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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto

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Fecha
2025-08-11
Radicado
44001234000020140008101
Número interno
68897
Ponente
NICOLÁS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-, NACION - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Demandado
ALCALDIA DE RIOHACHA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto

Regla de decisión

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer litigios sobre convenios de apoyo financiero suscritos por entidades públicas.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los litigios derivados de convenios de apoyo financiero suscritos por municipios, ministerios y entidades públicas para la ejecución de proyectos de infraestructura, con fundamento en el artículo 104 del CPACA. En este asunto, la Sala determinó que el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo, de conformidad con los artículos 150 y 152 del CPACA, al tratarse de un proceso de doble instancia donde la cuantía de la demanda excedió los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de interposición.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Compete a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y en segunda instancia el Consejo de Estado, el conocimiento de un proceso relativo al convenio de apoyo financiero, en razón de la naturaleza de las entidades contratantes y la cuantía del litigio?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 104, 150 y 152 núm. 5

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Lo que dijo la Sala

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el convenio de apoyo financiero No. 2060436 de 2006 fue suscrito por el municipio de Riohacha -entidad territorial-, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Territorio, y el FONADE, cuyo objeto fue aunar los esfuerzos entre aquellas para apoyar la ejecución de las obras correspondientes al proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO No. 04 EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA”.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONVENIO DE APOYO CONTRATO FINANCIERO ENTIDAD TERRITORIAL MUNICIPIO FONADE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO NATURALEZA JURÍDICA DEL SERVICIO DE BOMBEO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA PROCESO DE DOBLE INSTANCIA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA LITISCONSORCIO NECESARIO VINCULACIÓN AL PROCESO CONSORCIO EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA CLÁUSULAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO PRÓRROGA DEL CONTRATO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CLASES DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN PRINCIPIO DE COLABORACIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN DIFERENCIA PATRIMONIAL PRINCIPIO DE LA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO CONTENIDO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO EFECTOS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO OBJETO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO PRINCIPIOS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NORMATIVA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES CONTRATACIÓN DIRECTA PRINCIPIOS DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA FORMACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO INTERÉS COMÚN CONTRATO DE AYUDA ECONÓMICA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA CLÁUSULAS DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD DE LA SANCIÓN PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO APORTE ESTATAL DESTINACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA TASACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO PRINCIPIO DE EQUIDAD CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE OBRA PÚBLICA REDUCCIÓN DE LA PENA REDUCCIÓN DE LA MULTA ALCANCE DEL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS APELANTE ÚNICO CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CLÁUSULAS DEL CONTRATO EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS REINTEGRO DE SALDOS A FAVOR DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA

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Titulación de la relatoría 25.891 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONVENIO DE APOYO / CONTRATO FINANCIERO / ENTIDAD TERRITORIAL / MUNICIPIO / FONADE / MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO / NATURALEZA JURÍDICA DEL SERVICIO DE BOMBEO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA Problema jurídico: ¿Compete a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y en segunda instancia el Consejo de Estado, el conocimiento de un proceso relativo al convenio de apoyo financiero, en razón de la naturaleza de las entidades contratantes y la cuantía del litigio? Respuesta al problema jurídico: Si La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el convenio de apoyo financiero No. 2060436 de 2006 fue suscrito por el municipio de Riohacha -entidad territorial-, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Territorio, y el FONADE, cuyo objeto fue aunar los esfuerzos entre aquellas para apoyar la ejecución de las obras correspondientes al proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO No. 04 EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA”. Igualmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, de conformidad con el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, en razón a que la cuantía de la demanda excedió los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de interposición del libelo introductorio. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 5 LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO / FONADE / EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL / CONVENIO DE APOYO / MUNICIPIO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / LITISCONSORCIO NECESARIO / VINCULACIÓN AL PROCESO / CONSORCIO / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS Problema jurídico: ¿La legitimación en la causa recae sobre las entidades públicas y la entidad territorial que celebraron el convenio de apoyo financiero, y también sobre el consorcio y la empresa de servicios públicos vinculados al proceso como litisconsortes necesarios? Respuesta al problema jurídico: Si En relación con este presupuesto procesal, es necesario precisar que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio) y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE (hoy Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio) se encuentran legitimadas en la causa por activa, pues suscribieron el convenio de apoyo financiero No. 2060436 de 2006. De igual manera, el municipio de Riohacha se encuentra legitimado en la causa por pasiva, toda vez que es un extremo de la relación contractual sobre la que versa la controversia sometida a juicio. A su vez, al Consorcio Saneamiento Riohacha No. 4 y la empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P. (antes Aguas de La Guajira S.A. E.S.P.) les asiste el derecho a comparecer a la presente litis, con ocasión de la vinculación que efectuó el tribunal a quo en el trámite de primera instancia, decisión que, por demás, no fue recurrida por las partes. CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO DE APOYO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Debe entenderse que, tratándose de contratos que requieren liquidación, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se computa a partir del vencimiento del plazo acordado por las partes para liquidar el contrato? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 164 numeral 2 literal j) del CPACA establece varios supuestos para la determinación del momento a partir del cual debe computarse el término de caducidad de dos años del medio de control de controversias contractuales. (…) Respecto de los contratos que por su naturaleza o por disposición legal o contractual requieran liquidación -como ocurren en el presente caso-, el término de caducidad se computa a partir del vencimiento del plazo que tenían las partes para liquidarlo, toda vez que la liquidación del contrato se erige como la etapa en la cual se realiza el balance final de la ejecución del contrato y se determina quién le debe a quien y cuánto, existiendo la posibilidad de que se transen o se reconozcan reclamaciones económicas que pudieren presentarse en sede judicial. En el presente caso, se advierte que en la cláusula decimosexta del convenio de apoyo financiero No. 2060436 del 26 de enero de 2006 las partes acordaron que aquel se liquidaría dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación. Sin embargo, en la prórroga No. 4 se modificó esa cláusula, en el sentido de establecer que el convenio debería liquidarse dentro de los ocho (8) meses siguientes a su terminación. Así las cosas, se tiene que el convenio interadministrativo No. 2060436 del 26 de enero de 2006 se extendió hasta el 30 de junio de 2011 -fecha en la que feneció el acuerdo de voluntades-, razón por la cual ha de señalarse que el término de ocho (8) meses para liquidar bilateralmente el vínculo obligacional, como en efecto lo acordaron las partes, venció el 1º de marzo de 2012. A partir de esta fecha se empezó a computar el término de caducidad de dos (2) años, que transcurrió hasta el 1º de marzo de 2014. Por tanto, como la demanda se presentó el 26 de febrero de 2014, se concluye que esta se allegó dentro del plazo previsto en la Ley. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CLASES DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / PRINCIPIO DE COLABORACIÓN / CONVENIO DE ASOCIACIÓN / OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / DIFERENCIA PATRIMONIAL / PRINCIPIO DE LA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA / APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES / PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTENIDO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / OBJETO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIOS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / NORMATIVA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES / CONTRATACIÓN DIRECTA / PRINCIPIOS DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA / PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA Problema jurídico: ¿Los convenios interadministrativos se diferencian de los contratos administrativos en cuanto a su finalidad cooperativa y ausencia de retribución patrimonial, estando sujetos a los principios de la función administrativa y no necesariamente al régimen de la Ley 80 de 1993? Respuesta al problema jurídico: Si [L]os convenios administrativos están basados en el mandato del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, que permite, en virtud de la colaboración que debe preponderar entre las entidades del Estado, la posibilidad de “cooperar” mediante