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¿Se debe hacer efectiva la cláusula penal del contrato? Sí
El contratista debe reintegrar al ente estatal los recursos no ejecutados conforme al convenio interadministrativo, y la cláusula penal se hace efectiva en proporción al incumplimiento, según la ejecución del 75% de las actividades y el 25% de los recursos no utilizados. La compañía aseguradora solo está obligada a pagar la cláusula penal, no el reintegro de los fondos, ya que este no se considera un perjuicio derivado del incumplimiento contractual. La entidad estatal debe acreditar la ejecución del 100% del primer desembolso para recibir el segundo, y al determinar las sumas a reintegrar, se debe considerar el porcentaje de ejecución del convenio. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo criterios claros para la aplicación de cláusulas penales y la responsabilidad de las compañías aseguradoras en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La compañía aseguradora solo será condenada al pago de la cláusula penal?¿Para realizar el segundo desembolso debía acreditarse la ejecución del 100% del desembolso de la vigencia inmediatamente anterior?¿Al establecerse las sumas de dinero a ser reintegradas por la asociación indígena debió tenerse en cuenta el porcentaje de ejecución de las actividades del convenio interadministrativo?
¿Se configuró la caducidad del medio de control de repetición? Sí
El contratista no puede interponer una acción de repetición si la demanda se presenta después del término legal de caducidad, que comienza a correr dos años después del pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses para efectuar el pago, según lo establecido en la Ley 678 de 2001 y el Código Contencioso Administrativo. La entidad estatal debe pagar la condena dentro del plazo legal para evitar la caducidad de la acción, y si el pago se realiza fuera de este plazo, el término de caducidad comienza a contar desde la fecha límite del plazo legal. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y confirma que la interposición extemporánea de la demanda impide un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, lo que limita las opciones del contratista para obtener una resolución favorable.síntesis automática
¿Procede la prelación de fallo en razón de la naturaleza del asunto, por ser una repetición en contra de un exfuncionario público? Sí
En la actualidad, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado conoce de procesos que entraron para fallo con anterioridad, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en el turno estricto en el cual pasaron los expediente al despacho, no obstante, el artículo 18 también autoriza la modificación de la cronología de turno según “la naturaleza del asunto”, de igual manera, el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996 permitió que la Altas Cortes y los Tribunales elaboraran un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia.
También resuelve:¿El Estado debe repetir contra su agente cuando es obligado a reparar un daño que ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este?¿Se puede por vía de repetición, reclamar los dineros pagados como consecuencia de un contrato estatal?¿Se puede pretender el pago de la indexación derivada del incumplimiento del contrato de prestación de servicios, en la medida que la indexación no tiene el carácter indemnizatorio?
¿Las partes suscribieron actas de liquidación bilateral y unilateral con objeciones? Sí
El contratista suscribe actas de liquidación bilateral y unilateral con objeciones cuando considera que las cifras acordadas en la liquidación bilateral no le son imputables y reserva el derecho a controvertir judicialmente las sumas que aceptó y reconoció como debidas. En este caso, la entidad estatal y el contratista suscribieron un acta de liquidación bilateral en la que el contratista objetó la responsabilidad por los incumplimientos que se le endilgaron en las resoluciones de caducidad, argumentando que tales incumplimientos no eran por su culpa. Además, la entidad estatal adoptó una liquidación unilateral que correspondía a un aspecto no abordado en la liquidación bilateral, relacionado con el valor que el contratista adeuda por las unidades de cajas de ron Tres Esquinas no vendidas. Este precedente reitera la importancia de las objeciones en las actas de liquidación y su relevancia para la posterior controversia contractual.síntesis automática
También resuelve:¿El contratista incumplió el contrato al negarse a suministrar al contratante las cifras de producción y comercialización por la utilización de la maquinaria?¿La carga de desvirtuar el incumplimiento del contrato, corresponde a la parte demandante por razón de la presunción de veracidad y legalidad que reviste al acto demandado?¿La declaratoria de caducidad del contrato estuvo fundada en el no pago oportuno de la remuneración en favor de la empresa contratante?
