Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2023-10-11Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020130016500LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado carece de competencia para conocer del presente asunto en única instancia, por cuanto la CAR no es una entidad del orden nacional? Sí
La acción de repetición contra los representantes legales de entidades del orden nacional es de única instancia ante el Consejo de Estado, conforme al numeral 13 del artículo 149 del CPACA, pero no cuando la entidad es una corporación autónoma regional, que no pertenece al orden nacional, de modo que la corporación carece de competencia y debe remitir el expediente. La razón es que la naturaleza de la corporación es sui generis y no puede asimilarse a un organismo de la administración central ni a una entidad territorial, mientras que su representante legal ejerce competencias en el ámbito territorial definido por la Ley 99 de 1993. Además, al declararse la falta de competencia, el artículo 152 del CPACA ordena remitir el expediente al tribunal competente, y las actuaciones surtidas conservan su validez según el artículo 16 del Código General del Proceso. En el caso, el despacho declaró la falta de competencia y ordenó remitir el expediente al tribunal administrativo competente. Su consecuencia práctica es que la competencia de única instancia exige que la entidad sea del orden nacional, y que una corporación descentralizada no basta para activarla.síntesis automática
También resuelve:¿Las CAR son organismos administrativos intermedios entre la Nación y las entidades territoriales?¿La competencia del Consejo de Estado para resolver en única instancia las demandas de repetición, se restringe a los eventos en que se llame a responder patrimonialmente a los representantes legales…¿El legislador estableció para cada CAR un ámbito territorial limitado para el ejercicio de sus competencias?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2024-04-02Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020130016500LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado carece de competencia funcional para decidir este caso en única instancia? Sí
La carencia de competencia funcional del Consejo de Estado para decidir en única instancia un medio de control de repetición se configura cuando la entidad involucrada no es del orden nacional, como ocurre con las corporaciones autónomas regionales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las corporaciones autónomas regionales no son entidades del orden nacional, conforme a la Ley 99 de 1993 y a la jurisprudencia que el auto cita. Segunda, el artículo 2 del Decreto 1768 de 1994 no atribuye esa calidad, sino que remite a otra norma. Tercera, los principios de celeridad, imparcialidad y eficacia no pueden sobreponerse al juez natural ni a la doble instancia. Por ello el expediente se remite al juez competente, conservando la validez de las actuaciones previas. El auto no desconoce el precedente invocado y confirma la decisión recurrida, concediendo la súplica subsidiaria. La consecuencia práctica es que la competencia en única instancia debe verificarse antes de admitir el trámite, y que el expediente se traslada cuando no existe.síntesis automática
También resuelve:¿La norma invocada por la recurrente establece que las CAR sean entidades del orden nacional?
¿El derecho que la demandante pretendió hacer efectivo ante el Distrito debió ser exigido, discutido y definido en el marco del procedimiento de liquidación contractual? Sí
El contratista no puede exigir el pago de saldos insolutos fuera del procedimiento de liquidación contractual, ya que este es el marco adecuado para discutir y definir tales derechos conforme al principio de universalidad y las normas que lo regulan. El liquidador debe incluir en el inventario de pasivos las acreencias debidamente comprobadas, es decir, las reconocidas, no las rechazadas, y cualquier reclamo debe ser discutido a través del cuestionamiento en vía administrativa y judicial de los actos del liquidador. Además, la entidad que realiza la liquidación es la única llamada a definir el reconocimiento de las acreencias, y no puede subsanarse a través de una petición extemporánea a otra entidad. Esta regla reitera la importancia de seguir el procedimiento de liquidación para garantizar la universalidad y la prelación de créditos, lo que implica que los acreedores deben participar en el proceso de liquidación para obtener el reconocimiento y pago de sus acreencias.síntesis automática
También resuelve:¿La liquidación de entidades públicas tiene por propósito realizar la disolución y liquidación de una entidad, a fin de que sean enajenados sus activos para proceder con el pago de las obligaciones…¿Al agente liquidador le corresponde integrar la totalidad de los activos y pasivos que tiene la entidad en su patrimonio…¿Para que proceda la cancelación de las acreencias a cargo de una entidad en liquidación, la obligación deberá estar relacionada en un inventario de pasivos y debidamente comprobada?