la celebración de convenios interadministrativos, de ahí que tiene que haber una coincidencia de fines frente a ambas partes y un ánimo cooperativo, aspecto en el cual es plausible que cada entidad incurra en costos y gastos -aportes-, pero sin que se persiga una retribución individual “pues en tales eventos se estará en presencia de verdaderos contratos”. Entre tanto, los convenios interadministrativos están sometidos a los principios constitucionales y legales de la actividad contractual del Estado, como lo son la transparencia, planeación, buena fe y economía, entre otros, así como a los principios de la función administrativa del artículo 209 constitucional; empero, las reglas de la Ley 80 de 1993 y sus reformas -Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - EGCAP- no son de aplicación automática a tales convenios, pues dicha normativa se encarga prevalentemente de prever el régimen de las relaciones contractuales de contenido patrimonial y oneroso, de ahí que en cada caso deba analizarse cuando puede proceder considerar esa normativa de cara a los acuerdos convencionales. Por su parte, los contratos administrativos, en tanto especie del género contrato estatal, traen consigo el hecho de prestaciones correlativas a cargo de los sujetos negociales, de ahí que las relaciones negociales no se encuentran sujetas a un objetivo común, pues mientras la contratante busca el cumplimiento de un fin estatal a su cargo, la contratista actúa en procura de ese fin, pero a cambio de una retribución patrimonial por el cumplimiento de la satisfacción de la prestación a la que se obliga, por lo que son bilaterales, onerosos y conmutativos. Adicionalmente, los contratos interadministrativos se encuentran sometidos por la Ley 80 de 1993 y sus reformas, y la Ley 1150 de 2007 dispuso en el literal c) del numeral 4 de su artículo 2 que habrían de suscribirse mediante el procedimiento de contratación directa, siempre que sus obligaciones tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora (…). [E]n ocasiones, la suscripción de convenios o contratos administrativos cuando se encuentran proscritos para determinados casos y aun así se perfeccionan puede llevar a su nulidad absoluta, verbi gracia por aspectos como un objeto ilícito o, a su vez, por situaciones como una expresa prohibición constitucional y legal, lo que evidencia que el juez cuenta con herramientas para, incluso de oficio, retirar ese tipo de decisiones del ordenamiento jurídico por su carácter de espurio y transgresor de los mandatos de selección objetiva. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las diferencias entre contrato y convenio interadministrativo, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de octubre de 2021, rad. 65978, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 24 de abril de 2024, rad. 67522, C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia de 22 de mayo de 2024, rad. 67460, C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 28 de octubre de 2024, rad. 63983, C. P. Adriana Polidura Castillo; sentencia del 21 de mayo de 2021, rad. 57822, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia del 31 de marzo de 2023, rad. 58623, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FORMACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INTERÉS COMÚN / CONVENIO DE APOYO / NATURALEZA JURÍDICA DEL SERVICIO DE BOMBEO / CONTRATO DE AYUDA ECONÓMICA / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / PRINCIPIO DE COLABORACIÓN / PRINCIPIO DE LA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA / OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN Problema jurídico: ¿Debe calificarse como convenio interadministrativo el acuerdo de voluntades suscrito entre el Ministerio, el FONADE y el Municipio de Riohacha para el mejoramiento del sistema de bombeo, cuando su objeto revela un ánimo colaborativo y asociativo entre las entidades públicas, desprovisto de contraposición de intereses y cimentado en la cooperación para alcanzar fines comunes? Respuesta al problema jurídico: Si [U]na vez examinado el acuerdo de voluntades objeto de debate en la presente litis, no se observa que entre los extremos convencionales exista contraposición de intereses de cara a la realización de las labores de mejoramiento acordadas. Por el contrario, se advierte un interés común, toda vez que el mismo objeto del acuerdo de voluntades deja entrever que las partes se unieron para apoyar la ejecución de las obras destinadas a la construcción del sistema de bombeo No. 04 en el municipio de Riohacha - La Guajira; para esos efectos, se previó que el aporte económico suministrado por el Ministerio a través del FONADE, se encaminaría a fortalecer la capacidad financiera del Municipio, para que este, a su vez, contratara las obras destinadas al desarrollo del proyecto del objeto del convenio de apoyo financiero. En ese orden de ideas, la Subsección considera que la estructuración, confección y el diseño del convenio objeto de debate, en efecto está edificada sobre un ánimo colaborativo de las entidades públicas que lo suscribieron, lo cual encaja perfectamente en el criterio asociativo y de cooperación que subyace a todo convenio interadministrativo, así como en el plano de horizontalidad en el que interactúan y se interrelacionan los extremos convencionales. CLÁUSULAS DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN / CONVENIO DE APOYO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD DE LA SANCIÓN / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN Problema jurídico: ¿Es jurídicamente válido pactar cláusulas penales en los convenios interadministrativos, siempre que dichas estipulaciones se integren de manera razonable y proporcional, sin desnaturalizar el carácter colaborativo y de cooperación que distingue a este tipo de acuerdos entre entidades públicas? Respuesta al problema jurídico: Si [E]sta Corporación ha reconocido que los convenios interadministrativos, por sí mismos, no excluyen la posibilidad de pactar cláusulas penales dentro de su contenido obligacional. Sin embargo, se ha precisado que dichas cláusulas deben estar incorporadas de tal manera que no se desnaturalice el carácter colaborativo que distingue a este tipo de acuerdos. En efecto, dado que los convenios interadministrativos se fundamentan en la cooperación entre entidades públicas para el cumplimiento de fines comunes, cualquier estipulación sancionatoria debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y no puede tener un carácter meramente punitivo o coercitivo que contraríe la lógica de coordinación y apoyo mutuo que los inspira. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la cláusula penal pecuniaria en los convenios interadministrativos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 20 de noviembre de 2019, rad. 61429, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 21 de marzo de 2025, rad. 70277, C. P. María Adriana Marín. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / APORTE ESTATAL / MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO / DESTINACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / FONADE / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / TASACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL Problema jurídico: ¿El valor que se debe tener en cuenta como base para el cálculo de la cláusula penal pecuniaria debe ser el correspondiente al monto del aporte hecho por el Ministerio de Vivienda, pactado en las cláusulas del convenio de apoyo financiero? Respuesta al problema jurídico: Si [A]l tenor de lo dispuesto en el artículo 1618 del Código Civil, se advierte que la común intención de las partes, expresada en la cláusula decima segunda del convenio, da cuenta que el Ministerio y el Municipio convinieron tener como base para el pago de la cláusula penal el valor total del aporte a cargo del primero, valor que, en virtud de lo estipulado en las cláusulas sexta y séptima, ascendió a la suma de $870’499.096, por lo que dicha cifra, ciertamente, debía tomarse como fundamento por parte del tribunal para el cálculo de la cláusula penal. (…) A juicio de la Sala, el tribunal no podía desconocer lo pactado por las partes en relación con la cláusula penal pecuniaria, sustituyendo la base de cálculo acordada por un valor que no se desprende en modo alguno del contenido del negocio jurídico en cuestión. Tal actuación implica una vulneración al principio de autonomía de la voluntad, el cual faculta a las partes para fijar libremente una tasación anticipada de los perjuicios derivados de un eventual incumplimiento contractual. En consecuencia, le asiste razón al recurrente al sostener que el valor que debió tener en cuenta el tribunal como base para el cálculo de la cláusula penal pecuniaria debía ser el correspondiente al monto del aporte pactado en las cláusulas sexta y séptima del convenio de apoyo financiero, conforme a lo previsto expresamente en su cláusula décima segunda. En efecto, dicho aporte quedó estipulado en la suma de $870’499.096 y, por tanto, constituye el valor sobre el cual debe aplicarse el cálculo de la sanción anticipada de perjuicios, sin que resulte procedente acudir a una base distinta, pues dicha circunstancia no quedó prevista en el convenio. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el cálculo de la cláusula penal pecuniaria, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de abril de 2020, rad. 64154, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN / PRINCIPIO DE EQUIDAD / OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / NATURALEZA JURÍDICA DEL SERVICIO DE BOMBEO / MUNICIPIO / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE OBRA PÚBLICA / REDUCCIÓN DE LA PENA / REDUCCIÓN DE LA MULTA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS / APELANTE ÚNICO Problema jurídico: ¿La cláusula penal pactada en un convenio interadministrativo debe reducirse proporcionalmente al grado de cumplimiento parcial de la obligación principal? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l objeto del convenio de apoyo financiero consistió en aunar esfuerzos para apoyar la ejecución de las obras destinadas a la construcción del sistema de bombeo No. 04 en el municipio de Riohacha - La Guajira (...), de tal suerte que la ejecución de dichas obras a cargo del Municipio -en su calidad de ejecutor del proyecto- constituía la obligación principal del convenio. Así las cosas, acreditado que el proyecto alcanzó un avance de ejecución del 52.82%, (...) la Sala estima que la cláusula penal pactada equivalente al diez por ciento (10 %) del valor total del aporte del convenio-, debe ser objeto de reducción proporcional, de conformidad con lo previsto en los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de Comercio; no resulta razonable ni jurídicamente justificado imponer la totalidad de la pena cuando la obligación principal fue cumplida de manera parcial. En consecuencia, el