¿La potestad de adecuar el medio de control a las pretensiones formuladas en la demanda cuando la parte actora ha señalado una vía procesal inadecuada, resulta aplicable al caso concreto? No
El contratista no puede adecuar el medio de control a las pretensiones formuladas en la demanda cuando ha señalado una vía procesal inadecuada, ya que la reforma del CPACA que otorga dicha potestad no es aplicable en este caso, dado que la acción de controversias contractuales es indebida y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es extemporánea. La entidad estatal revoca la sentencia de primera instancia para declarar la indebida escogencia de la acción de controversias contractuales, lo que implica que no se puede adecuar el medio de control sin cumplir los requisitos que permitan un análisis juicioso y completo de la legalidad del acto administrativo, evitando así una violación del debido proceso y del principio de congruencia.síntesis automática
También resuelve:¿En consonancia con la hipótesis general que fijó la Corte Constitucional, se pueden proferir de manera excepcional decisiones inhibitorias?¿No cabe duda sobre los reproches que hizo la demandante a la legalidad de la decisión que rechazó el pago por falsa motivación del acto?¿El medio de control dispuesto por el ordenamiento para procurar el restablecimiento o reparación del daño causado por un acto administrativo ilegal…
Auto interlocutorio — Auto que ordena seguir adelante con la ejecución2024-07-08Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 11001032600020140019200LEY 1437 REPETICION
¿Se concluye que el ejecutado no cumplió con su obligación de pago ni presentó excepciones de mérito dentro del término previsto por la ley? Sí
El ejecutado no cumple con su obligación de pago ni presenta excepciones de mérito dentro del término previsto por la ley, lo que implica que el tribunal debe seguir adelante con la ejecución, condenar en costas al ejecutado y pronunciarse sobre la liquidación del crédito. En este caso, el término para cumplir con la orden impartida en el auto que libró mandamiento de pago o para formular las excepciones de mérito empezó a correr a partir del 26 de octubre de 2023, venciendo el plazo para efectuar el pago el 1° de noviembre y el de proponer excepciones el 9 de noviembre de 2023. Posterior a la notificación del auto de mandamiento ejecutivo, las partes guardaron silencio, lo que llevó a la conclusión de que el ejecutado no cumplió con su obligación ni presentó excepciones dentro del plazo legal. Según los artículos 440 y 446 del Código General del Proceso, el tribunal procede a seguir con la ejecución y condena en costas al ejecutado.síntesis automática
También resuelve:¿Si las obligaciones exigidas versan sobre una cantidad líquida de dinero se deberá ordenar su pago en el término de cinco días?¿Se fijan las agencias en derecho a favor de la universidad demandante correspondiente al 3% del valor por el cual se libró mandamiento de pago?
¿Debe negarse la solicitud de nulidad absoluta del contrato, toda vez que el desconocimiento de las normas presupuestales que disciplinan el pago de las obligaciones dinerarias que surgen del contrato estatal no constituye una de dichas causales de nulidad? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad absoluta del contrato por el desconocimiento de las normas presupuestales que regulan el pago de las obligaciones dinerarias, ya que la Ley 80 de 1993 y las normas orgánicas del presupuesto no establecen esta causal de nulidad, aunque la transgresión de estas normas pueda implicar reproches disciplinarios para los responsables y efectos presupuestales adversos para el ente territorial. La entidad estatal no delegó al contratista funciones administrativas tributarias ni obran en el expediente pruebas que acrediten el registro presupuestal necesario para iniciar la ejecución del contrato, ni autorizaciones del concejo municipal para comprometer vigencias futuras ordinarias, lo que implica que la solicitud de nulidad absoluta es improcedente.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio, a través del concejo, puede determinar los sujetos pasivos y las tarifas de la obligación tributaria sustancial…¿El municipio, en ejercicio de sus funciones administrativas, está facultado para ejecutar la liquidación y cobro del impuesto predial?¿Se acreditó la delegación de las funciones administrativas de liquidación, cobro y recaudación del impuesto predial, en la ejecución del contrato de prestación de servicios suscrito para fortalecer…
¿La acción de controversias contractuales se presentó dentro de los 2 años contados a partir del vencimiento del término para liquidar bilateral o unilateralmente el convenio interadministrativo No. 1128 del 18 de julio de 2005? Sí
