Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (RESTITUCIÓN DE MEJORAS DEL BIEN INMUEBLE) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el contrato de interventoría constituye un medio a través del cual las entidades estatales cumplen su deber legal

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2025-05-30
Radicado
25000233600020190063001
Número interno
70671
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA USME, RIO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA, ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A
Demandado
BOGOTA, FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el contrato de interventoría constituye un medio a través del cual las entidades estatales cumplen su deber legal

Regla de decisión

El contrato de interventoría constituye un medio a través del cual las entidades estatales cumplen su deber legal de ejercer control y vigilancia sobre la ejecución contractual.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista debe ser una persona independiente tanto de la entidad contratante como del contratista en los contratos de obra resultantes de un proceso de licitación, conforme a la Ley 80 de 1993, artículo 32.1, que establece la necesidad de garantizar la imparcialidad y objetividad del seguimiento técnico. La interventoría, que puede incluir aspectos administrativos, financieros, contables y jurídicos, es un medio para que la entidad estatal cumpla su deber legal de control y vigilancia sobre la ejecución contractual, según la Ley 80 de 1993, artículo 14.1. La regla reitera la importancia de la individualidad jurídica de cada contrato, aunque exista un nexo funcional entre el contrato de obra y el de interventoría, y subraya que la labor del interventor no garantiza el cumplimiento del contrato de obra, sino que se limita a realizar la vigilancia técnica y mantener informada a la entidad contratante sobre posibles riesgos. Esto implica que la remuneración del interventor no debe depender únicamente del avance del contrato de obra, sino que debe cubrir costos directos e indirectos y una utilidad razonable, según la Ley 1474 de 2011, artículo 84, y el Decreto 1082 de 2015.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿En los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso de licitación, la interventoría debe ser contratada obligatoriamente con una persona independiente tanto de la entidad contratante como del contratista?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1474 de 2011, art. 83
  • Ley 80 de 1993, arts. 14 núm. 1 y 32 núm. 1

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Lo que dijo la Sala

Conforme a su regulación legal (Ley 1474 de 2011, art. 83), la interventoría consiste en el seguimiento técnico a la ejecución de un contrato ejercido por una persona natural o jurídica contratada por la entidad estatal, cuando dicho seguimiento exige conocimientos especializados o cuando la complejidad o extensión del contrato lo justifica. El legislador autorizó a las entidades públicas, cuando lo estimen necesario y acorde con la naturaleza del contrato principal, a incluir dentro del objeto de la interventoría el seguimiento administrativo, financiero, contable y jurídico. El contrato de interventoría constituye un medio a través del cual las entidades estatales cumplen su deber legal de ejercer control y vigilancia sobre la ejecución contractual (Ley 80 de 1993, art. 14.1).

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

NORMATIVA DEL CONTRATO CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONCEPTO DE INTERVENTORÍA NATURALEZA DEL CONTRATO ESTATAL OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL PROCESO DE LICITACIÓN CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA INDIVIDUALIDAD JURÍDICA PRÓRROGA DEL CONTRATO PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA OBLIGACIONES DEL CONTRATO OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FUNCIÓN DEL INTERVENTOR OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR VALOR DEL CONTRATO ESTATAL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL FORMA DE PAGO PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL CONTRATO ESTATAL A PRECIO GLOBAL RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL RIESGO CONTRACTUAL DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL CLASES DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL RIESGO PREVISIBLE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL CONTRATO CLÁUSULAS DEL CONTRATO VALOR FIJO PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL PRINCIPIO DE LA BUENA FE BUENA FE CONTRACTUAL APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL PRINCIPIO DE IGUALDAD PRINCIPIO DE EQUILIBRIO CONTRACTUAL CONTRATO CONMUTATIVO ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO PAGO AL CONTRATISTA INTERVENTOR MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL CONTRATISTA PAGO TOTAL ADICIÓN AL CONTRATO ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL OBLIGACIÓN DINERARIA PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS MORATORIO CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Supervisión e interventoría Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Adición y prórroga del contrato Condena en costas y agencias en derecho

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2025-05-19 Sección Tercera (Subsección A)
La Sala resolverá el recurso de apelación interpuesto por la entidad territorial
Consejo de Estado 2023-10-27 Sección Tercera (Subsección A)
Se confirmará la sentencia de primera instancia
Consejo de Estado 2026-03-24 Sección Tercera (Subsección C)
La sociedad aseguradora, en su calidad de garante de un contrato estatal puede acudir al medio de control
Consejo de Estado 2023-08-08 Sección Tercera (Subsección C)
El término para interponer la acción de repetición es de dos años
Consejo de Estado 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A)
El interventor es civil, fiscal, penal y disciplinariamente responsable por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales haya ejercido o ejerza funciones de interventoría.
