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ABUSO DEL DERECHO

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Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2021-12-10 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001233100020010322501 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia, siempre que la cuantía de la pretensión supera los 500 SMLMV, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta competencia se fundamenta en la naturaleza de la jurisdicción administrativa como guardiana del orden jurídico y en la necesidad de garantizar el debido proceso en controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas. La modificación de la regla implica que los litigantes deben considerar la cuantía de sus pretensiones para determinar la jurisdicción competente en segunda instancia, lo que puede afectar significativamente la estrategia procesal y los costos asociados a la litigación.síntesis automática
También resuelve: ¿Es la reparación directa el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por enriquecimiento sin justa causa? ¿La acción de reparación directa fue presentada dentro de los dos años siguientes al registro del trámite de liquidación obligatoria del Ingenio Vegachí? ¿Procede la valoración de la copia simple de documento?
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Consejo de Estado Providencia

¿Los socios de una sociedad de responsabilidad limitada, que se encuentra en liquidación obligatoria, deben responder por el incumplimiento de un contrato celebrado por la sociedad y, de no ser así, es procedente el enriquecimiento sin justa causa?

Sentencia — Sentencia 2021-12-10 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001233100020000377601 ACCION CONTRACTUAL
¿Los socios de una sociedad de responsabilidad limitada, que se encuentra en liquidación obligatoria, deben responder por el incumplimiento de un contrato celebrado por la sociedad y, de no ser así, es procedente el enriquecimiento sin justa causa? No
El contratista no responde subsidiariamente por el incumplimiento de un contrato celebrado por una sociedad de responsabilidad limitada en liquidación obligatoria, ya que no se probó que el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para cubrir las obligaciones y que el crédito del demandante hubiera sido reconocido en el trámite de liquidación. Además, la entidad estatal no asumió las obligaciones de la sociedad bajo condiciones que no se cumplieron, por lo que no puede ser responsabilizada por el incumplimiento. La acción de enriquecimiento sin justa causa no procede porque el desplazamiento patrimonial tiene una causa jurídica y el contratante tiene otras acciones contractuales para reparar la situación. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior y limita la responsabilidad de los socios en casos de liquidación obligatoria de sociedades.síntesis automática
También resuelve: ¿Persona, sujeto de derechos y personalidad jurídica son conceptos análogos? ¿El abuso del derecho se presenta cuando el ejercicio de una prerrogativa otorgada por la ley se realiza en forma contraria a su propia finalidad? ¿La acumulación de pretensiones en contra de un mismo demandado procede, siempre que el juez sea competente para conocerlas todas…
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Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-09-17 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233100020010223901 ACCION CONTRACTUAL
¿Si el demandado no alega la existencia de la cláusula compromisoria —porque no contestó la demanda— debe concluirse que renunció tácitamente a someter este asunto a la justicia arbitral? Sí
El contratista puede renunciar tácitamente a la cláusula compromisoria de un contrato estatal si no alega su existencia en la demanda, lo que permite que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conozca del asunto, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se aplica cuando la entidad demandada no contesta la demanda, y el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver recursos de apelación contra sentencias de tribunales administrativos, siempre y cuando la cuantía de la pretensión supera el límite establecido. Además, la entidad estatal puede ser responsable extracontractualmente por los daños causados a terceros derivados de decisiones administrativas que impidan la ejecución del contrato, como el cierre y liquidación de una empresa industrial y comercial del Estado, según el artículo 206 de la Ley 222 de 1995. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior sobre la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, lo que implica que las partes deben ser más cautelosas al no responder a las demandas para evitar renunciar a la justicia arbitral.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia, dado que resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos? ¿La pretensión segunda alude a la responsabilidad extracontractual de las entidades socias, administradoras del Ingenio, por virtud de que adoptaron la decisión de cerrar la operación y procedieron a… ¿Hay una pretensión extracontractual, en cuanto la responsabilidad reclamada a los socios de la sociedad en liquidación, no se deriva de una inobservancia obligacional en el marco de un vínculo…
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Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Régimen jurídico del contrato estatal