El contratista presenta la acción de controversias contractuales dentro de los dos años contados a partir del vencimiento del término para liquidar bilateral o unilateralmente el convenio interadministrativo, siempre que no se haya establecido un plazo específico para la liquidación unilateral y el legislador no haya previsto un término distinto. En este caso, el convenio interadministrativo No. 1128 del 18 de julio de 2005 estipuló que la liquidación se efectuaría de común acuerdo dentro de los cuatro meses siguientes a su terminación, y que, vencido este plazo, el Invías procedería a liquidarlo de forma unilateral sin señalar un término específico. La Sala, de conformidad con su jurisprudencia, consideró que el plazo de dos meses previsto en el literal (d) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es aplicable en ausencia de un plazo específico para la liquidación unilateral. Así, el término para liquidar el convenio bilateralmente venció el 1° de mayo de 2008, mientras que el plazo para liquidarlo unilateralmente expiró el 2 de julio de 2008, permitiendo que la acción de controversias contractuales se presentara dentro del plazo legal, reiterando la jurisprudencia sobre el cómputo del término de caducidad en este tipo de casos.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente valorar los documentos que fueron aportados al proceso en copia simple, si los mismos no fueron tachados de falsos?¿Cuentan con mérito probatorio las declaraciones que rindieron los testigos, a pesar de que uno de ellos desconoce lo acontecido en el marco del convenio interadministrativo y de que los demás no…¿El acuerdo de voluntades celebrado entre el INVÍAS y el municipio de Puerto Inírida tiene las características propias de un convenio interadministrativo…
¿La obligación de devolución pactada en el acuerdo de pago suscrito entre la CNTV y Galaxy, condicionada a una eventual decisión judicial o administrativa favorable a Galaxy y/o Sky, resulta exigible ante el acaecimiento de dicha condición suspensiva? Sí
El contratista puede establecer una obligación condicional en un acuerdo de pago con la entidad estatal, siempre y cuando dicha condición no contravenga la Constitución, la ley, el orden público y los principios de la buena administración. En este caso, la Sala determinó que la cláusula novena del acuerdo de pago, que establece la devolución de sumas de dinero en caso de una decisión judicial o administrativa favorable al contratista, es válida y eficaz, pues no transgrede los límites de la autonomía privada de la entidad estatal y cumple con los requisitos del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esta decisión reitera la posibilidad de que las entidades estatales celebren contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y el cumplimiento de los fines estatales, siempre y cuando se respeten los principios y finalidades del ordenamiento jurídico aplicable.síntesis automática
También resuelve:¿La cláusula novena del acuerdo de pago celebrado entre la CNTV y DirecTV resulta válida y eficaz en el marco del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública?¿Es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) responsable del cumplimiento de la obligación condicional pactada en la cláusula novena del acuerdo de pago suscrito…¿Se entiende cumplida la condición suspensiva establecida en la cláusula novena del acuerdo de pago del 14 de diciembre de 2005…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-08-23Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233300020240034501LEY 1437 REPETICION
¿Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia? Sí
El contratista debe cumplir las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero en un plazo máximo de dieciocho meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia, conforme al inciso 4 del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. Si la entidad pública no cumple dentro de este plazo, la acción de repetición del contratista puede caducar, afectando su derecho a la reparación directa. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos, según el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011. Además, el plazo de dos años para ejercer el medio de control de repetición es invariable y de orden público, no pudiendo ser modificado por la entidad pública, lo que garantiza la seguridad jurídica y el interés general.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos?¿El fenómeno de la caducidad se configura cuando vence el término previsto en la ley para acudir ante los jueces a presentar una demanda?
