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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto

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Fecha
2025-08-11
Radicado
05001233300020220101701
Número interno
72178
Ponente
NICOLÁS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
ALIANZA MEDELLIN - ANTIOQUIA E.P.S. S.A.S. (SAVIA SALUD EPS)
Demandado
SERVISOFT S.A.

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto

Regla de decisión

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de controversias contractuales de sociedades de economía mixta con participación estatal superior al 50%.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de las controversias derivadas de los contratos celebrados por sociedades de economía mixta con participación pública superior al cincuenta por ciento, conforme al artículo 104 del CPACA. En el presente caso, la Sala confirmó la sentencia al verificar que el contrato fue suscrito por una sociedad de economía mixta departamental con un setenta y tres por ciento de capital público, y que el Consejo de Estado asumió la competencia en segunda instancia dado que la pretensión mayor superaba los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la presentación de la demanda.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversias derivadas de contrato celebrado por sociedades de economía mixta con participación estatal superior al 50%?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 104, 150 y 152 núm. 4

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Lo que dijo la Sala

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el contrato No. 0037- 2019 y el acta de liquidación bilateral del 3 de septiembre de 2020 convenida con ocasión de aquel fueron suscritos por Savia, en tanto sociedad de economía mixta departamental con un 73,3% de capital público, en el marco de su actividad contractual. Igualmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con el artículo 150 y el numeral 4 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que la pretensión mayor para la fecha de presentación del escrito inicial supera los 500 SMLMV.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PROCESO DE DOBLE INSTANCIA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO DE SALUD CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO DE SALUD NORMATIVA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN INAPLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL CONTROL JUDICIAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL SOLICITUD DE NULIDAD NULIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL VICIOS DEL CONSENTIMIENTO CARGA DE LA PRUEBA EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA CAUSALES DE NULIDAD CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO NULIDAD RELATIVA DEL CONTRATO NULIDAD RELATIVA DEL CONTRATO ESTATAL AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA INEXISTENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA PRETENSIONES DE LA DEMANDA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL GESTIÓN DEL DOCUMENTO RECHAZO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERVICIO DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL FUENTE DEL DAÑO NEGLIGENCIA DE LA EPS NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS

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Titulación de la relatoría 25.454 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA Problema jurídico: ¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversias derivadas de contrato celebrado por sociedades de economía mixta con participación estatal superior al 50%? Respuesta al problema jurídico: Si La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el contrato No. 0037- 2019 y el acta de liquidación bilateral del 3 de septiembre de 2020 convenida con ocasión de aquel fueron suscritos por Savia, en tanto sociedad de economía mixta departamental con un 73,3% de capital público, en el marco de su actividad contractual. Igualmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con el artículo 150 y el numeral 4 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que la pretensión mayor para la fecha de presentación del escrito inicial supera los 500 SMLMV. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 4 ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO DE SALUD / CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO DE SALUD / SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / NORMATIVA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / INAPLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN Problema jurídico: ¿Los contratos de entidades prestadoras de servicios de salud se rigen por el derecho privado si son sociedades de economía mixta con capital superior al 50%? Respuesta al problema jurídico: Si Antes de continuar con el estudio de los restantes presupuestos procesales, es menester precisar el régimen jurídico del contrato No. 0037-2019 del 27 de febrero de 2019, que ocupa la atención de la Sala, comoquiera que aquel tiene particular incidencia en la naturaleza que ostenta dicho negocio jurídico y