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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía

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Fecha
2023-12-04
Radicado
13001233300020160115701
Número interno
67424
Ponente
NICOLAS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CONSORCIO INDUSTRIAL Y BAHÍA
Demandado
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P, DISTRITO DE CARTAGENA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía

Lo que dijo la Sala

La jurisdicción de lo contencioso administrativo, en tanto guardián de la constitucionalidad y legalidad administrativa, conoce de las controversias sobre contratos del Estado. A esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, dada la vocación de doble instancia del proceso, el cual versa sobre un contrato celebrado por el Distrito de Cartagena de Indias, entidad territorial de aquellas expresamente mencionadas por el artículo 2º de la Ley 80 de 1993 , teniendo en cuenta que la cuantía para el año 2016 supera los 500 SMLMV, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 152-5 del CPACA, vigentes a la fecha de la presentación de la demanda.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo idóneo para cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, y que el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las sentencias de los tribunales administrativos cuando el contrato fue celebrado por una de las entidades mencionadas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 y la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA vigentes a la fecha de la demanda. Una razón es que el artículo 141 del CPACA permite pedir la declaratoria de incumplimiento, las indemnizaciones, la liquidación judicial y las demás declaraciones consecuenciales derivadas del contrato. Otra razón es que el contrato controvertido fue celebrado por un distrito, entidad territorial mencionada en el artículo 2 de la Ley 80, y la cuantía del proceso excedía el umbral de los 500 SMLMV para el año 2016. En el caso, la demanda perseguía el incumplimiento del contrato y la liquidación judicial del negocio. Su consecuencia práctica es que la cuantía fijada al momento de la demanda determina la doble instancia ante el Consejo de Estado.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 150 y 152 núm. 5
  • Ley 80 de 1993, art. 2

También resuelve

  • ¿El medio de control de controversias contractuales es el procedente frente a las controversias derivadas de un negocio jurídico?
  • ¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad estipulado para el medio de control de controversias contractuales teniendo en cuenta que el contrato no fue liquidado?
  • ¿El contrato de obra del cual se deriva la controversia está dentro del régimen jurídico del estatuto general de la contratación pública establecido en la Ley 80 de 1993?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA CONTRATO ESTATAL CONTROVERSIAS DEL CONTRATO ESTATAL PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CELEBRADO POR ENTIDAD DISTRITAL NORMATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APLICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATACIÓN APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA TERCERO PROCESAL PARTES DEL CONTRATO PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL OBLIGACIÓN CONTRACTUAL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL TÉRMINO DEL CONTRATO INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS ELEMENTOS DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA EN EL TIEMPO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO MOTIVACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL RÉGIMEN LEGAL DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL SUPUESTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL FACULTADES DE LA ENTIDAD ESTATAL FACULTADES DE LA ENTIDAD PÚBLICA PRECIO UNITARIO PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL INTERÉS MORATORIO PAGO DE INTERÉS MORATORIO CLASES DE FACTURA FACTURA DE COBRO REQUISITOS DE LA FACTURA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA PÚBLICA INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL CÓMPUTO DEL PLAZO PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FORMALIDADES DEL CONTRATO ADICIONAL OTROSÍ AL CONTRATO OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA INTERVENTOR FUNCIÓN DEL INTERVENTOR OBJETO DEL INTERVENTOR OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR CONDUCTA LEGÍTIMA DEL INTERVENTOR LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS MORATORIO LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN CONCRETO LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES AGENCIAS EN DERECHO IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

Guías del tema

