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Auto interlocutorio — Auto que rechaza solicitud de nulidad2026-10-28Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 05001233300020230067202LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe negarse la solicitud de nulidad de la sentencia de primera instancia, fundada en el presunto incumplimiento de una providencia del superior relacionada con el llamamiento en garantía, ante la falta de legitimación del solicitante, la ausencia de identificación de una causal de nulidad y la falta de acreditación de una actuación contraria a una providencia ejecutoriada del Consejo de Estado, teniendo en cuenta que la apelación del auto que rechazó el llamamiento tuvo efecto devolutivo y que la orden del superior no dispuso la vinculación automática del tercero? Sí
El Despacho rechaza la solicitud de nulidad de la sentencia de primera instancia, fundada en el presunto incumplimiento de una providencia del superior relacionada con el llamamiento en garantía, debido a la falta de legitimación del solicitante, la ausencia de identificación de una causal de nulidad y la falta de acreditación de una actuación contraria a una providencia ejecutoriada del Consejo de Estado. La apelación del auto que rechazó el llamamiento tuvo efecto devolutivo, y la orden del superior no dispuso la vinculación automática del tercero, lo que implica que no se puede considerar que el Tribunal haya desatendido deliberadamente lo ordenado por el Consejo de Estado.síntesis automática
¿Hay lugar a declarar la nulidad de las Resoluciones No. 42049 de 2 de diciembre de 2019 y No. 42494 de 19 de diciembre de 2019, mediante las cuales se declaró el incumplimiento parcial del contratista y se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria, con fundamento en los argumentos expuestos por las aseguradoras demandantes y por la Unión Temporal Auditores en Salud? No
De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que en el presente asunto no procede la declaratoria de nulidad de las Resoluciones No. 42049 de 2 de diciembre de 2019 y la No. 42494 de 19 de diciembre de 2019, mediante las cuales se declaró el incumplimiento parcial del contrato de consultoría 080 de 2018, por parte de la UNION TEMPORAL AUDITORES DE SALUD...
También resuelve:¿Procede el reintegro de las sumas pagadas por las aseguradoras con ocasión de los actos administrativos demandados?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-11-18Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020170116201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Tribunal también erró al concluir que, en el presente caso, se había configurado la excepción de inepta demanda por falta de requisitos formales al no haberse demandado las resoluciones que liquidaron el contrato, ya que, esto correspondería a un defecto sustancial y, por lo tanto, debió ser analizado en la Sentencia? Sí
El contratista no puede ser declarado inepto por falta de requisitos formales al no demandar las resoluciones que liquidaron el contrato, ya que esta omisión no constituye un defecto formal sino sustancial, que debe ser analizado en la sentencia y no en el auto interlocutor. La entidad estatal no puede ampararse en el control de legalidad para declarar la ineptitud de la demanda en este caso, ya que la omisión no genera una nulidad en términos del artículo 133 del Código General del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala revoca la decisión del Tribunal y ordena continuar con el trámite del proceso, matizando la jurisprudencia existente sobre la configuración de la ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales.síntesis automática
También resuelve:¿La excepción previa de inepta demanda se configura por la ausencia de requisitos formales o por la indebida acumulación de pretensiones?
