sospechosos?
Respuesta al problema jurídico: No
Comoquiera que los testimonios (…), provienen de personas que tuvieron un vínculo laboral con la demandante, sus declaraciones resultan sospechosas, por lo cual serán valoradas con la especial severidad que se requiere. Así las cosas, conforme lo ha manifestado esta Corporación, los testimonios que resulten sospechosos no pueden desecharse de plano, sino que deben ser examinados y valorados con mayor rigurosidad, de cara a las demás pruebas que reposen en el expediente y de acuerdo con las circunstancias propias de cada asunto litigioso. Precisado lo anterior, cabe señalar que la Sala no tendrá en cuenta dichos testimonios para resolver la controversia, pues las declaraciones conciernen a la celebración del contrato, las estipulaciones contenidas en este y en el pliego de condiciones -particularmente las relacionadas con la forma de pago y determinados aspectos de su ejecución-, y refieren al conocimiento que los declarantes tenían acerca de los descuentos efectuados por el Municipio, aspectos que se encuentran suficientemente acreditados mediante las pruebas documentales obrantes en el expediente, sin que los testimonios aporten elementos adicionales relevantes para la decisión del caso. Ahora, la Sala no desconoce que las testigos igualmente manifestaron aspectos relacionados con los gastos adicionales o mayores valores en que habría incurrido el contratista durante la ejecución del contrato. No obstante, dado que este aspecto no fue incluido dentro de las salvedades formuladas por la demandante al acta de liquidación bilateral, no será objeto de pronunciamiento, (…).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la valoración de los testimonios sospechosos, que no pueden desecharse de plano sino examinarse con mayor rigurosidad frente a las demás pruebas, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2011, exp. 20262.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 217
CONTRATO ESTATAL / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / ENTIDAD ESTATAL / MUNICIPIO / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / LEY APLICABLE AL CONTRATO / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / LEY CIVIL / LEY COMERCIAL
Problema jurídico:
¿El contrato de prestación de servicios celebrado por un municipio es un contrato estatal regido por la Ley 80 de 1993 vigente al tiempo de su celebración y, en lo no regulado por ella, por las disposiciones civiles y comerciales?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 2 de la Ley 80 de 1993 dispuso que se denominarían entidades estatales, entre otras, los municipios y, en el artículo 13 de ese estatuto, se precisó que los contratos estatales suscritos por aquellos se regirían por esa normativa y, en lo no regulado en aquella, por las disposiciones civiles y mercantiles vigentes. Así las cosas, el querer del legislador fue que los negocios jurídicos suscritos por municipios como lo es el Municipio de Medellín se rigieran por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública -EGCAP- y sus reformas, y se consideraran contratos estatales. En ese orden de ideas, la Sala advierte que el contrato de prestación de servicios No. 4600075824 de 2018, cuyo objeto consistió en “implementar una estrategia de información, educación, comunicación y movilización social, en seguridad alimentaria y nutricional” se rige por lo previsto en la Ley 80 de 1993, estatuto vigente al tiempo de su celebración, de ahí que la Sala estudiará el presente asunto bajo ese derrotero.
FUENTE FORMAL:
LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / PRINCIPIO DEL EFECTO ÚTIL DE LAS NORMAS / PAZ Y SALVO EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / RENUNCIA A PRESENTAR RECLAMO JUDICIAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL JUEZ
Problema jurídico:
¿La declaración de paz y salvo y la renuncia a instaurar reclamaciones o demandas consignadas en el acta de liquidación bilateral comprenden también las materias respecto de las cuales el contratista formuló salvedades en esa misma acta?
Respuesta al problema jurídico: No
Para tal efecto, conviene empezar por señalar que en el acta de liquidación bilateral las partes se declararon a paz y salvo por todo concepto relacionado con el contrato y estipularon que el contratista renunciaba a instaurar cualquier reclamación o demanda contra el Municipio. No obstante, en el mismo documento ASCODES S.A.S. consignó salvedades respecto de determinados aspectos de la relación contractual, circunstancia que impone interpretar conjuntamente unas y otras manifestaciones para establecer el verdadero alcance del acuerdo de liquidación. Al efecto, conviene resaltar que cuandoquiera que no exista suficiente claridad o precisión en cuanto al alcance y contenido del documento contractual o se evidencie una contradicción entre las estipulaciones contenidas en el acuerdo de voluntades -aun aquellas contenidas en el acta de liquidación bilateral-, e incluso cuando existe claridad en el lenguaje utilizado pero las partes le atribuyen un significado divergente, corresponde al juez adelantar la labor de interpretación del negocio jurídico con miras a establecer la real intención de los contratantes y el contenido genuino de lo estipulado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1618 del Código Civil, según el cual “conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”. En tal sentido, para la Sala la declaración de paz y salvo y la renuncia a promover reclamaciones judiciales por parte del contratista, plasmadas en el acta de liquidación bilateral, no pueden entenderse referidas también a las materias respecto de las cuales esta manifestó expresamente su inconformidad en el propio acto de liquidación a través de las salvedades. Una interpretación en ese sentido privaría de efecto útil a dichas salvedades, pues implicaría sostener que ASCODES S.A.S., al tiempo que reservó determinados asuntos para su posterior discusión, renunció a controvertirlos judicialmente. En consecuencia, una interpretación integral del acta de liquidación bilateral permite concluir a la Sala que la declaración de paz y salvo y la renuncia a formular reclamaciones o demandas producen efectos respecto de los aspectos de la relación contractual sobre los cuales existió un acuerdo definitivo, mas no frente a aquellos que la contratista excluyó expresamente mediante las salvedades consignadas en el mismo acuerdo. Corresponde, por tanto, establecer el contenido y alcance de dichas salvedades y verificar su correspondencia con las reclamaciones formuladas en la demanda, con el fin de determinar cuáles de ellas quedaron excluidas de la liquidación bilateral y pueden ser examinadas de fondo.
