Lo que dijo la Sala
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer el presente asunto, dado que el convenio de cooperación y apoyo financiero de 2006, cuyo incumplimiento se alega, fue suscrito por el departamento del Magdalena, el distrito de Santa Marta y diferentes municipios del departamento —entidades territoriales—, entre ellos por el municipio de Pijiño del Carmen, que funge como demandado en este asunto. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 10 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, conforme lo previsto en los artículos 150 y 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, en tanto la única pretensión económica de la demanda excede los 500 SMLMV a la fecha de su presentación.
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Titulación de la relatoría 13.694 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONVENIO DE COOPERACIÓN / CONVENIO DE APOYO / DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA / DISTRITO TURÍSTICO, HISTÓRICO Y CULTURAL DE SANTA MARTA / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia de recurso de apelación interpuesto contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer el presente asunto, dado que el convenio de cooperación y apoyo financiero de 2006, cuyo incumplimiento se alega, fue suscrito por el departamento del Magdalena, el distrito de Santa Marta y diferentes municipios del departamento —entidades territoriales—, entre ellos por el municipio de Pijiño del Carmen, que funge como demandado en este asunto. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 10 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, conforme lo previsto en los artículos 150 y 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, en tanto la única pretensión económica de la demanda excede los 500 SMLMV a la fecha de su presentación.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO DE COOPERACIÓN / CONVENIO DE APOYO
Problema jurídico:
¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales para pretender la declaratoria de incumplimiento de convenio de cooperación y apoyo financiero por parte del municipio de Pijiño del Carmen?
Respuesta al problema jurídico: Si
El medio de control procedente es el de controversias contractuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 141 del CPACA, dado que Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., sociedad que se incorporó formalmente al convenio de cooperación y apoyo financiero de 2006 con la suscripción del otrosí el 17 de mayo de 2007 , pretende la declaratoria de incumplimiento de ese acuerdo de voluntades por parte del municipio de Pijiño del Carmen, así como la respectiva condena.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
ACUERDO DE VOLUNTADES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / ENTIDAD PÚBLICA / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE RELACIÓN CONMUTATIVA / ASOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS / CONVENIO DE COOPERACIÓN / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Problema jurídico:
¿Las disposiciones de la Ley 80 de 1993 se aplican de forma automática a los convenios interadministrativos?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala advierte, de entrada, que el acuerdo de voluntades en cuestión ostenta la naturaleza de un convenio interadministrativo, el cual encuentra fundamento en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, porque aquel fue suscrito por una pluralidad de entidades públicas con el fin de aunar esfuerzos con el objetivo común de asegurar el financiamiento y la ejecución del Plan. De acuerdo con las obligaciones pactadas en el convenio objeto de estudio, esta Sala de Subsección señala que, si bien estas tuvieron un contenido patrimonial, dado el compromiso de realizar aportes económicos por parte de los municipios y del departamento de Magdalena, lo cierto es que, hay que decirlo, no existió una relación de conmutatividad o de remuneración de alguna de las partes hacia otra. En este punto conviene advertir que en los convenios interadministrativos se excluye la contraposición de intereses entre las entidades públicas que lo suscriben, sin que ello signifique que los compromisos que se asuman con ocasión de ese tipo de acuerdos no puedan tener un componente de carácter patrimonial. Y es que la asociación de esfuerzos que se instrumentaliza a través de un convenio no solamente puede ser administrativa y/o técnica, también puede ser económica. (...) En este caso, teniendo en cuenta los hechos probados, se destaca que la intención de las partes estuvo encaminada a conjugar esfuerzos para desarrollar el objeto pactado, destinado a satisfacer el propósito común de asegurar el financiamiento y la ejecución del “Plan de Agua Potable y Alcantarillado 2005-2015”, diseñado en beneficio del departamento del Magdalena y de los municipios de su jurisdicción. (...) Lo anterior ha generado inquietudes sobre el régimen jurídico aplicable a este tipo de acuerdos de voluntades; sin embargo, con el transcurso del tiempo la jurisprudencia se ha ido decantando en que las disposiciones de la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública) no aplican de forma automática a los convenios interadministrativos y que, en cambio, estos se rigen por sus propias estipulaciones, producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad, dado que son acuerdos de tipo asociativo y de colaboración que siguen una lógica distinta a la prevista en la Ley 80 de 1993 para los contratos estatales. En consecuencia, este será el marco bajo el cual la Sala emprenderá el análisis del caso, esto es, a partir de las propias cláusulas del convenio, mediante las cuales las partes, con fundamento en su autonomía negocial, regularon los diferentes aspectos de su relación jurídica.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a las características de los convenios interadministrativos, consultar sentencia de 13 de agosto de 2024, Exp. 70405, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez y sentencia de 28 de octubre de 2024, Exp. 63983, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas y sentencia de 3 de febrero de 2025, Exp. 66572, C.P. Nicolás Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95, LEY 80 DE 1993
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO DE COOPERACIÓN / CONVENIO DE APOYO / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CLASES DE CONVENIOS DE DERECHO INTERNACIONAL / OMISIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE / CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿El medio de control de controversias contractuales interpuesto por Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. se ejerció oportunamente?