¿Procede complementar la sentencia, en el sentido de aceptar la tacha de falsedad formulada por la Terminal de Transportes del Socorro S.A., respecto del otrosí No. 3 al contrato de prestación de servicios No. 1 de 2010, aspecto frente al cual el Tribunal no realizó pronunciamiento alguno? Sí
El contratista puede solicitar la adición de la sentencia para aceptar una tacha de falsedad en un otrosí del contrato, siempre y cuando la falsedad esté debidamente acreditada mediante pruebas como el cotejo grafológico, tal como lo permite el artículo 287 del Código General del Proceso. Sin embargo, la terminación unilateral del contrato no produce efectos si el contrato ya se encuentra terminado en el momento de la decisión unilateral, y no se acredita un incumplimiento contractual que justifique la liquidación judicial del contrato. Por tanto, la condena en costas contra la parte vencida en el proceso es procedente conforme al artículo 188 del Código Procesal Administrativo y el artículo 365 del Código General del Proceso, y se fijan agencias en derecho en base al Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve:¿Procede declarar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la entidad demandada terminó unilateralmente el contrato de prestación de servicios?¿Se acreditó que la entidad demandada incumplió el contrato de prestación de servicios al terminarlo anticipadamente, lo cual produjo efectos?¿Procede revocar la decisión de condenar a la TTS a cancelar el valor pendiente por pagar, por el supuesto incumplimiento contractual…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-09-01Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 08001233100020060184703ACCION CONTRACTUAL
¿Los procesos promovidos ante esta jurisdicción con anterioridad al 2 de julio de 2012, seguirán rigiéndose por las normas procesales del CCA y el CPC? Sí
El contratista sigue rigiendo sus procesos promovidos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo con anterioridad al 2 de julio de 2012 por las normas procesales del Código Contencioso Administrativo y del Código de Procedimiento Civil, conforme al artículo 308 del Código Procesal Administrativo Contencioso Actualizado. Además, el magistrado ponente tiene competencia para resolver el recurso de reposición y el auto que niega la nulidad procesal, siempre que se cumplan los requisitos de procedencia, oportunidad y sustentación. Asimismo, la notificación por estado se considera surtida con la inserción de la providencia en el estado electrónico, sin necesidad de constancia física del sello o fecha del estado, conforme a los artículos 9 del Decreto 806 de 2020 y 9 de la Ley 2213 de 2022. Por último, el plazo para interponer el incidente de liquidación de condena comienza desde el momento en que se efectúa la notificación por estado, y la nulidad se considera saneada si el actor presenta recurso sin proponer la nulidad que ahora alega. El recurso de apelación no es procedente en contra del auto que niega la nulidad procesal, reiterando la competencia del magistrado ponente para resolver estos trámites.síntesis automática
También resuelve:¿En la providencia a notificar no tenía que constar el sello o la mención de la fecha del estado, ya que este último se fijaba de manera virtual con el contenido de la providencia?¿Desde el momento en que se efectuó la notificación por estado es cuando comenzó el plazo de 60 días para interponer el incidente?¿El recurso de apelación no resulta procedente en contra el auto que niega la nulidad procesal?
¿Se desconocieron los efectos del silencio positivo con la expedición de las resoluciones que negaron la solicitud de renuncia al contrato de concesión minera? No
El contratista no puede invocar el silencio administrativo positivo para renunciar a un contrato de concesión minera si no se encuentra al día con sus obligaciones, según establece la Sala. La entidad estatal no pierde competencia para resolver la solicitud de renuncia cuando el concesionario no cumple con los requisitos legales y contractuales, como estar a paz y salvo en el cumplimiento de las obligaciones económicas. La Sala concluye que la expedición de resoluciones que negaron la renuncia no desconoce los efectos del silencio positivo, ya que este no se configura en ausencia de los requisitos materiales del derecho pretendido. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo que el silencio administrativo positivo no opera si el concesionario incumple sus obligaciones, lo que implica que las resoluciones que negaron la renuncia fueron expedidas con competencia y legalidad.síntesis automática
También resuelve:¿La controversia planteada es un asunto de índole contractual, pues lo que se discute es la terminación de una concesión para la exploración y explotación de un yacimiento de minerales…¿El derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal solo puede constituirse, declararse y probarse mediante el contrato de concesión minera…¿El concesionario tiene la prerrogativa de renunciar libremente a la concesión?
¿Es procedente la declaración de nulidad que hizo el Tribunal de primera instancia bajo el presupuesto de que la decisión de la amigable componedora estaba viciada porque el Departamento no tenía capacidad para acudir a dicho mecanismo? No
El contratista no puede declarar nula la decisión del amigable componedor basándose en que la entidad estatal no tenía capacidad para acudir a este mecanismo, ya que la ley vigente en el momento de la celebración del contrato permitía a las entidades estatales resolver sus diferencias mediante la amigable composición, lo que implica que la entidad estaba habilitada para someterse a este mecanismo. La Sala revoca la nulidad declarada por el Tribunal, reiterando que la amigable composición es procedente cuando una de las partes es una entidad pública, siempre y cuando la ley lo permita explícitamente en el momento de la celebración del contrato. Esto implica que las entidades estatales pueden acudir a la amigable composición para resolver sus controversias contractuales, siempre que la normativa vigente lo autorice.síntesis automática
También resuelve:¿Cuando se suscribió el contrato, la ley vigente permitía a las entidades estatales resolver sus diferencias mediante la amigable composición?¿La amigable composición resulta procedente cuando una de las partes sea una entidad pública?¿Para acudir a la amigable composición, es necesario que las partes y el amigable componedor celebren un contrato de mandato a efectos de determinar las facultades de este último?