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2025-02-06Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020240018100LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La competencia para conocer del recurso de anulación contra un laudo arbitral recae sobre esta Sección del Consejo de Estado? Sí
Dado que se trata de un recurso de anulación contra un laudo arbitral que dirimió un conflicto originado en un contrato estatal, la competencia para conocer del presente asunto recae sobre esta Sección, atendiendo a la distribución interna de asuntos en la Corporación. Frente al recurso de anulación interpuesto por la parte convocada y demandante en reconvención, el Despacho advierte que tal medio de impugnación reúne los requisitos de oportunidad y de forma consagrados en el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, toda vez que fue presentado y sustentado ante el Tribunal Arbitral, con indicación de la causal invocada y dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la respectiva providencia.
También resuelve:¿El Consejo de Estado conocerá en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad pública?¿La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá fue constituida como una empresa social y comercial del Estado, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente?
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2024-05-07Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020240005500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se cumplen las exigencias establecidas en la Ley 1563 de 2012, para que el Consejo de Estado avoque el conocimiento del recurso extraordinario de anulación de la referencia? Sí
En este caso, el laudo objeto del recurso extraordinario de anulación resolvió una controversia surgida en el marco de la ejecución del Contrato de Obra Pública núm. 121 de 2019, suscrito entre las partes el 13 de agosto de 2019. Pues bien, como el convocado, Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas -IDM- es un establecimiento público de carácter municipal, persona jurídica de derecho público, descentralizado, dotado de economía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente, creado mediante el Decreto núm. 275 de 2001.
También resuelve:¿La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia, de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos…
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2026-10-07Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 11001032600020260011300Recurso de anulación de laudo arbitral
¿Corresponde a la Sección Tercera del Consejo de Estado el conocimiento de la controversia cuando las partes sometieron a arbitraje las diferencias derivadas de un contrato estatal celebrado por una entidad pública descentralizada? Sí
El contratista puede recurrir a la Sección Tercera del Consejo de Estado para impugnar un laudo arbitral derivado de un contrato estatal celebrado con una entidad pública descentralizada, siempre que las partes hayan acordado someter las controversias a un tribunal de arbitramento nacional conforme a la Ley 1563 de 2012. Además, el recurso de anulación contra el laudo debe presentarse dentro del plazo de treinta días desde la notificación de la aclaración o corrección del laudo, y debe cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 40 y 42 de la misma ley, incluyendo la sustentación de las causales de anulación y el trámite de traslado correspondiente. Asimismo, la entidad pública puede solicitar la suspensión del cumplimiento del laudo impugnado, conforme al inciso tercero del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012, siempre que sea condenada en el laudo y la medida sea solicitada dentro del plazo legal. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente, proporcionando claridad sobre los procedimientos y requisitos para la admisión y tramitación de recursos de anulación contra laudos arbitrales en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Cumplió la parte recurrente el término de treinta días previsto para la interposición del recurso de anulación contra el laudo arbitral…¿Cumplió el recurso de anulación contra el laudo arbitral los requisitos para su admisión previstos en los artículos 40 y 42 de la Ley 1563 de 2012…¿Procede la suspensión del cumplimiento del laudo arbitral, conforme al inciso tercero del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-05-09Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020240004800LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El Consejo de Estado es competente para conocer el recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral en el que es parte el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC-, corporación sin ánimo de lucro, de naturaleza y participación mixta, descentralizada e indirecta por servicios, que cumple una función pública de acreditación? Sí
El Decreto 1595 de 2015 precisó que el ONAC tiene como función principal proveer los servicios de acreditación a los organismos de evaluación de la conformidad con sujeción a las normas nacionales e internacionales en materia de acreditación, con alcance en reglamentos técnicos, normas técnicas y otros documentos normativos… .