05001233100020010121201 de 2025 2026-02-11 Rad. 05001233100020010121201
Lo anterior, porque una exégesis en el sentido de incluir una pretensión de incumplimiento contractual o de responsabilidad extracontractual en contra del departamento constituiría una modificación del petitum, lo cual transgrede el límite que ha definido la jurisprudencia para la aplicación del principio de iura novit curia. El abuso del derecho se presenta cuando el ejercicio de una prerrogativa otorgada por la ley se realiza en forma contraria a su propia finalidad, en consideración a los principios y valores que inspiran el ordenamiento jurídico. Esta norma es el fundamento de la prohibición del abuso de la personalidad. De manera que, la obligación de cubrir las deudas de la persona jurídica no resulta automática solo por la calidad de administradores o socios, puesto que se requiere la demostración de una serie de elementos para una declaratoria de responsabilidad que justifique la consecuente condena a indemnizar perjuicios.
También resuelve: Régimen jurídico del contrato estatal: Ley aplicable al contrato, irretroactividad contractual, Artículo 38 de la Ley 153 de 1887 Régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales: alcance, Decreto 1050 de 1968, Decreto Ley 222 de 1983, Ley 80 de 1993 Caducidad del medio de control de controversias contractuales: contratos de tracto sucesivo, liquidación del contrato
Consejo de Estado Providencia

La Sala confirmará la decisión del Tribunal en este punto

Sentencia — Sentencia 2023-05-25 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020180053402 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Indumil estaba facultada para modificar unilateralmente el acta de liquidación bilateral del contrato para descontar sumas de dinero al contratista por concepto de multa? No
La entidad que pacta descuentos o multas solo puede aplicarlos si cumple los términos del pacto, incluido el trámite previsto en la garantía, y no puede hacer un uso abusivo de su facultad unilateral. La regla se apoya en que el juez verifica el cumplimiento de los requisitos contractuales de la facultad y que la cláusula que regula las multas exige ese trámite antes de cualquier descuento de los saldos a favor del contratista. Por ello, la multa impuesta sin seguir el procedimiento de la póliza no puede descontarse de la liquidación. En el asunto, la entidad impuso una multa por la fecha de entrega sin adelantar el trámite de la póliza, por lo que el tribunal acertó al concluir que no podía descontar esas sumas de la liquidación bilateral, y la Sala confirmó esa decisión. En la práctica, los descuentos incluidos en una liquidación bilateral deben tener sustento en el procedimiento pactado.síntesis automática
También resuelve: ¿Los actos emitidos por la entidad contratante en el marco de un contrato regido por el derecho privado tienen la naturaleza de actos administrativos? ¿Procede la condena en costas ante la prosperidad parcial del recurso de apelación?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El estudio de las múltiples pretensiones formuladas en este contencioso es procedente, pese a que sean excluyentes.