¿En el presente asunto está demostrada la falta de competencia de la ANI, para declarar la caducidad del contrato de concesión 09 CONP-98? No
El contratista no demuestra la falta de competencia de la ANI para declarar la caducidad del contrato de concesión 09 CONP-98, ya que la entidad tenía la facultad legal para adoptar dicha decisión, y no se acredita que el proceso hubiera terminado previamente de manera anticipada. Además, las resoluciones impugnadas no incurrieron en falsa motivación, ya que las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en ellas no presentan errores evidentes ni divergencias con la realidad fáctica o jurídica. La Sala reitera que la falsa motivación es un vicio grave que puede ser declarado de oficio por el juez, pero en este caso no se configura, lo que implica que las resoluciones de la ANI mantienen su validez y efectos legales.síntesis automática
También resuelve:¿En el caso en concreto se acreditó que las resoluciones impugnadas (1685 del 12 de noviembre de 20195 y 20207070005965 del 15 de mayo de 20206), están incursas en falsa motivación y en consecuencia…¿En el caso concreto se configura la debida acumulación de pretensiones de reparación directa y controversias contractuales?
¿Tiene la entidad estatal, facultades para corregir errores formales y sanear vicios de procedimiento en cualquier tiempo, y por el contrario, para la modificación de las reglas del proceso de selección contenidas en el pliego de condiciones si deben sujetarse a las limitaciones temporales y materiales previstas para la expedición de adendas? Sí
Las entidades estatales pueden corregir errores formales y sanear vicios de procedimiento en cualquier momento, pero la modificación de las reglas del proceso de selección contenidas en el pliego de condiciones debe sujetarse a limitaciones temporales y materiales previstas para la expedición de adendas, según establecen los artículos 30 numeral 5 de la Ley 80 de 1993 y 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015. Estas limitaciones prohíben modificar el pliego de condiciones dentro de los tres días anteriores al cierre del proceso de selección y establecen que no se pueden alterar aspectos sustanciales como el objeto del contrato o las reglas fundamentales de la competencia. La facultad de corrección no puede dar lugar a cambios en el sentido material de la decisión, según el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011. En consecuencia, la Sala declaró nula la Resolución que suspendió el proceso de licitación y extendió el plazo de presentación de ofertas, ya que esta modificación constituye una adenda no permitida por la ley.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad de los artículos segundo y tercero de la Resolución mediante la cual se suspendió el proceso de Licitación Pública y se adoptó un nuevo cronograma con ampliación del plazo…¿La expedición de una resolución que, bajo la figura del saneamiento o corrección de un error contenido en el pliego de condiciones…¿Debe la Sala abstenerse de imponer condena en costas cuando se trata de un proceso de nulidad de un acto administrativo de carácter general promovido por una veeduría ciudadana…
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2024-10-31Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020170083101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El asunto debatido no es de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo sino de la jurisdicción ordinaria, sin posibilidad de prorrogar la jurisdicción ni darla por saneada? Sí
El juez debe declarar la falta de jurisdicción cuando el asunto debatido corresponde a la jurisdicción ordinaria, sin posibilidad de prorrogar o sanear la jurisdicción, conforme al artículo 287 del CPACA. En el caso específico, el Banco Agrario de Colombia, una entidad financiera sometida al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, celebró contratos para el mantenimiento y mejoramiento de sus instalaciones, actividades que se consideran propias del giro ordinario de sus negocios, por lo que la controversia no es competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino de la jurisdicción ordinaria. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en controversias contractuales de entidades financieras, estableciendo que las actividades propias del objeto social y las necesarias para su desarrollo caen bajo la excepción del artículo 105 del CPACA, lo que implica que los jueces deben ser rigurosos en la identificación de estos casos para evitar la nulidad por falta de jurisdicción.síntesis automática
También resuelve:¿La excepción a la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la relacionada con controversias contractuales de las entidades públicas que tengan el carácter de instituciones…¿La actividad contractual del Banco Agrario de Colombia S.A. se rige por el derecho privado y sus actividades y contratos celebrados en desarrollo de su objeto social se regirán por la normatividad…¿La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-09-11Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 25000233600020180047901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Durante la audiencia inicial se decidió sobre los aspectos planteados en la solicitud de adición y no comportó afectación alguna para la parte recurrente? Sí
El artículo 180 del CPACA prescribe que el auto que fija fecha y hora para la audiencia no será susceptible de recursos, por ende, no hubiere podido ser recurrido por la [aseguradora];… si bien el artículo 302 del CGP establece que cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud, no es menos cierto que durante la audiencia inicial se decidió sobre los aspectos planteados en la solicitud de adición y no comportó afectación alguna para la parte recurrente, máxime cuando la petición no fue elevada por ella, y si se toma en consideración que, al ser resuelta en la diligencia, pudo ser conocida y controvertida por medio de los recursos legales ordinarios.
