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Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado conocerá de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2025-11-25
Sección Tercera (Subsección A)
MARÍA ADRIANA MARÍN
Rad. 88001233300020250002201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado conocerá de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación? Sí
El contratista no obtiene la medida cautelar solicitada porque no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y porque resulta más gravoso para el interés público conceder la medida que negarla. La entidad estatal puede continuar con las gestiones necesarias para la culminación de la obra sin que se produzca un perjuicio irremediable para el contratista, y el balance de las obras ejecutadas por un tercero contratado por la entidad no evidencia la necesidad de la medida cautelar. La Sala de Decisión del Consejo de Estado confirma la negativa del tribunal administrativo de decretar la medida cautelar, reafirmando su competencia para conocer de las apelaciones de autos que deciden sobre medidas cautelares en procesos contractuales.síntesis automática
También resuelve:
¿No resulta procedente acceder a la solicitud de medida cautelar consistente en imponer la prohibición de adelantar la culminación de la obra que quedó inconclusa…
¿Es incuestionable que, para el interés público, resulta más gravoso conceder la medida cautelar que negarla?
¿Se hizo un balance de las obras ejecutadas, por un tercero contratado por la entidad, razón por la cual, tampoco se advierte la necesidad de imponer la medida cautelar solicitada?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La entidad pública demandada estaba habilitada para liquidar de manera unilateral el contrato
Sentencia — Sentencia
2023-12-01
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 44001233100020020058501
ACCION CONTRACTUAL
¿La entidad pública demandada estaba habilitada para liquidar de manera unilateral el contrato, al haber operado la terminación del contrato conforme a la cláusula sexta del mismo? Sí
La entidad estatal está habilitada para liquidar unilateralmente el contrato cuando no existe acuerdo entre las partes sobre la liquidación y la terminación ha operado por una causal pactada en el contrato, conforme al artículo 61 de la Ley 80 de 1993. Una razón es que la falta del mínimo de usuarios y la correspondiente acta de compromiso eran causas suficientes para la terminación según la cláusula sexta, de modo que la resolución no fue un motivo falso que viciara el acto. Otra razón es que aunque la entidad invitó en varias oportunidades a liquidar bilateralmente, el contratista se opuso y pidió la conformación de un comité de conciliación para controvertir la terminación, mientras la entidad rechazó esa solicitud, de manera que no existió acuerdo sobre la liquidación. En el caso, el contratista sostenía que la liquidación era improcedente y debía continuarse con la construcción, por lo que la entidad podía liquidar por resolución. La Sala revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de nulidad. Su consecuencia práctica es que la falta de acuerdo sobre la liquidación habilita a la entidad para liquidar unilateralmente.síntesis automática
También resuelve:
¿Los contratos de adecuación de tierras son un instrumento estatal que suscribe el Instituto Nacional de Tierras y asociaciones de usuarios con entidades públicas o privadas, previamente autorizadas…
¿Las partes pactaron que si la ejecución del proyecto de adecuación de tierras San Juan del Cesar, no lograba pasar a la tercera etapa de construcción…
¿La terminación automática del contrato era procedente al no cumplirse las condiciones previstas para el inicio de la etapa tres de construcción…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Se procede a actualizar a valor presente la cuantía del lucro cesante reconocida en el auto apelado.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2023-12-14
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600019951170402
ACCION CONTRACTUAL
¿Se reconoce a favor del demandante una suma dineraria por concepto de pérdida de oportunidad? Sí
En la celebración de un contrato estatal de obra, la pérdida de oportunidad de obtener utilidades puede indemnizarse como lucro cesante cuando se acredita la probabilidad de obtener el beneficio esperado, y la utilidad proyectada se calcula a partir de un incremento estimado con base en los porcentajes del IPC durante los cinco años siguientes a la declaratoria de caducidad. Esa probabilidad se mide con el criterio de Laplace, de modo que cada escenario tiene el mismo grado de ocurrencia. Además, cada utilidad anual proyectada se indexa a la fecha de la providencia con la fórmula fijada por la jurisprudencia del Consejo de Estado. La entidad demandada había objetado la primera experticia, pero no se opuso a los métodos estadísticos y probabilísticos usados en el dictamen, de modo que esos métodos no fueron controvertidos. En el caso, el auto reconoció una suma por pérdida de oportunidad y actualizó a valor presente el lucro cesante reconocido en la decisión apelada. La providencia modifica la decisión anterior en este punto. Su consecuencia práctica es que el perjuicio por pérdida de oportunidad debe cuantificarse con un dictamen pericial que sustente cada escenario probabilístico.síntesis automática
También resuelve:
¿Si bien la entidad demandada formuló objeción contra la primera experticia no se oponía a los métodos estadísticos y probabilísticos utilizados en el dictamen?