Sentencia — Sentencia 2024-08-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020150233001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El fallo de primera instancia es incongruente, porque no analiza la totalidad de las pretensiones de la demanda y de manera individualizada? Sí
El contratista puede acumular pretensiones excluyentes en un proceso contractual siempre y cuando sean planteadas como principales y subsidiarias, conforme al artículo 165.2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Sin embargo, la entidad estatal debe responder de manera individualizada a cada una de estas pretensiones para evitar la incongruencia del fallo. En este caso, el tribunal no abordó todas las pretensiones del demandante, omitiendo el análisis del abuso de la posición dominante y la actuación contraria a la buena fe, lo que configuró una incongruencia en el fallo. Además, la Sala reitera la distinción entre la responsabilidad por incumplimiento del contrato y el desequilibrio financiero del contrato estatal, estableciendo que cuando el desequilibrio es imputable al incumplimiento del ente contratante, debe restablecerse la ecuación al momento del nacimiento del contrato, mientras que si el desequilibrio es por circunstancias imprevistas no imputables al contratista, el equilibrio se restablecerá hasta un punto de no pérdida. Esta regla implica que los tribunales deben analizar cuidadosamente cada aspecto de las pretensiones y distinguir claramente entre los diferentes tipos de responsabilidad contractual para evitar incongruencias en sus fallos.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuando el desequilibrio es imputable al incumplimiento del ente contratante, tendrá que restablecerse la ecuación al momento del nacimiento del contrato; mientras que… ¿El principio de buena fe que orienta las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas y disciplina tanto la celebración como la ejecución de los contratos… ¿El abuso de la posición dominante puede manifestarse en el texto del contrato mediante las cláusulas que una de las partes fija unilateralmente o mediante cláusulas abusivas impuestas a la…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-11-25 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 15001233300020140033601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las partes vinculadas al negocio jurídico comparten los beneficios y distribuyen los riesgos en función de sus aportes? Sí
El contratista y la entidad estatal comparten los beneficios y distribuyen los riesgos en función de sus aportes en un convenio interadministrativo, que se caracteriza por la unidad de causa y fin que vincula a los sujetos parte y cuyo propósito es coordinar y cooperar en la realización de las funciones administrativas asignadas a cada entidad. Estos convenios no son contenedores de prestaciones patrimoniales propias de los contratos conmutativos, sino que buscan cumplir con objetivos atados al interés general en virtud del principio de colaboración. La Sala modificó la interpretación anterior, lo que implica que en adelante se debe entender que en estos convenios priman las regulaciones que acuerdan las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad y de la aplicación preeminente del principio de la buena fe, y que la estructura obligacional acordada es expresión de los medios que cada entidad dispone para alcanzar el objetivo común desde sus competencias públicas.síntesis automática
También resuelve: ¿El Municipio desatendió el contenido obligacional a su cargo al no satisfacer los compromisos contemplados en los numerales 15 y 27 de la cláusula tercera del convenio? ¿La nulidad relativa es la sanción que procede frente a una cláusula abusiva como solución ¿La cláusula segunda del convenio celebrado entre las partes constituye una cláusula abusiva que configure una posición dominante y genere un desequilibrio negocial…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Por regla general e inclusive en contratos sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las manifestaciones de voluntad que las entidades estatales emiten durante la ejecución del contrato corresponden a actos contractuales de derecho privado y no a actos administrativos con presunción de legalidad y fuerza ejecutoria.

Sentencia — Sentencia 2026-10-05 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 68001233100020090040001 ACCION CONTRACTUAL
¿La facultad convencional de Ecopetrol S.A. para liquidar unilateralmente el contrato le permitía materializar dicha liquidación mediante la expedición de un acto administrativo? No
El contratista no puede solicitar que el juez revise o modifique una fórmula de reajuste de precios pactada en el contrato estatal, argumentando que resulta insuficiente, ya que la fórmula es un acuerdo entre las partes y tiene fuerza obligatoria. La Sala rechaza la pretensión del Tribunal de restar efecto vinculante a la fórmula de reajuste, al considerar que no existe un enriquecimiento sin causa en la aplicación correcta de dicha fórmula. Esta decisión matiza la interpretación de que el juez puede modificar unilateralmente cláusulas contractuales basándose en criterios de equidad, reafirmando la autonomía de la voluntad privada en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe aplicarse el principio pro actione para considerar oportuna la demanda de controversias contractuales, ante la incertidumbre sobre la fecha en que la Unión Temporal conoció la Resolución No. 2… ¿Puede el juez revisar o modificar una fórmula de reajuste pactada solo porque resulte “insuficiente”, como sostuvo el Tribunal? ¿Podía la Unión Temporal desconocer la forma de reajuste que había acordado en el Acta No. 1 de febrero de 2005?
CONFIRMA
Tribunal Administrativo de Casanare Providencia

¿La empresa Termo Mechero Aguazul S.A.S. E.S.P, incumplió las obligaciones del contrato GAS-032-2014, por lo que resulta procedente ordenar el pago de la cláusula penal pactada en el contrato?

