Titulación de la relatoría 16.025 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONVENIO DE APOYO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Está configurada la caducidad del medio de control de controversias contractuales, dado que el plazo debía contabilizarse a partir del vencimiento del término acordado por las partes para la liquidación?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio) presentaron demanda en contra del municipio de Montería en ejercicio del medio de control de controversias contractuales en cuyas pretensiones pidieron que se declarara el incumplimiento de la entidad territorial respecto de las obligaciones derivadas del Convenio de Apoyo Financiero No. 2060220 de 2006 y su condena al reembolso de la suma entregada y a la indemnización de perjuicios, convenio que finalizó el 30 de junio de 2011 y no fue liquidado. (...) El plazo de ejecución fue prorrogado en seis oportunidades, siendo la última la suscrita el 23 de diciembre de 2010, cuando se extendió hasta el 30 de junio de 2011 y se dejó claro que, en ningún caso, el plazo de este convenio podría exceder la duración del Convenio Marco 194048 suscrito entre FONADE y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial18 (f. 24 a 31, c. 1). Las partes debieron efectuar la liquidación de común acuerdo dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del convenio, es decir que tenían plazo para suscribir la respectiva acta hasta el 31 de octubre de 2011, hecho que no sucedió y dio lugar, por lo tanto, a la pretensión quinta de la demanda en la que se pidió su liquidación judicial. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el numeral iv) del literal j) del ordinal 2 del artículo 164 del CPACA, el término de caducidad en el presente caso debe contabilizarse a partir del día siguiente al vencimiento del plazo acordado por las partes para su liquidación de común acuerdo -4 meses-, lo que significa que los dos años empezaron a correr a partir del 1 de noviembre de 2011 y, por lo tanto, vencía el 1 de noviembre de 2013, sin que obre en el expediente prueba alguna de que dicho término se hubiere suspendido en razón de la tramitación de procedimiento alguno de conciliación extrajudicial. Toda vez que la demanda fue presentada el 21 de febrero de 2014, resulta evidente que lo fue en forma extemporánea, razón por la cual la Sala procederá a declararlo así en forma oficiosa, teniendo en cuenta que si bien este aspecto de la controversia no fue materia concreta del recurso de apelación que dio apertura a la segunda instancia, se trata de uno de aquellos asuntos que el juez está obligado a resolver, aún de oficio, cuando resulte procedente, tal y como lo tiene sentado la jurisprudencia de unificación de la Sección (...) Finalmente, observa la Sala que si bien el a-quo en la audiencia inicial se pronunció expresamente sobre la excepción de caducidad de la acción y la declaró no probada, ello no impide que en esta oportunidad se efectúe nuevamente el análisis de este presupuesto ya que, por el contrario, se trata de un asunto que necesariamente debe verificar el juez antes de proceder a decidir de fondo la controversia, pues como lo ha manifestado esta Subsección, al “(…) momento de dictar sentencia le corresponde al juez analizar los presupuestos procesales de la acción, entre ellos, la caducidad, aspecto que no puede ni debe entenderse saneado o clausurado por virtud de las omisiones que se hubiesen presentado en el transcurso del proceso, como lo consagra el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A)”.
NOTA DE RELATORÍA:
En relación con la competencia del juez para declarar de oficio la caducidad del medio de control, cita Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación de 6 de abril de 2018, expediente 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 187
FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Si bien el a-quo en la audiencia inicial se pronunció expresamente sobre la excepción de caducidad de la acción y la declaró no probada, ello no impide que en esta oportunidad se efectúe nuevamente el análisis de este presupuesto?
Respuesta al problema jurídico: Si
Finalmente, observa la Sala que si bien el a-quo en la audiencia inicial se pronunció expresamente sobre la excepción de caducidad de la acción y la declaró no probada, ello no impide que en esta oportunidad se efectúe nuevamente el análisis de este presupuesto ya que, por el contrario, se trata de un asunto que necesariamente debe verificar el juez antes de proceder a decidir de fondo la controversia, pues como lo ha manifestado esta Subsección, al “(…) momento de dictar sentencia le corresponde al juez analizar los presupuestos procesales de la acción, entre ellos, la caducidad, aspecto que no puede ni debe entenderse saneado o clausurado por virtud de las omisiones que se hubiesen presentado en el transcurso del proceso, como lo consagra el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A)”.
