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CLÁUSULA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO

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Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-08-16 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 52001233300020150075801 ACCION CONTRACTUAL
¿El contrato de interventoría de obra pública al haber sido suscrito para atender la emergencia generada por el fenómeno invernal de la Niña, estaba sujeto a las reglas del derecho privado y a las disposiciones aplicables a la contratación del Fondo Nacional de Calamidades? Sí
El contratista no puede reclamar sobrecostos por excesiva onerosidad sobrevenida en un contrato de interventoría celebrado para atender emergencias generadas por fenómenos naturales, como el fenómeno de La Niña, debido a que el contrato se rige por el derecho privado y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La Sala establece que el contrato de interventoría celebrado en estas circunstancias se somete a las disposiciones del Código de Comercio y no a las del Estatuto General de Contratación, por lo que la onerosidad sobrevenida debe afectar una prestación futura, no una ya cumplida. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la aplicación del derecho privado en contratos de emergencia, limitando la posibilidad de reclamar sobrecostos basados en prestaciones ya ejecutadas.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede el reconocimiento de los sobrecostos por excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de interventoría, que tienen su origen en prestaciones ya cumplidas por las partes durante su… ¿La condena en costas procede contra la parte a quien se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación tramitado bajo el criterio objetivo previsto en el CPACA?
Consejo de Estado Providencia

El artículo 896 del Código de Comercio dispone que la cesión del contrato comprende la de todas las acciones

Sentencia — Sentencia 2025-10-17 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020130167002 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La cesión de la posición contractual en favor de una empresa de servicios públicos domiciliarios oficial implica un cambio en el régimen jurídico del contrato estatal inicialmente celebrado? No
La cesión de la posición contractual en favor de una empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial no altera el régimen jurídico del contrato estatal ni sus prerrogativas. La regla se apoya en el artículo 896 del Código de Comercio, que dispone que la cesión comprende las acciones, privilegios y beneficios propios de la naturaleza y condiciones del contrato, de modo que las prerrogativas pactadas y las propias de los contratos estatales se transfieren al cesionario. Además, las partes reconocieron ese efecto al momento de pactar la cesión, y el cesionario es una entidad pública descentralizada del orden departamental, por lo que el régimen sustancial del contrato no muta con la cesión. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el contrato cedido sigue sometido a las reglas que lo gobernaban antes de la cesión, y el cambio de titular no modifica las prerrogativas que tenía la administración.síntesis automática
También resuelve: ¿La Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., puede ejercer válidamente las prerrogativas unilaterales del contrato estatal que le fueron cedidas? ¿Es aplicable el artículo 136, numeral 10 del CCA para determinar la caducidad de la acción en un contrato estatal de ejecución sucesiva liquidado unilateralmente por la administración? ¿Puede un contrato de transacción tener efectos jurídicos respecto de pretensiones no incluidas expresamente en su contenido, como los perjuicios derivados del incumplimiento contractual…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-04-19 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 68001233300020220004401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe revocarse el auto que decretó la medida cautelar, al no existir elementos para establecer procesalmente una relación directa entre la prohibición al Invías de declarar la caducidad del contracto y las pretensiones de la demanda? Sí
En torno al primer argumento de apelación, referente a la orden al Invías de no expedir ningún acto tendiente a la declaratoria de caducidad del contrato, estando la demanda encaminada a refutar las imposiciones de multa, se advierte que si bien las pretensiones del libelo no buscaron enjuiciar formalmente la legalidad de tales sanciones pecuniarias, no es menos cierto, en primer lugar, que en los fundamentos fácticos sí se cuestionó que el Invías multara por incumplimiento a Concay S.A. cuando persistían las discrepancias sobre los APU-NP, y en segundo lugar, que en todo caso la medida cautelar reprochada no guarda relación directa ni necesaria con ese punto, ni con el petitum objeto del juicio, como lo exige el artículo 230 del CPACA.… Aunque el Invías incurre en imprecisión al aducir que la demanda se interpuso “en contra de las Resoluciones No. 3888 del 3 de diciembre de 2021…
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de la apelación de autos dictados por los tribunales administrativos? ¿Las medidas cautelares fueron instituidas para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia? ¿En los eventos en que proceda la medida cautelar de suspensión provisional del procedimiento administrativo, el juez en ejercicio de su facultad discrecional…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 391 de 2008

