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Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2024-12-04Sala Consulta y Servicio CivilJUAN MANUEL LAVERDE ÁLVAREZRad. 11001030600020230074700CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Cuál es el alcance e interpretación de la norma prevista en el artículo 5º y su parágrafo de la Ley 1066 de 2006 en materia de cobro coactivo por parte de las entidades públicas, así como la aplicación que, en la misma materia, debe darse a los artículos 98 y 100 de la Ley 1437 de 2011, al artículo 169 del Decreto- Ley 1421 de 1993 y al artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, para los efectos del cobro coactivo de facturas cambiarias de venta generadas por la prestación de servicios de salud por parte de Empresas Sociales del Estado E.S.E? Sí
Si bien es cierto las E.S.E., no son entes vinculados en los términos del artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, respecto de los cuales la Corte declaró la constitucionalidad condicionada, sino de carácter descentralizado, la primera de las disposiciones regula una situación de exclusión para las entidades públicas que desarrollan una actividad de gestión de cobranza similar o igual a los particulares, en desarrollo del régimen privado que se aplica al giro principal de sus negocios, cuando dicho régimen esté consagrado en la ley o en los estatutos sociales de la sociedad, como en efecto sucede respecto de las E.S.E. De esta manera, las E.S.E carecen de facultades de cobro coactivo, al tenor de la gestión que realizan, en tanto cumplen actividades en la misma condición con los particulares, dentro del marco de un mercado competitivo en el sector salud…
También resuelve:¿De conformidad con lo previsto en las Leyes 6 de 1992, 1066 de 2006 y 1437 de 2011, principalmente, y teniendo en cuenta la naturaleza y régimen jurídico de las Empresas Sociales del Estado…¿En caso de no considerarse procedente que las Empresas Sociales del Estado adelanten el cobro coactivo de las facturas generadas por la prestación de servicios de salud ¿qué otras alternativas o…
¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva está determinada por el interés legítimo frente a un derecho discutido entre las partes que acuden como demandante y demandado, y la relación sustancial que nace de dicha controversia? Sí
El contratista y la entidad estatal están legitimados en la causa para intervenir en un proceso contractual cuando tienen un interés legítimo en el derecho discutido y una relación sustancial con la controversia, lo que implica que la legitimación en la causa por activa y por pasiva se determina en función de la relación jurídica sustancial derivada de la participación en la circunstancia fáctica o situación jurídica que origina la disputa. En el caso concreto, la entidad estatal que celebró el contrato y que incumplió sus obligaciones es la única legitimada en la causa por pasiva, mientras que la otra parte que reclama el incumplimiento tiene legitimación en la causa por activa, ya que ambos tienen un interés legítimo en la controversia contractual y están vinculados funcional o materialmente a los hechos que dan origen a la reclamación. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la legitimación en la causa en controversias contractuales, estableciendo que la relación contractual es el fundamento esencial para determinar la legitimación de las partes en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en la causa por pasiva recayó sobre el Hospital contratante en los negocios jurídicos que originaron la controversia…¿En qué consiste la capacidad jurídica y en qué se diferencia de la capacidad procesal?¿Los establecimiento de comercio tienen capacidad jurídica para ser parte de un contrato y para comparecer a un proceso judicial iniciado en virtud de controversias surgidas de dicho contrato?
¿Cuál es el régimen jurídico aplicable a los contratos que suscriben las Empresas Sociales del Estado? Sí
El servicio de salud prestado directamente por la Nación o por las entidades territoriales debe ejecutarse a través de Empresas Sociales del Estado, que son empresas públicas descentralizadas, y sus contratos se rigen por el derecho privado, aunque puedan utilizar discrecionalmente las cláusulas exorbitantes del estatuto general de contratación. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el artículo 49 de la Constitución y el artículo 365 de la misma norma establecen que el servicio de salud es un servicio público a cargo del Estado, prestado de forma directa o indirecta. La segunda es que el artículo 195 de la Ley 100 de 1993 dispone que, en materia contractual, las empresas sociales del Estado se rigen por el derecho privado, pero pueden utilizar esas cláusulas exorbitantes. La providencia cita la sentencia C-171 de 2012 de la Corte Constitucional en su nota de relatoría, y el documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el contrato se analiza bajo el régimen privado, sin perjuicio de las cláusulas exorbitantes pactadas.síntesis automática
También resuelve:¿A los contratos de derecho privado que suscriben las Empresas Sociales del Estado le son aplicables los principios de la función administrativa…¿Los actos precontractuales proferidos dentro de los procesos de selección regidos por el derecho privado tienen la naturaleza de acto administrativo?¿Procede la adecuación del medio de control por parte del Juez al encontrarse la indebida escogencia de este dentro de la demanda?