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Terminación unilateral Supervisión e interventoría Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Adición y prórroga del contrato Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 35.840 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / CONTRATO ESTATAL / CONTROVERSIAS DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción de lo contencioso administrativo, en tanto guardián de la constitucionalidad y legalidad administrativa, conoce de las controversias sobre contratos del Estado. A esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, dada la vocación de doble instancia del proceso, el cual versa sobre un contrato celebrado por el Distrito de Cartagena de Indias, entidad territorial de aquellas expresamente mencionadas por el artículo 2º de la Ley 80 de 1993 , teniendo en cuenta que la cuantía para el año 2016 supera los 500 SMLMV, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 152-5 del CPACA, vigentes a la fecha de la presentación de la demanda. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿El medio de control de controversias contractuales es el procedente frente a las controversias derivadas de un negocio jurídico? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con el artículo 141 del CPACA, el medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal. Es así como, resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecución y liquidación del contrato estatal, así como la legalidad de los actos administrativos proferidos en desarrollo de éste. Así, puede cualquiera de las partes solicitar: (i) que se declare la existencia o nulidad de un contrato estatal; (ii) que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; (iii) que se ordene su revisión; (iv) que se declare su incumplimiento; (iv) que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios derivados del mismo; y (v) que se hagan otras declaraciones y condenas. De igual manera, el Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. En el presente caso la acción contractual ejercida por la parte actora es adecuada, por cuanto a través de su demanda persigue que se declare el incumplimiento del Contrato No. 6-039169 de 2014 y solicita la correspondiente indemnización de perjuicios, así como también la liquidación judicial del negocio jurídico. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141 CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad estipulado para el medio de control de controversias contractuales teniendo en cuenta que el contrato no fue liquidado? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, según el cual los términos que hubieren empezado a correr se deben regir por las normas vigentes para el momento en que estos iniciaron a correr, en el caso concreto la Sala abordará la caducidad de la acción atendiendo lo dispuesto en el literal j), numeral 2, del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, pues el contrato de obra suscrito entre las partes es sin duda un contrato de tracto sucesivo que requiere de liquidación de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y dicha liquidación no se ha efectuado. (...) El Contrato de Obra (...) terminó el 15 de diciembre de 2015, de conformidad con la fecha de finalización del plazo de ejecución pactado en la última prórroga acordada entre las partes (…). A partir de ese momento, comenzó a correr el plazo de 4 meses acordado en la cláusula trigésima segunda del Contrato para la liquidación voluntaria del mismo. (...) También se encuentra establecido que durante dicho periodo no se efectuó la liquidación de este contrato (...). Por lo anterior, el 16 de abril de 2016 empezó a correr el plazo de dos (2) meses que tenía el Distrito para liquidar unilateralmente el Contrato de Obra, el cual venció el 16 de junio de 2016. También se encuentra establecido que durante dicho periodo la entidad no efectuó la liquidación unilateral de este contrato. Expirado el anterior término, comenzó a correr el plazo de dos (2) años que tenía el Consorcio para el ejercicio oportuno de la acción, habiéndose suspendido con la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por la demandante el 25 de agosto de 2016, la cual finalizó el 24 de noviembre de 2016 cuando se declaró fallida. Teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 1 de diciembre de 2016, la Sala concluye que ello tuvo lugar dentro del término (...). FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60 CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CELEBRADO POR ENTIDAD DISTRITAL / NORMATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA / APLICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATACIÓN / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA Problema jurídico: ¿El contrato de obra del cual se deriva la controversia está dentro del régimen jurídico del estatuto general de la contratación pública establecido en la Ley 80 de 1993? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l artículo 32-1 de la Ley 80 de 1993 define el contrato de obra como aquel que “celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”. De igual manera, en cuanto a su contenido, es de resaltar que el estatuto general de contratación de la administración pública establece que las estipulaciones contractuales han de ajustarse a las disposiciones legales que correspondan a la naturaleza y la esencia del negocio jurídico de que se trate, pudiendo las partes acordar libremente, en el marco de su autonomía de la voluntad, las cláusulas que consideren convenientes o necesarias y que no contraríen el ordenamiento jurídico. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 1 EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TERCERO PROCESAL / PARTES DEL CONTRATO / PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Problema jurídico: ¿Respecto a ACUACAR vinculado como tercero con interés directo, se configura la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo establecido en el artículo 141 del CPACA, según el cual la legitimación en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato, la Sala concluye que el Consorcio y el Distrito están legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, toda vez que son los extremos de la relación contractual que suscitó la controversia objeto de examen en sede judicial. (...) En lo que se refiere al reparo del recurrente frente a la legitimación en la causa por pasiva de ACUACAR, vinculado al proceso como un tercero con interés directo, la Sala concluye que no se encuentra legitimado (…). [D]icha entidad no fue parte en el contrato de obra que dio origen a la controversia ni tuvo una relación sustancial con las obligaciones presuntamente incumplidas de efectuar los pagos al contratista en el término pactado y liquidar el contrato, de ahí que no le asiste un interés (...). Cabe aquí recordar que, de conformidad con el artículo 1602 CC, todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, por lo que, en principio, como ley creada por las partes, solo obliga a quienes forman parte de él -efecto relativo de los contratos- y su cumplimiento solo puede ser exigido entre los contratantes y no por terceros ni a terceros. NOTA DE RELATORÍA: Respecto de la legitimación en la causa en controversias contractuales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de junio de 2004, rad. 14452, C. P. María Elena Giraldo Gómez. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / TÉRMINO DEL CONTRATO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / ELEMENTOS DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿En la responsabilidad contractual se debe tener en cuenta para su configuración los términos y plazos de cumplimiento de las obligaciones contractuales estipulados en el negocio jurídico? Respuesta al problema jurídico: Si [E]n principio es carga del actor demostrar todos los elementos de la responsabilidad y, dentro de ellos, no solamente el incumplimiento de la obligación a cargo de la demandada -que en el presente asunto se hizo consistir en la inatención de la obligación de pagar en forma oportuna las obras ejecutadas y liquidar el contrato-, sino también los perjuicios que se reclaman, los cuales, de acuerdo con lo afirmado en la demanda, corresponden los intereses moratorios causados, los mayores costos por financiación y costos directos e indirectos en que incurrió el Consorcio por los dineros no cancelados y los perjuicios morales consistentes en la afrenta social y comercial derivada de la situación de incumplimiento en que, a su turno, han tenido que afrontar los socios y directivos del Consorcio. Con relación a la oportunidad de cumplimiento, se debe tener en cuenta que el deudor debe cumplir su obligación cuando la misma es exigible, circunstancia que se presenta: (i) cuando es pura y simple, desde su nacimiento; (ii) si es a plazo, al vencimiento del mismo y (iii) si es condicional, al cumplirse la condición. Ahora bien, si una vez la obligación es exigible y la misma no es satisfecha por el deudor, se produce el retardo que puede tener lugar por la inejecución de la obligación principal o por su ejecución defectuosa o tardía, pero para que tal retardo permita al acreedor tener derecho a la indemnización de perjuicios, es necesario además: (i) que el incumplimiento sea imputable al deudor; (ii) que el acreedor haya sufrido perjuicio a consecuencia de tal incumplimiento y (iii) que si la obligación es positiva, el deudor esté constituido en mora. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la responsabilidad contractual y sus elementos, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 9 de marzo de 2001, rad. 5659. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿En los contratos de tracto sucesivo la liquidación del contrato es una obligación de las partes derivada del principio de autonomía de la voluntad? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a jurisprudencia de esta Corporación de modo uniforme y reiterado ha sostenido que la liquidación del contrato corresponde a una etapa posterior a su terminación, que tiene por finalidad conocer en qué estado quedó la ejecución de las prestaciones a cargo de las partes, establecer el resultado final del contrato y determinar el balance económico de la relación contractual, definiendo quién le debe a quién y cuánto. Por su parte, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública establece la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y aquellos que lo requieran, y dispone que las partes deben, en principio, efectuar dicha liquidación de mutuo acuerdo (…). [R]especto de determinados contratos (“los de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran”) la liquidación es una obligación a