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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: se rige por lo prescrito en el Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984

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Fecha
2022-08-16
Radicado
08001233100020110050601
Número interno
60434
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Demandado
ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN DE ACOSTA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: se rige por lo prescrito en el Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984

Regla de decisión

Debe recordarse que “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista cumple con los requisitos para la procedencia del grado jurisdiccional de consulta frente a una condena por incumplimiento de contrato interadministrativo, siempre que el proceso tenga vocación de doble instancia, la cuantía de la condena supere los 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y el fallo no haya sido apelado. En este caso, la demanda se presentó en 2011, por lo que se rige por el Código Contencioso Administrativo de 1984, y la Sala es competente para conocer del asunto debido a la procedencia del grado jurisdiccional de consulta. La entidad territorial fue condenada por incumplimiento del convenio interadministrativo, y dado que el fallo no fue apelado y cumplía con los requisitos de cuantía y doble instancia, la Sala confirmó la procedencia del grado jurisdiccional de consulta, lo que implica que el proceso puede continuar en esta instancia sin necesidad de un recurso de apelación.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se cumplieron los requisitos para la procedencia del grado jurisdiccional de consulta frente al fallo de primera instancia en la que se condenó a la entidad territorial por incumplimiento del contrato interadministrativo?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 184
  • Ley 1437 de 2011, art. 308
  • Ley 446 de 1998, art. 57

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Lo que dijo la Sala

Como la demanda se instauró ante esta jurisdicción en el año 2011, se rige por lo prescrito en el Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984-, por cuanto la Ley 1437 de 2011, según su artículo 308, entró a regir el día 2 de julio de 2012. Debe recordarse que, en virtud del inciso tercero de la precitada disposición, “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES REGULACIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NORMA VIGENTE COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA PROCEDENCIA DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA PROCESO DE DOBLE INSTANCIA ALCANCE DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA CUANTÍA DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARTES CONTRATANTES AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA MUNICIPIO CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO OBLIGACIONES DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL INVERSIÓN SOCIAL GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL PROGRAMAS DE INVERSIÓN SOCIAL POBLACIÓN VULNERABLE POLÍTICA SOCIAL PRINCIPIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL CONSTRUCCIÓN DE VÍA PÚBLICA COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VÍA PÚBLICA PRESUPUESTO DE LA OBRA PÚBLICA SUPERVISOR DEL CONTRATO FUNCIONES DEL MUNICIPIO CONTROVERSIAS CONTRA ENTIDAD TERRITORIAL ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA AUDIENCIA FALLIDA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL REANUDACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DAÑO ANTIJURÍDICO ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO NEXO DE CAUSALIDAD INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO ENTIDAD TERRITORIAL INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA FALTA DE EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESTITUCIÓN DE DINERO DEVOLUCIÓN DE DINERO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA VALOR DEL CONTRATO ESTATAL APORTE SOCIAL EN DINERO RECURSOS PÚBLICOS GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO TASACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS REPARACIÓN INTEGRAL DE PERJUICIOS PRINCIPIO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE REPARACIÓN INTEGRAL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL

