Titulación de la relatoría 23.011 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / PRESUPUESTO PROCESAL / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / DERECHO PRIVADO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ACUERDO DE VOLUNTADES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / INAPLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / NEGOCIO JURÍDICO / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / DERECHO DE ACCIÓN
Problema jurídico:
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales?
Respuesta al problema jurídico: Si
Dado que la controversia formulada en este caso se refiere a la responsabilidad contractual de Finsema por incumplir las obligaciones contenidas en el contrato No.128 de 2005, el medio de control procedente es el de controversias contractuales, ya que se está ventilando la desatención de diversas obligaciones, solicitándose que se declare su incumplimiento. Además, en la demanda objeto de estudio también se pretende que se liquide judicialmente el negocio jurídico, petición que resulta viable en el marco del medio de control ejercido por la parte actora. [....] De cara al análisis sobre el particular se advierte que el Tribunal a quo decidió de fondo el asunto, previo análisis de que en el presente caso la ESE HUS interpuso la demanda en la oportunidad legal prevista, es decir, que no operó la caducidad. [...] Con el fin de resolver lo atinente al presupuesto procesal en cuestión, la Sala empieza por señalar que, para efectos del conteo de caducidad, el Tribunal a quo pasó por alto el régimen del contrato objeto de estudio, que es el derecho privado, aspecto que, como se verá, incide sustancialmente en dicho análisis. [...] En el contrato No. 128 de 2005, cuyo incumplimiento se solicita en las pretensiones de la demanda formulada por la ESE HUS, las partes no pactaron cláusula de liquidación de dicho acuerdo de voluntades, de manera que en el caso concreto el conteo de la caducidad debe hacerse siguiendo la regla especial prevista en el apartado ii), literal j), del numeral 2, del artículo 164 del CPACA, a partir del día siguiente al de la terminación del negocio jurídico por cualquier causa. Cabe advertir que la ausencia de pacto acerca de la liquidación y sus términos en este tipo de contratos no se suple, en manera alguna, con los plazos previstos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para liquidar (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007), como erróneamente lo consideró el Tribunal a quo, precisamente porque en estos negocios jurídicos aplica el derecho privado. Esto significa que el punto de partida para el conteo de caducidad en estos casos -como el presente- es la fecha de terminación del contrato y no el vencimiento de los plazos que prevé la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2006 para liquidar los negocios jurídicos de manera bilateral (4 meses) y unilateral (2 meses). Bajo ese contexto, en el presente caso se tiene que el contrato objeto de estudio de Alianza Estratégica se suscribió el 27 de octubre de 2005, en cuya cláusula trigésima cuarta se acordó que el plazo de ejecución sería de 10 años contados desde el inicio de la operación. Revisadas las pruebas que obran en el proceso, se encuentra que el 1° de agosto de 2006 las partes suscribieron el acta de inicio, de manera que el vencimiento del plazo de ejecución acaeció el 1° de agosto de 2016, fecha esta última que se constituye en el referente inicial para el conteo de la caducidad, teniendo en cuenta que al negocio jurídico en cuestión le aplica el derecho privado y en vista de que las partes no acordaron su liquidación. Es así que, de conformidad con la regla especial prevista en el apartado ii), literal j), del numeral 2, del artículo 164 del CPACA, el plazo de caducidad corrió entre el 2 de agosto de 2016 y el 2 de agosto de 2018. Como la ESE HUS interpuso la demanda el 11 de abril de 2019, la Sala concluye que se presentó por fuera de la oportunidad legal prevista, configurándose así la caducidad del medio de control de controversias contractuales. En el presente caso, hay que decirlo, el término de caducidad no se suspendió, porque la parte demandante presentó la solicitud de conciliación extrajudicial el 31 de enero de 2019, ya cuando había fenecido el plazo para ejercer del derecho de acción -2 de agosto de 2018-. [...] De acuerdo con todo lo considerado [...], no queda asomo de duda de que en el presente caso operó la caducidad del medio de control de controversias contractuales, por lo que se revocará la sentencia de primera instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la autonomía de las partes de pactar la liquidación unilateral en los contratos estatales sometidos al derecho privado, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de mayo de 2024, rad. 66391, C. P. Nicolás Yepes Corrales. Sobre el fenómeno de la caducidad en relación con una demanda de controversias contractuales que también versó sobre el incumplimiento del mismo contrato que es objeto de estudio en este asunto, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 30 de septiembre de 2020, rad. 64541, C. P. Guillermo Sánchez Luque.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