Sentencia — Sentencia 2024-09-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 19001233100020110057302 ACCION CONTRACTUAL
¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 391 de 2008 con la que el municipio de Guapi declaró la Caducidad del Contrato de Concesión que celebró con la parte actora para la operación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y actividades complementarias, a consecuencia de haberse notificado el acto administrativo que lo contiene, de manera irregular? No
La notificación de un acto administrativo por edicto, cuando se cumplen los requisitos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, es válida y fija la fecha a partir de la cual se cuenta el término de caducidad de la acción. Esta regla se apoya en que el edicto debe fijarse por el término legal, que en el caso fue de veinte días hábiles, y en que la notificación personal al representante legal ordenada por la administración tampoco adquiere efectos distintos si el edicto se surtió conforme a la ley. Por ello el término de caducidad se computa desde la fecha de fijación y desfijación del edicto. En el caso concreto la notificación de la resolución de caducidad del contrato se surtió por edicto dentro del término legal, por lo que el término de caducidad no había operado. Por ello se revocó el auto que rechazó la demanda por caducidad y la pretensión de nulidad fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la notificación por edicto válida fija el inicio de la caducidad de la demanda contra el acto.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo? ¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la empresa de servicios públicos con la que el Municipio celebró el contrato de concesión? ¿El régimen jurídico aplicable al contrato suscrito entre la empresa de servicios públicos y el municipio, es el contemplado en el Estatuto General de la Contratación Pública?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Hay lugar a anular parcialmente los actos administrativos demandados

Sentencia — Sentencia 2023-05-25 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233100020030281501 ACCION CONTRACTUAL
¿Procede la nulidad parcial del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato y lo liquidó unilateralmente, en cuanto ordenó hacer efectivo el amparo de anticipo a cargo de la aseguradora sin que se hubiera acreditado un uso o apropiación indebida? Sí
La garantía de anticipo cubre el uso o la apropiación indebida del anticipo, pero no la no amortización de este, de modo que la entidad no puede hacer efectivo el amparo de anticipo por ese último concepto. La regla se apoya en el alcance del amparo que el reglamento vigente para la época de los hechos exigía en las garantías únicas de cumplimiento, según el Decreto 679 de 1994. Por ello, la devolución de la parte no amortizada del anticipo, ordenada en la liquidación unilateral, no permite cobrar el amparo a la aseguradora si no se acreditó un uso indebido. En el asunto, la entidad ordenó hacer efectivo el amparo de anticipo al declarar la caducidad, sin acreditar uso o apropiación indebida, por lo que la Sala anuló parcialmente los actos demandados en esa parte. En la práctica, el amparo de anticipo exige probar el uso indebido y no basta con el saldo no amortizado del anticipo.síntesis automática
También resuelve: ¿En el pliego de condiciones se previó la inclusión de cláusulas excepcionales, por ser obligatorias en contratos suscritos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de… ¿EPM estaba facultado para declarar la caducidad del contrato, debido a que en el pliego de condiciones se reguló la inclusión de cláusulas excepcionales en los que se otorgaba esa potestad a la… ¿La declaratoria de caducidad del contrato administrativo estuvo motivada en el incumplimiento por parte del contratista que dio lugar a la suspensión de la ejecución de las obras?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El medio de control procedente es el de controversias contractuales

Sentencia — Sentencia 2024-08-23 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020190028701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede ejercer el medio de control de controversias contractuales si lo presenta fuera del plazo legal, configurándose la caducidad del derecho de acción. Esta regla se sostiene porque el contrato en cuestión, sometido al derecho privado, no pactó cláusulas de liquidación y, por tanto, el plazo de caducidad se calcula a partir de la fecha de terminación del contrato, no de los plazos establecidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La Sala revoca la sentencia de primera instancia al determinar que la demanda fue presentada después del plazo legal, lo que implica que la entidad estatal pierde la oportunidad de litigar sobre la controversia contractual. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la configuración de la caducidad en contratos sometidos al derecho privado, subrayando la importancia de la autonomía de las partes en la determinación del plazo de caducidad.síntesis automática
También resuelve: ¿Las empresas sociales del Estado son entidades descentralizadas por servicios, de naturaleza jurídica especial, siendo, entonces… ¿Cualquiera de las partes de la relación contractual puede pedir la declaratoria de incumplimiento, de ahí que la legitimación en la causa en este tipo de controversia se encuentre, en principio… ¿Los contratos estatales que no están sujetos al Estatuto General de Contratación de Administración Pública sino al derecho privado requieren del trámite de liquidación?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La circunstancia alegada por la actora la afectación grave y directa de la prestación del servicio de salud, no constituye un presupuesto para declarar o no la caducidad del contrato, de tal suerte que no sirve de fundamento para desvirtuar la legalidad del acto administrativo demandando.