Respuesta al problema jurídico: No
De cara al caso concreto y para efectos de resolver la cuestión debatida, la Sala empieza por destacar que el convenio de cooperación y apoyo financiero de 2006 requería de liquidación, a pesar de no estar sujeto al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública —Ley 80 de 1993—, porque las partes, en ejercicio de su autonomía negocial, así lo pactaron en la cláusula décima séptima del otrosí, en la que, en efecto, acordaron que aquel sería liquidado de mutuo acuerdo dentro de los 4 meses siguientes a su terminación . Es así que, en este caso, para el conteo de la caducidad resulta aplicable el numeral v del literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. (...) Bajo este contexto, hay que señalar que el convenio de cooperación y apoyo financiero de 2006 no fue liquidado, de modo que, siguiendo las prescripciones de la norma citada y en línea con la jurisprudencia de esta Corporación, los 2 años dispuestos para presentar la demanda deben computarse a partir del vencimiento del plazo acordado para hacerlo bilateralmente, término este último que, según lo estipulado en la cláusula décima séptima del otrosí, era de 4 meses siguientes a la terminación. Precisado lo anterior, resulta fundamental determinar el momento a partir del cual el convenio finalizó, que es el punto controversial para dirimir en este asunto, atendiendo a los cuestionamientos concretos del recurso de apelación. De acuerdo con lo pactado en la cláusula décima del otrosí, que modificó la cláusula quinta del convenio, este acuerdo de voluntades tenía una duración igual (i) al pago de la totalidad del crédito externo adquirido por parte de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. con la Corporación Andina de Fomento (CAF), o (ii) hasta que las partes cumplieran en su totalidad con los compromisos establecidos en el convenio. (...) En criterio de la Sala, atendiendo al texto de la cláusula en mención, no ofrece duda que la terminación de ese acuerdo convencional quedó supeditada al cumplimiento de una cualquiera de las dos condiciones establecidas, de manera que aquella que ocurriera primero producía la finalización del convenio, dando con ello inicio al lapso estipulado para su liquidación de mutuo acuerdo. (...) ha de advertirse que se encuentra acreditado que la condición que primero se cumplió fue el pago total del crédito externo otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) a Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., lo cual aconteció el 7 de junio de 2016, entendiéndose, entonces, que en esa fecha culminó el citado convenio. De ahí que los 4 meses pactados para la liquidación de común acuerdo —cláusula décima séptima del otrosí— corrieron hasta el 8 de octubre de 2016. En tal sentido, de conformidad con el numeral v del literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, el término de 2 años para interponer la demanda en ejercicio del medio de control de controversias contractuales finalizó el 9 de octubre de 2018. Resulta del caso advertir, tal como en oportunidades anteriores lo ha hecho la jurisprudencia de la Sección Tercera, que no es posible computar los 2 meses a los que se refiere el artículo 164 precitado —que debe contarse a partir del vencimiento del plazo convenido para liquidar el contrato bilateralmente—, porque ese lapso tiene relación con la oportunidad con la que cuentan las entidades para liquidar unilateralmente los contratos, facultad que no podía ejercerse en el marco del convenio objeto de estudio, toda vez que, como se expresó líneas atrás, dicho acuerdo de voluntades se rige por sus propias reglas y esa posibilidad no se pactó. Así las cosas, como la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 28 de marzo de 2019 y la demanda el 29 de enero de 2020, la Sala concluye que operó el fenómeno de la caducidad en este asunto. (...) contrario a lo alegado por la recurrente, no puede afirmarse que en este caso se aplicaron las reglas de la caducidad de manera caprichosa o arbitraria, desconociéndose el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal —artículo 228 de la Constitución Política—, dado que, precisamente, la ocurrencia del fenómeno procesal obedeció a la inacción de la parte demandante, en tanto interpuso la demanda más de un año después —29 de enero de 2020— de haber vencido el respectivo plazo —9 de octubre de 2018—. Por todo lo expuesto, la Sala confirmar· la sentencia de primera instancia, que declaró probada, de oficio, la excepción de caducidad del medio de control de controversias contractuales.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en convenios que requieran liquidación, consultar auto de 30 de septiembre de 2020, Exp. 65358, C.P. Guillermo Sánchez Luque y sentencia de 22 de octubre de 2021, Exp. 65978, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 228, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte demandante dado que se resolvió su recurso de apelación de manera desfavorable?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, dado que se resolvió su recurso de manera desfavorable. Para tal efecto, el Tribunal de origen efectuará la liquidación y tasación de costas. De conformidad con el numeral 1 del artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, la Sala no fijará agencias en derecho, ya que ninguna de las partes intervino en segunda instancia, de ahí que no se causaron.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1