FUENTE FORMAL:
LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 1618
LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / NEGOCIO JURÍDICO / TEORÍA DEL ACTO CON FUERZA VINCULANTE / DERECHOS DEL CONTRATISTA / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO / VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Puede quien suscribió el acta de liquidación bilateral desconocerla en sede judicial para reclamar asuntos comprendidos en el cruce de cuentas convenido, sin invocar un vicio del consentimiento?
Respuesta al problema jurídico: No
Sobre el particular, debe recordarse que la liquidación bilateral de los contratos sujetos al EGCAP es una actuación posterior a la terminación normal o anormal del contrato, que supone un acuerdo de voluntades que finiquita la relación negocial, en virtud del cual las partes establecen si existen acreencias pendientes a favor o a cargo de las partes, realizan un balance de las cuentas y, si es del caso, efectúan las reclamaciones, ajustes y reconocimientos a que haya lugar como resultado de la ejecución del contrato celebrado y, además, ha sido considerado como un negocio jurídico autónomo, en el que, a propósito de la inejecución contractual, se puede aceptar el reconocimiento de los gastos en que haya incurrido el contratista, y se puede descartar el de otros emolumentos como la utilidad esperada de percibir, si a bien lo tienen los cocontratantes. En efecto, en tratándose de los contratos sometidos al EGCAP, en virtud del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación contractual supone uno de los momentos en los cuales se pueden efectuar los acuerdos, conciliaciones y transacciones sobre las desavenencias de la relación negocial, para ponerles fin y declararse a paz y salvo, lo cual es producto de la libre disposición de los derechos de los cocontratantes y persigue que los mismos sujetos tengan la posibilidad de superar las dificultades producto de la ejecución negocial. En el balance de activos y pasivos mencionado también se pueden estipular salvedades, que en los términos del inciso final del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 es un derecho del contratista de formular los reparos frente a aspectos que no comparta en el cruce de cuentas. Bajo las anteriores premisas, dicho acuerdo de voluntades tiene fuerza vinculante, de modo que, en virtud de su obligatoriedad para las partes, de los postulados de la buena fe y del respeto por los actos propios (venire contra factum propium non valet), tal acuerdo no puede ser desconocido posteriormente ante la instancia judicial por parte de quien lo suscribió, salvo que se invoque algún vicio del consentimiento (error, fuerza o dolo) o que aquello que se reclama en sede judicial no hubiere sido materia del cruce de cuentas convenido. Así ha sido reconocido por la Sección Tercera, al considerar que este último criterio resulta aplicable “a todos los contratos celebrados por el Estado, tanto aquellos que se sujetan exclusivamente al derecho privado como aquellos regulados por la Ley 80 de 1993, pues en ambos casos, el acta de liquidación bilateral constituye en forma indiscutible un contrato, llamado por el derecho común a ser ley para las partes”. En suma, en los casos en que los contratantes han liquidado de común acuerdo el contrato que han celebrado el juez ha de atenerse al acuerdo de los cocontratantes, pues dicha liquidación es un negocio jurídico vinculante que tiene efectos de ley para los sujetos intervinientes. En este orden de ideas, y al amparo del acuerdo liquidatorio que suscriben las partes, corresponde al juez desentrañar el alcance de las estipulaciones pactadas, con el fin de establecer si las partes procuraron con dicho acuerdo de voluntades regular los asuntos cuya reclamación se formula en la demanda y los términos de dicha regulación. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala procede a examinar el acta de liquidación bilateral del contrato de prestación de servicios objeto de la litis, a efectos de establecer su alcance y determinar si en el mismo quedaron cobijados los conceptos que son materia de las pretensiones y cargos propuestos por la actora en el libelo introductorio y si, en consecuencia, su formulación en sede judicial desconoce o no lo pactado, es decir, si las desavenencias que son objeto de reclamación en la demanda formaron parte del cruce de cuentas convenido o quedaron resueltas mediante el cruce final de cuentas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la liquidación bilateral como acuerdo de voluntades que finiquita la relación negocial y en el que las partes efectúan el balance de cuentas, reclamaciones, ajustes y reconocimientos, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de 10 de septiembre de 2007, exp. 16370, y de 20 de octubre de 2014, exp. 27777. Sobre la liquidación bilateral como negocio jurídico autónomo, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 11 de noviembre de 2009, exp. 32666; Subsección C, sentencia de 28 de junio de 2023, exp. 58634; y Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 28 de junio de 2016, rad. 2253. Sobre la fuerza vinculante del acta de liquidación bilateral en los contratos estatales, regidos o no por la Ley 80 de 1993, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 27 de agosto de 2020, exp. 48284.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO / IMPUESTO / ESTAMPILLA / ACTO GRAVADO CON EL IMPUESTO DE ESTAMPILLA
Problema jurídico:
¿Habilitan el estudio judicial del desequilibrio económico del contrato las referencias a mayores gastos y a impuestos consignadas en las salvedades del acta de liquidación bilateral, cuando fueron expuestas como argumentos para controvertir un descuento y no como un reparo autónomo dirigido a restablecer la ecuación económica?