¿Las EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO – ESE- pueden adelantar contratación directa durante el periodo de la Ley de Garantías, conforme la excepción dispuesta en la norma?
El inciso segundo del artículo 33 dispone de dos (2) grandes grupos de excepciones a la prohibición de contratar directamente en la época preelectoral. Por un lado, las que atienden el ejercicio de cierta función o la atención de determinada actividad particular y sin importar la calidad del ente que la cumpla o desarrolle. Por otra parte, las que aluden a las entidades sanitarias y hospitalarias acudiendo a un criterio eminentemente subjetivo, pese a que no limita la excepción a un tipo de entidad en particular, sino que ata su aplicación a la naturaleza del respectivo ente. Así, para determinar si la contratación de una entidad pública está exceptuada de la prohibición general para la contratación directa, el intérprete deberá analizar el caso concreto para establecer que se trata de una actividad de las descritas en la norma o que se encuentra frente a una entidad de sanidad u hospitalaria.
También resuelve:Empresas sociales del estado: régimen jurídico, reglas aplicables, reglas aplicables / alcance de las restricciones, ley de garantías / ley de garantías electoralesAlcance de las restricciones: Ley de garantíasLey de garantías electorales: Artículo 33, restricciones
Usted realiza la siguiente consulta: «El silencio administrativo positivo adoptado por el numeral 16, del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, extiende sus efectos jurídicos al régimen de las Empresas Sociales del Estado -E.S.E.-?» (sic).
El silencio administrativo positivo adoptado por el numeral 16, del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, extiende sus efectos jurídicos al régimen de las Empresas Sociales del Estado -E.S.E.-? (sic).
También resuelve:Entidades de régimen especial: definición, reglas aplicables, manual de contratación, contenidoEmpresa social del estado: silencio administrativo negativo, silencio administrativo positivo
Usted realiza la siguiente pregunta: «… Elevamos esta consulta a Colombia Compra Eficiente, como último recurso, para que se nos aclare si es posible que los contratos de AMPLIACIÓN DE VÍAS se puedan considerar dentro de las obras de MEJORAMIENTO DE VÍAS como concepto técnico valido para las diferentes entidades».
Elevamos esta consulta a Colombia Compra Eficiente, como último recurso, para que se nos aclare si es posible que los contratos de AMPLIACIÓN DE VÍAS se puedan considerar dentro de las obras de MEJORAMIENTO DE VÍAS como concepto técnico valido para las diferentes entidades.