Consejo de Estado 2023-08-22 Sección Tercera (Subsección A)
Contrato de obra: Sentencia
Titulación de la relatoría 29.115 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

NORMATIVA DEL CONTRATO / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / CONCEPTO DE INTERVENTORÍA / NATURALEZA DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PROCESO DE LICITACIÓN / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INDIVIDUALIDAD JURÍDICA Problema jurídico: ¿En los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso de licitación, la interventoría debe ser contratada obligatoriamente con una persona independiente tanto de la entidad contratante como del contratista? Respuesta al problema jurídico: Si Conforme a su regulación legal (Ley 1474 de 2011, art. 83), la interventoría consiste en el seguimiento técnico a la ejecución de un contrato ejercido por una persona natural o jurídica contratada por la entidad estatal, cuando dicho seguimiento exige conocimientos especializados o cuando la complejidad o extensión del contrato lo justifica. El legislador autorizó a las entidades públicas, cuando lo estimen necesario y acorde con la naturaleza del contrato principal, a incluir dentro del objeto de la interventoría el seguimiento administrativo, financiero, contable y jurídico. El contrato de interventoría constituye un medio a través del cual las entidades estatales cumplen su deber legal de ejercer control y vigilancia sobre la ejecución contractual (Ley 80 de 1993, art. 14.1). En los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso de licitación, la interventoría debe ser contratada obligatoriamente con una persona independiente tanto de la entidad contratante como del contratista (Ley 80 de 1993, art. 32.1). En estos casos, si bien cada contrato conserva su individualidad jurídica, existe entre ellos un nexo funcional reconocido por el ordenamiento. (...) Así, por ejemplo, la validación de las cantidades de obra para efectos de pago —en el marco del contrato de construcción— puede estar condicionada al pronunciamiento del interventor; del mismo modo, la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas puede requerir su intervención efectiva. NOTA DE RELATORÍA: Referente al nexo el contrato de obra y el de interventoría, consultar sentencia de 14 de julio de 2016, Exp. 35763, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. FUENTE FORMAL: LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 83, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14 NUMERAL 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA / PRÓRROGA DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / OBLIGACIONES DEL CONTRATO / OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FUNCIÓN DEL INTERVENTOR / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Problema jurídico: ¿El incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato de obra conlleva el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría? Respuesta al problema jurídico: No El nexo entre ambos negocios jurídicos no desvirtúa su carácter autónomo. La prórroga del contrato de obra no implica, necesariamente, la prórroga del contrato de interventoría. De igual modo, el incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato de obra no conlleva, por sí solo, el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría. La labor del interventor consiste en realizar la vigilancia técnica del contrato objeto de seguimiento como encargo de medio, pero no como un resultado, menos aún, tiene por fin otorgar una garantía como si se tratara de asegurar el cumplimento del contrato materia de supervisión. Cuestión distinta es que el interventor esté obligado a mantener informada a la entidad contratante sobre los hechos o circunstancias que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato (Ley 1474 de 2011, art. 84). El nexo entre los negocios jurídicos se refleja, además, en la estimación del valor del contrato de interventoría en la etapa de planeación, el cual constituye el fundamento para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal (Ley 80 de 1993, art. 25.6). Si bien las normas legales y reglamentarias no imponen una metodología específica para establecer dicho valor, las entidades estatales están obligadas a justificarlo en los estudios previos, aunque esta obligación no implicaba, en la época de los hechos, la publicación de las variables utilizadas con ese fin (Decreto 1510 de 2013, art. 20.4, compilado en el Decreto 1082 de 2015). El deber de