También resuelve:¿Se niega el decreto de los testimonios y la exhibición de documentos por parte de la entidad demandante?¿Los testimonios solicitados por la aseguradora son impertinentes?¿Las causales que dan lugar a declarar la nulidad se rigen por los principios de taxatividad y/o especificidad?
¿La recurrente no presentó ningún argumento de inconformidad dirigido a rebatir las conclusiones por las cuales el Tribunal a quo negó sus pretensiones y su impugnación se limitó a reiterar lo planteado inicialmente en la demanda? Sí
Basta con la lectura de… la apelación para concluir que el demandante no expuso razones de oposición fundamentadas en la viabilidad de analizar el asunto por la vía de la reparación directa, que en últimas fue a lo que se rehusó el a quo en su decisión. La Sala concluye que la recurrente no presentó ningún argumento de inconformidad dirigido a rebatir las conclusiones con fundamento en las cuales el Tribunal a quo negó sus pretensiones, en tanto que en la impugnación la parte actora se limitó a reiterar lo planteado inicialmente en la demanda, que fue resuelto en su integridad, y el único cargo nuevo no guarda congruencia con la base de la decisión de primera instancia, de manera que la Sala no puede efectuar ningún juicio de valor sobre la decisión objeto de apelación, ni suponer las razones de inconformidad de quien apela, por lo que confirmará la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño.
También resuelve:¿La vía procesal adecuada para tramitar las controversias entre las partes era la contractual y no la de reparación directa?¿El alegato de la parte recurrente se ciñó a ofrecer una reproducción idéntica a la plasmada en la demanda?¿Era procedente pretender el cobro de unas facturas que se dejaron de tramitar en el momento oportuno?
¿En una situación de apelante único la competencia del juez de segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso? Sí
En una situación de apelante único, la competencia del juez de segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso, de modo que no puede revisar la providencia en la parte que no fue impugnada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, limita la competencia funcional del superior a los cargos esgrimidos en el recurso de alzada; la regla admite una excepción prevista en el inciso segundo del artículo 187 del CPACA, según la cual el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que encuentre probada; y el silencio del inferior no impide que el superior se pronuncie sobre esos aspectos en los términos de la ley. Por ello, el examen de la segunda instancia se limita a lo impugnado, salvo esas excepciones legales. La providencia de primera instancia se confirma en lo que fue objeto del recurso.síntesis automática
También resuelve:¿Con las pruebas del expediente se acredita la nulidad de los actos administrativos demandados por el supuesto hecho de haberse desconocido el acuerdo de creación del consorcio?¿Los negocios jurídicos celebrados por el representante, dentro de las facultades conferidas para tal caso, producen los mismos efectos que si la actuación la hubiera realizado el representado…¿El mandato de representación otorgado por los integrantes del consorcio, se tiene que se estipuló que la representación del consorcio la tendrían, pluralmente los dos facultados?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación de sentencia de primera instancia dictada por un tribunal administrativo dentro de un proceso de controversias contractuales? Sí
Cuando se apela una sentencia de primera instancia dictada por un tribunal administrativo en un proceso de controversias contractuales relativo a actos contractuales de un órgano de control, el Consejo de Estado es competente para decidir la apelación si la cuantía de las pretensiones supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la demanda. La regla se sostiene en dos razones: la controversia contractual de una entidad pública corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo; y la vocación de doble instancia depende del valor de la pretensión estimada en la demanda frente al tope legal. En el caso, la cifra estimada de las pretensiones excedía el tope legal para la fecha de la demanda, por lo que el proceso es de doble instancia y la sala asumió la competencia. El documento también aborda la regla sobre la cuantificación de perjuicios en la citación a audiencia de un procedimiento de declaración de incumplimiento, que no vicia el acto si el interesado no demostró la incidencia de la omisión; la consecuencia práctica es que la competencia en segunda instancia se determina por la cuantía estimada en la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿La Contraloría vulneró el debido proceso de Colvatel, por omitir la cuantificación de los perjuicios en la citación a la audiencia que da inicio al procedimiento administrativo de declaración de…¿Se desconocieron las garantías procedimentales de Colvatel por no incluir, dentro del análisis fáctico y probatorio contenido en las resoluciones impugnadas…¿La Contraloría, al negar las pruebas que Colvatel solicitó en la audiencia, violó sus derechos y garantías?