el marco normativo sobre la base del cual se evaluará la existencia de un incumplimiento y la eventual nulidad de su acta bilateral liquidatoria. Al respecto, el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, reformado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, indicó que las sociedades de economía mixta con una participación superior al 50% estarían sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales. Al punto, tal y como se mencionó en el acápite de jurisdicción y competencia, Savia es una sociedad de economía mixta con un capital público superior al 50% que, además, desempeña una actividad comercial en competencia, no solo porque el sistema de salud en virtud de la Ley 100 de 1993 está basado en la libre escogencia y competitividad entre entidades prestadoras de tal servicio, sino porque la EPS mencionada incluyó dentro de su objeto social “actuar como entidad promotora de salud en Colombia”, circunstancia que reafirma que su labor la realiza bajo las dinámicas del mercado y frente a otros órganos de la misma naturaleza que ofrecen los mismos servicios, de ahí que la demandante se encuentre regida en su gestión contractual por el derecho privado y no por la Ley 80 de 1993 y sus reformas. FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 14, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 93, LEY 80 DE 1993 PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL Problema jurídico: ¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la firma de la liquidación bilateral del contrato de prestación de servicios? Respuesta al problema jurídico: Si [C]onviene señalar que, según lo previsto en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA y su acápite iii), en las pretensiones relativas a contratos, el término para demandar será de 2 años, contados: i) a partir del día siguiente al perfeccionamiento del contrato en caso de que se alegue su nulidad absoluta o, ii) a partir del día siguiente al de la firma de la liquidación bilateral, cuando se hubiere efectuado un corte de cuentas por los cocontratantes. En la medida en que en el asunto de estudio se pretende: i) la declaratoria de incumplimiento del contrato No. 0037-2019 respecto a la obligación de recepción documental -responsabilidad contractual- y, consecuencialmente, ii) la nulidad del acta de liquidación bilateral de dicho acuerdo de voluntades, suscrita el 3 de septiembre de 2020, los dos años para ejercer el derecho de acción se deben contabilizar a partir del día siguiente al corte de cuentas, pues tal momento fue previsto por el legislador como punto de partida para computar los 2 años para incoar el medio de control de controversias contractuales tanto en el evento de incumplimiento obligacional, como de la solicitud de nulidad del corte de cuentas, considerando que es un auténtico negocio jurídico. Así las cosas, dado que el acta de liquidación bilateral del contrato No. 0037-2019 fue suscrita el 3 de septiembre de 2020, los 2 años para ejercer el derecho de acción corrieron entre el 4 de septiembre de 2020 y el 4 de septiembre de 2022, plazo que se suspendió entre el 10 de junio y el 1° de agosto de 2022, es decir, por 1 mes y 22 días, por lo que se extendió hasta el 26 de octubre de 2022 y, como el escrito inicial fue radicado el 29 de agosto de 2022, no cabe duda de que se allegó en tiempo frente a todas las pretensiones, de ahí que no haya operado la caducidad. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTROL JUDICIAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE NULIDAD / NULIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CAUSALES DE NULIDAD / CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / NULIDAD RELATIVA DEL CONTRATO / NULIDAD RELATIVA DEL CONTRATO ESTATAL / AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INEXISTENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA Problema jurídico: ¿El acuerdo liquidatorio entre las partes del contrato de prestación de servicios No. 0037-2019, mediante el cual se declararon a paz y salvo por concepto de la relación negocial incurrió en un vicio del consentimiento? Respuesta al problema jurídico: No Savia aseveró en su alzada que debía anularse el acta de liquidación bilateral del 3 de septiembre de 2020, pues allí erradamente los cocontratantes concluyeron que Servisoft estaba a paz y salvo cuando en realidad Savia no conocía aún que ello no era así, por haberse evidenciado un incumplimiento del contratista en cuanto a su obligación de gestión documental de forma posterior al corte de cuentas, aspecto que, a su juicio constituyó un vicio del consentimiento por una incongruencia entre el balance de cuentas y la realidad. Sin embargo, aunque en la demanda se evidencia que la solicitud de nulidad del acta bilateral liquidatoria se ató al eventual incumplimiento del contrato 0037-2019 de 2019, allí no se indicó que hubiera habido un vicio del consentimiento de dicho balance de activos y pasivos y, en todo caso, ni el escrito inicial o en la impugnación se precisó el alcance de tal falencia en la voluntad, aspecto que, de entrada, a la Sala le impide anular el corte