justificar la estimación del valor del contrato y del presupuesto oficial del proceso de selección supone que la entidad considere su suficiencia para cubrir, entre otros: (i) los costos directos del personal del proyecto, conformados por los salarios del personal profesional, técnico y auxiliar asignado a las labores propias de seguimientos; (ii) otros costos directos, entre ellos el alquiler de equipos, materiales e insumos necesarios para su ejecución; (iii) los costos indirectos, entendidos como los gastos generales de la organización encargada de prestar el servicio; y (iv) la utilidad razonable esperada por el interventor. (...) incluso en los casos en que la remuneración se determine mediante esquemas variables, el pago del precio correspondiente a los servicios del interventor no puede quedar supeditado única y exclusivamente al avance del contrato de obra. De lo contrario, el interventor podría terminar asumiendo los efectos desfavorables de los incumplimientos de las obligaciones del constructor de la obra y no de las suyas propias, que le implican incurrir en costos fijos para vigilar su ejecución y mantener informada a la entidad contratante sobre los hechos que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato de obra (Ley 1474 de 2011, art. 84). NOTA DE RELATORÍA: Referente a las funciones y obligaciones del interventor, consultar sentencia de 28 de febrero de 2013, Exp. 24266, C.P. Danilo Rojas Betancourth y sentencia de 17 de octubre de 2023, Exp. 69492, C.P. Marta Nubia Velásquez. FUENTE FORMAL: DECRETO 1082 DE 2015, DECRETO 1510 DE 2013 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 4, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 84, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 6 PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / FORMA DE PAGO / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESTATAL A PRECIO GLOBAL / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / RIESGO CONTRACTUAL / DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL / CLASES DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / RIESGO PREVISIBLE Problema jurídico: ¿La modalidad de remuneración define cuánto se debe al consultor, es decir, el precio que debe pagarse por la prestación del servicio? Respuesta al problema jurídico: Si Ahora bien, las metodologías utilizadas para estimar el valor del contrato en la etapa de planeación no necesariamente coinciden con la modalidad de remuneración pactada en el contrato de interventoría adjudicado. Así, para calcular el presupuesto del proceso de selección, las entidades pueden recurrir a sistemas como el factor multiplicador; sin embargo, en el contrato pueden establecer un precio fijo como esquema de remuneración de los servicios del consultor. De igual forma, la modalidad de remuneración se asocia a la asignación de riesgos entre las partes. Así, si se acuerda un precio fijo18 pagadero en cuotas iguales durante el plazo del contrato, y dicho valor fue proyectado bajo el supuesto de que el requerimiento de personal y equipos aumentaría progresivamente al pasar de la fase de revisión de diseños a la ejecución de la obra, puede suceder que el interventor obtenga un margen operativo superior si, por causas exógenas a las partes, se prolonga la etapa de diseño —caracterizada por menores costos directos—. En contraste, si se adopta una modalidad basada en el reembolso de costos efectivamente incurridos, más una suma fija previamente pactada, esta variación no genera un mayor margen, ya que la remuneración está directamente ligada al gasto real y documentado. Además de la diferencia entre la metodología empleada para estimar el valor del contrato en la etapa de planeación y la modalidad de remuneración pactada en el contrato adjudicado, debe distinguirse esta última de la forma de pago del precio. La modalidad de remuneración define cuánto se debe al consultor, es decir, el precio que debe pagarse por la prestación del servicio. Según el esquema acordado, este puede corresponder a un precio fijo global, al reembolso de costos directos más una suma fija, o a un monto calculado con base en un factor multiplicador aplicado sobre los salarios del personal, incluyendo los costos de administración y la utilidad, entre otros. Por su parte, la forma de pago determina cómo se efectúa el desembolso del precio así definido, ya sea mediante cuotas periódicas, pagos por hitos, porcentajes de avance físico de la obra supervisada u otra distribución temporal acordada por las partes. Al