Sentencia — Sentencia 2025-06-19 Sala Unica AURA PATRICIA LARA OJEDA Rad. 85001233300020180014200 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La empresa Termo Mechero Aguazul S.A.S. E.S.P, incumplió las obligaciones del contrato GAS-032-2014, por lo que resulta procedente ordenar el pago de la cláusula penal pactada en el contrato? Sí
Cuando las partes de un contrato no logran acordar su liquidación y la entidad no demuestra haber ejercido la facultad de liquidación unilateral, el contrato queda sin liquidar y procede la liquidación judicial a través del medio de control de controversias contractuales. La regla se apoya en que la liquidación es una etapa necesaria para determinar el resultado de las obligaciones. En el caso, el contrato no continuó ejecutándose después de cierta fecha y la entidad no acreditó el ejercicio de esa facultad. En el caso, las partes no lograron acordar la liquidación del contrato y la entidad no acreditó la liquidación unilateral, por lo que el contrato permanece sin liquidar. En el caso, la sentencia ordena la liquidación judicial del contrato, porque la entidad no demostró haber ejercido la facultad de liquidación unilateral. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, si la entidad no ejerce la liquidación unilateral, la liquidación del contrato puede realizarse judicialmente.síntesis automática
También resuelve: ¿Se acreditó el incumplimiento por parte de Ecopetrol frente a las obligaciones del contrato GAS-032-2014, por haber suspendido la entrega de gas a Termo Mechero Aguazul S.A.S. E.S.P… ¿Ecopetrol incurrió en conductas de abuso de posición contractual o dominante que pudieren haber llevado a Termo Mechero Aguazul S.A.S. E.S.P., a un incumplimiento del contrato GAS 032-2014? ¿Se debe ajustar la sanción pactada en el parágrafo tercero de la cláusula décima sexta del contrato GAS-032-2014, por su terminación anticipada…
Consejo de Estado Providencia

No cumple los presupuestos establecidos en el artículo 590 CGP

Auto interlocutorio — Auto que resuelve medida cautelar 2024-07-15 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 11001032600020210021800 LEY 1437 REPETICION
¿En la solicitud de medidas cautelares y en el escrito de la demanda la parte demandante no realizó razonamiento alguno que justifique que su decreto resulta imprescindible? Sí
El contratista no obtiene el decreto de medidas cautelares cuando en la solicitud y en el escrito de la demanda no realiza razonamientos que justifiquen objetivamente la necesidad de la medida para asegurar la eficacia de la sentencia y evitar el riesgo de inejecución del fallo judicial. La parte demandante debe demostrar la existencia de amenaza o vulneración del derecho, la apariencia de buen derecho, la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida cautelar, y no puede limitarse a relacionar documentos sin un análisis detallado que evidencie la gravedad del perjuicio irremediable que podría causarse. La Sala reitera que la omisión en cumplir estos requisitos impide el estudio de ponderación y la aplicación del principio de proporcionalidad, negando así la solicitud de medidas cautelares.síntesis automática
También resuelve: ¿Para acceder al decreto de medidas cautelares en los procesos promovidos en ejercicio del medio de control de repetición se requiere verificar los requisitos de procedencia? ¿Se aportaron un conjunto de documentos que constituyen un principio de prueba de que la pretensión se encuentra fundada, al menos en apariencia? ¿La parte actora deberá allegar prueba que haga al menos verosímil o presumible la responsabilidad del comportamiento del demandado?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

Era una obligación a cargo del Invías poner a disposición de la contratista los bienes inmuebles

