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Consejo de Estado Providencia

La declaración de nulidad de los actos administrativos abre paso a las súplicas económicas de restablecimiento del derecho consecuenciales.

Sentencia — Sentencia 2026-07-15 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000232600020090106902 ACCION CONTRACTUAL
¿La declarada nulidad de los actos administrativos abre paso a las súplicas económicas de restablecimiento del derecho del apelante? Sí
El demandante solicita el restablecimiento del derecho y el reintegro de dineros pagados tras obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos sancionatorios. La parte apelante fundamenta su inconformidad en que la declarada nulidad de los actos administrativos abre paso a las súplicas económicas de restablecimiento del derecho consecuenciales a esta. La sociedad aseguradora pretendió, además de la nulidad de la multa, el restablecimiento del derecho consistente en que se declare que no estaba obligada a pagarlas y, en caso de haber pagado le sea reintegrado el monto. En ese contexto, la sentencia que dispuso la nulidad de los actos administrativos de imposición de multas tiene efectos erga omnes en los términos del artículo 189 del CPACA, aunque se examinan las renuncias y exclusiones específicas de los consorciados para confirmar la decisión apelada.síntesis automática
También resuelve: ¿Se puede establecer que la aquí demandante asumió el valor de la multa impuesta mediante los actos administrativos anulados? ¿En forma previa al perfeccionamiento de la cesión del contrato, se suscribió el acta de acuerdo, que incluyó renuncia a reclamaciones económicas por parte del cedente? ¿El consorcio cedente renunció a cualquier reclamación económica en contra del IDU, razón que impone confirmar la sentencia apelada?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La Sala revocará la sentencia de primera instancia y, negará la pretensión única formulada en la demanda

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020190075801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La pretensión de liquidación judicial se fundamentó en una causa que evidencia un conflicto entre las partes? No
Cuando la pretensión de liquidación judicial de un convenio interadministrativo no se funda en un conflicto concreto entre las partes sobre el alcance o el cumplimiento de sus obligaciones, el juez no puede liquidar el negocio y la pretensión no está llamada a prosperar. La regla se sostiene en tres razones: si el conflicto que motiva el proceso no existe, cualquier pronunciamiento del juez para liquidar el negocio suplantaría a las partes en la ejecución de deberes que solo a ellas les corresponde cumplir; la pretensión de liquidación debe estar soportada en una causa clara y específica, cualquiera que sea el régimen jurídico aplicable al negocio; y la mera omisión de liquidar, sin un conflicto sobre el balance de cuentas, no basta para acudir al juez. En el caso, la demandante sostuvo que, como las partes no liquidaron el convenio de forma bilateral ni unilateral, correspondía al juez completar esa etapa, por lo que se revocó la sentencia de primera instancia y se negó la pretensión. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la liquidación judicial exige demostrar un conflicto específico sobre las cuentas entre las partes.síntesis automática
También resuelve: ¿La demandante se limitó a señalar que la liquidación debía realizarse para culminar el proceso de liquidación del convenio interadministrativo? ¿Obran los elementos probatorios suficientes que permitan establecer con certeza el resultado final del convenio? ¿El objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es de naturaleza eminentemente contradictoria, encaminada a juzgar las controversias y litigios originados en el marco de los negocios…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Previo a la liquidación unilateral del contrato, el contratista debe haber tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción.

Sentencia — Sentencia 2024-08-30 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 15001233300020190035201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Previo a la liquidación unilateral del contrato, el contratista debe haber tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción? Sí
El contratista debe tener la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción antes de que la entidad estatal liquide unilateralmente el contrato, ya que la ley establece un procedimiento administrativo que garantiza este derecho, aunque la intención del legislador es que la liquidación se realice por mutuo acuerdo entre las partes. La Sala modificó la interpretación anterior de que la liquidación unilateral puede realizarse sin este trámite, lo que implica que las entidades estatales deben seguir un procedimiento más riguroso antes de tomar esta decisión, protegiendo así los derechos del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Se acreditó que las partes hubieran tenido acercamientos sobre el trámite bilateral de liquidación? ¿Ni en la resolución ni en su acto confirmatorio la entidad hizo alusión a incumplimientos del consorcio respecto de las obligaciones asociadas al manejo del anticipo que le fue entregado? ¿Los diversos amparos de las garantías de cumplimiento se asocian a las diferentes obligaciones de los contratistas?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Procede negar la indemnización de los perjuicios solicitados por Ecopetrol

