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¿¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer del litigio derivado del convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre el municipio de San José de Uré y la IPS Promosalud & Cía. Ltda.? Sí
El contratista está legitimado para demandar la liquidación judicial del convenio de cooperación interinstitucional celebrado con el municipio, y la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer del litigio, conforme al artículo 104 del CPACA. La competencia del Consejo de Estado en segunda instancia se fundamenta en el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dado que la cuantía supera los 500 SMLMV. La demanda fue presentada en tiempo, considerando el plazo de ejecución y liquidación del convenio, y sin afectar el término de caducidad por la conciliación extrajudicial. El marco de competencia del juez de segunda instancia se limita a los motivos de inconformidad expuestos en el recurso de apelación, sin que el juez pueda pronunciarse sobre aspectos no discutidos.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es procedente para demandar el incumplimiento obligacional del convenio de cooperación interinstitucional por parte del municipio y para solicitar…¿Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, hay que tener en cuenta el plazo de ejecución del convenio, el término para liquidarlo…¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la IPS demandante y por pasiva sobre el municipio por ser las partes que celebraron el convenio objeto de la controversia?
¿La parte actora demostró los perjuicios que le ocasionó el contratista derivados del incumplimiento del contrato y por ende procede la efectividad de la garantía de cumplimiento? No
El contratista no debe indemnizar los perjuicios reclamados por la entidad estatal derivados del incumplimiento del contrato de salud, ya que la entidad no probó adecuadamente la existencia y cuantía de dichos perjuicios, a pesar de su carga probatoria. Aunque el incumplimiento del contrato se demostró, la entidad no presentó pruebas suficientes para establecer la afectación específica y cuantificable de sus derechos. La Sala reitera la importancia de la carga probatoria en acciones de controversias contractuales y matiza la aplicación de la cláusula compromisoria en contratos de seguro de cumplimiento, considerando la postura vigente al momento de la presentación de la demanda, lo que implica que las partes deben estar atentas a las interpretaciones jurisprudenciales vigentes en el tiempo de la presentación de sus acciones.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales fue presentada en término?
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,CONVENIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD,CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS,CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS,EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO,GLOSAS EXTEMPORÁNEAS DE FACTURAS,ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTE – Caducidad de la acción,Ente territorial y ESE,Aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,Naturaleza jurídica,Liquidación unilateral del contrato,Imposibilidad,Procedencia,Trámites legales,Presenta – Mes: mayo – Año: 2018…
También resuelve:Controversias contractuales: caducidad de la acciónConvenio para la prestación del servicio de salud: ente territorial y ese, aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración PúblicaConvenios interadministrativos: naturaleza jurídica
¿La recurrente no presentó ningún argumento de inconformidad dirigido a rebatir las conclusiones por las cuales el Tribunal a quo negó sus pretensiones y su impugnación se limitó a reiterar lo planteado inicialmente en la demanda? Sí
Basta con la lectura de… la apelación para concluir que el demandante no expuso razones de oposición fundamentadas en la viabilidad de analizar el asunto por la vía de la reparación directa, que en últimas fue a lo que se rehusó el a quo en su decisión. La Sala concluye que la recurrente no presentó ningún argumento de inconformidad dirigido a rebatir las conclusiones con fundamento en las cuales el Tribunal a quo negó sus pretensiones, en tanto que en la impugnación la parte actora se limitó a reiterar lo planteado inicialmente en la demanda, que fue resuelto en su integridad, y el único cargo nuevo no guarda congruencia con la base de la decisión de primera instancia, de manera que la Sala no puede efectuar ningún juicio de valor sobre la decisión objeto de apelación, ni suponer las razones de inconformidad de quien apela, por lo que confirmará la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño.
También resuelve:¿La vía procesal adecuada para tramitar las controversias entre las partes era la contractual y no la de reparación directa?¿El alegato de la parte recurrente se ciñó a ofrecer una reproducción idéntica a la plasmada en la demanda?¿Era procedente pretender el cobro de unas facturas que se dejaron de tramitar en el momento oportuno?