Sentencia — Sentencia 2025-09-19 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 70001233300020150052401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Era una obligación a cargo del Invías poner a disposición de la contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse el puente sobre el arroyo? Sí
El contratista no es responsable de poner a disposición los bienes inmuebles sobre los cuales debe construirse la obra, siendo esta obligación del contratante, en este caso el Invías, conforme a la cláusula vigesimoquinta del contrato y el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. La Sala considera que la gestión predial es una obligación del contratante, quien debe poner a disposición del contratista los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de la obra. Esta regla reitera la responsabilidad del contratante en la gestión predial y la puesta a disposición de los bienes inmuebles, lo que implica que el contratista puede reclamar prórrogas y mayor permanencia en obra en caso de retardo por parte del contratante en la entrega de los bienes necesarios.síntesis automática
También resuelve: ¿Para las partes era pacífico que a la entidad estatal le correspondía poner a disposición de su contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse la obra contratada? ¿Se tiene por acreditada la causa que la accionante alegó ocasionó la mayor permanencia en obra por el retardo en la puesta a disposición suya, por parte del Invías… ¿Las partes contratantes, en ejercicio de su autonomía privada, llegaron a un acuerdo respecto a las consecuencias patrimoniales que para el contratista podían derivarse de la mayor duración del…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La actividad contractual de la Empresa Social del Estado demandada se rige por el derecho privado, pero puede utilizar de forma discrecional las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto General de Contratación.

Sentencia — Sentencia 2023-09-07 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 76001233300020140106601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La actividad contractual de la Empresa Social del Estado demandada se rige por el derecho privado, pero puede utilizar de forma discrecional las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto General de Contratación de la administración pública? Sí
El contratista puede solicitar la declaración de incumplimiento del contrato estatal cuando la entidad demandada ejerza la terminación unilateral sin justificar adecuadamente su decisión ni garantizar el derecho de defensa del contratista, ya que aunque la terminación unilateral por decisión autónoma no está sujeta al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), la entidad debe actuar de manera transparente y justa. La Sala reitera que el ejercicio de la terminación unilateral debe respetar el debido proceso y el derecho de defensa, y que la falta de claridad en la terminación unilateral puede generar un escenario injusto para el contratista, lo que implica que la entidad debe exponer las razones que sustentan su decisión para permitir una discusión efectiva ante el juez del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe declararse el incumplimiento del contrato estatal por el ejercicio abusivo de la facultad de terminación unilateral por parte la Empresa Social del Estado demandada… ¿Debe reconocerse el pago de la cláusula penal pecuniaria a favor del contratista, pero de forma proporcional en virtud del cumplimiento parcial de las prestaciones por parte de la administración? ¿Deben reconocerse perjuicios adicionales al pago de la clausula penal pecuniaria, esto es, por encima de su valor, dado el incumplimiento parcial del contrato por la administración?
REVOCA
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Actos contractuales: no resulta asimilable una terminación unilateral en un contrato de obra a una ocurrida en uno de prestación de servicios

76001233100020120057601 de 2026 2026-05-04 Rad. 76001233100020120057601
En Colombia, antes de 1989, no existía una clasificación legal de los servicios de las telecomunicaciones. Ahora bien, en cuanto al régimen general de los actos y contratos de las empresas que prestan el servicio de las telecomunicaciones, el artículo 55 de la Ley 1341 de 2009 estableció que «los actos y los contratos, incluidos los relativos a su régimen laboral y las operaciones de crédito de los proveedores de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cualquiera que sea su naturaleza, sin importar la composición de su capital, se regirán por las normas del derecho privado». En efecto, se trata de un asunto propio de la gestión contractual y de las cláusulas libremente pactadas entre las partes, en el cual la regla general aplicable es el derecho privado, conforme al régimen jurídico del contrato. No resulta asimilable una terminación unilateral en un contrato de obra a una ocurrida en uno de prestación de servicios.
También resuelve: Régimen jurídico de las telecomunicaciones en colombia: ausencia de clasificación previa a 1989, prestación estatal del servicio, Decreto Ley 1900 de 1990, definición de telecomunicaciones Transformación constitucional y legal del régimen de los servicios públicos en colombia: Constitución de 1991, nuevo servicio público competitivo, servicios públicos como actividad económica, servicios públicos domiciliarios Sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones: Ley 1341 de 2009, integración de telecomunicaciones al régimen tic, derogatoria parcial del Decreto 1900 de 1990, derogatoria de normas de la Ley 80 de 1993
Consejo de Estado Providencia