¿Debe dársele prelación de fallo al asunto de la referencia, en razón a su naturaleza, por corresponder a una repetición en contra de unos exfuncionarios públicos? Sí
El contratista no puede ejercer la acción de repetición contra exfuncionarios públicos por el pago de cánones de administración a una copropiedad, pero sí por los intereses moratorios y costas procesales generados por el pago tardío, debido a que la acción de repetición requiere la concurrencia de cuatro presupuestos: la condena al Estado por un daño antijurídico, el pago efectivo a la víctima, la calidad de agente estatal de los demandados y la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa. La jurisprudencia establece que la repetición no es procedente para cuestionar la validez de las cuotas de administración, sino solo para reclamar los intereses y costas generados por su pago tardío, lo que implica que la entidad estatal debe asumir la obligación de pagar las cuotas en tiempo y forma para evitar costos adicionales.síntesis automática
También resuelve:¿La responsabilidad de un agente estatal demandado en repetición requiere la constatación de la concurrencia de cuatro presupuestos, a saber…¿El medio de control de repetición resulta procedente para demandar el pago de los intereses moratorios y costas procesales asumidas por la demandante en un proceso ejecutivo adelantado por el pago…¿Los documentos aportados al proceso son suficientes para acreditar el pago efectivo de la condena que se demanda en repetición?
¿Debe declararse el incumplimiento del contrato de obra pública por parte del Distrito Capital de Bogotá – Fondo Ciudad Bolívar, al no reintegrar en forma oportuna el valor de los descuentos denominados retegarantía, por no haber liquidado el contrato dentro de los términos legales para tal efecto? No
El Consorcio Parques CB5 pretende que se declare que el Distrito Capital de Bogotá – Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar incumplió el contrato número COP-277-2018 suscrito entre ellos porque la entidad contratante no lo liquidó y, en consecuencia, no reintegró en forma oportuna al contratista las retenciones del 10% sobre el valor de cada acta parcial pagada (denominado por las partes retegarantía), lo cual estaba sujeto a la liquidación del contrato, la cual reclama sea dispuesta judicialmente.
También resuelve:¿Debe condenarse en costas procesales en ambas instancias a la parte vencida en el proceso?
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer, en segunda instancia, de un proceso de repetición cuando la apelación se interpone contra una sentencia proferida en primera instancia por un Tribunal Administrativo? Sí
El contratista es competente para interponer un proceso de repetición ante el Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo en primera instancia, ya que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de estos casos, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y las modificaciones introducidas por las leyes 446 de 1998 y 678 de 2001. La entidad pública que resulta condenada en un proceso de reparación directa puede ejercer la acción de repetición contra el servidor público responsable del daño, siempre que el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición se inicie desde el pago de la conciliación judicial o la condena, según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001. La legitimación en la causa por activa recae sobre la entidad obligada al pago de la indemnización y la legitimación en la causa por pasiva sobre el agente que dio lugar al daño, y la acción de repetición se rige por el régimen de responsabilidad estatal previsto en los artículos 90 de la Constitución y 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, independientemente de la fecha en que ocurrieron los hechos, siempre y cuando la Ley 678 de 2001 esté vigente al momento del ejercicio de la acción.síntesis automática
También resuelve:¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición inició con el pago de la conciliación judicial celebrada dentro del proceso de reparación directa?¿La legitimación en la causa por activa en el medio de control de repetición recae sobre la entidad obligada al pago de la indemnización y la legitimación en la causa por pasiva recae sobre el agente…¿Es aplicable el régimen de responsabilidad estatal previsto en los artículos 90 de la Constitución y 77 y 78 del C.C.A. para la acción de repetición cuando los hechos ocurrieron antes de la entrada…
¿En los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso de licitación, la interventoría debe ser contratada obligatoriamente con una persona independiente tanto de la entidad contratante como del contratista? Sí
El contratista debe ser una persona independiente tanto de la entidad contratante como del contratista en los contratos de obra resultantes de un proceso de licitación, conforme a la Ley 80 de 1993, artículo 32.1, que establece la necesidad de garantizar la imparcialidad y objetividad del seguimiento técnico. La interventoría, que puede incluir aspectos administrativos, financieros, contables y jurídicos, es un medio para que la entidad estatal cumpla su deber legal de control y vigilancia sobre la ejecución contractual, según la Ley 80 de 1993, artículo 14.1. La regla reitera la importancia de la individualidad jurídica de cada contrato, aunque exista un nexo funcional entre el contrato de obra y el de interventoría, y subraya que la labor del interventor no garantiza el cumplimiento del contrato de obra, sino que se limita a realizar la vigilancia técnica y mantener informada a la entidad contratante sobre posibles riesgos. Esto implica que la remuneración del interventor no debe depender únicamente del avance del contrato de obra, sino que debe cubrir costos directos e indirectos y una utilidad razonable, según la Ley 1474 de 2011, artículo 84, y el Decreto 1082 de 2015.síntesis automática
También resuelve:¿El incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato de obra conlleva el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría?¿La modalidad de remuneración define cuánto se debe al consultor, es decir, el precio que debe pagarse por la prestación del servicio?¿El punto de partida para determinar la intención de las partes, es la declaración vertida en el documento contractual?