¿El Consejo de Estado admitió como ejercicio probatorio la alternativa de presentar las certificaciones de los contratos o la facturación de los mismos?
¿Existe prueba de que la ganancia obtenida por el actor hubiera alcanzado, frente a los contratos efectivamente ejecutados…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
No se acreditó la fuerza mayor o caso fortuito en el incumplimiento del contrato
Sentencia — Sentencia
2022-05-11
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600020020205501
ACCION CONTRACTUAL
¿Se acreditó la fuerza mayor o caso fortuito en el incumplimiento del contrato? No
El contratista no acredita la fuerza mayor o caso fortuito en el incumplimiento del contrato, ya que debe demostrar que las circunstancias que impidieron el cumplimiento eran imprevisibles e irresistibles, requisitos que no se cumplen en este caso. La Contraloría de Bogotá constató que las suspensiones del contrato no se debieron a causas legales o contractuales, sino a reiterados incumplimientos del contratista en la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, así como en el mantenimiento de la red hídrica y la tramitación de los permisos ambientales. La Sala establece que la acreditación de la fuerza mayor o caso fortuito requiere pruebas sólidas que demuestren la imprevisibilidad e irresistibilidad de las circunstancias adversas, lo que no ocurrió en este caso, reiterando la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales sin alegar causales que no se acreditan adecuadamente.síntesis automática
También resuelve:
¿Se acreditó el incumplimiento del contratista?
¿Se configuró el rompimiento del equilibrio económico del contrato?
¿Se acreditó el deber del contratista de asumir los costos derivados del contrato?
Consejo de Estado
Providencia
La interventoría también se contradijo en cuanto a la ampliación del plazo de aceleración
Sentencia — Sentencia
2021-09-23
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 25000232600019961180201
ACCION CONTRACTUAL
¿Durante la ejecución del contrato de interventoría se presentó la contradicción que sirvió de fundamento a la declaratoria de incumplimiento? Sí
El contratista incumple el contrato de interventoría al presentar contradicciones en sus informes y conceptos durante la ejecución del contrato, apoyando la revocatoria de una multa impuesta por atrasos en las obras mientras, en otros informes, señala que el contratista es responsable de dichos atrasos. Esta contradicción impide el adecuado seguimiento y reporte de las condiciones de ejecución, justificando la declaración de incumplimiento y la aplicación de la cláusula penal pecuniaria. La entidad pública contratante debe verificar la ejecución y cumplimiento de los trabajos por medio de un interventor, según el Decreto-Ley 222 de 1983, lo que reitera la importancia de la labor del interventor en garantizar la correcta ejecución del contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿La interventoría apoyó la revocatoria de la multa impuesta con fundamento en que el contratista no era el responsable del atraso en las obras?
¿Se justificó que se declarara el incumplimiento del contrato y se hiciera efectiva la totalidad de la cláusula penal pecuniaria?
¿La entidad pública contratante debía verificar la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades de los contratistas por medio de un interventor?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-01-24
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020130093501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Conforme a lo pactado en el contrato, la obligación de pagar el remanente del valor global para obras de construcción era exigible una vez el contratista cumpliera con la entrega de la totalidad de los trabajos comprendidos en la obra de construcción y las obras de redes, por tratarse de una obligación de resultado? Sí
El pago del remanente de un contrato de obra pública cuyo precio se condiciona a la entrega total de los trabajos y de la memoria técnica es exigible solo cuando esa condición se cumple y las obras son recibidas a satisfacción, de modo que antes de ese recibo no hay mora. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el pago estaba condicionado a la entrega de la totalidad de las obras de construcción y de redes, recibidas a satisfacción por la entidad contratante. Segunda, el recibo debía formalizarse con el acta respectiva y con las constancias de paz y salvo de las empresas de servicios públicos, y la entrega de planos récord era un requisito verificable. Tercera, el único documento que consta el recibo a satisfacción es el acta posterior, de modo que el plazo de pago de sesenta días no se contó antes. La providencia revoca la decisión que había reconocido la mora. La consecuencia práctica es que la exigibilidad de un pago condicionado a la entrega de obra se determina por el cumplimiento de la condición pactada, y no por la ejecución material.síntesis automática
También resuelve:
¿Transmilenio incurrió en mora al pagar el remanente del valor global de obras de construcción, en un plazo de 60 días, contados desde la suscripción del acta de recibo a satisfacción de las obras…
¿El IDU tenía la obligación de compensar los costos de administración que no fueron amortizados y las utilidades frustradas como consecuencia de la supresión de las obras de adecuación de desvíos…