NOTA DE RELATORÍA:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 15 de julio de 2022, expediente 56855, C.P. José Roberto Sáchica.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 187
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La naturaleza jurídica del convenio interadministrativo de apoyo financiero correspondió a un negocio jurídico de aquellos regulados en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998. La Ley 80 de 1993?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el presente caso, la demanda sostuvo que el municipio de Montería incumplió las obligaciones del Convenio de Apoyo Financiero No. 2060220 de 2006, pues el mismo se terminó sin que se hubieran culminado las obras correspondientes al proyecto de construcción de la primera etapa del sistema de alcantarillado sanitario de la margen izquierda de la ciudad de Montería, Córdoba, que era el objeto del referido convenio, por lo que debía ser restituido el valor total entregado a la entidad territorial en virtud del acuerdo de voluntades; además, que el municipio no reintegró al FONADE el valor de la tubería que había sido adquirida con recursos del convenio pero que no fue instalada en las obras. El convenio interadministrativo objeto de la presente controversia, celebrado entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, FONADE y el municipio de Montería, cuyo objeto fue “aunar esfuerzos entre el MINISTERIO, FONADE y EL MUNICIPIO para apoyar la ejecución de las obras correspondientes al proyecto ‘CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA CIUDAD DE MONTERÍA, CÓRDOBA’, correspondió a un negocio jurídico de aquellos regulados en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998. La Ley 80 de 1993, con la reforma introducida por la Ley 1150 de 2007, tan solo se refiere a la denominación de contrato interadministrativo sin aludir a los convenios, pero, el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto reglamentario 1082 de 2015, al regular la forma de selección de los contratos y convenios interadministrativos, los menciona y los equipara. (…) En esa dirección, esta Subsección ha destacado que por la naturaleza asociativa de los convenios interadministrativos regulados por el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, estos deben “autorregularse por sus propias estipulaciones, producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las entidades cooperantes, sin que pueda hacerse prevalecer la aplicación de regímenes o normas incompatibles con dicha finalidad”.
NOTA DE RELATORÍA:
En relación con la diferenciación entre contrato interadministrativo y convenio interadministrativo, la Corporación establecer que no es posible la aplicación automática de la Ley 80 de 1993 a los convenios interadministrativos, cita Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 26 de julio de 2016, expediente 2.257, C.P. Álvaro Namén Vargas. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de junio de 2019, expediente 25000-23-37-000-2010-02552-01 (AP), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de julio de 2022, expediente 66.594, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1 de diciembre de 2023, expediente 58442, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95, LEY 80 DE 1993
CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de la caducidad del medio de control'
Respuesta al problema jurídico: Si
La caducidad es la consecuencia jurídica prevista en la ley por el ejercicio tardío del derecho de acción, esto es, la desatención de los plazos y términos definidos en el ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente demanda, pudiendo ser declarada, incluso, de oficio. Corresponde a una figura jurídica de orden público a través de la cual el legislador impone limitaciones temporales razonables al derecho subjetivo de acceso a la administración de justicia, en aras de evitar la indefinición de las situaciones jurídicas materia de controversia entre las partes y, de esta manera, brindar protección de un interés general representado en la seguridad jurídica, la confianza legítima y el debido proceso, en tanto una vez surtido el término de caducidad de la acción legalmente establecido, ésta ya no se podrá incoar por el interesado y se habrá perdido la facultad de acceder a la jurisdicción. Como lo ha recordado la Sala, “(…) el fenómeno de la caducidad y su eventual configuración, corresponde a un presupuesto del derecho de acción, invariable, irrenunciable, improrrogable e insubsanable, sujeto únicamente a la ocurrencia del hecho definido en la ley y el consecuente paso del tiempo, y que, por tanto, es susceptible de ser analizado y advertido de oficio en la sentencia como verificación de un elemento esencial y preexistente para poder decidir el fondo del asunto (…). Conforme con lo expuesto, procede la Sala a constatar si, en el presente caso, la demanda fue presentada en tiempo. El artículo 164 del CPACA, en relación con el término de caducidad de las controversias relativas a contratos (…).
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / COMPETENCIA FUNCIONAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente para resolver en segunda instancia el asunto por incumplimiento de un convenio interadministrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
En virtud de lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, toda vez que dentro de las pretensiones de la demanda se pidió la declaratoria de incumplimiento de un convenio interadministrativo celebrado por tres entidades del Estado. Así mismo le corresponde a la Sala resolver el presente proceso, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012, norma vigente al momento de presentación de la demanda , en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida el 3 de noviembre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Córdoba y de conformidad con la estimación de las pretensiones realizada en la demanda , según las previsiones de los artículos 152 y 157 del mismo código.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 152, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 157, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 615
CONDENA EN COSTAS / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y los numerales 1 y 3 del artículo 365 del CGP, en el presente caso resulta procedente la condena en costas en ambas instancias a cargo de la parte actora y a favor de la parte demandada, debido a la revocatoria de la sentencia de primera instancia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 366 de la misma codificación, las costas deberán ser liquidadas por el tribunal de origen, de manera concentrada y de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 de dicha norma; para tal fin, se deberá tener en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las hubiera. En el sub-lite la entidad demandada, municipio de Montería, intervino en ambas instancias en defensa de sus intereses y se encuentra acreditado que su gestión fue continua, consistente y coherente, atendiendo el proceso de manera diligente y oportuna a través de su apoderado judicial, por lo que procede la Sala a fijar las agencias en derecho a cargo de la parte demandante y a favor de la entidad territorial demandada, con fundamento en lo dispuesto en el mencionado artículo 366 del CGP y el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, norma esta última que dispuso que, para los asuntos contencioso administrativos con cuantía, las agencias en derecho debían fijarse en primera instancia hasta el 20% del valor de las pretensiones negadas o reconocidas en la sentencia, mientras que, en segunda instancia, hasta el 5% sobre el mismo concepto. Por lo anterior, la Sala fija como agencias en derecho, tanto en primera como en segunda instancia, la suma de treinta y nueve millones seiscientos mil pesos ($39’600.000) correspondientes al 0.5% del valor de las pretensiones negadas en la demanda, para un total de setenta y nueve millones doscientos mil pesos ($79’200.000), monto que deberá pagar la parte actora a favor del municipio de Montería.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366