Sentencia — Sentencia 2024-06-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 76001233100019990238802 ACCION CONTRACTUAL
¿Procede negar la indemnización de los perjuicios solicitados por Ecopetrol, al acreditarse que los hechos alegados como incumplimiento del contratista se consolidaron antes de la firma del acta de liquidación y no fueron objeto de salvedad en el corte final de cuentas del contrato? Sí
El contratista no puede reclamar indemnización por perjuicios en un juicio posterior a la liquidación del contrato si los hechos alegados como incumplimiento se consolidaron antes de la firma del acta de liquidación y no fueron objeto de salvedad en el corte final de cuentas. En este caso, los eventos que dieron lugar a los perjuicios ya estaban consolidados antes de la fecha de liquidación y no fueron mencionados en el acta, por lo que no se consideraron desconocidos o posteriores a la firma del acta. La entidad estatal no está obligada a indemnizar por perjuicios que no fueron incluidos en el acta de liquidación bilateral, lo que implica que el contratista debe estarse al contenido de la acta y no puede reclamar indemnización por perjuicios no contemplados en ella.síntesis automática
También resuelve: ¿Los contratos celebrados por Ecopetrol para el cumplimiento de su objeto social, comercial e industrial, deben regirse por las normas de derecho privado? ¿Los contratos estatales regidos por el derecho privado son pasibles de liquidación conforme a lo que convengan las partes? ¿Las partes le dieron al acto de liquidación del contrato un alcance más amplio al incluir en el cruce de cuentas, el análisis de todas las demás obligaciones surgidas dentro del negocio jurídico?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

¿En los contratos regidos por el derecho privado son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato?

Sentencia — Sentencia 2023-11-30 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233300020210035901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En los contratos regidos por el derecho privado son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato? No
En los contratos regidos por el derecho privado, no son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, y que la excesiva onerosidad sobreviniente solo puede reclamarse, conforme al artículo 868 del Código de Comercio, respecto de prestaciones de futuro cumplimiento. Una razón es que aunque en el contrato se pactaron cláusulas excepcionales, el desequilibrio alegado por el contratista no deriva del ejercicio de esas cláusulas, sino de supuestas fallas en la planeación contractual. Otra razón es que el régimen de derecho privado no admite la aplicación automática del estatuto de contratación estatal en este punto. En el caso, la sentencia de primera instancia denegó las pretensiones de la demanda de reconvención, y la Sala confirmó esa decisión en cuanto a esas pretensiones. La providencia reitera el criterio de la Sala sobre el régimen exceptuado; su consecuencia práctica es que el contratista que alega desequilibrio en un contrato de derecho privado no puede invocar el restablecimiento previsto en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve: ¿La aseguradora garantizó el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales razón por la cual hay lugar a declarar ocurrido el siniestro? ¿Existía un porcentaje menor de materiales de obra que era entregado por EPM y que el contratista debía reintegrar mediante un procedimiento previamente establecido? ¿Los acuerdos transaccionales corresponden a acreencias laborales derivadas del contrato materia de la litis que el contratista dejó de pagar?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La carga de sustentación que le corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la mera manifestación de inconformidad con el proveído impugnado, ni tampoco con la petición de que se revoque o modifique en algún aspecto puntual.