de cuentas, como se pasa a explicar. Para comenzar, es del caso precisar que la jurisprudencia de esta Subsección ha sido consistente en precisar que, sin perjuicio del régimen aplicable al contrato suscrito por el Estado, la liquidación de los contratos del Estado es un corte de cuentas producto de la relación negocial donde se estipulan sus activos y pasivos y, eventualmente, se emiten otras declaraciones como paz y salvos, así como se pueden formular reparos sobre lo allí contenido si a bien lo tienen los cocontratantes. Cuando la anterior declaración se constituye en forma bilateral, es un auténtico negocio jurídico que debe emitirse con capacidad, objeto, causa y consentimiento sin vicios. (...) Así pues, frente a la pretensión de nulidad del acuerdo de liquidación del contrato No. 0037-2019 de 2019, de entrada se advierte que desde la demanda Savia se abstuvo de concretar una causal de nulidad absoluta o relativa del acta de liquidación del 3 de septiembre de 2020, desatendiendo así la carga que le asistía de advertir el porqué de su petición anulatoria, y sin que ello se viera suplido con que en la apelación afirmó que hubo un vicio del consentimiento sin precisar cuál, no solo porque no podía añadir argumentos nuevos no previstos desde su escrito inicial, en virtud del principio de congruencia, sino porque lo indicado no pasó de ser una mera afirmación sin argumento. En todo caso, si en gracia de discusión fuera dable analizar la nulidad del acta de liquidación bajo la premisa de vicios del consentimiento, como se indicó en la apelación -que no en la demanda-, aquellos se encuentran previstos dentro de las causales de nulidad relativa que, sin que sean debidamente alegadas, no le corresponde estudiar al juez de oficio, pues a diferencia de la nulidad absoluta, el legislador no estableció que la nulidad relativa se habría de estudiar oficiosamente por el juez, de ahí que solo puede ser analizada de ser debidamente pedida, acreditada y motivada por el sujeto interesado. Tampoco se encuentra que el acta de liquidación bilateral del 3 de septiembre de 2020 haya sido producto de alguna circunstancia de nulidad absoluta que habilite a la Corporación a anularla, pues ni se alegó ni se deriva del petitum la existencia de aspectos como un objeto o causa ilícitos, una falta de capacidad absoluta o el desconocimiento de algún requisito adicional para su perfeccionamiento. A partir de las consideraciones precedentes, la Sala considera que no cuenta con elementos suficientes para analizar si el acta de liquidación bilateral del 3 de septiembre de 2020 adoleció de alguna circunstancia de nulidad, pues Savia se abstuvo de sustentar en debida forma tal pretensión desde su escrito inicial e, incluso, en su apelación. La consecuencia de lo anterior es que el acuerdo de liquidación del contrato No. 0037-2019 de 2019 se debe mantener incólume, en virtud del principio de pacta sunt servanda , por lo que se pasará a verificar si, en virtud de la jurisprudencia esbozada en precedencia, reguló o no el incumplimiento alegado por Savia. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la liquidación de los contratos del Estado, consultar sentencia de 28 de octubre de 2024, Exp. 52001-23-33-000-2018-00555-01(67567), C.P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia de 11 de noviembre de 2009, Exp. 25000- 23-26-000-2002-01920-02(32666), C.P. Ruth Stella Correa Palacio y concepto de la Sala de Consulta de 28 de junio de 2016, Radicado 11001-03-06-000-2015-00067-00(2253). MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / GESTIÓN DEL DOCUMENTO / RECHAZO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Es posible estudiar la pretensión de incumplimiento del acuerdo de voluntades, considerando que según la apelante, dicha desatención fue conocida en forma posterior al cruce de cuentas? Respuesta al problema jurídico: No [E]n el asunto de estudio es claro que la situación considerada como incumplimiento por Savia era una circunstancia posterior y subsecuente al acuerdo de liquidación del 3 de septiembre de 2020, que solo pudo ser conocida por la EPS hasta el 2 de marzo de 2021, de ahí que no se pueda entender que el paz y salvo convenido sea extensible a dicha situación, como se pasa a explicar. En efecto, el yerro presuntamente constitutivo del incumplimiento que según la apelante cometió Servisoft consistió en no haber cargado en la plataforma Mercurio la Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019 y su notificación el 13 de marzo de 2020, cuando fue allegada, sino hasta el 16 de marzo de la misma anualidad, sin que además se hubiera señalado su fecha de recepción. (...) es plausible concluir que Savia solo vino a conocer la verdadera fecha de radicación de la Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019 y su notificación hasta el 24 de febrero de 2021, cuando la ADRES rechazó el recurso de reposición presentado contra tal actuación por ser extemporáneo, sin que se hubiera demostrado que efectuó alguna gestión para determinar con certeza la fecha de recepción del escrito que evidenciara que pudo conocer su fecha de llegada