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencia jurisdiccional2024-05-06Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 11001334305920230029501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Como la ejecución del contrato tuvo lugar tanto en el municipio de Arauca como en Bogotá, la competencia recae sobre el juez administrativo de Arauca, al haber sido este el lugar en el que se radicó la demanda? Sí
En las motivaciones que dieron lugar a la celebración del negocio jurídico, se consagró que la E.S.E. Hospital San Vicente de Arauca presentaba cuentas de servicios pendientes por facturar y/o cobrar al Fondo de Solidaridad y Garantías -Fosyga- (actualmente administrado por el ADRES), por concepto de atención a víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos; por esa razón se hizo necesario contratar los servicios profesionales de una persona natural o jurídica con experiencia especializada en la realización de dichos cobros; además, se constató que AAACPT Consultores S.A.S. contaba con sede en Bogotá D.C., lo que implicaba que no debía incurrir en costos de desplazamientos o representación para realizar las gestiones de cobro.… En la cláusula décima primera se pactó que el domicilio contractual del negocio jurídico, para todos los efectos legales, sería el municipio de Arauca.… En el contrato 22451 de 2016…
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer de los conflictos de competencia suscitados entre juzgados administrativos de distinto distrito judicial?¿Para determinar la competencia judicial por razón del territorio en los procesos de controversias contractuales, debe establecerse el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato?
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede ejercer el medio de control de controversias contractuales si lo presenta fuera del plazo legal, configurándose la caducidad del derecho de acción. Esta regla se sostiene porque el contrato en cuestión, sometido al derecho privado, no pactó cláusulas de liquidación y, por tanto, el plazo de caducidad se calcula a partir de la fecha de terminación del contrato, no de los plazos establecidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La Sala revoca la sentencia de primera instancia al determinar que la demanda fue presentada después del plazo legal, lo que implica que la entidad estatal pierde la oportunidad de litigar sobre la controversia contractual. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la configuración de la caducidad en contratos sometidos al derecho privado, subrayando la importancia de la autonomía de las partes en la determinación del plazo de caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Las empresas sociales del Estado son entidades descentralizadas por servicios, de naturaleza jurídica especial, siendo, entonces…¿Cualquiera de las partes de la relación contractual puede pedir la declaratoria de incumplimiento, de ahí que la legitimación en la causa en este tipo de controversia se encuentre, en principio…¿Los contratos estatales que no están sujetos al Estatuto General de Contratación de Administración Pública sino al derecho privado requieren del trámite de liquidación?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica2025-02-07Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020130016500LEY 1437 REPETICION
¿Procede el recurso de súplica contra el auto que declara la falta de competencia del Consejo de Estado, para conocer de demandas de repetición en única instancia? Sí
El recurso de súplica contra el auto que declaró la falta de competencia es procedente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 246 del CPACA, modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de 2021 y su resolución corresponde a la Sala, con exclusión de la magistrada ponente de la decisión censurada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 125 del mismo cuerpo normativo.
También resuelve:¿Las Corporaciones Autónomas Regionales son entidades descentralizadas por servicios, cuya función es ejecutar políticas encaminadas a preservar el ambiente y el aprovechamiento de los recursos…¿A las Corporaciones Autónomas Regionales le son aplicables las normas que rigen a las entidades descentralizadas del orden nacional siempre que sean compatibles con su régimen legal propio?¿El Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia, de las demandas presentadas en ejercicio del medio de control de repetición contra los representantes de las CAR?
¿Se pudo establecer que el demandado actuó bajo el convencimiento de que al estar facultado por la junta directiva del Instituto Financiero de Boyacá para realizar la reestructuración de la planta de personal contaba con la aprobación del gobernador? Sí
En el presente caso los demandados no actuaron con dolo y/o culpa grave, pues se pudo establecer que [el demandado] actuó bajo el convencimiento de que al estar facultado por la junta directiva del Infiboy para realizar la reestructuración de la planta de personal, contaba con el visto bueno y la aprobación del gobernador para hacerlo. Como [sus subalternos] no suscribieron los actos administrativos que fueron parcialmente anulados, tampoco están llamados a responder a título de dolo o culpa grave. Por lo anterior, en la parte resolutiva se confirmará la sentencia… proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda.
También resuelve:¿Se probó que los demandados actuaron con dolo y/o culpa grave en los hechos bajo examen?¿La anulación de los actos administrativos por falta de cumplimiento de requisitos legales, lleva consigo la conclusión de que se obró con dolo o culpa grave?¿El hecho de que la junta directiva del Infiboy delegara al gerente para determinar la planta de personal, llevaba consigo la aquiescencia del gobernador del departamento?