Respuesta al problema jurídico: No
De lo anterior se desprende que las salvedades formuladas por ASCODES S.A.S. tuvieron como eje central su inconformidad con el descuento de $663.252.041 efectuado por el Municipio por concepto de recurso humano, gastos de desplazamiento asociados a este y suministro de papelería y dotación. A partir de esa premisa, la contratista expuso distintas razones por las cuales consideraba improcedente dicha deducción -y trascribió comunicaciones cruzadas con la Administración-: dio cuenta de que había ejecutado prácticamente la totalidad de los productos contratados; que durante la ejecución no fue requerida por las circunstancias que posteriormente sirvieron de fundamento para efectuar el descuento; que la entidad había señalado previamente que los pagos se realizarían en función de los productos entregados; y que, de admitirse la posibilidad de descontar los recursos presupuestados y no ejecutados, también debían reconocerse los mayores gastos en que habría incurrido para cumplir el objeto contractual. Así, aun cuando la salvedad se sustentó en distintos argumentos relacionados con la ejecución del negocio jurídico, estos estuvieron dirigidos, en esencia, a controvertir la procedencia del descuento incorporado por el Municipio en la liquidación y sus consecuencias económicas. Bajo el contexto anterior, la Sala, tras realizar un análisis contextual y sistemático del acta de liquidación acordada entre las partes el 23 de octubre de 2019, con miras a determinar su alcance, estima que es viable estudiar la prosperidad de las pretensiones y cargos atinentes al reconocimiento y pago de la suma de $663.252.041, descontada por el Municipio por concepto de recurso humano, gastos de desplazamiento asociados al recurso humano y suministro de papelería y dotación, por cuanto, frente a estos conceptos, se advierte que no existió consenso entre las partes y que, antes bien, la contratista -aunque de forma un tanto confusa- dejó expresa constancia de su inconformidad. En ese sentido, las salvedades consignadas por ASCODES S.A.S. permiten establecer que la controversia en torno a la procedencia del descuento subsistió luego de la liquidación bilateral y, por consiguiente, que las reclamaciones formuladas en la demanda que guarden correspondencia con dicha reserva pueden ser objeto de pronunciamiento judicial. Distinta es la conclusión frente a las pretensiones mediante las cuales ASCODES S.A.S. solicitó el reconocimiento de los mayores valores que afirmó haber asumido por actividades no previstas inicialmente, pero que, a su juicio, resultaron necesarias para la ejecución del contrato, así como de los impuestos que habría sufragado con cargo a su utilidad y recursos propios, reclamaciones que sustentó en la ruptura del equilibrio económico del contrato. Si bien en las salvedades consignadas en el acta de liquidación la contratista hizo referencia a los gastos adicionales en que habría incurrido durante la ejecución y a las estampillas que incidían en la estructura económica del contrato, tales manifestaciones no estuvieron encaminadas a formular un reparo autónomo dirigido a obtener el restablecimiento de la ecuación económica por esos conceptos. En efecto, dichas referencias -que por demás constituyen transcripciones de comunicaciones cruzadas entre las partes durante la ejecución del contrato, que no reclamaciones- fueron expuestas como parte de los argumentos mediante los cuales ASCODES S.A.S. controvirtió la procedencia del descuento efectuado por el Municipio. En ese contexto, las referencias efectuadas en el acta de liquidación bilateral a los mayores gastos y a las estampillas no permiten concluir que la contratista hubiera dejado abierta una controversia autónoma respecto de un eventual desequilibrio económico del contrato por tales conceptos. Por consiguiente, al no haberse formulado una salvedad que permita identificar una reclamación en ese sentido, las pretensiones dirigidas a obtener el reconocimiento de esos mayores valores e impuestos no pueden ser objeto de pronunciamiento judicial. Así las cosas, en virtud del negocio jurídico celebrado entre los contratantes con efectos vinculantes, que no puede ser desconocido por el juez del contrato, la Sala estima que en el presente caso no hay lugar a examinar los mayores valores ejecutados asociados a actividades no previstas en el contrato y los impuestos asumidos por el contratista, pues al establecer de consuno el saldo final adeudado a favor del contratista, ambas partes convinieron expresamente el cruce final de cuentas, con excepción de los específicos aspectos en los que la contratista manifestó su desavenencia -reconocimiento y pago de la suma de $663.252.041, descontada por el Municipio por concepto de recurso humano, gastos de desplazamiento asociados al recurso humano y suministro de papelería y dotación-, encontrándose, por tanto, plenamente conforme frente a todo lo demás. No sobra también añadir, para finalizar, que los conceptos en cuestión no se fundan en hechos o circunstancias posteriores a la suscripción del acta de liquidación, lo que nuevamente conduce a la conclusión de que quedaron cobijados en el pluricitado acuerdo de voluntades. Así las cosas, contrario a lo concluido por el Tribunal, la suscripción del acta de liquidación bilateral no impedía el estudio de fondo de la controversia respecto de la suma de $663.252.041, pues los conceptos que dieron lugar a dicho descuento quedaron comprendidos en las salvedades formuladas por la contratista. Por consiguiente, delimitado en estos términos el alcance vinculante del acuerdo liquidatorio, la Sala procederá a examinar los cargos formulados por ASCODES S.A.S. dirigidos a cuestionar la procedencia de tales descuentos.