La Sala no encuentra razones que conduzcan a una conclusión diferente

Sentencia — Sentencia 2024-09-13 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020180056201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La demandante no estaba facultada para solicitar la declaratoria de incumplimiento del IDU, ni la nulidad por falsa motivación de la Resolución 4690 de 2017, en tanto no acreditó el cumplimiento de sus propias obligaciones? Sí
El contratista no está facultado para solicitar la declaratoria de incumplimiento del IDU ni la nulidad por falsa motivación de la Resolución 4690 de 2017, ya que no acreditó el cumplimiento de sus propias obligaciones ni justificó los incumplimientos atribuidos a factores externos o imputables a la entidad. La Sala determinó que la contratista no demostró que durante el plazo de prórroga se presentaran circunstancias distintas a las que motivaron la adición de plazo, y que las causas que justificaron la prórroga no podían ser utilizadas para excusar incumplimientos posteriores. Además, no se probó que la contratista hubiera cumplido con su deber de coordinación con otros contratistas ni que las interferencias presentadas impidieran su cumplimiento. Por tanto, la Sala concluye que la Resolución 4690 no está incursa en falsa motivación y que no se vulneró el debido proceso administrativo en el procedimiento sancionatorio, ya que la entidad mantuvo claros y consistentes los hechos de incumplimiento desde el inicio del trámite. Esta decisión reitera la importancia de la buena fe contractual y la necesidad de acreditar plenamente las circunstancias que justifican los incumplimientos en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿Se trasgredió el debido proceso de la sociedad en el marco del procedimiento administrativo que culminó con la Resolución 4690 de 2017? ¿Con la expedición de las Resoluciones 1025 del 21 de marzo y 1399 del 18 de abril de 2018 se vulneró el principio non bis in ídem? ¿La Resolución 2425 del 13 de junio de 2018, en la que se liquidó unilateralmente el contrato, está viciada de nulidad por falta de competencia temporal?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El surgimiento de la obligación, no significaba ipso facto su exigibilidad

Sentencia — Sentencia 2022-04-22 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 15001233300020130035001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La exigibilidad de la obligación de pago a cargo del INVIAS estaba sujeta a que el Consorcio elaborara las actas de obra con las cantidades ejecutadas y los valores unitarios respectivos? Sí
El contratista no puede exigir el pago inmediato del INVIAS por la ejecución de obra pública sin cumplir con los requisitos establecidos en el contrato, como la elaboración de las actas de obra con las cantidades ejecutadas y los valores unitarios respectivos, avaladas por el interventor y los gestores del proyecto y del contrato. Además, el INVIAS tiene un plazo de 90 días calendario para pagar las facturas presentadas por el contratista, y si no lo hace, incurre en mora y debe pagar intereses moratorios. Sin embargo, si el contratista presenta las actas de obra después de vencida la vigencia fiscal correspondiente, renuncia a reclamar intereses, actualizaciones y sobrecostos, lo que constituye una cláusula limitativa de responsabilidad válida siempre y cuando no haya culpa del INVIAS en la tardanza, la cual debe probarse por la entidad. Esta interpretación reitera y matiza precedentes sobre la exigibilidad del pago en contratos de obra pública y establece límites a las cláusulas limitativas de responsabilidad para proteger la buena fe contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuál era el plazo con el que contaba el INVÍAS para pagar las actas de obra presentadas por el contratista? ¿la cláusula limitativa de responsabilidad solo surtía efectos si el contratista presentaba tardíamente las actas de obra por su propia culpa? ¿La elaboración y presentación de la factura de venta era una carga que correspondía al Consorcio para efectos de recibir el pago por parte del contratista?
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Renuncia tácita a la cláusula compromisoria: no hay lugar a reclamar enriquecimiento sin justa causa