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Titulación de la relatoría 29.327 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NORMA VIGENTE / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA / PROCEDENCIA DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / ALCANCE DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA / CUANTÍA DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA / IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA Problema jurídico: ¿Se cumplieron los requisitos para la procedencia del grado jurisdiccional de consulta frente al fallo de primera instancia en la que se condenó a la entidad territorial por incumplimiento del contrato interadministrativo? Respuesta al problema jurídico: Si Como la demanda se instauró ante esta jurisdicción en el año 2011, se rige por lo prescrito en el Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984-, por cuanto la Ley 1437 de 2011, según su artículo 308, entró a regir el día 2 de julio de 2012. Debe recordarse que, en virtud del inciso tercero de la precitada disposición, “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”. De este modo, la Sala es competente para conocer del presente asunto, debido al grado jurisdiccional de consulta previsto en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, dado que, en cumplimiento de los requisitos exigidos por esta norma para la procedencia del referido grado jurisdiccional: (i) el proceso tiene vocación de doble instancia ante esta Corporación, (ii) la cuantía de la condena en contra de una entidad pública supera aquella exigida por la ley para el efecto -300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y (iii) el fallo no fue apelado. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 184, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 308, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 57 LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PARTES CONTRATANTES / AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / MUNICIPIO Problema jurídico: ¿La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional está legitimada en la causa por activa y el Municipio por pasiva, por ser las partes del convenio interadministrativo frente al que surge la controversia contractual? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala estima que la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional está legitimada en la causa por activa, por ser una de las partes del convenio interadministrativo (...), cuyo incumplimiento se solicita. De igual manera, el municipio de Juan de Acosta -Atlántico- se encuentra legitimado en la causa por pasiva, por ser la otra parte del negocio jurídico objeto de la controversia. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL / OBLIGACIONES DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL / INVERSIÓN SOCIAL / GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL / PROGRAMAS DE INVERSIÓN SOCIAL / POBLACIÓN VULNERABLE / POLÍTICA SOCIAL / PRINCIPIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA / PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL / CONSTRUCCIÓN DE VÍA PÚBLICA / COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VÍA PÚBLICA / PRESUPUESTO DE LA OBRA PÚBLICA / SUPERVISOR DEL CONTRATO / FUNCIONES DEL MUNICIPIO / CONTROVERSIAS CONTRA ENTIDAD TERRITORIAL / ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS Problema jurídico: ¿El convenio interadministrativo celebrado entre las partes tuvo por objeto la ejecución de obras viales con recursos aportados por Acción Social, los cuales debían ser administrados y ejecutados por el Municipio? Respuesta al problema jurídico: Si Las consideraciones del convenio (…) indicaban que, entre las funciones de Acción Social, se encontraban las de “(…) adelantar programas que tengan por finalidad promover derechos constitucionales y contribuir a la satisfacción de las necesidades de las personas y grupos vulnerables y la de coordinar con las entidades y organismos públicos responsables de la ejecución de programas de la política de inversión social focalizada, la planeación, desarrollo, ejecución, seguimiento y evaluación garantizando su armonización con las políticas sociales que determine el gobierno nacional” (…). Por otro lado, el objeto de este acuerdo implicaba que las partes aunaran esfuerzos para la ejecución de tres proyectos viales, ubicados en diferentes sectores del municipio de Juan de Acosta. De las obligaciones contraídas por los cooperantes -las cuales se recapitularán más adelante-, se puede concluir que el rol de Acción Social era el de aportante de los recursos económicos -la mayoría de ellos- para el desarrollo del convenio, al tiempo que contaba con otros deberes a su cargo, relacionados con la supervisión y con la asesoría técnica y jurídica de las obras. Por su parte, el ente territorial, básicamente, cumplía un rol de administrador, no solamente de los recursos económicos aportados, sino de las labores que se debían desarrollar para el éxito de los proyectos. Este acuerdo se constituyó en una asociación entre entidades públicas, que no pretendían obtener una retribución patrimonial particular, sino mejorar la calidad de vida de los pobladores del municipio, lo cual es un fin compatible con las funciones administrativas y/o los servicios a cargo de las entidades suscribientes. Por lo anterior, la Sala concluye que el acuerdo de voluntades que es objeto de estudio corresponde a un convenio interadministrativo, que se enmarca en lo previsto en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998. FUENTE FORMAL: LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95 CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD Problema jurídico: ¿Para el cómputo del término de caducidad de la acción contractual es necesario determinar en qué momento se realizó la liquidación unilateral del convenio interadministrativo