FACTURA CAMBIARIA,ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA,CADUCIDAD DE LA ACCIÓN,ACTIO IN REM VERSO,PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD,PRINCIPIO DE PLANEACIÓN – Presupuestos de validez,Unificación jurisprudencial,Acción autónoma e independiente,Acción compensatoria,Instituto procesal,Fundamento constitucional,Reparación directa,Existencia del contrato,Posiciones jurisprudenciales,Unificaci – Mes: febrero – Año: 2017…
También resuelve:Factura cambiaria: presupuestos de validezEnriquecimiento sin causa: unificación jurisprudencial, acción autónoma e independiente, acción compensatoria, situaciones excepcionalesCaducidad de la acción: instituto procesal, fundamento constitucional, reparación directa
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-01-30Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 50001233300020130032701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la excepción de falta de competencia propuesta por la demandada en el caso sub examine, consistente en el reconocimiento, graduación y calificación de las acreencias en favor de la E.S.E. Hospital demandante en el proceso de liquidación de Caprecom, esto, como consecuencia de los actos administrativos expedidos por el liquidador de la entidad? No
Después de revisado el expediente, el Despacho evidencia que, contrario a lo señalado por el Tribunal Administrativo del Meta, los actos expedidos en el proceso liquidatario de CAPRECOM fueron allegados por el PAR CAPRECOM de manera oportuna, junto con la contestación de la demanda… . De conformidad con los argumentos expuestos por el Tribunal Administrativo del Meta frente a la sustentación de la excepción propuesta por la demandada, el Despacho encuentra que los reparos manifestados por el PAR CAPRECOM pueden encaminarse, más que a la falta de competencia para resolver la controversia, a la configuración de una “cosa juzgada en sede administrativa”, al señalar que en este caso no era posible que el Tribunal se pronunciara sobre el asunto en tanto que ya se habían resuelto las pretensiones económicas de la demandante en el proceso de liquidación de CAPRECOM.
¿Procede declarar de oficio la caducidad del medio de control en relación con la pretensión de nulidad parcial del contrato? Sí
El contratista no puede promover la nulidad parcial del contrato mediante un medio de control de controversias contractuales cuando han transcurrido más de dos años desde su perfeccionamiento y la ejecución del mismo ya ha concluido, ya que la Sala declara de oficio la caducidad del medio de control en estos casos, modificando la sentencia apelada. Además, la Sala confirma que la liquidación unilateral del contrato es válida si no se acredita la ilegalidad de la misma, y establece que el término para demandar inicia a partir del día siguiente a la notificación del acto que resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra del acto inicial de liquidación. Esto implica que los plazos para presentar demandas son estrictos y que la Sala puede declarar la caducidad del medio de control de oficio, limitando así las posibilidades de los contratistas para impugnar la liquidación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Se encuentran caducadas las pretensiones relacionadas con la nulidad de la liquidación del contrato de ejecución sucesiva?¿Se acreditó la ilegalidad de la liquidación unilateral del contrato de prestación de servicios en salud?¿Procede la condena en costas contra la parte demandante vencida en el proceso?
¿Se infringieron el ordenamiento y los derechos de la demandante con la decisión adoptada por la Administración, de tener por no elegible a la unión temporal accionante? No
El contratista no puede impugnar la decisión de la administración de declararlo no elegible en un proceso de selección pública, cuando la omisión en la información financiera presentada es insubsanable y desatendía un requisito esencial para la evaluación de las ofertas, lo cual garantiza la escogencia de la oferta más favorable a la entidad. La Sala confirma que la entidad no infringió el ordenamiento ni los derechos del contratista al rechazar su oferta, al no cumplir con los requisitos financieros establecidos en la convocatoria. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la importancia de cumplir con los requisitos esenciales en la presentación de ofertas y la obligación del proponente de asegurar la veracidad y completitud de la información financiera proporcionada, lo que implica que cualquier omisión o error insubsanable puede resultar en la exclusión del proceso de selección.síntesis automática
También resuelve:¿Esta jurisdicción está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas…¿Le asistió razón al Tribunal al establecer la caducidad respecto de las pretensiones de indemnización de los integrantes de la unión temporal demandante por no haber sido seleccionados?¿Lo resuelto en el Acuerdo respecto de la elegibilidad de los proponentes debía demandarse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los 30 días siguientes a la fecha de…