También resuelve:Documentos tipo: infraestructura de transporte, anexo 3, glosario, proyectos de construcción
¿A la fecha de la presentación de la demanda, el negocio jurídico se encontraba vigente? Sí
El negocio jurídico celebrado entre entidades públicas se considera jurídicamente vigente para efectos del cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales cuando una de las partes obligadas no ha transferido o ejecutado la totalidad de los aportes económicos pactados. En este proceso relativo a un convenio interadministrativo, la Sala verifica que el plazo comenzó a regir bajo la normatividad anterior y que la presentación oportuna de la demanda dentro del término legal permite desestimar los argumentos ministeriales de caducidad, imponiendo el pago de agencias en derecho a favor de la entidad demandante a cargo de las entidades recurrentes vencidas.síntesis automática
También resuelve:¿Los convenios interadministrativos deben regularse por sus propias estipulaciones, producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las entidades cooperantes?¿El acuerdo de voluntades consistió en una unión de esfuerzos entre distintas entidades para concurrir al pago del pasivo prestacional del sector salud?¿Con la declaratoria de nulidad parcial del decreto, el fundamento normativo para que la ESE participara en el acuerdo de voluntades no estaba vigente al momento de la celebración de este último?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2026-09-23Sala Consulta y Servicio CivilJUAN MANUEL LAVERDE ÁLVAREZRad. 11001030600020260029900CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Sala debe abstenerse de resolver el presunto conflicto de competencias administrativas, ante la inexistencia del mismo, toda vez que no se encuentra en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa particular y concreta pendiente de dirimir, por cuanto mediante la suscripción del contrato de concurrencia se dio respuesta de fondo a la solicitud elevada por Porvenir de reconocimiento y pago del bono pensional? Sí
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado advierte la inexistencia de un conflicto de competencia en este caso, razón por la cual se abstendrá de resolverlo de fondo… El conflicto inicialmente suscitado fue superado, por cuanto el pasivo prestacional correspondiente a la [beneficiaria], reconocido en la Resolución 2679 del 21 de octubre de 2025, fue incluido en el convenio de concurrencia núm. 002 del 3 de julio de 2026.
¿El contrato celebrado entre Hospital de Yopal E.S.E. y AAA Alliance S.A.S. es un negocio jurídico regido por las reglas y principios civiles y comerciales, en el que se pactaron facultades exorbitantes? Sí
Los contratos celebrados por una empresa social del Estado son negocios jurídicos sometidos al derecho privado, en los que pueden pactarse discrecionalmente las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de la Contratación Pública. Esta regla se apoya en los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, que dan a la empresa el carácter de entidad pública descentralizada con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Por ello, la presencia de facultades exorbitantes no cambia la naturaleza privada del negocio, sino que habilita a la entidad a ejercer ciertas potestades unilaterales. En el caso concreto el contrato de prestación de servicios se rige por normas civiles y comerciales y contiene facultades de declaración de caducidad, interpretación, modificación y terminación unilaterales, que fueron pactadas por la empresa. La sala confirmó la sentencia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la empresa social del Estado puede pactar cláusulas exorbitantes en contratos regidos por el derecho privado.síntesis automática
También resuelve:¿El Hospital de Yopal desconoció las reglas procedimentales previstas en la ley para la declaratoria de caducidad contractual e imposición de multas afectando el debido proceso y la defensa del…¿El Hospital de Yopal incurrió en desviación de poder porque persiguió un interés distinto al público al expedir las Resoluciones 263 y 380 de 2019?¿Los motivos de las resoluciones demandadas, fueron falsos o alejados de la realidad contractual, teniendo en cuenta el incumplimiento mutuo justificante de la exceptio non adimpleti contractus?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-09-04Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 68001233300020220037101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Bajo cualquier escenario es evidente que el actor ejerció el derecho de acción cuando había operado el fenómeno de la caducidad? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, la suspensión de términos judiciales decretada por el Gobierno Nacional no aumenta el término de caducidad, que sigue siendo de dos años. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la suspensión solo paraliza el cómputo de los términos durante el periodo que la norma determina, y no modifica la duración del plazo previsto en la ley. Segunda, la solicitud de conciliación extrajudicial no revive un término que ya había vencido. En el caso, el término de caducidad culminó el 12 de enero de 2022, antes de la presentación de la demanda y antes de la solicitud de conciliación, por lo que la providencia confirma la caducidad declarada. Así, la suspensión no altera la duración del término, que sigue siendo de dos años. En la práctica, la parte que considere que la suspensión de términos extendió su plazo debe contar los días transcurridos antes de la suspensión, porque la suspensión no reinicia el plazo.síntesis automática