¿Probó la parte demandante que el dempartamento del Quindío incumplió el contrato de suministro de alimentación escolar al no pagar por las raciones que no fueron servidas y consumidas? No
La entidad contratante solo está obligada a pagar las raciones que el contratista efectivamente sirvió y que fueron certificadas por los rectores y verificadas por el interventor, de modo que las raciones programadas según los cupos asignados que no fueron servidas ni consumidas no generan obligación de pago. Una razón es que el departamento pagó las raciones de almuerzos y refrigerios que solicitó y que fueron certificadas por los rectores como consumidas, y la comparación entre los registros de asistencia, los certificados y los informes de interventoría no mostró diferencias entre lo consumido y lo certificado. Otra razón es que lo probado es que los cupos asignados superaron las raciones servidas, por causas como la inasistencia a clases y la no prestación del servicio educativo, de modo que las raciones no servidas no se deben pagar. En el caso, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, porque el incumplimiento no quedó demostrado. Su consecuencia práctica es que el contratista de suministro de alimentos debe probar la certificación de cada ración servida, pues la asignación de cupos no genera derecho de pago.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta posible determinar si el descuento realizado por concepto del incumplimiento en el gramaje de los refrigerios fue desproporcionado?¿Debe condenarse en costas a la parte demandante cuyo recurso le fue resuelto de manera desfavorable?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2022-05-20Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 73001233300020140050601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En consonancia con el principio de intangibilidad de las sentencias, la aclaración de los fallos judiciales es excepcional, por lo que solo procede respecto de conceptos o frases oscuras en la parte resolutiva de la sentencia o, si tal oscuridad se encuentra en la parte motiva y tales imprecisiones siembren un manto de duda en el contenido de la parte decisoria de la providencia judicial? Sí
El juez no puede modificar una sentencia una vez emitida, en virtud del principio de intangibilidad, salvo para aclarar conceptos o frases oscuras en la parte resolutiva o en la motiva si estas crean dudas sobre la parte decisoria, conforme al artículo 285 del Código General del Proceso. La aclaración no sirve para reformar la sentencia, introducir nuevas pretensiones o reabrir la etapa probatoria. En el caso analizado, la entidad estatal solicitó aclarar la sentencia sin especificar frases o conceptos oscuros, por lo que su petición fue improcedente. Además, la entidad no había demandado en reconvención intereses moratorios, por lo que no era competencia del juez pronunciarse sobre este aspecto, lo que implica que no procede adicionar la sentencia en tal sentido. Esta decisión reitera la importancia de cumplir rigurosamente con los requisitos legales para solicitar la aclaración de una sentencia y subraya que el juez no puede decidir sobre asuntos que no fueron sometidos a su consideración en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la solicitud de aclaración de la sentencia, en la cual no se indicó cuál o cuáles frases de la sentencia generan verdadero motivo de duda?¿Resulta procedente que se adicione la sentencia en el sentido de reconocer a favor del Municipio los intereses moratorios sobre la suma adeudada…
¿Se condena al demandado a reintegrar el valor total pagado por concepto de capital, debido a que el daño fue causado exclusivamente por su conducta? Sí
El contratista es condenado a reintegrar el valor total pagado por concepto de capital, debido a que el daño fue causado exclusivamente por su conducta, sin que la manifestación de exoneración de responsabilidad presentada por el curador ad litem pueda entenderse como una apelación adhesiva, ya que no se presentó dentro del término de ejecutoria del auto que admitió la apelación. La regla implica que el demandado es responsable del daño causado, independientemente de la mora en que haya incurrido la entidad al realizar el pago, y que la pretensión de repetición debe fijarse según el valor total y neto de la condena impuesta al Estado, sin tomar en cuenta el valor de los intereses que se llegaren a causar. Esta sentencia reitera la responsabilidad del agente del Estado por daños causados por su conducta dolosa o gravemente culposa, y subraya la importancia de la valoración de la prueba en conjunto para determinar la participación del demandado en la producción del daño.síntesis automática
También resuelve:¿Los familiares del soldado fallecido demandaron en reparación directa al Ejército Nacional la indemnización de los perjuicios causados con su muerte?¿Se estableció que la conducta adoptada tuviera origen en un trastorno mental del demandado?¿La demanda se presentó oportunamente?