y si previamente, existía consentimiento pleno de las partes para ello? Respuesta al problema jurídico: Si La caducidad es la consecuencia jurídica prevista en la ley por el ejercicio tardío del derecho de acción, esto es, la desatención de los plazos y términos definidos en el ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente demanda, pudiendo ser declarada, incluso, de oficio. El numeral 10 del artículo 136 del C.C.A., subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, establece que la acción de controversias contractuales caducará en el término de 2 años, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. (…) La cláusula decimoctava del convenio 152 de 2007 disponía que: “De conformidad con las disposiciones de la Ley 80 de 1993, el presente Convenio será objeto de liquidación, procedimiento que se efectuará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su vencimiento previa presentación por parte del Municipio de los informes procedentes, acta de recibo a entera satisfacción de la obra y póliza de estabilidad de misma (sic), expida (sic) por el oferente adjudicatario o a la expedición del Acto Administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acuerdo que lo disponga. PARÁGRAFO: Si EL MUNICIPIO no se presentare para efectos de la liquidación del Convenio o las partes no lleguen a ningún acuerdo, ACCIÓN SOCIAL procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada” (…). Respecto a la posibilidad que tienen las partes de un convenio interadministrativo para pactar su liquidación unilateral, la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación ha considerado que dichos acuerdos son válidos, en el entendido de que no comportan el ejercicio de una potestad exorbitante o excepcional al derecho común (…). En el mismo sentido, esta Subsección ha considerado que en los convenios interadministrativos se puede recurrir a la figura de la liquidación unilateral, siempre que exista un acuerdo expreso, esto es, la anuencia previa de los contratantes o el respectivo consentimiento pleno. (…) De esta forma, la inclusión de la liquidación unilateral en un convenio interadministrativo resulta válida, siempre que sea acordada por las partes -de manera clara e inequívoca-, y no sea el resultado del ejercicio de una posición dominante. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la caducidad de la acción de controversias contractuales, ver sentencia del 24 de abril de 2017, Exp. 55836, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa y sentencia del 22 de octubre de 2021, Exp. 65978, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / AUDIENCIA FALLIDA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / REANUDACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Problema jurídico: ¿El término de caducidad de la acción contractual empezó a contar desde el vencimiento del plazo dado a Acción Social para liquidar unilateralmente el convenio? Respuesta al problema jurídico: Si [E]s importante recordar que, como lo ha explicado esta Subsección, dada la finalidad asociativa de los convenios interadministrativos, estos deben autorregularse por sus propias estipulaciones, que son el producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las entidades cooperantes, sin que pueda hacerse prevalecer la aplicación de regímenes o normas incompatibles con dicha finalidad. En este tipo de acuerdos, al igual que en los regidos por el derecho privado, las partes gozan de una posición horizontal o igualitaria, relacionándose en un paralelismo de intereses bajo un ámbito de equivalencia. En ese sentido, la finalidad asociativa de los convenios interadministrativos regulados en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 impide una aplicación automática del régimen contractual de los contratos estatales. (…) En el presente caso, las partes estipularon que, de no poder realizar la liquidación de mutuo acuerdo, Acción Social liquidaría el convenio a través de resolución motivada. Por tanto, es claro que las entidades públicas cooperantes, de manera expresa, incluyeron la posibilidad de liquidar unilateralmente el convenio en los términos del Estatuto General de Contratación Pública, lo cual obliga a tener en cuenta el plazo de los 2 meses para llevarla a cabo, para efectos de calcular la caducidad. (…) Así, dado que el convenio (…) venció (…), el término de 4 meses acordado por las partes para liquidarlo bilateralmente feneció (…). A partir de ese momento, inició el término para liquidarlo unilateralmente (…). Como el convenio no fue liquidado bilateral o unilateralmente, el término de caducidad comenzó a correr (…). A pesar de lo anterior, la parte actora presentó la solicitud de conciliación extrajudicial (…) -antes de que se venciera el término de caducidad-, diligencia que fue llevada a cabo (…). La misma se declaró fallida (…). De esta forma, el término de caducidad se reactivó (…), pero como la demanda se presentó (…), se concluye que fue oportuna. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales en contratos que requieres liquidación, ver sentencia del 6 de julio de 2022, Exp. 66594, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. entidades públicas, sentencia del 14 de junio de 2019, Exp. 25000-23-37-000-2010-02552-01(AP), C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95 RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / DAÑO ANTIJURÍDICO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / NEXO DE CAUSALIDAD / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Qué elementos deben concurrir para la estructuración de la responsabilidad por incumplimiento contractual? Respuesta al problema jurídico: Si La responsabilidad contractual de las entidades públicas, al igual que la extracontractual, emana del artículo 90 de la Constitución Política, que consagra la cláusula general de responsabilidad del Estado. De igual manera, esta Corporación ha aseverado que: “El citado artículo 90 de la Constitución, de conformidad con lo expuesto ampliamente en la jurisprudencia, regula tanto la responsabilidad extracontractual del Estado, como también su responsabilidad pre y contractual (…)”. Partiendo de lo anterior, y adentrándose al escenario del incumplimiento, se tiene que el mismo se presenta cuando el comportamiento de una de las partes no es debido, desatendiendo las obligaciones a su cargo. En otros términos, el incumplimiento es el comportamiento opuesto a aquel en el que se concreta el cumplimiento, bien sea por falta de ejecución, por ejecución defectuosa o por ejecución tardía de las prestaciones (artículo 1613 del Código Civil), todo lo cual constituye un desconocimiento de lo pactado en el negocio jurídico, que, por mandato del artículo 1602 del Código Civil, es ley para las partes. Así, y como lo ha señalado esta Subsección, la estructuración de la responsabilidad por incumplimiento contractual requiere la concurrencia de los siguientes elementos: (i) la existencia de un contrato o convenio válidamente celebrado; (ii) la preexistencia de una o varias obligaciones originadas en el negocio que son desconocidas por el deudor; (iii) el comportamiento antijurídico de la parte a quien se le atribuye el incumplimiento, que, en el plano contractual, se traduce en la infracción de las cláusulas contractuales, por acción o por omisión, y que se concreta en la falta de cumplimiento de la prestación debida en la forma y en el tiempo establecidos, y (iv) un daño que tenga relación causal entre el comportamiento antijurídico del deudor y la prestación insatisfecha. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los presupuestos para la declaratoria de incumplimiento del contrato, ver sentencia del 11 de agosto de 2010, Exp. 18499, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, sentencia del 14 de marzo de 2016, Exp. 30542, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia del 12 de mayo de 2011, Exp. 18446, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y sentencia del 21 de mayo de 2021, Exp. 53134, C.P. María Adriana Marín. Igualmente ver sentencia de la Corte Constitucional C 333 de 1996, C.P. Alejandro Martínez Caballero. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, 1613 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / MUNICIPIO / OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO / ENTIDAD TERRITORIAL / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / FALTA DE EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / RESTITUCIÓN DE DINERO / DEVOLUCIÓN DE DINERO Problema jurídico: ¿Conforme a las cláusulas pactadas en el convenio, el incumplimiento del municipio por inejecución de las obras y de los recursos aportados por Acción Social para tal fin, da lugar a la restitución de estos últimos? Respuesta al problema jurídico: Si En el plenario está demostrado que las partes suscribieron el convenio interadministrativo (…), que tenía por objeto aunar esfuerzos para la construcción de algunas obras (…). Entre las obligaciones a cargo del municipio, estaban las de ejecutar las obras, manejar y utilizar adecuadamente los recursos aportados por Acción Social, y efectuar el seguimiento de estos últimos. (...). De acuerdo con el material probatorio obrante en el proceso, es posible colegir que el municipio de Juan de Acosta incumplió parcialmente el convenio (…), dado que, se reitera, las obras y los recursos no se ejecutaron en su totalidad, al tiempo que estos últimos no fueron debidamente administrados. Teniendo esto presente, y con base en la (…) cláusula sexta del convenio, el demandado estaría en la obligación de devolver los recursos no ejecutados. La cuestión, (…) radica en la definición de dicho monto, en tanto en el proceso no reposa ni el acta de entrega de las obras, ni los informes de interventoría, ni, en general, ningún documento relativo a la relación contractual adelantada por el municipio para el cumplimiento del convenio. (…) [E]l contrato de obra celebrado por el municipio para cumplir con el objeto del convenio (…), no contemplaba como precio la totalidad de los recursos del mismo, puesto que, según la precitada acta modificativa (…), el valor del contrato era igual a $5.508’770.943. Esto significa que, de los $5.615’825.498 del convenio (...), la suma de $107’054.555 no se comprometió para la construcción de las obras -sin tenerse certeza de cuál porcentaje de estos dineros correspondía a los recursos de Acción Social y cuál a los del municipio-. Aunque al momento de calcular la devolución de los recursos, tanto el actor como el tribunal tuvieron en cuenta esta cifra, la Sala estima que no existe prueba de que estos dineros no fueran ejecutados, ya que los documentos que reposan en el expediente solo se relacionan con los dineros del contrato de obra (…). Por el contrario, existen indicios de que, en realidad, estos recursos se destinaron a la interventoría de obra, que fue contratada con la Unión Temporal Interventoría Azucena. (…) Partiendo de este panorama, y a partir de los documentos que reposan como prueba, es posible intuir que la ejecución del convenio implicaba la suscripción de un contrato de obra y de uno de interventoría, sin que se tenga mayor información en relación con el segundo de ellos. Dado que el actor nunca cuestionó la inversión de recursos de la interventoría, ni probó que los $107’054.555 que no se incluyeron en el valor del contrato de obra no fueron ejecutados, no se ordenará la restitución de este monto. INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / CONSTRUCCIÓN DE VÍA PÚBLICA / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL / APORTE SOCIAL EN DINERO / RECURSOS PÚBLICOS / FALTA DE EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / MUNICIPIO / ENTIDAD TERRITORIAL / DEVOLUCIÓN DE DINERO Problema jurídico: ¿Ante la falta de certeza del monto de los recursos aportados al convenio interadministrativo por parte del municipio demandado, este deberá restituir la totalidad de los recursos del contrato de obra pública que no fueron ejecutados? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l contrato de obra destinado a la construcción de las vías tenía un valor de $5.508’770.943 -sin definir cuál era el porcentaje correspondiente a los aportes de cada una de las partes-. En el memorando (…), el supervisor aclaró que las obras ejecutadas ascendían a $4.081’728.077. Por tanto, los recursos del contrato de obra que no se ejecutaron equivalen a $1.427’042.866. Como ya se ha dicho, no se sabe qué porcentaje de los recursos sin ejecutar corresponden al aporte de Acción Social, y cuánto al aporte del municipio. Tampoco se tiene certeza sobre si el municipio entregó la totalidad de sus aportes, dado que el supervisor, inicialmente, había señalado que este no había cumplido con la obligación de entregar los dineros previstos en la cláusula segunda -y las demás pruebas del plenario son contradictorias frente a lo efectivamente aportado por el accionado-. Por ello, ante las inconsistencias relacionadas con el cumplimiento de esta obligación del municipio, la Sala ordenará que se restituya la totalidad de los recursos no ejecutados, esto es, $1.427’042.866. En otros términos, se dispondrá la devolución de todo este monto, porque, se insiste, está probado que el actor entregó la totalidad de sus aportes, sin que pueda advertirse lo mismo respecto al municipio. Este valor deberá actualizarse desde la fecha máxima en que debió producirse la liquidación del convenio, ya que este era el plazo para que las partes surtieran el ajuste final de cuentas, y hasta la fecha del presente fallo. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / TASACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / REPARACIÓN INTEGRAL DE PERJUICIOS / PRINCIPIO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE REPARACIÓN INTEGRAL Problema jurídico: ¿En virtud del principio de reparación integral, es posible solicitar conjuntamente, a instancia judicial, la efectividad de la cláusula penal pecuniaria y la indemnización de perjuicios, siempre y cuando se demuestre por el actor que la cuantía de dichos perjuicios supera los estimados anticipadamente en la cláusula penal? Respuesta al problema jurídico: Si La cláusula penal es una figura regulada en el artículo 1592 del Código Civil plenamente aplicable en la contratación estatal por virtud de la remisión contenida en los artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993-, el cual dispone: “La cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal”. De este modo, aunque se habla de la cláusula penal como una tasación anticipada de perjuicios, esta solo es la regla general, puesto que, por vía de excepción, en tanto medie un pacto entre las partes, puede perder ese carácter y convertirse en una sanción convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones. En estos supuestos, se puede solicitar al juez el pago de la indemnización por los perjuicios causados y de la cláusula penal, como consecuencia del retardo. Esta anotación es pertinente porque ha sido el criterio adoptado por el Consejo de Estado en algunas de sus providencias. Esta Subsección, por ejemplo, ha asegurado que, acudiendo al principio de reparación integral, es posible solicitar conjuntamente, a instancia judicial, la efectividad de la cláusula penal pecuniaria y la indemnización de perjuicios, “(…) siempre que el acuerdo de voluntades plasmado en el contrato así lo permita y además se demuestre que los perjuicios deprecados a título de indemnización superan los estimados anticipadamente en la cláusula penal, evento en el cual corresponderá al actor la carga probatoria de acreditar su causación y su cuantía”. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la cláusula penal pecuniaria ver sentencia del 16 de julio de 2015, Exp. 38788, C.P. Hernán Andrade Rincón (E). Igualmente ver sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil del 23 de mayo de 1996, Exp. 4607, M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss y sentencia del 18 de diciembre de 2009, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena, Exp. 68001-31-03-001-2001-00389-01. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, 32, 40, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1592 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / ENTIDAD TERRITORIAL / OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / MUNICIPIO Problema jurídico: ¿Debe hacerse efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada por las partes de forma compensatoria, al acreditarse el incumplimiento del convenio por parte del municipio? Respuesta al problema jurídico: Si Las partes incluyeron la cláusula penal pecuniaria en la cláusula vigesimoprimera del convenio (…), acordando que, ante el incumplimiento total o parcial de las obligaciones, o ante el cumplimiento tardío o defectuoso de las mismas, el municipio debería pagarle a Acción Social una suma equivalente al 0.5% del valor de los aportes de esta, “(…) cantidad que se tendrá como pago parcial de los perjuicios que reciba ACCIÓN SOCIAL por el incumplimiento” (…). Pero, además, se acordó que el pacto de esta pena, no impedía que se le exigiera al municipio el pago total de los perjuicios causados y el cumplimiento de sus obligaciones. De la redacción de la estipulación contractual en mención, la Sala estima que la cláusula penal acordada por las partes era compensatoria -mas no moratoria-, por cuanto se fijó como una tasación parcial o eventual de los perjuicios que pudieran causarse. En este punto, cabe aclarar que la parte actora no solicitó el reintegro de los recursos no ejecutados a título de indemnización de perjuicios, sino en cumplimiento de las obligaciones del convenio -en la ya citada cláusula sexta se pactó que, en caso de que los recursos no se ejecutaran según lo acordado, Acción Social pediría su reintegro-. Aunado a ello, la cláusula penal, en la forma en que fue pactada y según el artículo 1594 del Código Civil, permite acumular lo que se estipuló como tasación anticipada de perjuicios, con el cumplimiento de las obligaciones. Así, como está demostrado que el municipio incumplió el convenio (…), y como el pactar una cláusula penal libera al demandante de probar los perjuicios y su cuantía, la Sala procederá a condenar, en sede judicial, al municipio de Juan de Acosta al pago del 0.5% de los aportes de Acción Social. Este monto deberá actualizarse. Diferente a lo definido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el momento que se tomará como índice inicial será el de la fecha máxima en la que debió surtirse la liquidación, y no desde que se venció el convenio -el día siguiente a su vencimiento-, ya que en la etapa de liquidación las partes podían hacer los reconocimientos y las deducciones correspondientes. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia del cobro de la cláusula penal pecuniaria, ver sentencia del 28 de noviembre de 2019, Exp. 36600, C.P.: María Adriana Marín. Igualmente ver sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil del 31 de julio de 2018, Exp. 25899-31-03-002-2013-00162-01, M.P. Luis Alonso Rico Puerta. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1594 LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / FALTA DE EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / RESTITUCIÓN DE DINERO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿La liquidación del convenio debe ser modificada y actualizada conforme a los montos que deben ser pagados por el municipio por concepto de inejecución de los recursos destinados a la obra pública? Respuesta al problema jurídico: Si La liquidación es la etapa del negocio jurídico que tiene por finalidad establecer el resultado final de la ejecución de las prestaciones a cargo de los contratantes, y determinar el estado económico final de la relación negocial, definiendo, en últimas, quién le debe a quién y cuánto. Por tanto, la Sala conservará la decisión de liquidar el convenio, modificando los montos que deberán ser pagados por el municipio, de acuerdo a lo expuesto en líneas precedentes. Es decir, se modificará y actualizará el valor de los recursos no ejecutados de Acción Social que deberán restituirse, y se actualizará lo relativo a la cláusula penal. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la liquidación del convenio interadministrativo, ver sentencia del 28 de febrero de 2013, Exp. 25199, C.P. Danilo Rojas Betancourth y sentencia de 29 de julio de 2015, Exp. 33969, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.