También resuelve:¿Hay que valorar las disposiciones del decreto que suspendió los términos de caducidad en consideración a la pandemia del COVID-19?¿Cómo el manual de contratación de la ESE estipulaba que los contratos de tracto sucesivo debían liquidarse, el contrato sí requería del trámite de la liquidación…¿El Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de…
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2024-07-16Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020240008800LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Es competente el Consejo de Estado en única instancia para conocer recurso de anulación contra laudo arbitral proferido en conflictos originados en contratos celebrados por entidades públicas? Sí
Corresponde al Consejo de Estado conocer en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por entidades públicas, según el numeral 7 del artículo 149 del CPACA. Esta competencia se apoya en el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012, que atribuye a la corporación el conocimiento de esos recursos cuando en el asunto interviene una entidad pública o quien desempeña funciones administrativas. Por ello la competencia depende de la naturaleza pública de alguna de las partes y del origen contractual de la controversia, y no de la cuantía. En el caso concreto la controversia se refería al cumplimiento de un acuerdo de conformación de una unión temporal entre entidades públicas, y la sala admitió el recurso. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el recurso de anulación contra laudos con intervención pública y origen contractual se tramita en única instancia ante el Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la admisión del recurso de anulación contra laudo arbitral del 16 de abril de 2024, proferido por el Tribunal de Arbitramento…
¿El juez de segunda instancia puede pronunciarse sobre una imputación de responsabilidad patrimonial formulada de manera simultánea por dolo y culpa grave, cuando dicha imputación no se presenta como pretensión principal y subsidiaria y los argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación sustentan, de forma exclusiva, una conducta dolosa por desviación de poder? No
El juez de segunda instancia circunscribe su competencia decisoria a los reparos concretos y argumentos conceptuales expuestos en el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, de modo que los aspectos ajenos a dichos cuestionamientos escapan de su conocimiento salvo los asuntos de carácter oficioso. En este proceso de repetición bajo la Ley 678 de 2001, la Sala confirma la sentencia absolutoria al constatar que la imputación de responsabilidad patrimonial se formuló exclusivamente por conducta dolosa y desviación de poder en la demanda y en la apelación, impidiendo al ad quem pronunciarse simultáneamente sobre culpa grave al no haberse planteado pretensiones principales y subsidiarias debidas.síntesis automática
También resuelve:¿El Estado puede ejercer la acción de repetición contra su agente o ex agente público cuando compruebe que la condena por reparación de un daño antijurídico se fundamenta en una conducta dolosa o…¿Al presente asunto le resultan aplicables las Leyes 678 de 2001 y 1437 de 2011, por tratarse de las disposiciones sustanciales y procesales vigentes a la fecha del hecho que dio lugar a la condena…¿Resulta procedente declarar la responsabilidad patrimonial de la funcionaria que expidió la Resolución No. 142 de 2008, por medio de cual se declaró la insubsistencia de una médico general de la…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-12-04Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 17001233300020220025001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La conciliación extrajudicial es un requisito previo que se debe cumplir para la interposición de la presente demanda? Sí
La conciliación extrajudicial en derecho es un requisito de procedibilidad que debe agotarse antes de presentar la demanda contencioso administrativa, conforme al numeral 1 del artículo 161 del CPACA, y que el rechazo de la demanda procede cuando el demandante no subsana los defectos advertidos en el auto inadmisorio, en los casos previstos por los artículos 169 y 170 del mismo código. Estas causales de rechazo son taxativas. Las razones son dos. Una razón es que la constancia de no conciliación no aparece en el expediente, pues el documento aportado con la subsanación contenía únicamente correos electrónicos internos y no la constancia expedida por el agente del Ministerio Público. Otra razón es que la parte demandante no corrigió los defectos que el magistrado advirtió en el auto de inadmisión, por lo que la omisión de las cargas mínimas de admisión justificó el rechazo. En el caso, el tribunal había otorgado un plazo para subsanar, y la decisión se confirmó. La providencia no señala que reitera, unifica o cambia precedente; su consecuencia práctica es que la constancia de agotamiento de la conciliación debe estar en el expediente y aportarse dentro del término de subsanación.síntesis automática
También resuelve:¿La sociedad actora cumplió con el deber de subsanar los defectos advertidos en el auto inadmisorio?¿Los requisitos para la admisión de la demanda son normas procesales que son de orden público y de obligatorio cumplimiento?¿Los requisitos que la demanda debe observar para que proceda su admisión están relacionados con el cumplimiento de los presupuestos encaminados a que la litis pueda resolverse de fondo?