RADICACIÓN DE LA DEMANDA / APLICACIÓN DE LA LEY 1437 DE 2011 / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ESTATAL / ENTIDAD ESTATAL / EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / ENTIDAD DESCENTRALIZADA / ENTIDAD DESCENTRALIZADA POR SERVICIOS / RAMA EJECUTIVA / ESTRUCTURA DE LA RAMA EJECUTIVA / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Las empresas sociales del Estado son entidades descentralizadas por servicios, de naturaleza jurídica especial, siendo, entonces, entidades estatales que pertenecen a la estructura de la Rama Ejecutiva del poder público?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, vigente a la fecha de radicación de la demanda y, por lo mismo, aplicable al presente proceso, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al contrato No. 128 de 2005 que fue suscrito entre una entidad estatal, como lo es la ESE HUS, y Finsema. La jurisprudencia de la Corporación, con fundamento en la Ley 100 de 1993 (artículo 194), ha señalado que las empresas sociales del Estado son entidades descentralizadas por servicios, de naturaleza jurídica de especial, siendo, entonces, entidades estatales que pertenecen a la estructura de la Rama Ejecutiva del poder público, porque así lo consagran los artículos 38 y 68 de la Ley 489 de 1998, de ahí que el conocimiento de la presente controversia le corresponda a esta jurisdicción. Por su parte, esta Sala del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia dictada el 29 de julio de 2021 por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo previsto en el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, en razón de que la pretensión mayor excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza de las empresas sociales del Estado, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 2010, rad. 37004, C. P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de febrero de 2016, rad. 46185, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de 2020, rad. 50389, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2021, rad. 57268, C. P. Nicolás Yepes Corrales. Sobre la vigencia de la Ley 1563 de 2012, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 18 de abril de 2017, rad. 58461, C. P. Hernán Andrade Rincón.
FUENTE FORMAL:
LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 194, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 119, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 21, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 38, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 68
PARTES DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL CONTRATO / NULIDAD DEL CONTRATO / REVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / MINISTERIO PÚBLICO / TERCERO CON INTERÉS LEGÍTIMO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / OBLIGACIÓN CLARA / OBLIGACIÓN EXPRESA / OBLIGACIÓN EXIGIBLE / INDEBIDA ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA
Problema jurídico:
¿Cualquiera de las partes de la relación contractual puede pedir la declaratoria de incumplimiento, de ahí que la legitimación en la causa en este tipo de controversia se encuentre, en principio, en cabeza de los extremos del acuerdo de voluntades?
Respuesta al problema jurídico: Si
En virtud de lo previsto en el artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que también puede ser declarada de oficio por el juez. [...] Sobre el particular, esta Subsección destaca que la jurisprudencia de la Corporación ha precisado que, si bien frente al incumplimiento de una obligación supuestamente clara, expresa y exigible se encuentra la posibilidad de la vía ejecutiva, lo cierto es que el interesado puede acudir a la vía ordinaria -como sucedió en este caso- para que se declare el incumplimiento de la obligación, sin que ello signifique una indebida escogencia del medio de control. [...] De conformidad con lo establecido en el artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de la relación contractual puede pedir la declaratoria de incumplimiento, de ahí que la legitimación en la causa en este tipo de controversia se encuentre, en principio, en cabeza de los extremos del acuerdo de voluntades.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la posibilidad de acudir a la vía ordinaria para que se declare el incumplimiento de una obligación sin que se configure la indebida escogencia de la acción, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 6 de julio de 2020, rad. 61927, C. P. Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, rad. 13238, C. P. María Elena Giraldo Gómez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD / NACIÓN / ENTIDAD TERRITORIAL / EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / CONTRATO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / DERECHO PRIVADO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / NEGOCIO JURÍDICO / CLÁUSULA EXCEPCIONAL / CLÁUSULA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ESTATAL / INAPLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD
Problema jurídico:
¿Los contratos estatales que no están sujetos al Estatuto General de Contratación de Administración Pública sino al derecho privado requieren del trámite de liquidación?