igual que la modalidad de remuneración, la forma de pago pactada también puede implicar una asignación de riesgos entre las partes. Así, si se establece que un precio fijo será desembolsado con base en el avance físico de la obra objeto de seguimiento, el interventor asume un riesgo financiero: si dicho avance no es significativo —incluso por causas no imputables a las partes — sus ingresos y su flujo de caja disminuirán, pese a que sus costos operativos puedan permanecer constantes. En ese escenario, deberá cubrir con recursos propios o mediante financiación externa los compromisos derivados de sus obligaciones contractuales, como el pago de salarios, prestaciones sociales y demás cargas laborales. En síntesis, las entidades estatales no están obligadas a emplear una metodología específica para estimar el valor de los contratos de interventoría en la etapa de planeación ni para definir la modalidad de remuneración o la forma de pago del contrato adjudicado. Dentro del margen de configuración que reconoce el ordenamiento jurídico, pueden —con la debida justificación— adoptar la combinación que mejor se adecue a la naturaleza, complejidad y riesgos del proyecto objeto de vigilancia. En ese marco, es válido que se establezcan modalidades de remuneración con componentes variables que trasladen al interventor ciertos riesgos previsibles o que permitan compartir los efectos derivados de las vicisitudes que puedan presentarse durante la ejecución del contrato de obra. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la distribución del riesgo contractual, consultar sentencia de 07 de febrero de 2025, Exp. 70250, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES / INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿El punto de partida para determinar la intención de las partes, es la declaración vertida en el documento contractual? Respuesta al problema jurídico: Si La principal pauta de interpretación contractual, establecida en el artículo 1618 del Código Civil, dispone que "[c]onocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras". Dado que el contrato es obra de ambas partes, el criterio hermenéutico impone establecer cuál es realmente la voluntad común, sin anteponer la de una de ellas. En este contexto, el punto de partida para determinar dicha intención es la declaración vertida en el documento contractual. En ausencia de elementos extratextuales que evidencien una discrepancia entre la intención real y su expresión, debe respetarse el contenido semántico de las cláusulas que no sean ambiguas, porque cabe suponer que los contrayentes buscaron reflejar su acuerdo de voluntades en las palabras con que lo expresaron . NOTA DE RELATORÍA: Referente al ejercicio de interpretación de los contratos, consultar sentencia de 07 de julio de 2011, Exp. 18762, C.P. Jaime O. Santofimio y sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 31 de julio de 2018, Exp. SC3047- 2018, M.P. Luis Alonso Rico Puerta. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618 CONTRATO DE INTERVENTORÍA / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / FORMA DE PAGO / VALOR FIJO / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / RIESGO CONTRACTUAL / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE IGUALDAD / PRINCIPIO DE EQUILIBRIO CONTRACTUAL / CONTRATO CONMUTATIVO Problema jurídico: ¿La modalidad de remuneración convenida por el Fondo de Desarrollo Local Usme y el Interventor, fue de precio fijo? Respuesta al problema jurídico: Si En el caso concreto, la cláusula sexta definió el precio que debía pagar el FDL Usme por los servicios del Interventor —el valor del Contrato de Interventoría—. A diferencia de otros contratos, esta estipulación no contiene ninguna expresión que indique que el monto pactado tiene un carácter meramente estimativo para efectos fiscales o de constitución de garantías. Tampoco se estableció que la remuneración del Interventor sería variable, en contraposición a fija. Por el contrario, el parágrafo primero aclara que el valor acordado incluye “todos los tributos y demás costos” en que incurra el Interventor en razón de la ejecución del negocio jurídico, lo que prima facie permite concluir que se pactó bajo una modalidad de precio fijo o suma alzada. or su parte, la cláusula séptima, relativa a la forma de pago, dispuso que “el valor del Contrato será cancelado por el Fondo de Desarrollo Local Usme, de la siguiente manera (…)”. Esta redacción parte de la premisa de que deberá pagarse la totalidad del precio