Sentencia — Sentencia 2023-08-02 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 88001233300020140001201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se acreditó una afectación grave y directa de la ejecución del contrato de concesión suscrito para la prestación del servicio de salud, que diera lugar a la declaratoria de su caducidad por incumplimiento del concesionario? Sí
En el contrato de concesión de servicios de salud, la caducidad por incumplimiento del concesionario procede cuando se acredita una afectación grave y directa de la ejecución del contrato. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el concesionario asumió la prestación, operación y gestión total del servicio público, y estaba obligado a prestar los servicios de conformidad con la normatividad vigente, de modo que su incumplimiento grave compromete el objeto del contrato. Segunda, la afectación de la ejecución debe ser directa y de entidad suficiente para justificar la declaratoria, y no basta una dificultad transitoria. En el caso, la providencia confirma la declaratoria de caducidad porque la ejecución del contrato resultó gravemente afectada por el incumplimiento del concesionario. La providencia resalta que la afectación debe ser directa frente a la ejecución del contrato. En la práctica, la entidad que declare la caducidad debe documentar la afectación grave y directa de la prestación del servicio, pues esa prueba sustenta la decisión.síntesis automática
También resuelve: ¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en lo contencioso administrativo? ¿El medio de control procedente para controvertir la legalidad del acto contractual que declara la caducidad contrato, es el de controversias contractuales? ¿La legitimación en la causa por activa recae sobre las sociedades que integran la unión temporal, por ser las afectadas con la declaratoria de caducidad del contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Lo planteado en segunda instancia no constituye un mero desarrollo argumentativo de los cargos originalmente formulados

Sentencia — Sentencia 2026-08-10 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 76001233300720170164401 Controversias contractuales
¿Desbordó la parte apelante los límites del recurso de apelación al introducir en segunda instancia nuevos cargos y fundamentos que no fueron planteados en la demanda ni hicieron parte del debate procesal de primera instancia, modificando con ello la causa petendi y desconociendo el principio de congruencia y el derecho al debido proceso? Sí
El contratista no puede introducir en segunda instancia nuevos cargos y fundamentos que no fueron planteados en la demanda ni hicieron parte del debate procesal de primera instancia, ya que esto modifica la causa petendi y viola el principio de congruencia y el derecho al debido proceso. La Sala ha establecido que el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia se limita a los aspectos esgrimidos en contra de la decisión de primer grado, y que las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación son inadmisibles. En consecuencia, cualquier argumento nuevo que no guardó relación con el litigio tal como fue fijado por el juez de primera instancia no puede ser abordado en segunda instancia. Esta regla reitera y confirma precedentes anteriores sobre el marco de competencia del juez en segunda instancia y la importancia del principio de congruencia en el proceso de contratación estatal, lo que implica que las partes deben presentar todos los argumentos y pretensiones en primera instancia para evitar la improcedencia de nuevos cargos en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve: ¿Se acreditó la nulidad del otrosí n.° 1 del contrato de concesión por haber modificado la destinación de los recursos de la subcuenta de gestión predial y el esquema de asignación de riesgos… ¿Se encontraba ajustada a derecho la declaratoria de caducidad del contrato de concesión, al haberse acreditado un incumplimiento grave y directamente relacionado con el objeto contractual que… ¿Se respetaron el debido proceso y el derecho de defensa del concesionario en el procedimiento administrativo de declaratoria de caducidad…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Salvamento voto

Salvamento voto — Salvamento de voto 2023-05-25 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233100020030281501 ACCION CONTRACTUAL
¿Para determinar la procedencia de las facultades excepcionales era necesario, como primera medida, tener claro la tipología del contrato celebrado? Sí
Me aparto de la decisión mayoritaria porque en ella se pasó por alto la naturaleza y la razón de ser del pacto y del ejercicio de las facultades excepcionales en cabeza de la entidad demandada, en un contrato regido, en principio, por el derecho común. Para determinar la procedencia de las facultades excepcionales era necesario, como primera medida, tener claro el tipo contractual que se celebró. Las exigencias normativas del artículo 31 de la Ley 142 de 1994 y de la Resolución 1 de 18 de mayo de 1995, expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, obligaban a determinar la tipología contractual, la cual no podía sobrentenderse.
También resuelve: ¿El origen de las cláusulas excepcionales en el contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios, es la necesaria continuidad en la prestación del servicio?
Consejo de Estado Providencia

El principio de legalidad exige que las competencias y prerrogativas públicas se circunscriban estrictamente a lo expresamente otorgado por el ordenamiento jurídico.