cargo de las partes que emana de la ley, sin perjuicio, claro está, que en otro tipo de negocios jurídicos los contratantes, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, acuerden la liquidación del contrato con el fin de establecer las acreencias o saldos pendientes y determinar el resultado final de sus derechos y obligaciones. (…) En este orden de ideas y tal como dispone el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la ley prevé distintos procedimientos para la liquidación del contrato estatal, a saber: (i) la liquidación voluntaria o de común acuerdo entre las partes contratantes, que ha de realizarse dentro del término fijado en el pliego de condiciones o el acordado en el contrato y, a falta de esta estipulación, en el término de cuatro (4) meses contados a partir de la finalización del plazo de ejecución contractual; (ii) la liquidación unilateral efectuada por la Administración, la cual tiene lugar cuando el contratista no concurre a la liquidación de común acuerdo o ésta no se intenta o fracasa, evento en el cual “la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral” el contrato mediante acto administrativo, disponiendo para ello de un término de dos (2) meses, contados a partir del vencimiento del plazo convenido por las partes para practicar la liquidación bilateral o, en su defecto, de los cuatro (4) meses siguientes previstos en la ley para efectuar la liquidación voluntaria o de común acuerdo; y (iii) la liquidación por vía judicial, a propósito de la cual se tiene que si la administración no liquida el contrato durante los 2 meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto, del establecido supletivamente en la ley, el interesado puede acudir al juez del contrato, quien deberá definir las prestaciones mutuas entre los contratantes, para lo cual cuenta con el término de caducidad de la acción contractual. NOTA DE RELATORÍA: Respecto de la liquidación del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de noviembre de 2008, rad. 17031, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 2 de marzo de 2022, rad. 64165, C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia de 4 de diciembre de 2006, rad. 15239, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 28 de junio de 2016, rad.: 11001-03-06-000-2015-00067-00(2253), C. P. Álvaro Namén Vargas. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11 CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA EN EL TIEMPO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Se demostró que el Distrito incumpliera la obligación de convocar al Consorcio para intentar la liquidación bilateral o que la Administración hubiera obstaculizado o dilatado dicha etapa? Respuesta al problema jurídico: No [E]l negocio sub judice es sin duda de aquellos cuya liquidación resulta obligatoria. Así se desprende del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, asunto respecto del cual, por lo demás, en la cláusula trigésima segunda del negocio jurídico las partes indicaron que “se liquidará de común acuerdo por las partes al cumplimiento del objeto contratado y unilateralmente cuando no haya acuerdo sobre el contenido de la misma y cuando se hubiere decretado la terminación o caducidad del contrato, lo que se hará dentro de un término no mayor de cuatro (4) meses, contados a partir de la finalización o cumplimiento del contrato, o a partir de la fecha en que quede en firme el acto que declare la caducidad o termine unilateralmente el contrato”. (…) [D]ado que la liquidación interesa tanto a la Administración como al contratista, es sobre ambas partes que recae el deber de actuar de manera diligente y oportuna a fin de establecer la situación de cada una de ellas de cara a las obligaciones y derechos emanados del contrato (...). De cara a las pruebas allegadas al expediente, quedó demostrado que el Distrito y el Consorcio estuvieron prestos a participar en la etapa de liquidación bilateral, evidenciándose que, en la práctica las partes no lograron llegar a un acuerdo sobre el balance final del contrato (...). [N]o se demostró que el Distrito incumpliera la obligación de convocar al Consorcio para intentar la liquidación bilateral, así como tampoco ningún medio probatorio permite inferir que la Administración hubiera obstaculizado o dilatado dicha etapa. A partir del material probatorio que reposa en el plenario lo que se concluye, en cambio, es que las partes concurrieron a la liquidación del contrato y participaron activamente en la misma desde la finalización del plazo de ejecución del contrato, a pesar de lo cual no lograron arribar a un consenso sobre los saldos y el estado de sus derechos y obligaciones, lo que a la postre condujo a que la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por el Consorcio el 25 de agosto de 2016 se declarara fallida el 24 de noviembre de 2016, procediendo a la presentación de la demanda el 1 de diciembre de la misma anualidad. NOTA DE RELATORÍA: Respecto de la liquidación del contrato estatal, cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 28 de junio de 2016, rad.: 11001-03-06-000-2015-00067-00(2253), C. P. Álvaro Namén Vargas; Sección Tercera, sentencia