¿Se configuró la caducidad del medio de control de repetición, al haber pasado más de dos años desde la fecha límite para el pago de la condena impuesta en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
El término de caducidad de la acción de repetición se cuenta desde el día siguiente al vencimiento del plazo que tenía la entidad para pagar la condena, y si el pago se realiza fuera de ese plazo, el término de dos años corre desde el día siguiente a la fecha límite de pago. La regla se apoya en el término de dieciocho meses que el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo fija para cumplir la condena, contado desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia. Por ello, el pago tardío no amplía el término para repetir, que se desplaza al vencimiento del plazo legal de pago. En el asunto, la sentencia de reintegro quedó ejecutoriada, el único pago acreditado se hizo después del término legal y la demanda se presentó por fuera del plazo de dos años, por lo que la Sala declaró la caducidad y negó las pretensiones. En la práctica, la entidad que paga tarde debe computar la caducidad desde la fecha límite de pago y no desde el desembolso efectivo.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia del medio de control de repetición que se ejerza contra los representantes legales de entidades del orden nacional?¿La repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del…¿El término de caducidad del medio de control de repetición empieza a contar desde el día siguiente a la fecha del pago de la condena o, a más tardar…
¿La acción contractual se ejerció en tiempo, esto es dentro de los dos años a cuando concluyó la fase de liquidación y la pretensión subsidiaria de enriquecimiento sin justa causa, dentro del termino contado desde que el demandante adquirió certeza del no reconocimiento de las sumas reclamadas? Sí
Cuando el contrato concluye sin liquidación, los términos de liquidación bilateral de cuatro meses y unilateral de dos meses se cuentan desde la finalización del plazo de ejecución, conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y la caducidad se computa desde que concluye esa fase. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el plazo de ejecución dio inicio a los términos de liquidación previstos en la ley, lo que fija el punto de partida del término bienal del artículo 136.10 literal d del Código Contencioso Administrativo. Segunda, la pretensión subsidiaria de enriquecimiento sin justa causa tiene un término bienal propio del artículo 136.8, que se cuenta desde que el demandante adquirió certeza de la negativa de reconocimiento. Tercera, incluso tomando la fecha menos favorable al demandante, la demanda se presentó dentro del término. La providencia confirma la decisión de primera instancia y reitera la línea de la Subsección C citada en su nota de relatoría. La consecuencia práctica es que el término de caducidad debe fijarse desde la liquidación o la negativa, y no desde la terminación de la ejecución.síntesis automática
También resuelve:¿En el presente asunto, el Municipio está legitimado en la causa por pasiva, cuando hay dos pretensiones diferentes, una contractual y no fue parte del contrato y la otra, subsidiaria…¿El contrato núm. 0069 de 2009 celebrado entre la Fundación e Ingetec debe, por su naturaleza, constar por escrito?¿Incumplió la Fundación el contrato núm. 0069 de 2009 por la falta de reconocimiento de mayores cantidades de obras y de obras adicionales?