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / DESCUENTO TRIBUTARIO / MULTA / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO / DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO / SANCIÓN CONTRACTUAL / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / FORMA DE PAGO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Los descuentos pactados en las especificaciones técnicas del contrato por no contar con la totalidad del personal requerido tienen naturaleza sancionatoria y, por ello, su aplicación exige adelantar el procedimiento previsto en la Ley 1474 de 2011 para garantizar el debido proceso del contratista?
Respuesta al problema jurídico: No
En primer lugar, la sociedad demandante aduce que nunca fue requerida por la supervisión del contrato por los conceptos que le descontaron en el acta de liquidación bilateral; sin embargo, en el presente caso está acreditado que la entidad desde el segundo informe de supervisión para aprobar el segundo pago puso en conocimiento de ASCODES S.A.S. que realizaría descuentos. En ese sentido, en el “informe de supervisión pago 2” la supervisión advirtió que “de acuerdo a las especificaciones técnicas se realizarán descuentos por la no entrega al personal de camisetas tipo Polo y no contar con el personal completo en las fechas estipuladas. Estos descuentos se realizarán en los pagos posteriores”. En la misma dirección, en el “informe de supervisión pago 3” se puso de presente por la supervisión que “El contratista no contó con el recurso humano tal como lo establecen las especificaciones técnicas (...) por lo cual la supervisión levantó novedad al contratista y procederá a relacionar el tiempo en el que el contratista no contó con la totalidad del personal durante el periodo Julio- septiembre de ejecución del contrato para posteriormente realizar los descuentos a que haya lugar”, además, reiteró que se realizaría el descuento por los elementos de dotación que no fueron adquiridos por el contratista ya que estos no fueron aprobados por la supervisión pues no cumplían con las especificaciones técnicas establecidas y que dichos descuentos se realizarían en el último pago al contratista. Aunado a lo anterior, en el proceso también está acreditado que, con ocasión del anuncio de estos descuentos, se llevó a cabo una reunión con la supervisión con el objeto de socializar la “tabla de descuentos” remitida al contratista toda vez que la supervisión no había recibido observaciones al respecto. Cabe destacar que en dicha reunión la contratista manifestó que estaba de acuerdo con la tabla de descuentos y que la única observación que tenía es que no compartía con que se pudiera descontar por personal y productos en caso de que no cumpliera con el 100% de estos, por tratarse de un contrato de prestación de servicios, ante lo cual la entidad se comprometió a elaborar una nueva tabla de descuentos que le remitiría al contratista. Igualmente, está probado que ASCODES S.A.S. manifestó su inconformidad ante los descuentos anunciados en el informe de supervisión del tercer pago por considerarlos improcedentes, toda vez que, a su juicio, con la modificación al pliego de condiciones según la cual se eliminó de los requisitos habilitantes el requisito de recurso humano, la estipulación de las especificaciones técnicas relativa a los descuentos por no contar con el personal durante la ejecución del contrato había perdido su vigencia. Lo anterior da cuenta que ASCODES S.A.S. sí conocía de los descuentos que se iban a realizar, que tuvo la oportunidad, en dos ocasiones, de manifestar su inconformidad frente a ello y que sobre este aspecto nunca se llegó a un acuerdo con la entidad a tal punto que fue objeto de salvedades como se evidencia en el acta de liquidación bilateral (hecho probado 6.4.1.) y por ende, no fue sorprendida con la suma descontada, todo lo cual desvirtúa la afirmación de la apelante según la cual no se le “otorgó una oportunidad efectiva de contradicción”. Aunado a lo anterior, cabe señalar que, conforme a lo pactado, las partes acordaron que los pagos estarían sujetos a la presentación y aprobación del informe de avance de la ejecución técnica y financiera del contrato, acompañado de sus respectivos soportes y previa autorización de la supervisión (hecho probado 6.2.1.). De esta manera, la verificación del cumplimiento de las condiciones hacía parte del mecanismo previsto por las partes para determinar los valores susceptibles de reconocimiento y pago y, correlativamente, aquellos