¿La falta de liquidación unilateral del contrato por parte de la Administración configura un incumplimiento contractual a partir del cual pueda atribuirse responsabilidad a la entidad contratante? No
La falta de liquidación unilateral de un contrato estatal por parte de la entidad no constituye, por sí misma, un incumplimiento contractual, porque la liquidación unilateral es una potestad que la ley le otorga y no una obligación cuyo no ejercicio genere responsabilidad. Una razón es que la liquidación bilateral requiere el consenso de las partes, y ante la ausencia de acuerdo la entidad puede adoptarla unilateralmente, pero decidir no ejercer esa prerrogativa no causa un perjuicio cierto al contratista. Otra razón es que no se conoce en qué términos la entidad habría liquidado ni si la decisión habría beneficiado o perjudicado al contratista, de modo que no hay obligación contractual incumplida. En el caso, las partes quedaron habilitadas para pedir la liquidación judicial, que es la vía en la que se determina el cruce final de cuentas. La Sala revocó la decisión que había reconocido el incumplimiento y confirmó la negación de las pretensiones de incumplimiento y de perjuicios derivados. Su consecuencia práctica es que el contratista debe acudir a la liquidación judicial y no reclamar perjuicios por no liquidar.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la liquidación judicial con inclusión de unas sumas concretas de dinero en favor del contratista por concepto del valor de la prórroga del contrato acordada en forma bilateral?¿Procede la liquidación judicial con inclusión de unas sumas concretas de dinero en favor del contratista por por servicios prestados luego de expirado el término del contrato?¿Se acreditó temeridad o de mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
¿Se acreditó una afectación grave y directa de la ejecución del contrato de concesión suscrito para la prestación del servicio de salud, que diera lugar a la declaratoria de su caducidad por incumplimiento del concesionario? Sí
En el contrato de concesión de servicios de salud, la caducidad por incumplimiento del concesionario procede cuando se acredita una afectación grave y directa de la ejecución del contrato. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el concesionario asumió la prestación, operación y gestión total del servicio público, y estaba obligado a prestar los servicios de conformidad con la normatividad vigente, de modo que su incumplimiento grave compromete el objeto del contrato. Segunda, la afectación de la ejecución debe ser directa y de entidad suficiente para justificar la declaratoria, y no basta una dificultad transitoria. En el caso, la providencia confirma la declaratoria de caducidad porque la ejecución del contrato resultó gravemente afectada por el incumplimiento del concesionario. La providencia resalta que la afectación debe ser directa frente a la ejecución del contrato. En la práctica, la entidad que declare la caducidad debe documentar la afectación grave y directa de la prestación del servicio, pues esa prueba sustenta la decisión.síntesis automática
También resuelve:¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en lo contencioso administrativo?¿El medio de control procedente para controvertir la legalidad del acto contractual que declara la caducidad contrato, es el de controversias contractuales?¿La legitimación en la causa por activa recae sobre las sociedades que integran la unión temporal, por ser las afectadas con la declaratoria de caducidad del contrato?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2022-06-15Sala Consulta y Servicio CivilOSCAR DARIO AMAYA NAVASRad. 11001030600020180004300CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Al entrar en vigencia la restricción prevista en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, pueden los entes territoriales suscribir convenios interadministrativos con las Empresas Sociales del Estado, para prestar servicios de salud a la población no asegurada y las acciones de salud que se brindan a la colectividad a través del Plan de Intervenciones Colectivas –PIC, teniendo en cuenta que es el legislador quien ha ordenado esa contratación y que por ende la misma no emana de la autonomía de la voluntad de los contratantes? No
Durante la vigencia de la restricción prevista en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, las entidades territoriales no pueden suscribir convenios interadministrativos con las Empresas Sociales del Estado para la prestación de los servicios de salud a la población no asegurada, así como tampoco para el desarrollo y ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas, de conformidad por lo expuesto en este concepto. Se exceptúa de la anterior prohibición la prestación de los servicios de salud en aquellos eventos en que ocurran emergencias sanitarias o de salubridad que requieran la atención o prestación inmediata y oportuna de los mismos. Debe precisarse que el artículo 20 de la Ley 1122 de 2007 no habilita a las entidades territoriales para inobservar las prohibiciones que en materia de contratación establece la Ley de Garantías Electorales.