¿La cesión de la posición contractual en favor de una empresa de servicios públicos domiciliarios oficial implica un cambio en el régimen jurídico del contrato estatal inicialmente celebrado? No
La cesión de la posición contractual en favor de una empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial no altera el régimen jurídico del contrato estatal ni sus prerrogativas. La regla se apoya en el artículo 896 del Código de Comercio, que dispone que la cesión comprende las acciones, privilegios y beneficios propios de la naturaleza y condiciones del contrato, de modo que las prerrogativas pactadas y las propias de los contratos estatales se transfieren al cesionario. Además, las partes reconocieron ese efecto al momento de pactar la cesión, y el cesionario es una entidad pública descentralizada del orden departamental, por lo que el régimen sustancial del contrato no muta con la cesión. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el contrato cedido sigue sometido a las reglas que lo gobernaban antes de la cesión, y el cambio de titular no modifica las prerrogativas que tenía la administración.síntesis automática
También resuelve:¿La Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., puede ejercer válidamente las prerrogativas unilaterales del contrato estatal que le fueron cedidas?¿Es aplicable el artículo 136, numeral 10 del CCA para determinar la caducidad de la acción en un contrato estatal de ejecución sucesiva liquidado unilateralmente por la administración?¿Puede un contrato de transacción tener efectos jurídicos respecto de pretensiones no incluidas expresamente en su contenido, como los perjuicios derivados del incumplimiento contractual…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-04-26Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 44001233100020000054002ACCION CONTRACTUAL
¿Debe la entidad demandada pagar restituciones mutuas consecuenciales a causa de la declaratoria de nulidad del contrato de concesión? Sí
El contratista no puede reclamar restituciones mutuas consecuenciales a causa de la declaratoria de nulidad del contrato de concesión, ya que estas deben basarse en la extinción de los compromisos adquiridos y no en las sumas de dinero que fueron pactadas como parte de la oferta para contratar. La entidad demandada no está obligada a pagar estas restituciones mutuas, ya que el dictamen pericial y la formulación del incidente se apartan de lo dispuesto por la sentencia anulatoria del contrato. Además, es necesario probar el monto de los gastos en que incurrió el contratista para la ejecución del objeto del contrato, lo cual no se refleja en el texto contractual ni en la proyección financiera presentada. Esta decisión matiza la interpretación previa sobre la cuantificación de restituciones mutuas en casos de nulidad contractual, limitando la posibilidad de reclamar sumas que no se ajusten a la realidad de la ejecución del contrato.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-09-06Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 85001233300020190012301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se encuentran satisfechos los requisitos para que proceda el decreto de la medida cautelar solicitada? No
El contratista no cumple con los requisitos para obtener una medida cautelar de suspensión provisional, ya que no acredita un perjuicio irremediable ni la existencia de un menoscabo material que justifique la cautela, según el concepto del Ministerio Público. La entidad estatal, por su parte, puede efectuar pagos al contratista con recursos propios y no afecta la normativa legal o constitucional, siempre y cuando no se utilicen fondos del Sistema General de Regalías. Además, los gastos de funcionamiento quedan fuera de la destinación que los departamentos pueden dar a los recursos de las regalías, según la sentencia C-579 de 2001 de la Corte Constitucional. Por último, el Ministerio Público cumple con la carga de argumentación para interponer la demanda y solicitar la medida cautelar, en virtud de su facultad para defender el orden jurídico.síntesis automática
También resuelve:¿El demandado Instituto Financiero de Casanare, podría efectuar el pago al contratista sin perjudicar su patrimonio o ir en contra de alguna normatividad legal o constitucional?¿Los gastos de funcionamiento quedaron por fuera de la destinación que los departamentos podrían dar a los recursos de las regalías?¿La parte demandante cumplió con la carga de argumentación en relación con las razones de impetrar la demanda y requerir la cautela?
¿En el medio de control de repetición, se acreditó el actuar gravemente culposo del demandado? No
Cuando se reclama en repetición la culpa grave de un directivo por la enfermedad profesional de un subalterno, no basta con demostrar la enfermedad y su origen; debe probarse que el directivo conocía con anticipación la afectación de salud y omitió las medidas necesarias. La regla se apoya en tres razones. Primera, la prueba de la pensión de invalidez, el diagnóstico y la calificación de origen profesional no demuestran por sí solos un actuar gravemente culposo del demandado. Segunda, no existe evidencia de que, entre los años previos a la desvinculación, ya hubiera noticia de las disminuciones de salud y que estas fueran conocidas por el directivo. Tercera, el demandado sí puso en conocimiento de sus superiores la necesidad de nombrar funcionarios y el alto volumen de trabajo de la seccional en varias oportunidades, lo que desvirtúa el reproche. En consecuencia, por ausencia de medios probatorios que evidencien culpa grave, se confirmó la decisión que negó las pretensiones. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El demandado puso en conocimiento de sus superiores la necesidad de nombramiento de funcionarios y advirtió el alto índice de trabajo que recaía sobre la seccional?¿Se probó la violación inexcusable de contenidos normativos por parte del demandado?¿El funcionario demandado se ocupaba periódicamente de administrar los horarios de los funcionarios bajo su cargo con la concertación de todos ellos en las respectivas reuniones?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2026-10-22Sala Consulta y Servicio CivilMARÍA DEL PILAR BAHAMON FALLARad. 11001030600020220010700CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Ecopetrol S.A. es una entidad estatal descentralizada, vinculada a la Rama Ejecutiva, que no ejerce funciones públicas ni administrativas, toda vez que tiene por objeto social desarrollar actividades industriales y comerciales en un marco de competencia que se rige por el derecho privado? Sí
Las sociedades de economía mixta, ha dicho esta Sala, pese a estar constituidas bajo la forma de sociedades comerciales, «no son particulares… son organismos que hacen parte de la estructura de la Administración Pública, pertenecen al nivel descentralizado y son organismos vinculados».… En consecuencia, la creación por parte del Estado, de asociaciones, empresas o sociedades y su sujeción en ciertos aspectos a las normas de derecho privado, no comporta, que dejen de ser parte de la organización estatal, ni que se conviertan o puedan ser consideradas, per se, entidades particulares o privadas.