¿Se demostró que la liquidación unilateral del contrato afectó patrimonialmente a la contratista demandante? No
El acta de liquidación unilateral que la entidad expide sin que el contratista acredite un daño patrimonial derivado de ella no puede ser anulada, pues sin perjuicio no se examina si el acto adolece de algún vicio. La regla se apoya en que el contrato condicionaba la liquidación unilateral a una previa declaratoria de caducidad, potestad que la entidad no ejerció, y en que el contratista no probó que hubiera efectuado pago alguno derivado del balance de cuentas. Por ello, el incumplimiento de las condiciones pactadas para la liquidación unilateral no se traduce, por sí solo, en un perjuicio indemnizable ni en la nulidad del acta. En el asunto, la Sala concluyó que el acta no afectó patrimonialmente a la contratista y revocó la sentencia en cuanto había anulado el acta de liquidación. En la práctica, la contratista que impugna el acta de liquidación debe demostrar el daño patrimonial que le causó para obtener su nulidad.síntesis automática
También resuelve:¿El que los pantalones azules no se ajustaran a los requerimientos técnicos constituyó un incumplimiento contractual?¿No existe mérito para acoger las pretensiones porque de la liquidación hecha por Electranta no se derivaron perjuicios patrimoniales para la demandante?¿Habiendo sido el contrato de suministro de una sola prestación, resultó incumplido cuando al vencimiento de su plazo no se entregó la totalidad de los ítems contratados?
¿Cuándo se demanda el acto de adjudicación por considerarse que la oferta que gano no era la más favorable, y con el fin de que se declare su nulidad y se reconozca una indemnización a favor del demandante, debe acreditarse, en primer lugar que existió un desconocimiento del pliego de condiciones y/o de la normativa aplicable, que controvierta la presunción de legalidad del acto administrativo, y en segundo lugar que la oferta presentada por la solicitante era la más favorable, de conformidad con lo preceptuado o plasmado en el pliego, esto, en virtud de la carga que le asiste al actor de probar los hechos en que fundamenta su demanda? Sí
Cuando se demanda el acto de adjudicación porque la oferta ganadora no era la más favorable, y se pide su nulidad y una indemnización, el demandante debe acreditar de manera concurrente dos elementos: un desconocimiento del pliego de condiciones o de la norma aplicable que desvirtúe la presunción de legalidad del acto, y que su propia oferta era la más favorable conforme al pliego. La regla se fundamenta en la carga de la prueba que le corresponde al actor, que debe controvertir una decisión amparada por la presunción de legalidad y demostrar la superioridad de su propuesta. En el asunto, el demandante cuestionó que la respuesta a las observaciones sobre la experiencia simultánea del personal ofrecido constituyera una modificación del pliego adoptada por un funcionario incompetente, y sostuvo que la propuesta adjudicada no debió ser estimada. La Sala confirmó la sentencia de primera instancia. En la práctica, cuestionar la calificación de la oferta ganadora no basta para obtener la nulidad y la indemnización si no se prueban ambos elementos.síntesis automática
También resuelve:¿La modificación realizada por la funcionaria integrante del comité evaluador como consecuencia de la audiencia de fijación de riesgos y alcance al pliego de condiciones definitivo tiene efectos…¿Se garantizó el principio de confianza legítima frente a las actuaciones y decisiones de la Administración en su actividad precontractual, de forma específica…¿La propuesta presentada por el demandante cumplió con la exigencia prevista en las condiciones primigeniamente previstas en el pliego de condiciones para demostrar la experiencia mínima del…
¿La causa de las cancelaciones de los eventos musicales programados en el Aguinaldo Boyacense coordinado por el Consejo Superior de Policía, es imputable al contratista en el marco del manejo de los negocios privados con los artistas y, por tanto, deben ser asumidos bajo su propio riesgo financiero? Sí