¿Una vez el contratista cumple con su deber de ejecución idónea y oportuna del contrato, nace para el contratante la obligación correlativa de pagar oportunamente la remuneración?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Se configuró la caducidad de la pretensión de nulidad absoluta del negocio jurídico
Sentencia — Sentencia
2025-05-30
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020190046401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la caducidad de la pretensión de nulidad absoluta del negocio jurídico? Sí
La pretensión de nulidad absoluta de un contrato estatal caduca a los dos años contados desde el día siguiente al perfeccionamiento del negocio jurídico, conforme al literal j) del artículo 164 del CPACA, salvo que se interponga mientras el negocio se encuentre vigente. La regla se apoya en que el término se cuenta desde el perfeccionamiento y no desde la ejecución, y en que la demanda cabe mientras el negocio se encuentre vigente. Por ello, la fecha de perfeccionamiento es determinante para establecer la oportunidad. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. En el caso, la demanda se presentó más de tres años después del perfeccionamiento y cuando el contrato ya no estaba vigente, por lo que se configuró la caducidad de la pretensión de nulidad absoluta. Como consecuencia práctica, la pretensión de nulidad absoluta debe formularse dentro de los dos años o mientras el contrato se mantenga vigente, so pena de caducidad.síntesis automática
También resuelve:
¿La formulación de las pretensiones adolece de una notable imprecisión y falta de claridad en tanto no se identificó cuáles de ellas eran principales, subsidiarias y consecuenciales?
¿Las correcciones y ajustes debían ser considerados en la programación del contratista y no lo exoneraban de cumplir con la entrega de los estudios y diseños…
¿La interventoría recomendó iniciar proceso sancionatorio, con fundamento en el reiterado incumplimiento de las obligaciones del hoy demandante?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer litigios sobre convenios de apoyo financiero suscritos por entidades públicas.
Sentencia — Sentencia
2025-08-11
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 44001234000020140008101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y en segunda instancia el Consejo de Estado, el conocimiento de un proceso relativo al convenio de apoyo financiero, en razón de la naturaleza de las entidades contratantes y la cuantía del litigio? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los litigios derivados de convenios de apoyo financiero suscritos por municipios, ministerios y entidades públicas para la ejecución de proyectos de infraestructura, con fundamento en el artículo 104 del CPACA. En este asunto, la Sala determinó que el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo, de conformidad con los artículos 150 y 152 del CPACA, al tratarse de un proceso de doble instancia donde la cuantía de la demanda excedió los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de interposición.síntesis automática
También resuelve:
¿La legitimación en la causa recae sobre las entidades públicas y la entidad territorial que celebraron el convenio de apoyo financiero…
¿Debe entenderse que, tratándose de contratos que requieren liquidación, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se computa a partir del vencimiento del plazo…
¿Los convenios interadministrativos se diferencian de los contratos administrativos en cuanto a su finalidad cooperativa y ausencia de retribución patrimonial…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El contratista tenía el derecho de aportar y controvertir pruebas
Sentencia — Sentencia
2026-01-30
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000232600020110049101
ACCION CONTRACTUAL
¿Se debía otorgar un término suficiente para que el contratista pudiera revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones que sustentaban la actuación, determinar las pruebas que presentaría para desvirtuar el incumplimiento atribuido y preparar sus descargos? Sí
El contratista debe recibir un término suficiente para revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones, determinar las pruebas que presentará y preparar sus descargos, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que garantiza el debido proceso en actuaciones sancionatorias. La entidad debe formular un requerimiento previo indicando los hechos que constituyen un incumplimiento contractual, y otorgar un plazo razonable para que el contratista pueda preparar adecuadamente sus descargos. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reiterando que el acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para garantizar el debido proceso, ya que no contiene una formulación expresa de los hechos que configuran el incumplimiento ni las consecuencias jurídicas derivadas de este. Esto implica que las entidades deben cumplir con estas formalidades para evitar la nulidad de los actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve:
¿El acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para la garantía del debido proceso…
¿El término concedido por el IDU para que el contratista rindiera sus descargos, así como la decisión de no ampliarlo, afectaron el derecho a la defensa en el procedimiento sancionatorio?
¿Todas las declaraciones de voluntad de una entidad estatal emitidas en la ejecución de un contrato sometido al EGCAP se califican como actos administrativos?
MODIFICA