05001233100020010223901 de 2025 2025-11-25 Rad. 05001233100020010223901
El contratista no puede renunciar tácitamente a la cláusula compromisoria en un contrato estatal, sino que debe hacerlo de manera expresa mediante un escrito, lo que refuerza la necesidad de un acuerdo formal para someter controversias a la justicia arbitral. Esta regla, establecida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, modifica la jurisprudencia anterior y limita la posibilidad de interpretar renuncias tácitas, lo que puede afectar el acceso a la justicia para quienes esperaron resoluciones durante años bajo el criterio anterior. Además, la responsabilidad extracontractual del Estado y de los socios en una sociedad en liquidación por fraude a acreedores se determina según la actuación fraudulenta de los socios y la insuficiencia de bienes en liquidación para cubrir los créditos reconocidos, reforzando la necesidad de acreditar la prohibición general de causar daños. En cuanto a la acumulación de pretensiones, estas deben cumplir con los requisitos del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, permitiendo la acumulación de pretensiones contractuales y extracontractuales en una misma demanda siempre que no se excluyan entre sí y puedan tramitarse por el mismo procedimiento.síntesis automática
También resuelve: Renuncia tácita a la cláusula compromisoria: se requiere de pacto formalizado, sentencia de unificación del 18 de abril de 1993, acceso a la administración de justicia Responsabilidad extracontractual del estado: pretensiones Responsabilidad de socios en una sociedad en liquidación por fraude a acreedores: sociedad en liquidación, insuficiencia, acreditación, actuación fraudulenta de los socios
Consejo de Estado Providencia

Debe aplicarse el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para definir el régimen jurídico del contrato de suministro de caña de azúcar, celebrado en 1994 por una Empresa Industrial y Comercial del Estado, sin atender las modificaciones introducidas por la Ley posterior.

Sentencia — Sentencia 2025-09-17 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233100020010121201 ACCION CONTRACTUAL
¿Debe aplicarse el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para definir el régimen jurídico del contrato de suministro de caña de azúcar, celebrado en 1994 por una Empresa Industrial y Comercial del Estado, sin atender las modificaciones introducidas por la Ley posterior? Sí
El juez aplica a los contratos estatales la ley vigente al tiempo de su celebración, en virtud del principio de irretroactividad consagrado en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887. Las obligaciones, validez, existence y efectos de los acuerdos de voluntades celebrados por las entidades públicas no pueden quedar sujetos a los cambios constantes de la legislación posterior, pues ello generaría inestabilidad e incertidumbre jurídica en las relaciones contractuales, impidiendo que las normas nuevas alteren retroactivamente las condiciones pactadas al momento de perfeccionar el contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe computarse el término de caducidad de la acción contractual desde la fecha en que se ordenó la liquidación obligatoria de la sociedad contratista… ¿Resulta procedente reconocer la legitimación en la causa por activa al contratista y por pasiva al departamento de Antioquia… ¿La ausencia de una exposición concreta, clara y suficiente de los motivos de inconformidad en el recurso de apelación impide que el juez de segunda instancia ejerza su competencia para revisar los…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 68001233300020130110802 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede considerarse que la suscripción de múltiples documentos individuales entre el INVISBU y los beneficiarios de vivienda constituye la celebración de múltiples contratos independientes, distintos del contrato celebrado entre el INVISBU y Fénix? No
El contratista no puede celebrar múltiples contratos independientes con los beneficiarios de vivienda cuando ya existe un contrato único entre la entidad estatal y el constructor principal, ya que la suscripción de documentos individuales responde a necesidades operativas y no a la creación de contratos separados. La entidad estatal y el constructor principal son las partes del contrato, mientras que los beneficiarios son considerados terceros, ya que no han expresado su consentimiento directo ni han sido representados adecuadamente. Además, el contrato celebrado por el INVISBU para la construcción de viviendas en respuesta a una situación de desastre se rige por el derecho privado y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, lo que permite la aplicación de excepciones y facultades especiales previstas en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve: ¿El contrato celebrado por el INVISBU para la construcción de viviendas, con ocasión de una situación de desastre, se encontraba sujeto al derecho privado y no al Estatuto General de Contratación de… ¿Debe el juez analizar las pretensiones contractuales aunque no se haya formulado reclamación expresa o reserva al suscribir actos como prórrogas, adiciones o suspensiones? ¿Puede el contratista exigir el reconocimiento de mayores costos derivados de las prórrogas del contrato, cuando previamente acordó expresamente que estas no generarían gastos adicionales?
CONFIRMA
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Negocios jurídicos de la administración: la teoría de las cláusulas abusivas tiene cabida en la contratación estatal