¿Se acreditó vicio del consentimiento de la sociedad demandante en la transacción y condonación parcial de la deuda firmada por esta? No
Un acuerdo de pago en el que el acreedor condona una parte de la deuda para recibir un pago pronto puede tener la naturaleza de transacción, y su nulidad por vicio del consentimiento exige prueba de error, fuerza o dolo. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que la demandante tuvo la opción de negociar un plazo con intereses para el pago total y la descartó por considerarla más riesgosa, lo que muestra una decisión libre y consciente de condonar parte de la deuda. La segunda es que no hay prueba que desvirtúe esa voluntad ni que el error, la fuerza o el dolo de la contraparte determinaran la aceptación. La tercera es que el desequilibrio económico invocado en la apelación no se alegó en la demanda, por lo que no puede analizarse de fondo. En consecuencia, la Sala confirma la sentencia de primera instancia que negó la nulidad. Como obiter dictum, la providencia precisa que el acuerdo tiene efectos de cosa juzgada respecto de la controversia que se pretendía precaver. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
¿Resulta viable el decreto de oficio de la nulidad de una cláusula del contrato de prestación de servicios cuando no es palmaria o manifiesta? No
La nulidad absoluta de una cláusula contractual no puede declararse de oficio cuando la causal no es palmaria o manifiesta. La regla se apoya en tres razones. Primera, cuando la entidad contratante es una empresa de servicios públicos, según el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 sus contratos no están sujetos al Estatuto General de Contratación y se rigen por las leyes civiles y comerciales. Segunda, el monto de los honorarios pactados responde a la libre voluntad negocial de las partes, sin que ello configure una causal de nulidad, y la capacidad económica de la entidad se sustentó en la apropiación presupuestal. Tercera, en el caso no se acreditó una causal palmaria, sino un contrato celebrado en ejercicio de la libre voluntad negocial. Por ello la providencia revoca la sentencia de primera instancia que había declarado la nulidad de la cláusula. El documento reitera la línea sobre la declaratoria oficiosa de nulidad que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad contratante incumplió el contrato de prestación de servicios profesionales por no pagar a la sociedad actora los honorarios variables de éxito pactados en el contrato por lo que…¿Debe condenarse en costas a la empresa de servicios públicos demandada por ser la parte vencida en el proceso?
¿La cesión del crédito es un negocio jurídico mediante el cual el acreedor transfiere a un tercero el derecho personal que ostenta frente a su deudor? Sí
El acreedor transfiere a un tercero el derecho personal que ostenta frente a su deudor mediante un negocio jurídico de cesión de crédito que otorga al cesionario la posición de sujeto activo y la legitimación para reclamar el cumplimiento de la obligación. En este caso, la Sala examina los requisitos consagrados en el artículo 666, el artículo 1959 y el artículo 1960 del Código Civil sobre la entrega del título y la oponibilidad, concluyendo que el pago efectuado por la entidad al cedente no tuvo efectos liberatorios, toda vez que el conflicto derivado del acuerdo de cesión entre particulares no corresponde resolverlo a esta jurisdicción, confirmando así la sentencia impugnada.síntesis automática
También resuelve:¿En ausencia de conocimiento sobre la transferencia del derecho de crédito, el deudor se libera válidamente pagando al cedente?¿La demandante no está legitimada para solicitar la declaración de incumplimiento del contrato estatal en el que se originó el derecho de crédito que le fue cedido?¿Antes de que se hiciera el pago, la entidad demandada, no solo fue notificada de la cesión de los derechos sino que ella misma manifestó su aceptación?