fijado en la cláusula sexta. En consecuencia, en este primer nivel del análisis textual, la Sala concluye que las partes pactaron un precio fijo. En el expediente no hay elementos de juicio que permitan concluir que la intención de las partes, vertida en el documento contentivo del negocio jurídico, fuera la opuesta: pactar una modalidad de remuneración variable. Los actos previos a la celebración del negocio jurídico no apuntan en otro sentido. La redacción de las cláusulas sexta y séptima no sufrió modificaciones desde el inicio del procedimiento de selección (estudios previos, proyecto de pliego, pliego de condiciones definitivo) y no se formuló ninguna observación en relación con su alcance o entendimiento. (...) Como lo señaló anteriormente la Sala, es necesario distinguir entre la modalidad de remuneración y la forma de pago. La modalidad de remuneración define cuánto se debe al consultor, es decir, el precio pactado por la prestación del servicio; la forma de pago, por su parte, regula cómo se efectúa el desembolso de dicho precio. Pues bien, si se entendiera que la cláusula séptima, relativa a la forma de pago, también modifica o redefine el precio, introduciendo un componente variable en la remuneración, se generaría una contradicción con la cláusula sexta, que establece una suma alzada y no un valor estimado para efectos fiscales o de constitución de garantías. En cambio, si se interpreta que el precio es fijo, no se genera contradicción entre las cláusulas sexta y séptima; por el contrario, se mantiene su efecto útil y cada una conserva, bajo su respectivo ámbito de regulación, los asuntos indicados en su título: el precio, por una parte, y la forma de pago, por otra. A partir de esta comprensión, si el Interventor cumple sus obligaciones, tiene derecho al pago de la totalidad del precio, que es fijo, aunque el cronograma de desembolsos esté determinado por el avance de la obra, lo que implica la asunción de un riesgo: si dicho avance no es significativo — incluso por causas no imputables a las partes—, sus ingresos y su flujo de caja disminuirán, pese a que sus costos operativos permanezcan constantes. Por ello, el pago del ciento por ciento (100 %) del precio se desplazará en el tiempo, debiendo la entidad estatal, al momento de la terminación y liquidación del contrato, haber cumplido íntegramente su obligación para quedar a paz y salvo (Ley 80 de 1993, art. 60). (...) En conclusión, aplicando las pautas hermenéuticas del Código Civil, la Sala concluye que el precio a pagar por los servicios del Interventor era fijo, aunque el cronograma de desembolsos estuviera determinado por el porcentaje de la obra inspeccionada. No obstante, tratándose de un contrato estatal sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), la interpretación de sus estipulaciones debe orientarse no solo por tales pautas, sino también por los fines y principios que consagra el estatuto, así como por los mandatos de la buena fe y de la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracterizan a los contratos conmutativos (Ley 80 de 1993, art. 28). 69. La interpretación según la cual el precio pactado era fijo, aunque la exigibilidad de su pago y el cronograma de desembolsos estuvieran sujetos al avance de la obra, es la que mejor se ajusta a la igualdad y al equilibrio entre prestaciones y derechos propios de los contratos conmutativos. Además, es la que resulta más conforme con los principios del EGCAP, particularmente el de selección objetiva de los consultores. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 28, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60 CONTRATO DE INTERVENTORÍA / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / FORMA DE PAGO / VALOR FIJO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / PAGO AL CONTRATISTA / INTERVENTOR Problema jurídico: ¿La falta de acreditación de la suscripción del acta de recibo final, porque el contrato de obra se extendió más allá de la vigencia del contrato de Interventoría por razones no imputables al interventor, lo priva de su derecho a recibir la remuneración pactada? Respuesta al problema jurídico: No En coherencia con la conclusión sobre la estipulación de una suma alzada y no de una remuneración variable, la Sala concluye para efectos de lo que trajo a juicio la demandante, que el hecho de que el Interventor no pudiera acreditar la suscripción del acta de recibo final —debido a que el Contrato de Obra se extendió más allá de la vigencia del Contrato de Interventoría