de 16 de agosto de 2001, rad. 14384, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 20 de noviembre de 2008, rad. 17031, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60 CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / MOTIVACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / RÉGIMEN LEGAL DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / SUPUESTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / FACULTADES DE LA ENTIDAD ESTATAL / FACULTADES DE LA ENTIDAD PÚBLICA Problema jurídico: ¿La falta de liquidación unilateral del contrato configura un incumplimiento por parte de la entidad contratante? Respuesta al problema jurídico: No [T]ambién reprocha la parte actora la falta de liquidación unilateral del contrato. Sobre este particular, debe comenzar por recordarse que, a diferencia de la bilateral que corresponde a una actuación conjunta de las partes, aquella consiste en una decisión unilateral que adopta la entidad contratante mediante acto administrativo debidamente motivado (…). [S]e trata de una potestad radicada en cabeza de la entidad estatal para adoptar una decisión unilateral vinculante, de donde emerge con toda claridad que la falta de ejercicio de dicha facultad no comporta incumplimiento contractual a partir del cual pudiera atribuirse responsabilidad a la entidad contratante. En conclusión, como el Distrito no incurrió en el incumplimiento alegado por la actora no están llamadas a prosperar las pretensiones declarativas y de condena atinentes al alegado incumplimiento de la obligación de liquidar el contrato celebrado por las partes. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la liquidación unilateral del contrato como potestad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de noviembre de 2019, rad. 36600, C. P. María Adriana Marín. PRECIO UNITARIO / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS / REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿En el contrato de obra se pactó el pago por el sistema de precios unitarios? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l soporte sobre el que se estructura el régimen contractual, incluida la contratación pública, es el mutuo consentimiento de las partes que da lugar al nacimiento de obligaciones recíprocas, como expresión de la autonomía de la voluntad y del que emerge la fuerza vinculante del negocio jurídico libremente convenido y el deber de ejecutar lo acordado en los términos pactados. El principio enunciado –pacta sunt servanda, garante de la seguridad jurídica, constituye pilar esencial de las relaciones contractuales y encuentra su fundamento en la autonomía privada de la voluntad como fuente primaria de derechos y obligaciones. Tanto es así, que toda la estructura jurídica construida sobre la base del poder de la voluntad para que los sujetos puedan darse sus propias reglas de conducta, descansa en la confianza de que se cumplirá aquello que se conviene libre y voluntariamente. En efecto, la fuerza obligatoria del contrato se funda en la voluntad o querer de las partes que intervienen en él, teniendo éstas la facultad de limitar su libertad para asumir un deber de conducta en razón a una determinada causa. En nuestro ordenamiento jurídico, tanto el Código Civil como el Código de Comercio, recogen este principio en los artículos 1602 y artículo 871, respectivamente, según los cuales los contratos válidamente celebrados son ley para los contratantes y no pueden ser invalidados sino por su consentimiento mutuo o por las causas legales. Así las cosas, de conformidad con lo acordado se observa que el valor del contrato se pagaría por el sistema de precios unitarios, de donde el valor consignado en el contrato es un monto estimado, en tanto que el definitivo corresponderá a la suma resultante de multiplicar los precios unitarios pactados por las cantidades de obra ejecutada. Además, se estipuló el A.I.U en forma discriminada e independiente de los precios unitarios. NOTA DE RELATORÍA: Respecto al pago del contrato a precios unitarios, cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1920 del 9 de septiembre de 2008, C. P. Enrique José Arboleda Perdomo. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 INTERÉS MORATORIO / PAGO DE INTERÉS MORATORIO / CLASES DE FACTURA / FACTURA DE COBRO / REQUISITOS DE LA FACTURA / ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / CÓMPUTO DEL PLAZO / TÉRMINO DEL CONTRATO / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Procede el pago de intereses moratorios derivados del pago extemporáneo del acta de recibo de obra número 3? Respuesta al problema jurídico: Si [E]n tratándose de obligaciones dinerarias, lo cierto es que los intereses compensatorios y moratorios causados por obligaciones dinerarias no tienen una naturaleza de carácter punitivo, pues la finalidad que a través de ellos se persigue no es la de prevenir la afectación de un bien jurídico (la puesta en peligro) o la de castigar o reprimir un comportamiento. En efecto, como es bien sabido, los intereses de plazo, también denominados remuneratorios o compensatorios, son una contraprestación por el uso o disfrute del dinero (“el precio del dinero”), en