Sentencia — Sentencia 2025-09-26 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 76001233300020230085601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En el recurso de apelación deben exponerse las razones o los fundamentos de disenso por los cuales no se comparten los argumentos y las decisiones adoptadas en la sentencia recurrida? Sí
El contratista debe exponer en el recurso de apelación las razones o fundamentos de disenso específicos contra los argumentos y decisiones de la sentencia recurrida, cumpliendo así con la carga de sustentación que le corresponde, de lo contrario, el recurso será rechazado por falta de sustento. La Sala reitera que el juez de segunda instancia debe confrontar el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad presentados por la parte recurrente, y que la mera manifestación de desacuerdo o la petición de modificación no es suficiente. En otro aspecto, la entidad estatal que es un ente universitario autónomo del orden departamental, al celebrar contratos de obra, debe regirse por las normas del derecho privado, excluyéndose la aplicación del estatuto general de contratación de la administración pública, conforme a la Ley 1150 de 2007 y el artículo 93 de la Ley 30 de 1992. Esto implica que las controversias deben resolverse según el régimen jurídico privado aplicable al negocio, lo que tiene implicaciones significativas en la interpretación y aplicación de las normas contractuales y en la resolución de conflictos en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿Se rigen por el derecho privado los contratos de obra que celebran los entes universitarios autónomos del orden departamental? ¿La ausencia de salvedades en los acuerdos modificatorios suscritos durante la relación negocial no impide analizar de fondo las reclamaciones de la parte demandante? ¿El dictamen pericial debe ser claro, preciso, exhaustivo, sólido y de calidad; analizado con lo acontecido durante el interrogatorio del perito y la explicación de los exámenes…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

¿Demostró la parte actora la excepcional onerosidad que abra paso a las pretensiones condenatorias contra el CSJ?

Sentencia — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 73001233300020150016601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Demostró la parte actora la excepcional onerosidad que abra paso a las pretensiones condenatorias contra el CSJ? No
El contratista que reclama el restablecimiento del equilibrio económico por suspensiones y mayor permanencia en la obra debe acreditar los costos adicionales en que incurrió y la utilidad dejada de percibir, pues sin esa prueba la pretensión de condena no prospera. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la carga de la prueba corresponde a quien alega el supuesto de hecho, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. Segunda, en el caso no se demostraron los costos adicionales derivados de las suspensiones, de modo que el perjuicio material no quedó acreditado. Tercera, el consorcio tampoco acreditó la utilidad dejada de percibir por la mayor permanencia en la obra, por lo que no existen elementos para establecer la utilidad proyectada. La providencia confirma la sentencia que negó las pretensiones y no introduce cambio de criterio. La consecuencia práctica es que la reclamación por mayor permanencia debe respaldarse con prueba específica de costos y de utilidad, y no puede fundarse solo en la existencia de las suspensiones.síntesis automática
También resuelve: ¿Aportó el demandante las pruebas que permitan acreditar los costos administrativos en que incurrió y la utilidad dejada de percibir que reclama? ¿La liquidación bilateral requiere que el necesario acuerdo de voluntades de las partes revista la formalidad del escrito? ¿El pago de las actas mensuales de obra no quedó supeditado a un término o plazo específico sino al cumplimiento por parte del contratista de una serie de condiciones?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No cabe duda de que los acuerdos de las partes se extendieron a los aspectos que fueron demandados

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 63001233100020060122302 ACCION CONTRACTUAL
¿En el presente contrato de prestación de servicios de telefonía indirecta, se le debe reconocer al demandante la cesantía comercial o las participaciones correspondientes al 50% de la totalidad de lo recaudado por cargo básico mensual y del 10% por participación de telefonía automática local y de larga distancia? No
Cuando un contrato estatal regido por el derecho privado no tiene pactada cláusula de liquidación, el acta de terminación de mutuo acuerdo no puede tratarse como acta de liquidación, sino como manifestación de la voluntad de las partes de terminar el negocio y conciliar los estados de cuenta. La regla se sostiene en tres razones: la autonomía de la voluntad permite a las partes transigir las obligaciones de un periodo determinado, la declaración de paz y salvo con efectos de transacción produce cosa juzgada respecto de las prestaciones de ese periodo, y el acta de conciliación posterior extingue las obligaciones del periodo siguiente. En el caso, las partes suscribieron un acta de terminación que cubrió el periodo inicial de ejecución y un acta de conciliación que cubrió el periodo posterior, por lo que la pretensión subsidiaria de reconocer la cesantía comercial y las participaciones sobre el recaudo fue negada. El documento no señala que reitere o unifique precedente sobre este punto; la consecuencia práctica es que el paz y salvo y la transacción firmados por las partes impiden reclamar de nuevo las prestaciones del periodo cubierto.síntesis automática
También resuelve: ¿Las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia del CPACA seguirán rigiéndose y culminarán conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el CCA? ¿La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas? ¿La caducidad se configura cuando ha vencido el plazo establecido en la ley para instaurar algún tipo de acción?
MODIFICA