¿Se acreditó vicio del consentimiento de la sociedad demandante en la transacción y condonación parcial de la deuda firmada por esta? No
Un acuerdo de pago en el que el acreedor condona una parte de la deuda para recibir un pago pronto puede tener la naturaleza de transacción, y su nulidad por vicio del consentimiento exige prueba de error, fuerza o dolo. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que la demandante tuvo la opción de negociar un plazo con intereses para el pago total y la descartó por considerarla más riesgosa, lo que muestra una decisión libre y consciente de condonar parte de la deuda. La segunda es que no hay prueba que desvirtúe esa voluntad ni que el error, la fuerza o el dolo de la contraparte determinaran la aceptación. La tercera es que el desequilibrio económico invocado en la apelación no se alegó en la demanda, por lo que no puede analizarse de fondo. En consecuencia, la Sala confirma la sentencia de primera instancia que negó la nulidad. Como obiter dictum, la providencia precisa que el acuerdo tiene efectos de cosa juzgada respecto de la controversia que se pretendía precaver. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
¿Se presentó un incumplimiento de contrato por parte de la entidad demandada? Sí
El contratista no puede alegar un incumplimiento del contrato por parte de la entidad estatal, ya que las normas y el contrato de alianza no establecen que las entidades estén obligadas a asumir riesgos financieros o pérdidas por la prestación del servicio de salud. Además, el contrato, regido por el derecho privado conforme a la Ley 100 de 1993, no le es aplicable la figura del desequilibrio económico ni las normas sobre liquidación del contrato, por lo que no puede restablecerse el equilibrio financiero ni efectuarse una liquidación judicial. Asimismo, la entidad demandante no puede reclamar la existencia de un estado de cosas inconstitucional a través de la acción de controversias contractuales, ya que este medio no es adecuado para tal fin y el argumento no fue presentado en la demanda original. Finalmente, las pretensiones de reparación directa por daños causados por la ejecución del contrato no son procedentes en la acción de controversias contractuales, ya que estas no se relacionan con el objeto del contrato ni con su desarrollo.síntesis automática
También resuelve:¿Al estar regido el contrato por el derecho privado, es aplicable la figura del desequilibrio económico y las normas sobre la liquidación?¿El estudio y declaratoria de un estado de cosas inconstitucionales se pueden reclamar a través de la acción de controversias contractuales?¿Es procedente el estudio de pretensiones de reparación directa por daños producidos por la ejecución de un contrato?
¿Queda el juez relevado del estudio de fondo del recurso de apelación, cuando en primera instancia se declara la nulidad del acto de terminación unilateral del contrato, con fundamento en dos motivos, siendo el primero suficiente para tal declaración y el apelante solo se fundamenta en el segundo, por argumentación insuficiente del recurso? Sí
El juez de segunda instancia queda relevado del estudio de fondo del recurso de apelación cuando en primera instancia se declara la nulidad del acto de terminación unilateral del contrato con dos motivos, siendo el primero suficiente para tal declaración, y el apelante solo se fundamenta en el segundo, por argumentación insuficiente del recurso, lo que implica que la decisión de primera instancia mantiene su validez. Además, la nulidad del acto de terminación unilateral no garantiza automáticamente el reconocimiento de perjuicios, los cuales deben estar acreditados y demostrarse que su ocurrencia fue consecuencia directa del acto anulado. Asimismo, no procede la reclamación de indemnización de perjuicios morales a favor de los socios de la sociedad demandante cuando la demanda fue presentada por la sociedad como persona jurídica autónoma. Finalmente, el reconocimiento de mejoras necesarias al bien arrendado no procede cuando estas, junto con las mejoras útiles, se incluyeron en el acto de liquidación del contrato y el actor no probó que se hubiera superado ese valor.síntesis automática
También resuelve:¿Los perjuicios por el acto de terminación unilateral del contrato que se declara nulo deben estar acreditados, así como, el hecho de que su ocurrencia fue consecuencia directa del acto anulado…¿Resulta procedente la reclamación de indemnización de perjuicios morales a favor de cada uno de los socios que integraban la sociedad demandante cuando quien hizo parte del litigio fue la sociedad…¿Procede el reconocimiento de mejoras necesarias al bien arrendado cuando estas, junto con las mejoras útiles, se incluyeron por la entidad en el acto de liquidación del contrato y el actor no probó…
¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva está determinada por el interés legítimo frente a un derecho discutido entre las partes que acuden como demandante y demandado, y la relación sustancial que nace de dicha controversia? Sí
El contratista y la entidad estatal están legitimados en la causa para intervenir en un proceso contractual cuando tienen un interés legítimo en el derecho discutido y una relación sustancial con la controversia, lo que implica que la legitimación en la causa por activa y por pasiva se determina en función de la relación jurídica sustancial derivada de la participación en la circunstancia fáctica o situación jurídica que origina la disputa. En el caso concreto, la entidad estatal que celebró el contrato y que incumplió sus obligaciones es la única legitimada en la causa por pasiva, mientras que la otra parte que reclama el incumplimiento tiene legitimación en la causa por activa, ya que ambos tienen un interés legítimo en la controversia contractual y están vinculados funcional o materialmente a los hechos que dan origen a la reclamación. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la legitimación en la causa en controversias contractuales, estableciendo que la relación contractual es el fundamento esencial para determinar la legitimación de las partes en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en la causa por pasiva recayó sobre el Hospital contratante en los negocios jurídicos que originaron la controversia…¿En qué consiste la capacidad jurídica y en qué se diferencia de la capacidad procesal?¿Los establecimiento de comercio tienen capacidad jurídica para ser parte de un contrato y para comparecer a un proceso judicial iniciado en virtud de controversias surgidas de dicho contrato?
¿Cuál es el régimen jurídico aplicable a los contratos que suscriben las Empresas Sociales del Estado? Sí
El servicio de salud prestado directamente por la Nación o por las entidades territoriales debe ejecutarse a través de Empresas Sociales del Estado, que son empresas públicas descentralizadas, y sus contratos se rigen por el derecho privado, aunque puedan utilizar discrecionalmente las cláusulas exorbitantes del estatuto general de contratación. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el artículo 49 de la Constitución y el artículo 365 de la misma norma establecen que el servicio de salud es un servicio público a cargo del Estado, prestado de forma directa o indirecta. La segunda es que el artículo 195 de la Ley 100 de 1993 dispone que, en materia contractual, las empresas sociales del Estado se rigen por el derecho privado, pero pueden utilizar esas cláusulas exorbitantes. La providencia cita la sentencia C-171 de 2012 de la Corte Constitucional en su nota de relatoría, y el documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el contrato se analiza bajo el régimen privado, sin perjuicio de las cláusulas exorbitantes pactadas.síntesis automática
También resuelve:¿A los contratos de derecho privado que suscriben las Empresas Sociales del Estado le son aplicables los principios de la función administrativa…¿Los actos precontractuales proferidos dentro de los procesos de selección regidos por el derecho privado tienen la naturaleza de acto administrativo?¿Procede la adecuación del medio de control por parte del Juez al encontrarse la indebida escogencia de este dentro de la demanda?
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede ejercer el medio de control de controversias contractuales si lo presenta fuera del plazo legal, configurándose la caducidad del derecho de acción. Esta regla se sostiene porque el contrato en cuestión, sometido al derecho privado, no pactó cláusulas de liquidación y, por tanto, el plazo de caducidad se calcula a partir de la fecha de terminación del contrato, no de los plazos establecidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La Sala revoca la sentencia de primera instancia al determinar que la demanda fue presentada después del plazo legal, lo que implica que la entidad estatal pierde la oportunidad de litigar sobre la controversia contractual. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la configuración de la caducidad en contratos sometidos al derecho privado, subrayando la importancia de la autonomía de las partes en la determinación del plazo de caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Las empresas sociales del Estado son entidades descentralizadas por servicios, de naturaleza jurídica especial, siendo, entonces…¿Cualquiera de las partes de la relación contractual puede pedir la declaratoria de incumplimiento, de ahí que la legitimación en la causa en este tipo de controversia se encuentre, en principio…¿Los contratos estatales que no están sujetos al Estatuto General de Contratación de Administración Pública sino al derecho privado requieren del trámite de liquidación?