Respuesta al problema jurídico: No
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley 100 de 1993, la prestación de servicios de salud en forma directa por la Nación o por las entidades territoriales se hará a través de las Empresas Sociales del Estado. [...] En ese contexto normativo y teniendo en cuenta que el contrato No. 128 de 2005 fue suscrito por la ESE HUS, ha de entenderse que el régimen que gobierna dicho negocio jurídico es el derecho privado, con la posibilidad de que se puedan pactar, de manera discrecional, las cláusulas excepcionales previstas en la Ley 80 de 1993. [...] Es bien sabido, según lo ha dicho la jurisprudencia de la Sección Tercera de la Corporación, que los contratos estatales que no están sujetos al Estatuto General de Contratación de Administración Pública sino al derecho privado no requieren del trámite de liquidación, a menos que las partes contratantes, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, pacten la obligación de liquidarlo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el derecho privado como régimen contractual aplicable a las empresas sociales del Estado, cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 6 de abril de 2000, rad. 1263, C. P. Flavio Augusto Rodríguez Arce; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2021, rad. 57268, C. P. Nicolás Yepes Corrales. Sobre los contratos estatales sujetos al derecho privado que no requieren tramite de liquidación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 28 de mayo de 2020, rad. 63536, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de diciembre de 2022, rad. 62370, C. P. Nicolás Yepes Corrales; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de mayo de 2024, rad. 66391, C. P. Nicolás Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 194, LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 195
PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / INTERÉS GENERAL / PLAZO / MEDIO DE CONTROL / PLAZO RAZONABLE / ORDEN PÚBLICO / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / DERECHO DE ACCIÓN / DERECHO ADQUIRIDO / CONCEPTO DE DERECHO ADQUIRIDO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿La caducidad es una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la institución jurídico procesal de la caducidad como límite temporal al derecho de acceso a la administración de justicia, cita: Corte Constitucional, sentencia del 22 de mayo de 2002, C-394/02, M. P. Álvaro Tafur Galvis; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de febrero de 2006, rad. 6871-05, C. P. Tarsicio Cáceres Toro; Corte Constitucional, sentencia del 14 de octubre de 1998, C-574/98, M. P. Antonio Barrera Carbonell.
PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / RECURSO DE APELACIÓN / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / TEMERIDAD PROCESAL / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / APODERADO / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / AGENCIAS EN DERECHO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO DECLARATIVO / CUANTÍA DEL PROCESO / PROCESO DE MENOR CUANTÍA / PROCESO DE MAYOR CUANTÍA / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas a cargo de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 188 del CPACA y con la disposición especial del artículo 365-1 del CGP, procede la condena en costas a cargo de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, siempre y cuando “en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. [...] En atención a lo ordenado en la citada norma, se condenará en costas a la parte demandante por ambas instancias, debido a que, al declararse probada la excepción de caducidad del medio de control, se impone revocar la decisión de primera instancia que había accedido parcialmente a las súplicas de esta. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del CGP. [...] Conviene señalar que, bajo las reglas del código en cita la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado vencida [...]. [...] El Acuerdo PSAA16-10554, expedido el 5 de agosto de 2016 por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, estableció las tarifas de agencias en derecho. En cuanto a los criterios para la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso administrativos, el artículo 2 del referido Acuerdo dispuso que debía tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes. A su vez, el artículo 5 del Acuerdo consagró que las tarifas máximas de agencias en derecho deben establecerse en salarios mínimos o en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia. En lo que a este caso interesa conviene señalar que, como a la parte demandante se le condenará a pagar las costas de ambas instancias, las agencias en derecho en primera instancia, para los “procesos declarativos en general”, deben fijarse en atención a la cuantía del correspondiente proceso. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1. del Acuerdo PSAA16-10554 de 201651, si el proceso es de menor cuantía, la fijación oscilará entre el 4% y el 10% de lo pedido en el escrito inicial, mientras que si el proceso es de mayor cuantía, deberán fijarse las agencias entre el 3% y el 7.5% de lo solicitado en la demanda. [...] Por otra parte, resulta oportuno anotar que, en los “procesos declarativos en general”, las agencias en derecho en segunda instancia deben fijarse entre 1 y 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según lo dispuesto en el artículo 5.1. del mencionado Acuerdo PSAA16-10554 de 2016; además, de conformidad con lo previsto en el artículo 2 del referido Acuerdo, se advierte que, como en esta instancia solamente intervino Finsema [...], las agencias en derecho en segunda instancia se fijarán en la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha del presente fallo, monto que deberá ser pagado en favor de la demandada Finsema y a cargo de la ESE HUS. Ahora bien, como la otra parte demandada, Seguros Generales Suramericana S.A., no intervino en el trámite de la segunda instancia, no se fijarán agencias en su favor.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la apreciación objetiva para la procedencia de la condena en costas, cita: Corte Constitucional, sentencia del 21 de marzo de 2013, C-157/13, M. P. Mauricio González Cuervo. Sobre los requisitos para clasificar un proceso como de mayor cuantía, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2020, rad. 64865, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 2, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366