El contratista asume el riesgo financiero de las cancelaciones de eventos musicales programados en el Aguinaldo Boyacense, ya que las gestiones para la presentación de los artistas no garantizaban el cumplimiento de los contratos, y el pago del Consejo Superior de Policía no estaba condicionado a la realización efectiva de los eventos. La Sala establece que el incumplimiento del pago por parte del Consejo no genera responsabilidad indemnizatoria para este, dado que el contratista no pudo garantizar la presentación de los artistas en las fechas acordadas. Además, la corporación determina que el Consejo Superior de Policía es una persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, lo que implica que el conocimiento del recurso de apelación corresponde a la jurisdicción ordinaria, en cumplimiento de la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo Superior de Policía es una institución cívico social, sin ánimo de lucro con personería jurídica y patrimonio propio…¿En cumplimiento de la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al resolver el conflicto negativo de jurisdicciones…¿Se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio, al no haber sido parte de los contratos enjuiciados…
¿El amigable componedor actuó escapaban dentro de los límites convenidos por las partes contratantes? Sí
El amigable componedor actúa como delegatario de las partes y su decisión es vinculante y tiene efectos de transacción cuando se mantiene dentro de las facultades que el contrato le atribuye, sin ejercer funciones judiciales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las partes, habilitadas para pactar este mecanismo de solución de controversias, le atribuyeron esa facultad en una cláusula específica del contrato de concesión. Segunda, la forma en que se resolvieron las peticiones no implicó función jurisdiccional, sino reconocimientos económicos propios del contenido de la liquidación del contrato. Tercera, la decisión tiene efectos de transacción y, por tanto, no puede desbordar los límites convenidos por las partes. La providencia confirma la negativa de las pretensiones, al considerar que el cargo no prospera. La consecuencia práctica es que la decisión del amigable componedor puede cuestionarse en la jurisdicción solo si excede el encargo convenido, y no por el mero contenido económico de la decisión.síntesis automática
También resuelve:¿Las entidades estatales estaban habilitadas para acudir a la amigable composición?¿El mandatario no puede exceder los límites de su encargo, y si lo hace, los actos que así se cumplan no obligan al mandante?¿El cuestionamiento lo fundamentó la parte actora en un exceso de competencias del amigable componedor?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de las controversias relativas a la validez de contratos de prestación de servicios celebrados por entidades públicas, conforme al artículo 104 del CPACA. En la presente providencia, la Sala determinó que el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia dictada por el tribunal administrativo, en atención a la vocación de doble instancia del proceso y dado que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda superaba los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la presentación de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro del término legal?¿Dependiendo de la tipología contractual, se define la modalidad de selección?¿El acuerdo de voluntades celebrado por las partes se enmarca en la tipología contractual de prestación de servicios?
¿Se probó la violación del derecho al debido proceso de la compañía contratista? No
La vulneración del derecho al debido proceso alegada contra un acto administrativo sancionatorio del contratista debe ser probada por quien la invoca, porque el supuesto de hecho del vicio requiere prueba cuya omisión impide su reconocimiento. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, conforme a la regla de la carga de la prueba, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Segunda, en el caso no se probó la infracción del debido proceso del contratista, y el cargo no tiene vocación de prosperar. Tercera, la sentencia constató que no operó la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro y que los actos no adolecen de incompetencia temporal ni de infracción de la Constitución. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que el contratista que alega el desconocimiento de su debido proceso en la sanción debe aportar las pruebas que lo demuestren, y no basta con invocar la vulneración.síntesis automática
También resuelve:¿Se encuentra acreditado que hubiera operado la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro?¿Los cargos alegados por la aseguradora y la contratista relacionados con la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro y la incompetencia temporal tienen vocación de prosperar?¿Es deber de los contratistas constituir a favor de las entidades contratantes garantías de cumplimiento?