antes -aspecto que, de nuevo, en este acápite aún no es valorado dentro del cargo incumplimiento- (hecho probado 7.1.2.4). Bajo el anterior contexto, la Sala considera que la liquidación del 3 de septiembre de 2020 y su paz y salvo (hecho probado 7.1.4.) no pudo tener en cuenta, ni gestionar el supuesto yerro que Savia le imputa a Servisoft, pues solo fue conocido hasta el 24 de febrero de 2021, es decir, de forma posterior, fecha en que la entidad descubrió que la Resolución del 23 de diciembre de 2019 había sido supuestamente mal incorporada en la plataforma Mercurio. En ese orden de ideas, debido a que el reproche de apelación de incumplimiento se funda en una circunstancia posterior a la liquidación del contrato No. 0037-2019 de 2019, no se encuentra cobijada por el paz y salvo allí realizado y, por lo tanto, se ha de estudiar detalladamente por la Sala a efectos de definir si hubo un incumplimiento de Servisoft de sus labores de recepción y gestión documental configurativo de responsabilidad contractual. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / GESTIÓN DEL DOCUMENTO / SERVICIO DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL / FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA Problema jurídico: ¿Servisoft desatendió el contrato No. 0037-2019 en cuanto a su obligación de recepción documental en las oficinas de Savia, al haber incorporado internamente la Resolución No. 42567 de 2019 y su notificación hasta el 16 de marzo de 2020 pese a que fue recibida el 13 de marzo de 2020 y sin poner de presente su fecha de radicación? Respuesta al problema jurídico: Si [E]s del caso señalar que la cláusula octava del contrato No. 0037- 2019 de 2019 estableció en forma general la obligación de gestión documental en cabeza de Servisoft, para lo cual indicó que la sociedad tenía a su cargo aspectos como la prestación de dicho servicio, operar avanzadamente la plataforma “Mercurio” e incorporar allí los escritos que se allegaran a la entidad, tener en cuenta los aspectos contenidos en los Acuerdos 037 y 042 de 2002 del Archivo General de la Nación en cuanto a conservación de documentos y en virtud de la Ley General de Archivo 594 de 2000 (...) Los (...) deberes de raigambre legal y también dispuestos en el contrato No. 0037-2019 de 2019 fueron desconocidos por Servisoft, debido a que al recibir la Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019 y su constancia de notificación el 13 de marzo de 2020, debió registrar la fecha en que se allegó a las instalaciones de Savia tal información y, sin embargo, tanto en la plataforma Mercurio como en el propio acto administrativo solamente señaló que se radicó internamente el 16 de marzo de 2020, sin haber distinguido entre la fecha de su presentación y la fecha de incorporación interna. (...) a situación que sí se considera una desatención obligacional de Servisoft consiste en no haber cumplido con la carga de distinguir en el sistema Mercurio entre la fecha de recepción de la Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019 y su notificación, y la fecha de radicación interna, pues, tal y como lo advirtió Savia, en el presente caso se pudo haber incorporado el número de guía YG254918030CO (hecho probado 7.1.2.3.) o siquiera haber colocado un sello en el documento con la constancia de la fecha cierta de recepción -13 de marzo de 2020-, procederes que habrían permitido mantener la autenticidad y calidad informativa del archivo y que se echan de menos. (...) Es así como Servisoft incumplió con las obligaciones a su cargo, particularmente aquella derivada de la cláusula octava del contrato No. 0037-2019 de 2019, que le impuso la obligación de cumplir con la conservación documental y cargar la información que se le presentara a la EPS en forma fidedigna, pues ciertamente la parte demandada incorporó indebidamente en el sistema “Mercurio” la Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019, dado que, habiendo sido allegada el 13 de marzo de 2020, la subió al sistema el 16 del mismo mes y año sin haber precisado la fecha en que tal documentación se remitió a la recepción, lo cual revela un actuar defectuoso y ajeno a las máximas de la archivística de su parte. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / GESTIÓN DEL DOCUMENTO / RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL / FUENTE DEL DAÑO / NEGLIGENCIA DE LA EPS / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿El incumplimiento del contrato de prestación de servicios, en cuanto a la labor de recepción documental, configuró responsabilidad contractual? Respuesta al problema jurídico: No Con todo, aun cuando en el presente caso se acreditó que Servisoft incumplió la cláusula octava del contrato 0037-2019 de 2019, en cuanto a la gestión y el manejo documental de la Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019 y su notificación por no haber señalado su fecha de recepción, la Sala no encuentra demostrado que dicha circunstancia hubiera sido directamente la causa del supuesto menoscabo alegado, toda vez que, si bien Servisoft subió la resolución al sistema “Mercurio” hasta el 16 de marzo de 