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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN Bogotá, D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós 2022 Radicación número: 08001-23-31-000-2011-00506-01 (60.434) Actor: AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL -ACCIÓN SOCIAL- (HOY, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL)1 Demandado: MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA -ATLÁNTICO- Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL – GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA Temas: LIQUIDACIÓN UNILATERAL EN CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS: es procedente, siempre que medie un pacto expreso, claro e inequívoco / Los convenios interadministrativos se rigen por sus estipulaciones negociales, por lo que la Ley 80 de 1993 solo aplica de manera supletiva – INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: se presenta cuando una de las partes deshonra sus compromisos negociales – CLÁUSULA PENAL: es una tasación anticipada de perjuicios, pero, por acuerdo expreso, puede adquirir la naturaleza de sanción por el simple retardo. La Sala decide el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia del 18 de noviembre de 2016 (fls. 228 – 251, c. ppl.), proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C Escritural, por medio de la cual se concedieron las pretensiones. I. SÍNTESIS DEL CASO El 18 de mayo de 2011, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social- presentó demanda (fls. 1 – 13, c1), en ejercicio de la acción de controversias contractuales, en contra del municipio de Juan de Acosta - Atlántico-, con la pretensión de que se declarara el incumplimiento del convenio 1 En virtud del artículo 170 de la Ley 1448 de 2011 y del Decreto 4155 de 2011, se transformó la naturaleza de Acción Social, convirtiéndose en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. En efecto, el artículo 1 del mencionado decreto dispone: “De conformidad con lo establecido en el inciso 2° del artículo 170 de la Ley 1448 de 2011, transfórmese el establecimiento público Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) en Departamento Administrativo, el cual se denominará Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, como organismo principal de la administración pública del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación”. 2 Radicación número: 08001-23-31-000-2011-00506-01 (60.434). Actor: Acción Social. Demandado: Municipio de Juan de Acosta. Referencia: Grado jurisdiccional de consulta. interadministrativo No. 152 del 27 de junio de 2007, que tenía por objeto la construcción de algunas obras viales en el municipio. Asimismo, solicitó que se le ordenara al accionado el reintegro de los recursos aportados por Acción Social que no fueron ejecutados, que se hiciera efectiva la cláusula penal pecuniaria, y que se liquidara judicialmente el convenio. II. ANTECEDENTES 1. La demanda: Mediante demanda radicada ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, el 18 de mayo de 2011 (fls. 1 – 13, c1)2, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo -C.C.A.-, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, se dirigió en contra del municipio de Juan de Acosta, con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas: 1. Que se declare que el Municipio de Juan de Acosta incumplió el convenio No. 152 de 2007 celebrado con ACCIÓN SOCIAL. 2. Que se declare que el Municipio de Juan de Acosta debe reintegrar a la Dirección del Tesoro Nacional por concepto de recursos no ejecutados del convenio No. 152 de 2007, la suma de $1.534.097.421.oo debidamente indexada. 3. Que se imponga al Municipio de Juan de Acosta, en sede judicial, la cláusula penal pecuniaria pactada en el convenio No. 152 de 2007 que asciende a la suma de $27.726.577.oo. 4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se liquide, en sede judicial, con base en el proyecto de acta de liquidación que se allega, el convenio No. 152 de 2007 teniendo en cuenta dentro de dicha liquidación el reintegro de las sumas no ejecutadas. 5. Que se condene al Municipio de Juan de Acosta a pagar todas las costas del proceso (fl. 5, c1). 1.1 Los fundamentos de hecho: El actor sustentó sus pretensiones en los fundamentos fácticos, que, en síntesis, se expresan a continuación: La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social- celebró con el municipio de Juan de Acosta el convenio interadministrativo de cooperación No. 152 del 27 de junio de 2007, que tenía por objeto aunar esfuerzos 2 Aunque en la demanda no figura el sello de recibo del tribunal, el reparto del proceso se surtió este día. De igual manera, según la sentencia de primer grado, la demanda se presentó el 18 de mayo de 2011 (fl. 233, reverso, c. ppl.). 