tanto que los moratorios son la indemnización (sanción civil) impuesta en virtud del incumplimiento de la prestación, es decir, tienen por objeto resarcir los perjuicios causados por el incumplimiento de la obligación dineraria al no efectuarse el pago en el tiempo oportuno. A su turno, en cuanto a la oportunidad de cumplimiento, se debe tener en cuenta que el deudor debe cumplir su obligación desde el momento en que la misma es exigible, circunstancia que puede presentarse o bien desde su nacimiento, cuando es pura y simple, o bien al vencimiento del plazo y al cumplimiento de la condición, cuando está sujeta a plazo o condición. Si la obligación es exigible y el deudor no la satisface, se produce el retardo, bien sea por la inejecución de la obligación principal o por su ejecución defectuosa o tardía. Finalmente, para tener derecho a la indemnización de perjuicios se requiere que dicho incumplimiento sea imputable al deudor, que se haya ocasionado un perjuicio como consecuencia del incumplimiento y, en caso de que la obligación sea positiva, que el deudor se haya constituido en mora. Descendiendo al caso concreto, en el proceso se demostró que el 30 de noviembre de 2015 la Interventoría y el Consorcio suscribieron el acta de recibo parcial de obras No. 3 por un valor total de $1.965.981.832,50 y milita en el expediente, como anexo de esta acta, la factura de venta CIB-003 del 10 de diciembre de 2015 suscrita por el Consorcio, sin fecha de recibido o aprobación de parte del Consorcio. Es menester indicar que no obra soporte alguno en cuanto a los demás documentos que se debían acompañar con la factura, esto es, el pago de seguridad social y parafiscales y el aval del supervisor; sin embargo, como ya se indicó previamente, quedó acreditado que el pago del acta parcial de obras No. 3 fue realizado por el Distrito el 19 de diciembre de 2016. (…) [E]n el proceso ambas partes coincidieron en que la factura mencionada fue radicada el 28 de diciembre de 2015, de modo que. En ese sentido, se tomará esta como la fecha de la radicación de la factura correspondiente al acta parcial de obras No. 3. Por lo anterior, la prosperidad de la pretensión encaminada al reconocimiento de intereses de mora por pago extemporáneo del acta de recibo parcial de obras No. 3 será confirmada, pero teniendo como fecha de radicación de la factura el 28 de diciembre de 2015 y no el 30 de noviembre de 2015 como el a quo lo manifestó en la sentencia de primera instancia. En ese sentido, teniendo en cuenta que en la cláusula quinta del contrato se pactó que “los pagos serán efectuados dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de la factura”, el reconocimiento de los intereses moratorios empezará a correr desde el 27 de febrero de 2016. ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA / ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FORMALIDADES DEL CONTRATO ADICIONAL / OTROSÍ AL CONTRATO / OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INTERVENTOR / FUNCIÓN DEL INTERVENTOR / OBJETO DEL INTERVENTOR / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / CONDUCTA LEGÍTIMA DEL INTERVENTOR Problema jurídico: ¿Se suscribió un otrosí o un contrato adicional para el pago de actividades no previstas, y de acuerdo a ello, es procedente el reconocimiento de algún tipo de condena en favor del contratista por concepto de las obras adicionales incluidas en el acta final? Respuesta al problema jurídico: No [L]as partes pactaron el pago de las obras ejecutadas mediante actas parciales “recibidas a satisfacción por el interventor”, previa amortización del anticipo y presentación de la factura con los requisitos estipulados al efecto. Asimismo, quedó establecido que el pago se realizaría dentro de los 60 días siguientes a la radicación de la respectiva factura, acompañada de los soportes respectivos, a excepción del acta final, que sería pagada con el acta de liquidación del contrato. De igual modo, se probó que durante la ejecución contractual el contratista y el interventor suscribieron 4 actas parciales de recibo de las obras y un acta final que incorporó el valor del acta parcial No. 4, encontrándose establecido que las primeras tres actas fueron canceladas en su totalidad. A la vista de lo anterior, la Sala se remite al análisis realizado en páginas anteriores al concluir que, contrario a lo aducido por la actora, no se configuró incumplimiento por parte del Distrito en punto a la obligación de liquidar el contrato, aunado a que el extremo activo no allegó al proceso los soportes de seguridad social y parafiscales, ni tampoco demostró el aval del supervisor, ni acreditó la radicación de factura ante el Distrito ni menos aún la fecha en la que ello hubiere tenido lugar, todo lo cual impide el reconocimiento de intereses moratorios sobre monto adeudado. Frente al segundo concepto contenido en el acta final de obra, esto es, las obras adicionales por valor de $554.669.764, conviene anotar que las obras adicionales o complementarias hacen referencia a ítems o actividades no contempladas o previstas en el contrato, pero que requieren ser ejecutadas para la obtención y cumplimiento del objeto contractual. Por