respecto de los cuales procedía aplicar los descuentos contemplados en las especificaciones técnicas cuando no se acreditara su ejecución en los términos convenidos. Estas circunstancias permiten concluir, además, que el ejercicio de la facultad de efectuar los descuentos no se produjo al margen de las reglas acordadas entre las partes. En efecto, además de que la determinación de los valores susceptibles de reconocimiento estaba precedida por el mecanismo de verificación pactado por las partes, como quedó expuesto, ASCODES S.A.S. conoció durante la ejecución las circunstancias que sustentaban los descuentos y tuvo la oportunidad efectiva de manifestar su inconformidad frente a ellos. Ahora bien, frente al argumento según el cual la entidad no adelantó un procedimiento que le permitiera a ASCODES S.A.S. ejercer su derecho de defensa por cuanto dicho descuento tenía naturaleza sancionatoria, la Sala precisa que si bien en las cláusulas décimo primera y décimo segunda del contrato se pactó la facultad de imponer multas y hacer efectiva la cláusula penal en caso de incumplimiento del contratista, respecto de las cuales es claro que para su ejercicio se requiere acudir al procedimiento previsto en la Ley 1474 de 2011, ello no implica, per se, que los descuentos autorizados por las partes conforme con lo previsto en las especificaciones técnicas -que hacen parte integral del pliego de condiciones y por ende del contrato- tengan naturaleza sancionatoria ni que para efectuarlos se deba acudir a dicho procedimiento. Con todo, en el contrato, ni en ninguno de los documentos contractuales, las partes convinieron un procedimiento específico a seguir con el fin de efectuar tales descuentos por el Municipio. Por lo anterior, la Sala concluye que el Municipio no desconoció el debido proceso de la demandante al efectuar los descuentos, por lo cual, dicho cargo no prospera.
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011
INEFICACIA DE PLENO DERECHO / PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / PLIEGO DE CONDICIONES / ESTIPULACIONES DEL CONTRATO / EXCEPCIÓN DE ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Es ineficaz de pleno derecho, la estipulación de las especificaciones técnicas según la cual se realizarán los descuentos financieros pertinentes si no se cuenta con la totalidad del personal, por no haber determinado el monto de los descuentos aplicables?
Respuesta al problema jurídico: No
En segundo lugar, la Sala advierte que la demandante dentro de los cargos formulados en la demanda manifestó que la estipulación contenida en las especificaciones técnicas del contrato, según la cual “en caso que no se cuente con la totalidad del personal durante la ejecución del contrato, se realizarán los descuentos financieros que sean pertinentes" es ineficaz porque, según afirmó, no se precisaron cuáles serían los descuentos aplicables lo cual permitía una actuación unilateral de la Administración contraria al régimen de contratación estatal. El legislador previó la ineficacia de pleno derecho, como una figura en virtud de la cual un acto no produce efectos porque se configuran determinadas circunstancias tan lesivas para el ordenamiento jurídico que, según la norma positiva, traerá como consecuencia que el negocio jurídico no cobre vigencia. Entre otros, el artículo 897 del Código de Comercio dispuso que “cuando en este Código se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial”. La ineficacia de pleno derecho se presenta en eventos en los cuales, por razones de distinta índole, la ley dispone que un determinado acto jurídico no produce efectos de ninguna naturaleza, sin que se requiera de declaración judicial. Por tanto, su configuración supone que esa consecuencia está expresamente señalada en la ley. En el caso de los contratos estatales, en el inciso final del literal f) numeral 5º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 se previó que serían ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos y de los contratos que contravengan los mandatos de ese numeral, (…). De lo anterior se evidencia que la ineficacia de pleno derecho, prevista en el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, tiene plenos efectos tratándose de los pliegos de condiciones y los contratos sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y trae como consecuencia que las disposiciones que adolecen de tales situaciones se entiendan por no escritas. (…). Descendiendo al caso concreto, la Sala no encuentra que los argumentos expuestos por la demandante permitan tener por configurada la ineficacia de pleno derecho de la estipulación cuestionada. Como se indicó, esta consecuencia opera cuando una cláusula del pliego o del contrato contraviene alguno de los mandatos previstos en el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, de manera que no basta con advertir una eventual indeterminación en su contenido, sino que es necesario establecer que esta desconoce alguna de las reglas cuya transgresión el legislador sancionó expresamente con dicha consecuencia. En el sub examine, las especificaciones técnicas dispusieron que “en caso que no se cuente con la totalidad del personal durante la ejecución del contrato, se realizarán los descuentos financieros que sean pertinentes”. Para la Sala, el hecho de que esta previsión no hubiera determinado cuales serían los descuentos que aplicarían no permite, por sí solo, concluir que contravino alguno de los mandatos contenidos en el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. En efecto, la estipulación no incidía en la determinación de los requisitos objetivos para participar en el proceso de selección; no impedía la formulación de ofrecimientos comparables ni afectaba la objetividad de la escogencia; no hacía indeterminadas las condiciones de costo y calidad del servicio; no imponía exigencias de imposible cumplimiento ni exoneraba a la entidad de responsabilidad; y tampoco inducía a error o hacía depender el ofrecimiento de la voluntad exclusiva de la Administración, pues el descuento estaba asociado a un supuesto previamente definido y verificable, consistente en no contar con la totalidad del personal exigido durante la ejecución contractual. Finalmente, la estipulación no guardaba relación con la fijación del plazo para la liquidación del contrato. En consecuencia, al no evidenciarse que la estipulación cuestionada contravenga alguno de los mandatos contenidos en el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, no se configura el supuesto normativo necesario para que opere la ineficacia de pleno derecho alegada por ASCODES S.A.S. Aunado a lo anterior, es dable señalar que en el presente caso no está acreditado que, durante la etapa precontractual, ASCODES S.A.S. hubiera formulado reparo alguno frente a la estipulación que ahora cuestiona. Por el contrario, la única observación que presentó en esa etapa estuvo dirigida al informe de evaluación provisional de las ofertas y no guardó relación con la previsión relativa a los descuentos por no contar con la totalidad del personal exigido (hecho probado 6.1.9.), circunstancia que si bien no impide por sí misma examinar una eventual ineficacia de pleno derecho, resulta relevante frente al argumento planteado en la demanda, pues evidencia que, pese a conocer dicha regla al momento de estructurar su ofrecimiento, el hoy demandante no manifestó que su contenido le impidiera determinar las condiciones bajo las cuales debía formularlo, la indujera a error o dejara algún aspecto de la oferta sometido a la voluntad exclusiva de la entidad, circunstancias que precisamente se encuentran proscritas por el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la noción de ineficacia de pleno derecho, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencias de 30 de abril de 2012, exp. 21699, y de 8 de septiembre de 2021, exp. 61617; Subsección C, sentencia de 18 de mayo de 2017, exp. 35199; y Sección Tercera, sentencia de 10 de diciembre de 2018, rad. 76001-23-31-000-2001-02942-01. Sobre la ineficacia de pleno derecho de las estipulaciones de los pliegos y de los contratos que contravienen el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y la facultad del juez del contrato para inaplicarlas, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de 3 de mayo de 1999, exp. 12344; de 24 de junio de 2004, exp. 15235; de 26 de abril de 2006, exp. 16041; de 11 de noviembre de 2009, exp. 17366, y de 27 de marzo de 2014, exp. 27453.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 897, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 5
PRINCIPIO DE LA BUENA FE / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / PLIEGO DE CONDICIONES / ADENDA A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA / FORMA DE PAGO / CARGA DE LA PRUEBA / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Problema jurídico:
¿Vulnera la entidad los principios de buena fe y confianza legítima al aplicar los descuentos pactados por no contar con el personal mínimo, cuando había manifestado que los pagos se harían contra la entrega de productos y la obligación de disponer del personal y la consecuencia de su incumplimiento permanecieron en las especificaciones técnicas del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
En tercer lugar, en relación con el cargo relativo a que el Municipio desconoció los principios de buena fe y confianza legítima porque modificó durante la ejecución del contrato la interpretación del pliego de condiciones sostenida en la etapa precontractual sobre la estructura de costos y la forma de pagos, la Sala precisa que contrario a lo alegado por la apelante, las modificaciones que se realizaron en esta etapa relativas al ajuste del presupuesto, la forma de pago en cuatro desembolsos previa verificación de los soportes de los productos ejecutados, la disminución del plazo de ejecución, la eliminación del recurso humano de los requisitos habilitantes de carácter técnico, la supresión del anexo denominado “Compromiso de pagos fijos recurso humano” del pliego de condiciones y las condiciones relacionadas con la forma de contratación del personal y su disponibilidad contenidas en las especificaciones técnicas, tuvieron origen en las observaciones de otros