3 Radicación número: 08001-23-31-000-2011-00506-01 (60.434). Actor: Acción Social. Demandado: Municipio de Juan de Acosta. Referencia: Grado jurisdiccional de consulta. para ejecutar los siguientes proyectos: (i) construcción en pavimento rígido de la calle 6, entre las carreras 1 y 6, en el municipio de Juan de Acosta; (ii) construcción en adoquines y cunetas en concreto reforzado de la entrada al corregimiento de Chorrera, municipio de Juan de Acosta, y (iii) construcción en concreto asfáltico de la vía la Azucena, que une la autopista al mar con la vereda Media Luna, en el municipio de Juan de Acosta. El plazo inicial del convenio era hasta el 31 de diciembre de 2007. Asimismo, su valor ascendía a $5.615’825.498, los cuales se discriminaron así: (i) Acción Social aportaría $5.545’315.587, mientras que (ii) el municipio de Juan de Acosta aportaría $70’509.911. Por medio del otrosí No. 1 del 31 de diciembre de 2007, se prorrogó el plazo del convenio en 5 meses, esto es, hasta el 31 de mayo de 2008. Posteriormente, a través del otrosí No. 2 del 30 de mayo de 2008, se amplió nuevamente el plazo hasta el 31 de octubre de 2008. En oficio 315 del 19 de mayo de 2008, el alcalde del municipio demandado le remitió al supervisor del convenio una copia de la denuncia instaurada ante la Fiscalía General de la Nación, en contra del ex alcalde de Juan de Acosta, por el desvío de los recursos aportados por Acción Social. Por medio de memorando 20093040113763 del 20 de abril de 2009, el coordinador nacional del área de infraestructura le solicitó al coordinador del proceso de gestión de contratos y liquidación que iniciara el proceso de incumplimiento del convenio. Este último funcionario, por medio del memorando 20094210123483 del 28 de abril de 2009, le solicitó al coordinador del área de infraestructura la remisión del informe de supervisión que permitiera evidenciar las obligaciones incumplidas por el municipio. El coordinador del área de infraestructura, a través del memorando 20093040194923, remitió la información necesaria para iniciar el proceso de incumplimiento del convenio. Por medio del comunicado 20094210919641 del 22 de julio de 2009, se le informó al alcalde de Juan de Acosta el inicio del proceso de incumplimiento. El 24 de agosto de 2009, el alcalde del municipio demandado presentó el escrito de descargos, al cual se adjuntó la copia del acta modificatoria No. 3, suscrita por los contratistas de obra e interventoría y por la alcaldía municipal, en la cual se modificaron las condiciones del contrato de obra L.P. 002-2007 -que tenía por objeto la ejecución de las obras referidas-, reduciendo su valor a $4.081’728.079,66. Esta acta fue suscrita el 20 de marzo de 2009, es decir, luego de que el plazo del convenio se venciera. De 4 Radicación número: 08001-23-31-000-2011-00506-01 (60.434). Actor: Acción Social. Demandado: Municipio de Juan de Acosta. Referencia: Grado jurisdiccional de consulta. conformidad con lo expuesto, y de acuerdo con el porcentaje de ejecución de las obras, el municipio solicitó el desistimiento de la iniciación del proceso de incumplimiento y de la aplicación de la cláusula penal. En memorandos del 29 de septiembre de 2009 y del 17 de junio de 2010, el coordinador del proceso de gestión de contratos y liquidación le solicitó al coordinador del área de infraestructura la cuantificación del monto de los perjuicios; el recibo a satisfacción de las intervenciones de la pavimentación de la calle 6, entre carreras 1 y 6, y de la pavimentación de la vía la Chorrera, y el concepto técnico y de viabilidad del recibo parcial de lo ejecutado en la vía la Azucena. El coordinador del área de infraestructura manifestó la viabilidad de recibir las obras ejecutadas, precisando que, mientras las dos primeras se ejecutaron en un 100%, la última solo tuvo una ejecución del 55%. Posteriormente, el supervisor del convenio hizo algunas aclaraciones en relación con la estimación del perjuicio presentado por el incumplimiento en la entrega de las obras, resaltando que la interventoría certificó la ejecución de $4.081’728.077. El supervisor también aseguró que el municipio no aportó el acta de liquidación de los contratos de obra e interventoría, el acta final de las cantidades de obra, y los respectivos informes finales de obra e interventoría, que eran necesarios para poder recibir las obras. Así, los recursos no ejecutados, que ascienden a $1.534’097.421, y que pertenecen a la tercera obra, deberán reintegrarse al tesoro nacional. De igual modo, es procedente la aplicación de la cláusula penal pecuniaria, equivalente al 0.5% de los aportes de Acción Social, conforme a la cláusula vigesimoprimera del convenio. Según el actor, la cláusula penal se tendrá como un pago parcial de los perjuicios que se le ocasionaron a la entidad

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=080012331000201100506011100103