¿Si la terminación del contrato obedece a un evento de fuerza mayor, como lo es la liquidación de la entidad oficial, los contratantes quedan liberados del cumplimiento de sus obligaciones? Sí
El contratista queda liberado del cumplimiento de sus obligaciones cuando la terminación del contrato se debe a un evento de fuerza mayor, como la liquidación forzosa de la entidad estatal, ya que esta medida es adoptada por el Presidente de la República en ejercicio de facultades discrecionales que no pueden ser impugnadas por la entidad afectada. En este caso, la entidad estatal no puede oponerse a la liquidación forzosa, lo que implica que tanto la entidad como el contratista quedan exonerados de sus obligaciones contractuales sin que exista responsabilidad indemnizatoria por parte de la entidad estatal, salvo que se demuestre la existencia de deudas específicas no contempladas en el proceso. La Sala revoca la sentencia de primera instancia y liquida el contrato sin saldos a favor de ninguna de las partes, reiterando la jurisprudencia sobre la terminación justificada por fuerza mayor en contratos de asociación que presentan características similares a los contratos de concesión.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta fundada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Salud y Protección Social?¿Resulta fundada la excepción de cláusula compromisoria, propuesta por Fidupopular, como tercero interesado vinculado al proceso?¿Resulta fundada la excepción de indebida escogencia de la acción?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencia jurisdiccional2024-05-06Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 11001334305920230029501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Como la ejecución del contrato tuvo lugar tanto en el municipio de Arauca como en Bogotá, la competencia recae sobre el juez administrativo de Arauca, al haber sido este el lugar en el que se radicó la demanda? Sí
En las motivaciones que dieron lugar a la celebración del negocio jurídico, se consagró que la E.S.E. Hospital San Vicente de Arauca presentaba cuentas de servicios pendientes por facturar y/o cobrar al Fondo de Solidaridad y Garantías -Fosyga- (actualmente administrado por el ADRES), por concepto de atención a víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos; por esa razón se hizo necesario contratar los servicios profesionales de una persona natural o jurídica con experiencia especializada en la realización de dichos cobros; además, se constató que AAACPT Consultores S.A.S. contaba con sede en Bogotá D.C., lo que implicaba que no debía incurrir en costos de desplazamientos o representación para realizar las gestiones de cobro.… En la cláusula décima primera se pactó que el domicilio contractual del negocio jurídico, para todos los efectos legales, sería el municipio de Arauca.… En el contrato 22451 de 2016…
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer de los conflictos de competencia suscitados entre juzgados administrativos de distinto distrito judicial?¿Para determinar la competencia judicial por razón del territorio en los procesos de controversias contractuales, debe establecerse el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato?
¿Se configuró la caducidad de la acción contractual? Sí
El contratista no puede presentar una demanda de controversias contractuales fuera del término de caducidad, que comienza a correr desde el día siguiente en que tuvo conocimiento del incumplimiento del contrato de seguro, tal como ocurrió en este caso el 6 de mayo de 2008. La caducidad se suspende durante la conciliación prejudicial y reanuda su cómputo una vez finalizado el plazo de tres meses, venciendo el 9 de agosto de 2010, fecha en la cual la demanda presentada el 26 de agosto de 2010 resultó extemporánea. La Sala declara la caducidad de la acción contractual, reiterando que este es un presupuesto procesal y una norma de orden público que no puede ser desatendida, lo que implica revocar la sentencia de primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Es cierto que el hospital conoció que el vehículo no pasó por un banco de enderezamiento de chasis solamente hasta que el taller informó que el impacto fue leve y no fue necesario el banco chasis?¿El término de caducidad del contrato de seguro deberá contarse a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento?¿La prescripción de la acción derivada del contrato de seguro se refiere a la efectividad de la póliza y la cobertura del riesgo asegurado?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-05-04Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 05001233300020200333301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿De la confrontación de la norma superior invocada, que indica que para utilizar "cláusulas exorbitantes" en un contrato celebrado por una empresa social del Estado, está a su discreción debe haberlas pactado, con las resoluciones acusadas que impusieron la caducidad del contrato, sin que se hubiera pactado que la E.S.E. lo pudiera hacer, se cumple el primer requisito para decretar la medida cautelar de la suspensión provisional de dichas resoluciones? Sí