posibles oferentes y contaron con la aquiescencia de la demandante, pues bajo los términos así pactados decidió presentar su propuesta económica y, posteriormente, suscribir el contrato. Con todo, cabe destacar que en las especificaciones técnicas se mantuvo incólume la previsión según la cual, en caso de que no se cuente con la totalidad del personal durante la ejecución del contrato, se realizarán los descuentos financieros que sean pertinentes. Por lo anterior, no cabe duda de que la común intención de los cocontratantes durante el iter contractual fue mantener lo pactado en el pliego de condiciones y en la adenda No.1 durante la ejecución del negocio, lo que, en virtud del principio pacta sunt servanda del artículo 1602 del Código Civil, debe llevar a que indubitablemente dicho querer se tenga como vinculante en el presente asunto. A este respecto, la Sala precisa que la modificación del pliego de condiciones, a partir de la cual la parte demandante interpretó que el recurso humano no sería tenido en cuenta en la estructura de costos del negocio jurídico, se limitó a eliminar, como requisito habilitante, la obligación del proponente de presentar un compromiso de pagar al personal los honorarios establecidos por la entidad. Dicha modificación no alteró las condiciones previstas para la ejecución del contrato en cuanto al personal mínimo requerido, su forma de contratación y disponibilidad, ni tuvo incidencia en la forma de pago por productos convenida entre las partes. Esta circunstancia no resulta suficiente para concluir que la entrega de los productos pactados otorgaba al contratista el derecho a recibir la totalidad del valor previsto para cada pago, con independencia del cumplimiento de las demás obligaciones asumidas. Si bien la forma de pago se estructuró a partir de determinados porcentajes asociados a la ejecución y entrega de actividades o productos, dicha estipulación no puede interpretarse de forma aislada del resto de las previsiones establecidas en el contrato. En particular, como quedó visto en precedencia, las especificaciones técnicas establecieron la obligación de disponer de un personal mínimo para la ejecución del contrato y previeron expresamente que, en caso de no contar con la totalidad de dicho personal durante su ejecución, se efectuarían los descuentos financieros correspondientes. Así, una cosa era el cumplimiento de las actividades o la entrega de los productos como presupuesto para efectuar los pagos y otra, distinta, la obligación de mantener el recurso humano exigido, respecto de la cual se contempló una consecuencia económica específica para el evento de su inobservancia. En ese sentido, las manifestaciones de la entidad acerca de que los pagos se efectuarían contra productos no pueden entenderse como una modificación o supresión de la obligación relativa al personal mínimo. Ambas previsiones podían coexistir: la entrega de los productos constituía el parámetro previsto para efectuar los pagos, mientras que la disponibilidad del recurso humano constituía una obligación adicional cuyo incumplimiento podía dar lugar a los descuentos expresamente contemplados en las especificaciones técnicas. Por lo demás, la parte demandante no allegó medios de prueba que permitan tener por acreditado que, durante la ejecución del contrato, la entidad hubiera modificado la estructura de costos o la forma de pago convenidas. Por el contrario, los informes de supervisión elaborados para la aprobación de cada pago dan cuenta de que los tres primeros fueron autorizados previa verificación de los productos y de sus respectivos soportes y que, para el cuarto y último, también se reconoció el valor correspondiente a los productos cuya entrega pudo ser verificada. En estas condiciones, no se acreditó que el Municipio hubiera modificado durante la ejecución la interpretación de las condiciones previstas en el pliego acerca de la estructura de costos y la forma de pago, ni que hubiera generado razonablemente en ASCODES S.A.S. la confianza de que la entrega de los productos excluía la aplicación de los descuentos asociados al incumplimiento de las demás obligaciones contractuales. En particular, la exigencia de contar con el personal mínimo y la consecuencia económica prevista para el evento de no disponer de su totalidad permanecieron incorporadas en las especificaciones técnicas y eran conocidas por la contratista. Por consiguiente, el cargo relativo al desconocimiento de los principios de buena fe y confianza legítima no está llamado a prosperar.
FUENTE FORMAL:
LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 1602
CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / HOJA DE VIDA / VALORACIÓN DE LA HOJA DE VIDA / RECURSO HUMANO / NEXO DE CAUSALIDAD / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Problema jurídico:
¿Basta que la validación de las hojas de vida del personal estuviera a cargo de la entidad contratante para atribuirle a esta la falta de disponibilidad del recurso humano que sustentó los descuentos, sin que el contratista pruebe que las demoras en esa validación le impidieron disponer del personal requerido?