2020 -con un sello de la misma fecha-, cierto es que, al tratarse de un acto administrativo frente al cual procedían recursos de ley, ante la falta de certeza o duda en la fecha de su notificación, le correspondía a Savia validar la situación a efectos de determinar con plena claridad el vencimiento del plazo para recurrir, de ahí que, al margen de las incertidumbres que se pudieron suscitar con el actuar defectuoso de la parte demandada, si aquella no interpuso el recurso de reposición en tiempo fue debido a su actuar negligente. A este efecto, y como se señaló en párrafos anteriores, no se puede olvidar que los elementos constitutivos de la responsabilidad contractual en los asuntos del resorte del juez contencioso administrativo son el incumplimiento de una obligación derivada del contrato, un menoscabo por cuenta de tal situación y un nexo entre una y otra cosa. Así las cosas, por más que se hubiera demostrado que Servisoft desatendió su labor documental al haber registrado la Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019 en la plataforma Mercurio sin la precisión sobre la fecha en que dicha actuación y su constancia de notificación fueron presentadas por la ADRES, la EPS Savia debió requerirla a efectos de que aclarara el momento de llegada de los documentos, o para que le remitiera la guía de envío de la empresa de mensajería correspondiente, nada de lo cual sucedió -o por lo menos no se acreditó en el proceso-. En su lugar, lo que en realidad hizo Savia fue formular el recurso de reposición contra la Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019 sin contar con certeza de la fecha de su recepción y, por tanto, la recurrió sin haber estudiado juiciosamente el término con el que contaba para tal fin, de ahí que, por más que Servisoft hubiera omitido añadir toda la información de ese acto administrativo en el sistema interno Mercurio, dicha situación no llevaba a que automáticamente la EPS tuviera datos claros que la llevaran a asumir erradamente que el término para la reposición contaba desde el 16 de abril de 2020, cuando en realidad la demandada nunca señaló expresamente que la fecha de radicación fuera esa última, sino que, simplemente, incorporó internamente la decisión administrativa en esa fecha. A lo anterior se suma que, de cualquier manera, en los términos del inciso tercero del artículo 76 del CPACA, los recursos de reposición y queja no son obligatorios, por lo que en concordancia con el numeral segundo del artículo 161 del mismo estatuto, su interposición no resulta necesaria para pretender la nulidad del acto administrativo particular y, por consiguiente, pese a la radicación extemporánea de la reposición frente a la Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019, Savia estaba totalmente habilitada para impugnarla en sede judicial de considerar le representaba una merma. Pese a ello, no se demostró que la EPS hubiera cuestionado judicialmente la decisión, estadio en el cual habría podido reprochar la devolución de saldos que no compartía, de ahí que se evidencie su descuido en impulsar medidas para evitar que la decisión quedara en firme, sin que tal actuar le pueda resultar imputable a Servisoft, por más que hubiera omitido señalar la fecha de radicación del documento de la ADRES. El anterior panorama evidencia que aunque Servisoft hubiera incumplido el contrato No. 0037-2019 de 2019, la causa del menoscabo alegado fue el propio actuar negligente de la EPS, quien se abstuvo de verificar y/o solicitar a su contratista precisión sobre la fecha de radicación del acto administrativo de la ADRES y, en cualquier caso, no lo cuestionó en sede judicial, de ahí que, aunque hay un incumplimiento acreditado, no se satisfizo el supuesto de la responsabilidad contractual de causación de un menoscabo derivado de la desatención obligacional, de ahí que, como lo concluyó el a quo, no había lugar a acceder a la pretensión de incumplimiento y, por lo tanto, el cargo de apelación estudiado no tiene vocación de prosperar. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 161 NUMERAL 2, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 76 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas contra la Savia, por cuanto el recurso de apelación que interpuso, fue resuelto desfavorablemente? Respuesta al problema jurídico: Si El numeral 1 del artículo 365 del CGP dispuso que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación”, siempre que se demuestre en el expediente su causación y en la medida de su comprobación. Bajo este entendido, se condenará en costas en segunda instancia a Savia, quien interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, ya que aquel no prosperó, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos de los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. Para tal efecto, el Tribunal a quo deberá tener en cuenta que, de todos modos, en esta instancia no se fijarán agencias en derecho, dado que la demandada no intervino en segunda instancia90, de tal manera que aquellas no se entienden causadas. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000202201017011100103