ello, como en forma reiterada lo ha señalado esta Corporación, en criterio que comparte esta Subsección, su reconocimiento requiere la previa celebración de un contrato adicional o modificatorio del contrato inicial. (…) Como lo ha manifestado la jurisprudencia de esta Corporación, al interventor no le corresponde concertar modificación a las estipulaciones del acuerdo de voluntades objeto de su control y vigilancia, como lo es, ciertamente, convenir el precio de actividades no previstas. (...) Así las cosas, no habiéndose suscrito un otrosí o un contrato adicional, conforme a lo indicado en la cláusula décima quinta del contrato y el desarrollo jurisprudencial de esta Corporación para el pago de actividades no previstas, se vislumbra que no es posible el reconocimiento de algún tipo de condena en favor del contratista por concepto de las obras adicionales incluidas en el acta final (...). NOTA DE RELATORÍA: Respecto del pago del contrato pactado a precios unitarios, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2022, rad. 65483, C. P. Nicolás Yepes Corrales, sentencia de 15 de julio de 2020, rad. 28794, C. P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia de 31 de agosto de 1999, rad. 12849, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia de 6 de agosto de 1987, rad. 3886, C. P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia de 31 de agosto de 2011, rad. 18080, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. Acerca del pago de actividades no previstas en el contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de julio de 2020, rad. 28794, C. P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia de 1 de junio de 2020, rad. 47101, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS MORATORIO / INTERÉS MORATORIO / PAGO DE INTERÉS MORATORIO / ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN CONCRETO / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA Problema jurídico: ¿Procede la liquidación del pago por las obras ejecutadas y que faltaron por pagar derivadas del contrato de obra? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993] denota su carácter supletivo dado que únicamente opera ante el silencio de las partes frente a los intereses moratorios. En este caso, se da la premisa exigida por la norma para su aplicación, toda vez que en el contrato de obra, regido por la Ley 80 de 1993, no hubo pacto de intereses moratorios en caso de que la entidad retardara el pago de las actas. Por este motivo, la Sala hará uso de la regla supletiva aplicable del 12% anual para tasar el valor concreto de la condena. De otro lado, se recuerda que el valor del acta parcial de obras No. 3, previa deducción del valor correspondiente a la amortización del anticipo, asciende a $1.965.981.832,50, y que los intereses serán calculados desde el 27 de febrero de 2016, fecha en la que empezó la mora -como quiera que el 26 de febrero de 2016 venció el plazo para el pago del acta que era de 60 días de acuerdo con la cláusula 5ª del contrato- hasta el 18 de diciembre de 2016, día anterior al pago efectivo de la misma. (…) [P]or concepto del acta de recibo final de obra hay lugar al reconocimiento de $1.868.953.333, que corresponde al acta No. 4 y las obras ejecutadas para finalizar el contrato, sin incluir las obras adicionales que fueron incorporadas en aquella. Así, se tiene que el saldo pendiente que debe reconocerse a favor del Consorcio asciende a $1.868.953.333, suma que será actualizada a la fecha de la sentencia. (…) Como consecuencia, la Sala modificará la condena reconocida y ordenada por el Tribunal Administrativo de Bolívar en la sentencia de primera instancia, para en su lugar condenar al Distrito a pagar a favor del contratista la suma de $293.296.435, por los intereses moratorios del acta parcial de obras No. 3, mas $2.403.967.090 por concepto del acta final de obra, quedando en estos términos liquidado en sede judicial el contrato de obra No. 6-039169 del 2014. NOTA DE RELATORÍA: Acerca del método de liquidación judicial en los contratos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de julio de 2021, rad. 51163, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 8 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas en segunda instancia contra la parte demandante ante la prosperidad parcial del recurso de apelación presentado por la parte demandada? Respuesta al problema jurídico: Si [S]e condenará en costas en segunda instancia a la parte demandante, pues prosperó parcialmente el recurso de apelación que interpuso la demandada en contra de la sentencia de primera instancia, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos de los artículos 365.8 y 366 del CGP. Para tal efecto, el Tribunal a quo deberá tener en cuenta que en esta instancia no se fijarán agencias en derecho, dado que la parte demandante no intervino en segunda instancia, de tal manera que aquellas no se entienden causadas. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la condena en costas, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de marzo de 2021, rad. 51034, C. P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=130012333000201601157011100103