cálculo de la cláusula penal debe realizarse únicamente sobre la porción no ejecutada, equivalente al 47,18% del valor total del aporte del Ministerio ($870’499.096). Dicho porcentaje, aplicado a la base correspondiente al diez por ciento (10 %) pactado por las partes como cláusula penal ($87’049.909,60), arroja un valor final de $41’070.147,35 por concepto de cláusula penal. Así las cosas, sería del caso modificar la sentencia apelada para en su lugar reconocer a favor de la parte demandante la suma de $41’070.141,35, por concepto de cláusula penal, de no ser porque dicha suma es inferior a la reconocida por el tribunal a quo en la sentencia apelada -$43’409.213-. En consecuencia, teniendo en cuenta que la competencia del juez de segunda instancia se encuentra limitada a lo expuesto en el recurso de apelación y al principio procesal de non reformatio in pejus, por virtud del cual no podrá agravar o desmejorar la situación que en relación con el litigio correspondiente le hubiere sido definida al apelante único mediante la sentencia de primera instancia, la Sala se ve obligada a confirmar la decisión proferida por el tribunal en la sentencia de primera instancia, en la que condenó al municipio de Riohacha al pago de $43’409.213 por concepto de cláusula penal, por ser un monto superior en comparación al arribado en segunda instancia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la reducción, disminución y/o graduación de la cláusula penal pecuniaria, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de noviembre de 2008, rad. 17009, C. P. Enrique Gil Botero; En relación con el principio procesal de non reformatio in pejus, ver: sentencia del 21 de noviembre de 2012, rad. 25643, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 867, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1596 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / REINTEGRO DE SALDOS A FAVOR / DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿En ausencia de una cláusula expresa que ordene la restitución total de los recursos, la liquidación de un convenio de apoyo financiero solo permite exigir la devolución de los valores no ejecutados o no reintegrados, y no la totalidad de lo desembolsado? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a liquidación del negocio jurídico no es más que la determinación de las acreencias y deudas pendientes, es decir, el balance final de su ejecución, en el que debe establecerse quién le debe a quien y cuánto, una vez finalizado el acuerdo de voluntades. (…) [T]ras examinar las cláusulas del convenio, la Sala no encuentra que en este se haya estipulado la restitución total de los recursos invertidos en caso de no cumplir con el proyecto objeto del acuerdo convencional. De esta manera, más allá de que el municipio de Riohacha haya incumplido el convenio de apoyo financiero y de que por causas atribuibles a su actuación no se hubiera logrado el cumplimiento del proyecto objeto del convenio, ello no implica, por sí solo, que la parte actora tenga derecho a reclamar la devolución íntegra de los recursos aportados en el marco de dicho convenio, máxime cuando el Municipio, conforme quedó acreditado en el proceso, ejecutó gran parte del valor que le fue desembolsado y otro tanto fue reintegrado por el contratista de obra. (…) Ahora bien, en la sentencia de primera instancia, el tribunal a quo determinó que la diferencia entre la suma invertida por la parte actora para el desarrollo del contrato de obra y la suma ejecutada en aquel arrojó como resultado $91’751.474, por lo que, en principio, esa sería la suma ordenada a restituir en favor de la parte actora. (…) En ese orden de ideas, la Sala encuentra acertada la conclusión a la que llegó el tribunal a quo al liquidar judicialmente el negocio jurídico, pues resulta claro que, en los términos acordados por las partes, el ente territorial no estaba obligado a la devolución de todo el dinero desembolsado por el Ministerio a través del FONADE, pues, según quedó visto, se ejecutaron parte de los recursos y otro tanto fueron reintegrados a la parte actora. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la liquidación del contrato, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de septiembre de 2007, rad. 16370, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; Sala de Consulta y Servicio Civil, sentencia del 28 de junio de 2016, rad. 2253, C. P. Álvaro Namén Vargas. CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas en segunda instancia contra la parte demandante, al no haber prosperado el recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA -adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021- y en los numerales 1 y 8 del artículo 365 del CGP, procede la condena en costas a cargo de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, siempre y cuando “en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. Bajo este entendido, se condenará en costas en segunda instancia a la demandante, pues interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia y aquel no prosperó, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos de los artículos 365.8 y 366 del CGP. Para tal efecto, el tribunal a quo deberá tener en cuenta que en esta instancia no se fijarán agencias en derecho, dado que la demandada no intervino en segunda instancia, de tal manera que aquellas no se entienden causadas. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=440012340000201400081011100103