Respuesta al problema jurídico: No
En cuarto lugar, con relación al argumento según el cual las circunstancias que dieron lugar al descuento eran imputables a la propia entidad contratante, de manera que esta no podía trasladar a la contratista las consecuencias económicas derivadas de aquellas, la Sala advierte que en el expediente no obra prueba que permita establecer que los períodos durante los cuales no se contó con la totalidad del recurso humano exigido para la ejecución del contrato hubieran tenido origen en demoras atribuibles al Municipio en la revisión y aprobación de las hojas de vida presentadas por ASCODES S.A.S. Al respecto, de conformidad con el informe de supervisión elaborado para aprobar el tercer pago, la supervisión señaló que “con respecto al recurso humano para la ejecución del contrato, la supervisión, validó que todo el personal cumpliera con el perfil solicitado en las especificaciones técnicas. Esta validación se realizó para dar inicio a la ejecución del contrato y cada que se presentaba documentación para reemplazar un profesional por renuncias o desistimientos de éstos”, de lo cual se desprende que la intervención del Municipio consistía en verificar el cumplimiento de los perfiles exigidos tanto al inicio de la ejecución como cuando resultaba necesario sustituir a alguno de los integrantes del equipo de trabajo. Sin embargo, el hecho de que correspondiera a la entidad efectuar esa validación no permite concluir que la falta de disponibilidad del personal durante determinados períodos le fuera atribuible. Para ello era necesario acreditar, entre otros, las hojas de vida que fueron presentadas para suplir las respectivas vacantes, la fecha en que fueron radicadas ante la supervisión, el tiempo empleado por esta para efectuar su revisión y, especialmente, que durante ese lapso el contratista estuvo imposibilitado para disponer del personal requerido por una demora atribuible al Municipio, circunstancia que no quedó demostrada en el proceso, de modo que no es posible establecer la relación que la demandante pretende derivar entre la actuación de la entidad en la validación de los perfiles y los períodos que posteriormente fueron objeto de descuento. En consecuencia, aun cuando la validación de las hojas de vida constituía una actuación a cargo de la entidad contratante, no se demostró que su ejercicio hubiera sido la causa de la falta de disponibilidad del recurso humano que sustentó los descuentos cuestionados. Por esta razón, no prospera el cargo alegado, dirigido a atribuirle al Municipio las circunstancias que dieron lugar a su aplicación.
LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / NEGOCIO JURÍDICO / TÍTULO EJECUTIVO / OBLIGACIÓN CLARA / OBLIGACIÓN EXPRESA / OBLIGACIÓN EXIGIBLE / NULIDAD ABSOLUTA / NULIDAD RELATIVA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Procede efectuar un nuevo corte de cuentas y ordenar el pago de las sumas descontadas en el acta de liquidación bilateral, cuando no se cuestionó la validez del acta por vicios de nulidad y no prosperó ninguno de los cargos formulados contra los descuentos?
Respuesta al problema jurídico: No
Finalmente, teniendo en cuenta que no se efectuó ningún cuestionamiento en torno a la validez de la liquidación, sumado a la improsperidad de los cargos anteriormente estudiados, no hay lugar a restarle efectos a la decisión mediante la cual las partes hicieron un balance de activos y pasivos. Ciertamente, la jurisprudencia y los conceptos del Consejo de Estado han sostenido que la liquidación bilateral es un negocio jurídico que constituye derechos y obligaciones, al punto de que constituye un título ejecutivo con obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo que los cuestionamientos de su validez están sujetos a que haya vicios en torno a aquella que deriven en su nulidad absoluta o relativa. Por lo tanto, ante la ausencia de cuestionamientos iniciales en torno a la validez del acta bilateral del 23 de octubre de 2019, y dado que no prosperó ningún cargo relativo a los descuentos efectuados por el Municipio por concepto de recurso humano, gastos de desplazamiento y suministro de papelería y dotación, para efectuar un nuevo corte de cuentas, la Sala concluye que las pretensiones de reconocer y ordenar el pago de la suma descontada no están llamadas a prosperar. En esa medida, la Sala confirmará la sentencia del 24 de octubre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, pues las pretensiones respecto de las cuales se emitió un pronunciamiento de fondo con ocasión de las salvedades formuladas en el acta de liquidación bilateral no prosperaron.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la liquidación bilateral como negocio jurídico que constituye derechos y obligaciones y presta mérito ejecutivo, cuya validez solo puede cuestionarse por vicios que deriven en su nulidad absoluta o relativa, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 11 de noviembre de 2009, exp. 32666; Subsección C, sentencia de 28 de junio de 2023, exp. 58634; y Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 28 de junio de 2016, rad. 2253.
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / ACTUACIÓN DEL ABOGADO
Problema jurídico:
¿Proceden las agencias en derecho de segunda instancia a favor de la parte demandada cuando esta no intervino en el trámite de esa instancia?
Respuesta al problema jurídico: No
De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA y en los numerales 1 y 8 del artículo 365 del CGP, procede la condena en costas a cargo de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, siempre y cuando “en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. Bajo este entendido, se condenará en costas en segunda instancia a la demandante, pues interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia y aquel no prosperó, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos de los artículos 365.8 y 366 del CGP. Para tal efecto, el Tribunal a quo deberá tener en cuenta que en segunda instancia no se fijarán agencias en derecho, dado que la demandada no intervino en segunda instancia, de tal manera que aquellas no se entienden causadas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la improcedencia de fijar agencias en derecho en segunda instancia cuando la parte no recurrente no intervino en ella, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 5 de marzo de 2021, exp. 51034.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47