También resuelve:¿La Ley 1821 de 2016 aumentó a 70 años la edad de retiro forzoso y la extendió a los servidores públicos y particulares que desempeñan funciones públicas no sometidos con anterioridad a esa causal?¿La edad de retiro forzoso es una causal objetiva de retiro del servicio, cuya aplicación debe atender criterios de razonabilidad?¿El parágrafo 3 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, faculta al empleador para solicitar el reconocimiento de la pensión en nombre del trabajador…
¿Las controversias contractuales en que la entidad demandada es un un establecimiento público descentralizado del orden distrital son de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa? Sí
Esta jurisdicción conoce el presente asunto, en virtud del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo ("CCA"), modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006, vigente para la época en que fue presentada la demanda, toda vez que la parte demandada, actualmente liquidada, era un establecimiento público descentralizado del orden distrital de Bogotá. La Sala es competente, por tratarse de un asunto con vocación de doble instancia por el factor cuantía En el presente asunto se debate el cumplimiento de un contrato cuya ejecución se prolongó en el tiempo, por lo que es objeto de liquidación, como expresamente fue pactado. Por ende, según el artículo 136 numeral 10, literal c, del CCA el término de caducidad debe contarse desde el día siguiente al de la firma del acta de liquidación,… las actoras radicaron su demanda por lo que esta fue presentada en tiempo.
También resuelve:¿La falta de agotamiento de la conciliación prejudicial, como requisito de procedibilidad de la acción ante el contencioso administrativo, da lugar al rechazo de la demanda?¿La liquidación bilateral del contrato administrativo al ser un acuerdo entre las partes no tiene la naturaleza de un acto administrativo y por lo tanto no debió ser demandado?¿En el contrato los plazos estipulados para la forma y condiciones de pago, se entienden en días comunes, por lo que su cómputo es efectuado según el calendario?
¿Si la terminación del contrato obedece a un evento de fuerza mayor, como lo es la liquidación de la entidad oficial, los contratantes quedan liberados del cumplimiento de sus obligaciones? Sí
El contratista queda liberado del cumplimiento de sus obligaciones cuando la terminación del contrato se debe a un evento de fuerza mayor, como la liquidación forzosa de la entidad estatal, ya que esta medida es adoptada por el Presidente de la República en ejercicio de facultades discrecionales que no pueden ser impugnadas por la entidad afectada. En este caso, la entidad estatal no puede oponerse a la liquidación forzosa, lo que implica que tanto la entidad como el contratista quedan exonerados de sus obligaciones contractuales sin que exista responsabilidad indemnizatoria por parte de la entidad estatal, salvo que se demuestre la existencia de deudas específicas no contempladas en el proceso. La Sala revoca la sentencia de primera instancia y liquida el contrato sin saldos a favor de ninguna de las partes, reiterando la jurisprudencia sobre la terminación justificada por fuerza mayor en contratos de asociación que presentan características similares a los contratos de concesión.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta fundada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Salud y Protección Social?¿Resulta fundada la excepción de cláusula compromisoria, propuesta por Fidupopular, como tercero interesado vinculado al proceso?¿Resulta fundada la excepción de indebida escogencia de la acción?