15001233300020140033601 de 2025 2026-02-18 Rad. 15001233300020140033601
El contratista no puede exigir la liquidación de un contrato estatal dentro del plazo del convenio interadministrativo si no se demuestra un daño antijurídico que afecte el interés general, ya que la concurrencia de voluntades en los convenios busca objetivos comunes y no intereses contrapuestos como en los contratos. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado aclara que la no consecución del 100% del objeto convenido no implica automáticamente la configuración de un daño, y que la cláusula penal no procede si no se atribuye a ninguna entidad una conducta culpable que genere un menoscabo en el patrimonio público. Esta decisión modifica la sentencia anterior, manteniendo la liquidación judicial pero revocando la declaratoria de nulidad de la cláusula penal, lo que restringe la imposición de sanciones a las entidades contrayentes.síntesis automática
También resuelve: Negocios jurídicos de la administración: contratos estatales, convenios, función jurídica y objetivos concurrencia de voluntades en ambos tipos, causa Diferencias entre contrato estatal y convenio interadministrativo: contrato estatal, intereses contrapuestos, contratista actúa como colaborador del estado, convenios Responsabilidad en convenios interadministrativos: liquidación contractual dentro del plazo del convenio, ausencia de daño antijurídico, fin común del convenio
Consejo de Estado Providencia

No cabe duda de que los acuerdos de las partes se extendieron a los aspectos que fueron demandados

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 63001233100020060122302 ACCION CONTRACTUAL
¿En el presente contrato de prestación de servicios de telefonía indirecta, se le debe reconocer al demandante la cesantía comercial o las participaciones correspondientes al 50% de la totalidad de lo recaudado por cargo básico mensual y del 10% por participación de telefonía automática local y de larga distancia? No
Cuando un contrato estatal regido por el derecho privado no tiene pactada cláusula de liquidación, el acta de terminación de mutuo acuerdo no puede tratarse como acta de liquidación, sino como manifestación de la voluntad de las partes de terminar el negocio y conciliar los estados de cuenta. La regla se sostiene en tres razones: la autonomía de la voluntad permite a las partes transigir las obligaciones de un periodo determinado, la declaración de paz y salvo con efectos de transacción produce cosa juzgada respecto de las prestaciones de ese periodo, y el acta de conciliación posterior extingue las obligaciones del periodo siguiente. En el caso, las partes suscribieron un acta de terminación que cubrió el periodo inicial de ejecución y un acta de conciliación que cubrió el periodo posterior, por lo que la pretensión subsidiaria de reconocer la cesantía comercial y las participaciones sobre el recaudo fue negada. El documento no señala que reitere o unifique precedente sobre este punto; la consecuencia práctica es que el paz y salvo y la transacción firmados por las partes impiden reclamar de nuevo las prestaciones del periodo cubierto.síntesis automática
También resuelve: ¿Las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia del CPACA seguirán rigiéndose y culminarán conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el CCA? ¿La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas? ¿La caducidad se configura cuando ha vencido el plazo establecido en la ley para instaurar algún tipo de acción?
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