El contratista puede solicitar la suspensión provisional de resoluciones que declaren la caducidad de un contrato estatal cuando la entidad estatal no haya pactado en el contrato la facultad de declarar la caducidad, lo cual implica una violación del numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993. La Sala considera que la acreditación de un pasivo a cargo de la compañía aseguradora a favor de la E.S.E., como consecuencia de la declaratoria de ocurrencia del siniestro, demuestra sumariamente la existencia de un perjuicio, cumpliendo así el segundo requisito para decretar la medida cautelar. Esto implica que la entidad estatal debe respetar las cláusulas pactadas en el contrato y no puede ejercer facultades no previstas, lo que protege los intereses del contratista y de la compañía aseguradora.síntesis automática
También resuelve:¿La acreditación de un pasivo a cargo de la compañía aseguradora a favor de la Empresa Social del Estado que declaró la caducidad de un contrato afianzado por la aseguradora…
¿Se reúnen los requisitos para la procedencia del medio de control de repetición y si la conducta de los demandados fue gravemente culposa por violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho, al no pagar al proveedor las facturas por el suministro de insumos médicos, lo que dio lugar al cobro del capital e intereses de mora mediante proceso ejecutivo? No
La culpa grave del agente no se presume por el solo hecho de que la entidad haya debido pagar una obligación, sino que debe demostrarse que el servidor omitió con negligencia la gestión de recursos disponibles o desconoció de manera manifiesta normas de derecho presupuestal. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la entidad debe acreditar que el presupuesto estaba disponible para pagar la deuda y que, pese a ello, los agentes omitieron su pago. Segunda, no se probó negligencia en la gestión de las obligaciones ni una utilización deficiente de los recursos financieros, ni una falta de organización del sistema contable o de costos. Tercera, sin esos supuestos no se configura la presunción de culpa grave del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. La providencia confirma la negativa de la repetición. La consecuencia práctica es que el retraso en el pago de facturas que dio lugar a una ejecución judicial no basta para repetir contra los gerentes, si no se prueba la disponibilidad presupuestal y la conducta gravemente negligente.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del medio de control repetición interpuesto por condenas contra el Estado en virtud de actuaciones dolosas o gravemente culposas…¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago efectivo de la condena?¿La legitimación en la causa por activa en los procesos de repetición, recae sobre la entidad pública que asumió el pago de la condena judicial impuesta por el actuar doloso o gravemente culposo de…
¿El extremo activo va contra sus propios actos al demandar el cumplimiento del pago sin haberse allanado previamente a probar el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar? Sí
El contratista no puede demandar el cumplimiento del pago sin acreditar previamente el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar, conforme a los requisitos específicos pactados en el contrato, como la presentación de cuentas de cobro con sus anexos y la certificación del supervisor del contrato, ya que va contra sus propios actos y no cumple con la carga probatoria que le corresponde según el artículo 167 del Código General del Proceso. La entidad estatal no está obligada a pagar sin que se demuestre el cumplimiento de las condiciones pactadas, lo que implica respetar la autonomía de la voluntad de las partes y el principio de necesidad de la prueba en la contratación estatal. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la exigibilidad de la obligación contractual y la importancia de cumplir con los requisitos específicos para la causación del pago, lo que implica que los contratistas deben acreditar debidamente el cumplimiento de sus obligaciones para poder reclamar el pago.síntesis automática
También resuelve:¿La ley no impide que las partes en ejercicio de la autonomía de su voluntad acuerden ciertos requisitos contractuales específicos para la causación de la obligación de pago?¿No es posible apartarse de la carga probatoria que el contrato le imponía al demandante para poder reclamar el pago, en tanto las cláusulas fueron explícitas al fijar tanto las condiciones como el…¿Es posible hacer un ajuste final de cuentas que permita declarar a las partes a paz y salvo para extinguir el negocio jurídico y poner fin a los derechos y obligaciones que emergieron de la fuente…