por razones no imputables a él— no lo priva de su derecho a recibir la remuneración pactada. Ello obedece a que el Interventor no garantizó la terminación de la obra —como si se tratara de un contrato de garantía—, ni el derecho a percibir el precio estaba sometido a una condición suspensiva (Código Civil, art. 1530), como lo sería la suscripción del acta de recibo final de la obra; tampoco el Interventor asumió un alea. Bastaba con que el Interventor ejecutara su prestación conforme a lo pactado para que surgiera el derecho a la contraprestación, mientras que la exigibilidad de su pago podía estar sujeta a ciertos requisitos contractuales, sin afectar la existencia misma del derecho. En concordancia con las anteriores conclusiones, quien exige un derecho contractual debe acreditar su calidad de contratista cumplido. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1530 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / CONTRATISTA / PAGO AL CONTRATISTA / INTERVENTOR / PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO TOTAL / ADICIÓN AL CONTRATO / ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿El Interventor tenía derecho a recibir el pago de la totalidad del precio convenido en el Contrato de Interventoría, incluida la suma correspondiente a la adición No. 1, habida cuenta de que el avance de la obra condicionaba la forma de pago, pero no determinaba la remuneración, esto es, la cuantía de la obligación dineraria a cargo de la entidad estatal? Respuesta al problema jurídico: Si Los documentos que obran en el expediente acreditan que, aunque la obra no se terminó dentro del plazo del Contrato de Interventoría, el Interventor cumplió las obligaciones que le correspondían. Para empezar, el informe final del supervisor designado por el FDL Usme, que realizó un análisis pormenorizado del cumplimiento de cada obligación contractual , concluyó que el Interventor cumplió íntegramente sus compromisos. (...) Igualmente, en el “acta de recibo final de la interventoría”, suscrita el 16 de diciembre de 2019 por el Interventor y el supervisor designado por el FDL Usme, se indicó que hubo una ejecución del 100 % de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría (...) Aunque los elementos de juicio que evidencian las valoraciones del acreedor son suficientes para justificar la inferencia probatoria sobre el cumplimiento de las obligaciones del Interventor, los documentos producidos de forma coetánea a la ejecución del contrato y su prórroga ratifican que los servicios se prestaron en debida forma en sus múltiples componentes de seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental. (...) En síntesis, las pruebas obrantes en el expediente, incluidas las evaluaciones elaboradas por el supervisor designado por el FDL Usme, acreditan que el Interventor ejecutó adecuadamente las actividades objeto del Contrato de Interventoría durante toda su vigencia. A la par de esta evidencia, la demandada no alegó un incumplimiento de su parte. (...) En los informes mensuales presentados por el Interventor se consignó la asignación diaria de cada uno de los empleados a las labores de seguimiento del Contrato de Obra. Esta información es congruente con las actas de asistencia a los comités de obra, en los que participó el personal asignado, y con los informes semanales de interventoría, que detallan la ejecución efectiva de las actividades. En este contexto, está probado que el Interventor no solo mantuvo los vínculos laborales e incurrió en los gastos de salarios y prestaciones sociales del personal al que se comprometió, sino que, además, el recurso humano comprometido se destinó efectivamente a cumplir las labores de seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental del Contrato de Obra. (...) En conclusión, el Interventor cumplió sus obligaciones durante toda la vigencia del Contrato de interventoría, incluida la prórroga pactada en el adicional No. 1, lo cual le implicó incurrir en los costos necesarios para garantizar el seguimiento integral del Contrato de Obra. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / ADICIÓN AL CONTRATO / ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIÓN DINERARIA / PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA / IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS MORATORIO Problema jurídico: ¿Es procedente reconocer, en la liquidación judicial del Contrato de Interventoría, el saldo correspondiente a la factura No. 21? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con las conclusiones a las que arribó la Sala, el Interventor tiene derecho a percibir el ciento por ciento (100 %) del valor pactado para la interventoría, incluida la suma establecida en la adición No. 1, monto que asciende en total a $1.204’602.000. Bajo este entendimiento, la Sala no encuentra atendible el reparo formulado en la apelación por el FDL Usme, según el cual no había lugar al pago de la factura No. 21, porque a través de este documento se efectuó el cobro del saldo pendiente del precio inicial del Contrato de Interventoría. A lo anterior cabe agregar que el FDL Usme reconoció tanto la existencia de esta deuda como la suma pendiente de pago. En el informe final de supervisión, luego de constatarse la ejecución del Contrato de Interventoría, el supervisor señaló que quedaba un "valor a liberar al contratista" de $45’134.924, monto que coincide con el valor de la factura No. 21102, Además, en el expediente reposa una comunicación del 16 de julio de 2018, en la cual la entidad solicitó ajustar el valor de la factura original (No. 20), por considerar que la suma a pagar al Interventor ascendía precisamente a $45’134.924. (...) En virtud de lo anterior, la Sala confirmará la decisión del Tribunal que ordenó el pago de la factura No. 21 como parte de los saldos a favor del Interventor en la liquidación. En cuanto a los intereses moratorios, la sentencia de primera instancia negó su reconocimiento al considerar que el Interventor no acreditó haber radicado, durante la ejecución del Contrato de Interventoría, los documentos adicionales exigidos contractualmente para exigir el desembolso del monto facturado. Así, concluyó que la falta de pago no configuraba un incumplimiento atribuible a la entidad. Contra esta decisión el Interventor no formuló reparo en su recurso de apelación; por ende, no hay lugar a modificarla. (...) Sobre la anterior suma no resulta procedente ordenar el pago de intereses de mora conforme a lo solicitado por el demandante (pretensión 1.1.). Esta clase de intereses se deben desde que el deudor de una obligación dineraria se constituye en mora (Código Civil, art. 1617), fenómeno que presupone la exigibilidad del débito, independientemente de si se requiere, o no, reconvención judicial. En este caso, la obligación de pagar los saldos insolutos del precio pactado por los servicios de la Interventoría no era exigible antes de la liquidación del contrato, pues su cumplimiento sólo podía reclamarse a partir de dicha liquidación, momento en el cual surgía el deber de satisfacer la prestación sin dilación. Por lo tanto, no es viable ordenar el pago de esta sanción pecuniaria asociada al retardo culpable del deudor. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1617 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas a cargo del FDL Usme en segunda instancia porque el recurso de apelación interpuesto, le fue resuelto desfavorablemente? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CGP. Según el numeral 1º del artículo 365 del CGP, se debe condenar en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. En este caso, el recurso de apelación se resolvió desfavorablemente al demandado, porque no se accedió a su solicitud de revocar la decisión de ordenar el pago de la factura No. 21. En contraste, el recurso de apelación del demandante se resolvió de manera favorable, en el sentido de que, a raíz de la alzada, se modificará parcialmente la sentencia apelada y se le reconocerá la totalidad del precio del Contrato de Interventoría. En consecuencia, procede la condena en costas a cargo del FDL Usme por esta instancia. El artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 estableció que en los procesos declarativos las tarifas de agencias en derecho para la segunda instancia serán entre 1 y 6 SMMLV. Para su fijación, se deben tener en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada, así como la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad; además, las tarifas por porcentaje se deben aplicar inversamente al valor de las pretensiones. El apoderado del Consorcio Infraestructura Usme no realizó ninguna gestión con posterioridad a la presentación del recurso. Por tanto, respecto de las agencias en derecho para la segunda instancia, se reconocerá el monto mínimo por las cargas de vigilancia del proceso: un (1) SMMLV a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según lo previsto en el artículo 366 del CGP. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201900630011100103