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para decidir las controversias contractuales originadas en la actividad de las entidades públicas con empresas industriales y comerciales del Estado? Sí
El contratista puede presentar copias simples de documentos como prueba en el proceso contencioso administrativo siempre que dichos documentos no hayan sido tachados de falsos o desvirtuados por las partes durante el curso del mismo, conforme a la jurisprudencia unificada por la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia de 28 de agosto de 2013. Además, el interventor o auditor que preste testimonio en el proceso, siempre que su declaración sea creíble, imparcial, clara y cierta, y no sea tachada de falsa por las partes, es susceptible de valoración probatoria. Estas reglas permiten un mayor acceso a la justicia y flexibilizan las exigencias de prueba en la jurisdicción contenciosa administrativa, facilitando la resolución de controversias contractuales entre entidades públicas y empresas industriales y comerciales del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿En las controversias sobre contratos que requieran liquidación, el término de caducidad de dos años comienza a correr desde la firma del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto…¿Es procedente el valor probatorio de las copias simples, cuando los documentos aportados han militado en el proceso sin ser tachados por las partes?¿Las pruebas testimoniales aportadas al proceso son susceptibles de valor probatorio al estar dotadas de credibilidad, imparcialidad, claridad y certeza y al no ser tachadas de falsas por las partes?
¿La diferencia entre convenio y contrato administrativo radica en que en los convenios se busca cumplir, de manera conjunta, las funciones a cargo de las entidades públicas que suscriben el acuerdo o prestar los servicios que les han sido encomendados por la ley, mientras que en un contrato existe una amalgama de derechos y obligaciones recíprocas, siendo protagonista el interés meramente económico o ganancial? Sí
El convenio interadministrativo y el contrato interadministrativo se distinguen por su finalidad: el primero busca cumplir de manera conjunta las funciones a cargo de las entidades públicas que lo suscriben, o prestar los servicios que la ley les encomienda, bajo los principios de colaboración y coordinación, mientras que en el contrato existe una amalgama de derechos y obligaciones recíprocas, en la que es protagonista el interés económico o ganancial. La regla se sostiene en dos razones. Primera, ambas figuras expresan un consenso de voluntades de entidades públicas, pero tienen diferencias sustanciales que impiden usarlas de manera indistinta. Segunda, en el caso el instrumento tenía por objeto que la empresa social del Estado ejecutara componentes de un proyecto del plan de desarrollo del ente contratante, sin que las entidades aunaran esfuerzos en sus funciones, por lo que se trataba de un contrato interadministrativo. Por ello se confirmó la decisión. La providencia reitera la distinción entre ambas figuras.síntesis automática
También resuelve:¿El negocio jurídico celebrado entre las partes obedeció a un contrato interadministrativo, el cual, al relacionarse con las actividades a cargo del Hospital de Kennedy…¿Se presentó oportunamente la demanda de controversias contractuales interpuesta para demandar el incumplimiento del contrato interadministrativo, considerando que…¿El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy actuó sin competencia funcional al declarar unilateralmente el incumplimiento del contrato?
¿Procede la acumulación de pretensiones de responsabilidad contractual y extracontractual del Estado? Sí
Comfama celebró un contrato de derecho privado con el Departamento de Antioquia y el Municipio de Medellín cuyo objeto era la prestación de servicios de salud en el régimen subsidiado. La Caja de Compensación Familiar consideró que los dineros recibidos por los servicios prestados fueron insuficientes para recuperar los gastos en los que incurrió. Debido a ello, demandó a las entidades territoriales y acumuló dos grupos de pretensiones: unas dirigidas a establecer la responsabilidad contractual, porque ellas habrían incumplido obligaciones del contrato dirigidas a sufragar los gastos adicionales en los que se incurriera para la prestación del servicio o, en subsidio de ello, a que se restableciera el equilibrio económico del contrato o se liquidara, con el reconocimiento de los gastos adicionales en los que se incurrió.
También resuelve:¿Se configuró la falla del servicio ante la no compensación de los sobrecostos en la prestación del servicio de salud y enriquecimiento sin causa derivado de esta?¿Puede configurarse responsabilidad extracontractual del Estado entre las partes de un contrato por un daño antijurídico generado por fuera de las obligaciones contractuales?