Salvamento voto — Salvamento de voto 2026-04-17 Sección Tercera (Subsección B) DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA Rad. 25000233600020220013101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Exige el principio de legalidad que el reconocimiento y alcance de las competencias o prerrogativas públicas se circunscriba a lo expresamente otorgado por el ordenamiento jurídico, con delimitación frente a facultades adicionales como la imposición de la cláusula penal? Sí
El principio de legalidad exige que el reconocimiento y el alcance de las competencias y prerrogativas de las autoridades públicas se circunscriban estrictamente a lo expresamente otorgado por el ordenamiento jurídico superior, sin que sea admisible la existencia de facultades o competencias implícitas. Con sustento en los artículos 6 y 121 de la Constitución Política, cuando una norma otorga una prerrogativa específica como la declaratoria de siniestro, el juez está obligado a darle el alcance literal asignado sin ampliarla para comprender en ella la imposición autónoma de la cláusula penal.síntesis automática
También resuelve: ¿Exige la habilitación normativa expresa la imposición de la cláusula penal por parte de empresas de servicios públicos, pese a la competencia para declarar la caducidad y la aplicación del artículo… ¿Exige la distinción conceptual entre siniestro, daño y perjuicio diferenciar la declaratoria del siniestro de la imposición de la cláusula penal o de la tasación de perjuicios? ¿Exige la interpretación restrictiva de las prerrogativas en el régimen de servicios públicos que la declaratoria del siniestro se limite a su alcance propio y no incorpore la imposición de la…
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: es fundamental la distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”

Aclaración voto — Aclaración de voto 2025-02-03 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 66001233300020170001001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es fundamental la distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”, dado que su naturaleza y características los hacen diferentes y determinan su régimen legal? Sí
Decidí aclarar voto frente a las nociones y características propias de los denominados “convenios y contratos interadministrativos”. Resulta fundamental procurar una adecuada distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”, dado que su naturaleza, y características los hacen diferentes y determinan, en últimas, su régimen legal. El Decreto Ley 222 de 1983 no señalaba una definición y mucho menos hacía la distinción conceptual específica entre “convenios y contratos interadministrativos”. El artículo 16 [en] el numeral 5 incluyó los que denominó [contratos] “interadministrativos internos” que tuviesen por objeto la concesión de servicios públicos, obras públicas, prestación de servicios y suministro.
También resuelve: ¿La locución “contrato interadministrativo” tiene una naturaleza, alcance y finalidad diferentes a la de los convenios interadministrativos y, por ende, no pueden ser considerados sinónimos? ¿En los contratos interadministrativos la entidad contratante busca satisfacer un fin específico y la entidad contratista se vincula voluntariamente a cambio de un precio? ¿La característica de los “convenios interadministrativos” se encuentra en la existencia de varias entidades estatales en las que concurren fines comunes para ambas…
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: es fundamental la distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”

Aclaración voto — Aclaración de voto 2025-02-03 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 15001233300020190028001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es fundamental la distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”, dado que su naturaleza y características los hacen diferentes y determinan su régimen legal? Sí
Decidí aclarar voto frente a las nociones y características propias de los denominados “convenios y contratos interadministrativos”. Resulta fundamental procurar una adecuada distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”, dado que su naturaleza, y características los hacen diferentes y determinan, en últimas, su régimen legal. El Decreto Ley 222 de 1983 no señalaba una definición y mucho menos hacía la distinción conceptual específica entre “convenios y contratos interadministrativos”. El artículo 16 [en] el numeral 5 incluyó los que denominó [contratos] “interadministrativos internos” que tuviesen por objeto la concesión de servicios públicos, obras públicas, prestación de servicios y suministro.
También resuelve: ¿La suscripción de contratos interadministrativos fue causal de contratación directa frecuente, haciendo adoptar medidas que restringieron su uso? ¿La entidad contratante busca satisfacer un fin específico y la entidad contratista se vincula voluntariamente a cambio de un precio? ¿El ánimo de cooperación lleva a que las entidades públicas celebren “convenios interadministrativos” mediante aportes de cada una desde la órbita de sus funciones?