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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el debido proceso es un principio y derecho fundamental que intrínsecamente se entrelaza con el principio de legalidad

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Fecha
2025-02-07
Radicado
25000233600020180084801
Número interno
69970
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CARBONES CARINCO LTDA
Demandado
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el debido proceso es un principio y derecho fundamental que intrínsecamente se entrelaza con el principio de legalidad

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Lo que dijo la Sala

El debido proceso es un principio y derecho fundamental que intrínsecamente se entrelaza con el principio de legalidad. En su alcance, las autoridades, tanto en sede administrativa como judicial, deben adelantar los juicios con arreglo al procedimiento definido previamente en la ley, con aplicación del principio de juez natural y con respeto de los derechos de defensa y contradicción, garantizando la posibilidad de aportar y controvertir pruebas, la publicidad de las actuaciones y decisiones proferidas en el curso de tales procedimientos, y concediendo la oportunidad de impugnarlas. Tratándose del ámbito administrativo, este derecho debe desarrollarse bajo los principios orientadores de la función administrativa.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista puede analizar bajo la causal de falsa motivación los argumentos presentados en el recurso de apelación, relacionados con la ilegalidad de las resoluciones que desconocieron aparentemente las peticiones que acreditaban la disminución de los volúmenes de producción, la modificación del Programa de Trabajos y Obras, y la reducción del valor de la póliza minero-ambiental, ya que la falsa motivación se configura ante la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos por la administración. Esta regla reitera la jurisprudencia existente, permitiendo a los contratistas cuestionar la legalidad de los actos administrativos en términos de falsa motivación cuando se evidencie una distorsión en los fundamentos de estos.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Procede analizar bajo la causal de falsa motivación los argumentos esbozados por la parte actora en el recurso de apelación, relativos a la ilegalidad de las Resoluciones 1282 del 27 de octubre de 2016 y 255 del 6 de abril de 2017, dado que la autoridad minera desconoció, de forma aparente, las peticiones que acreditaban la disminución de los volúmenes de producción; procuraban la modificación del Programa de trabajos y Obras; y, demostraban la reducción del valor de la póliza minero ambiental?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 137 y 138
  • Constitución Política

También resuelve

  • ¿Si la posesión o tenencia de los predios que contienen los minerales son de propiedad exclusiva del Estado, al margen de quien detente su dominio…
  • ¿El beneficiario del título minero debe presentar a la Agencia Nacional de Minería el Programa de Trabajos y Obras en el que describa la planificación…
  • ¿Para ejecutar el contrato de concesión minera el concesionario debe constituir a favor de la autoridad minera una póliza independiente para cada etapa de ejecución del contrato…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES DEBIDO PROCESO ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO FUNCIÓN ADMINISTRATIVA GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO REGULACIÓN DEL DEBIDO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO ILEGAL CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA CADUCIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO PETICIÓN DESCONOCIMIENTO DE DOCUMENTO AUTORIDAD MINERA VARIACIÓN DEL PRECIO PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN LEGAL MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO FALSA MOTIVACIÓN CONCEPTO DE LA FALSA MOTIVACIÓN FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PRESUPUESTOS DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO MINERÍA ACTIVIDAD MINERA ZONA PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA MINA EXPLORACIÓN MINERA EXPLORACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES REGALÍAS DE LOS MINERALES PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE ELEMENTOS DE LA ACTIVIDAD MINERA LEGISLACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA NORMATIVA DEL DERECHO MINERO REQUISITOS PARA EXPLOTACIÓN DE LA MINA LEGALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA TÍTULO MINERO REQUISITOS DEL CONTRATO DE EXPLOTACIÓN MINERA REGISTRO MINERO NACIONAL INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MINERO NACIONAL PROPIEDAD DE LA ACTIVIDAD MINERA PROPIEDAD DEL ESTADO OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO DEL TÍTULO MINERO DOCUMENTO CLASES DE DOCUMENTO INFORME TÉCNICO ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN MINERA ZONA MINERA CLASES DE MINERALES IMPACTO AMBIENTAL ACTIVIDADES QUE CAUSAN IMPACTO AMBIENTAL PROGRAMA DE IMPACTO AMBIENTAL MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL FUNCIONES DE LA AUTORIDAD MINERA FUNCIÓN DE COBRO DE INSPECCIONES Y VISITAS DE FISCALIZACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD MINERA FACULTADES DEL CONCEDENTE DE DIRECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL RESPECTO DEL CONCESIONARIO CONCESIONARIO PÓLIZA DE GARANTÍA CONTRACTUAL PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO VALOR ASEGURADO EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO HECHO SOBREVINIENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO AUSENCIA DE FUERZA MAYOR INEXISTENCIA DEL CASO FORTUITO ETAPA DE EXPLORACIÓN MINERA EXPLOTACIÓN DE LA MINA EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES PRECIO TÉRMINO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA ACTO ADMINISTRATIVO OBLIGACIÓN CONTRACTUAL VIGENCIA DE LA PÓLIZA DEL CONTRATO DE SEGURO DERECHO DEL CONCESIONARIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL ACTO ADMINISTRATIVO FICTO IRREGULARIDAD EN EL ACTO ADMINISTRATIVO OPONIBILIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE SEGURO VALORACIÓN DE LA PRUEBA ADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA AGENCIAS EN DERECHO NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO ACUERDOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTIÓN DEL PROCESO CUANTÍA DEL PROCESO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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Titulación de la relatoría 31.251 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO / CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO / NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DEL DEBIDO PROCESO / ACTO ADMINISTRATIVO ILEGAL / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / CADUCIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PETICIÓN / DESCONOCIMIENTO DE DOCUMENTO / AUTORIDAD MINERA / VARIACIÓN DEL PRECIO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN LEGAL / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN / CONCEPTO DE LA FALSA MOTIVACIÓN / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTOS DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Procede analizar bajo la causal de falsa motivación los argumentos esbozados por la parte actora en el recurso de apelación, relativos a la ilegalidad de las Resoluciones 1282 del 27 de octubre de 2016 y 255 del 6 de abril de 2017, dado que la autoridad minera desconoció, de forma aparente, las peticiones que acreditaban la disminución de los volúmenes de producción; procuraban la modificación del Programa de trabajos y Obras; y, demostraban la reducción del valor de la póliza minero ambiental? Respuesta al problema jurídico: Si El debido proceso es un principio y derecho fundamental que intrínsecamente se entrelaza con el principio de legalidad. En su alcance, las autoridades, tanto en sede administrativa como judicial, deben adelantar los juicios con arreglo al procedimiento definido previamente en la ley, con aplicación del principio de juez natural y con respeto de los derechos de defensa y contradicción, garantizando la posibilidad de aportar y controvertir pruebas, la publicidad de las actuaciones y decisiones proferidas en el curso de tales procedimientos, y concediendo la oportunidad de impugnarlas. Tratándose del ámbito administrativo, este derecho debe desarrollarse bajo los principios orientadores de la función administrativa. El artículo 29 constitucional compendia el contenido de tal derecho y garantía, y del mismo se desprende que el debido proceso se compone de las prerrogativas a: (i) ser juzgado con base en normas previas a la conducta que se endilga, (ii) solo ser condenado por hechos previstos como delito o infracción al momento de su comisión, (iii) ser juzgado en atención a las formas previstas para cada juicio, previa determinación legal, (iv) ser juzgado por una autoridad competente, independiente e imparcial, (v) no desconocer la presunción de inocencia, (vi) no ser juzgado dos veces por la misma conducta, (vii) aplicar el principio de favorabilidad, (viii) aportar y controvertir las pruebas que se aduzcan en contra del procesado, (ix) el proceso debe sustentarse en pruebas legalmente obtenidas y, (x) se debe lograr la resolución de las controversias jurídicas planteadas sin dilaciones injustificadas y con respeto de los principios procesales. La ausencia de cualquiera de estas garantías, con impacto real al derecho nuclear del debido proceso, se estatuye como motivo apto para pedir la nulidad del acto según preceptivas contenidas en los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011. En este caso, los argumentos que plantea el recurrente para cuestionar el fallo de primera instancia e insistir en la ilegalidad de las Resoluciones 1282 del 27 de octubre de 2016 y 255 del 6 de abril de 2017, no están relacionados con la forma en la que se expresan las garantías al debido proceso acabadas de mencionar, pues más que exponer una trasgresión al derecho a ser oído, a presentar y controvertir pruebas o a tener un juicio precedido de un procedimiento claro y previamente definido, están asociados con el supuesto desconocimiento por parte de la autoridad minera de las múltiples peticiones que presentó, y que en su concepto demostraban la disminución de los volúmenes de producción y procuraban la modificación del Programa de Trabajos y Obras (PTO), así como la reducción del valor de la póliza minero-ambiental. De ser cierto, esa distorsión fáctica en los fundamentos de un acto administrativo, en términos de la jurisprudencia, corresponde a una falsa motivación, entendida como el cargo de ilegalidad de una decisión de la administración que se configura ante “la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados cómo fuente por la administración pública o la calificación de los hechos”, por lo que debe ser analizado en tales términos, tal y como vienen expuestos desde la demanda NOTA DE RELATORÍA: Sobre la falsa motivación, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 2 junio de 2023, exp. 56.854, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Asimismo, la sentencia de la Sección Segunda de esta Corporación, proferida el 19 de marzo de 2020, exp. 3093-16, C.P. William Hernández Gómez. Sobre la falta de motivación como causal autónoma, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, proferida el 2 de febrero de 2012, exp. 17490, C.P. Fernando Bastidas Bárcenas. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 137, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 138 MINERÍA / ACTIVIDAD MINERA / ZONA PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA MINA / EXPLORACIÓN MINERA / EXPLORACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES / EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES / REGALÍAS DE LOS MINERALES / PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE / ELEMENTOS DE LA ACTIVIDAD MINERA / LEGISLACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA / NORMATIVA DEL DERECHO MINERO / REQUISITOS PARA EXPLOTACIÓN DE LA MINA / LEGALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA / TÍTULO MINERO / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / REQUISITOS DEL CONTRATO DE EXPLOTACIÓN MINERA / REGISTRO MINERO NACIONAL / INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MINERO NACIONAL / PROPIEDAD DE LA ACTIVIDAD MINERA / PROPIEDAD DEL ESTADO Problema jurídico: ¿Si la posesión o tenencia de los predios que contienen los minerales son de propiedad exclusiva del Estado, al margen de quien detente su dominio; el derecho a explorar y explotar estos recursos surge con la previa habilitación legal del título minero, tal como el contrato de concesión minera, en el que se le impone al concesionario cumplir con las obligaciones de carácter legal, técnico, operativo y ambiental establecidas en el Código de Minas? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con los artículos 332, 334 y 360 Constitucionales, los minerales sin distinción de clase o ubicación que yacen en el suelo y subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de exclusiva propiedad del Estado. Por tal motivo, el Estado, como director general de la economía y de los fines constitucionalmente definidos, está facultado para intervenir en la exploración y explotación de esos recursos, fomentando la libertad económica y de empresa pero al mismo tiempo, propugnando por alcanzar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del territorio, la preservación de un ambiente sano y la distribución de las contraprestaciones que por esas actividades se generan a favor de la Nación, bajo un sistema interlocutorio y de coordinación de los niveles territorial y nacional (Sistema General de Regalías). La Ley 685 de 2001, actual Código de Minas, desarrolla los mandatos del artículo 25, 80, 330 (parágrafo), 332, 334, 360 y 361 Constitucionales, en relación con los recursos naturales; en este sentido, define de forma completa, sistemática y con el sentido de especialidad las normas atinentes a las relaciones jurídicas del Estado con los particulares -y las de éstos entre sí- por causa de los trabajos y obras de la industria minera en sus fases de prospección, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte y promoción de los minerales que se encuentren en el suelo o el subsuelo, ya sean de propiedad nacional o de propiedad privada. El Código de Minas reafirma que los minerales de cualquier tipo, al margen de quien detente el dominio, posesión o tenencia de los predios que los contienen, son de dominio exclusivo estatal (artículo 5); igualmente señala que la minería es una actividad de utilidad pública e interés social (artículo 186) y consagra que el derecho a explorar y explotar estos recursos surge previa habilitación legal a través de un título minero, mediante la suscripción de un contrato de concesión minera, otorgado con las exigencias legales e inscrito en el Registro Minero Nacional (artículo 14). Según el mismo Código (artículo 3), los únicos requisitos, formalidades, documentos y pruebas exigibles en relación con los negocios jurídicos mineros, desde el procedimiento administrativo para obtener su perfeccionamiento, hasta los términos y condiciones para el ejercicio del derecho a explorar y explotar minerales, son los que el Código de Minas taxativamente dispone, en atención a lo consagrado en el artículo 84 Constitucional. El contrato de concesión minera es el celebrado entre el Estado y un particular para que por cuenta y riesgo enteramente suyo y por un término de hasta treinta (30) años, lleve a cabo los estudios, trabajos y obras de exploración de minerales de propiedad estatal que puedan encontrarse dentro de una zona determinada, y para que los explote bajo las condiciones definidas en el Código de Minas; por ende, es un contrato que comprende la fase de exploración técnica y transita por la explotación económica y el beneficio de los minerales, así como por las actividades para el cierre o abandono de los trabajos y obras correspondientes (artículo 45). Debido a que el contrato de concesión minera tiene por objeto una actividad de relevancia nacional e interés social, es un negocio jurídico solemne, especial, de adhesión, y distinto a las concesiones de obras y servicios públicos, que no da lugar a negociar sus términos, condiciones y modalidades (artículo 49), y que, si bien otorga en forma excluyente la facultad de efectuar dentro de la zona concedida los estudios, trabajos y obras necesarias para establecer la existencia de los minerales objeto del contrato y explotarlos, impone al concesionario el deber de ejercer ese derecho cumpliendo las obligaciones de carácter legal, técnico, operativo y ambiental que expresamente define el Código de Minas, entre las cuales se destaca la obligación de definir y entregar para su aprobación el programa de trabajos y de prestar y mantener vigente la póliza minero-ambiental como garantía de cumplimiento. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 25, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 330, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 332, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 334, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 360, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 361, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 80, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 84, LEY 685 DE 2001, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 14, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 186, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 3, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 45, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 49, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 5 ACTIVIDAD MINERA / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO / OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO DEL TÍTULO MINERO / DOCUMENTO / CLASES DE DOCUMENTO / INFORME TÉCNICO / ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN MINERA / ZONA MINERA / CLASES DE MINERALES / IMPACTO AMBIENTAL / ACTIVIDADES QUE CAUSAN IMPACTO AMBIENTAL / PROGRAMA DE IMPACTO AMBIENTAL / MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL / AUTORIDAD MINERA / FUNCIONES DE LA AUTORIDAD MINERA / FUNCIÓN DE COBRO DE INSPECCIONES Y VISITAS DE FISCALIZACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD MINERA / FACULTADES DEL CONCEDENTE DE DIRECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL RESPECTO DEL CONCESIONARIO Problema jurídico: ¿El beneficiario del título minero debe presentar a la Agencia Nacional de Minería el Programa de Trabajos y Obras en el que describa la planificación, metodología y recursos necesarios para ejecutar las actividades de exploración, explotación, beneficio y cierre de la mina? Respuesta al problema jurídico: Si El Programa de Trabajos y Obras (PTO) es un documento técnico obligatorio que detalla la planificación, metodología y recursos necesarios para ejecutar las actividades de exploración, explotación, beneficio y cierre de una mina. Este plan incluye la delimitación del área de explotación, las características del mineral, las obras e instalaciones requeridas, el cronograma de actividades, las medidas de mitigación ambiental y de seguridad, así como la escala y duración de la producción esperada, entre otras. Su finalidad es garantizar que las operaciones mineras se realicen de manera técnica, económica y ambientalmente responsable, promoviendo la sostenibilidad y reduciendo sus impactos negativos. En consecuencia, es la bitácora técnica que demarca la forma en la que el concesionario ejecutará las actividades mineras y el instrumento que permite a la autoridad minera ejecutar la supervisión y control para asegurar el cumplimiento de los estándares exigidos (artículo 84). FUENTE FORMAL: LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 84 ACTIVIDAD MINERA / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / CONCESIONARIO / OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO / PÓLIZA DE GARANTÍA CONTRACTUAL / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN LEGAL / CARACTERÍSTICAS DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / VALOR ASEGURADO / EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Problema jurídico: ¿Para ejecutar el contrato de concesión minera el concesionario debe constituir a favor de la autoridad minera una póliza independiente para cada etapa de ejecución del contrato, las cuales deben amparar el cumplimiento de sus obligaciones minero-ambientales, como el pago de multas y caducidad? Respuesta al problema jurídico: Si Por otra parte, la póliza minero-ambiental es una garantía tomada con una compañía de seguros que el concesionario debe constituir a favor de la autoridad minera, amparando el cumplimiento de sus obligaciones mineras y ambientales, así como el pago de las multas y la caducidad. Dicha póliza, deberá ser aprobada por la autoridad concedente y mantenerse vigente durante la vida de la concesión, de sus prórrogas y por tres (3) años más, incluso si se hace efectiva, pues en tal evento, subsiste la obligación de reponerla (artículo 280). El valor asegurado se define a partir de lo expresamente indicado en la norma, dependiendo de la etapa contractual: para la etapa de exploración, corresponde a un 5% del valor anual de la cuantía de la inversión prevista en exploración para la respectiva anualidad; para la etapa de construcción y montaje, se debe tomar el 5% de la inversión anual por dicho concepto; y, para la etapa de explotación, equivale a un 10% del resultado de multiplicar el volumen de producción anual estimado del mineral objeto de la concesión –definido en el PTO aprobado por la autoridad minera–, por el precio en boca de mina del referido mineral fijado anualmente por el Gobierno. Conforme al artículo 2 de la Resolución 338 de 2014, el titular minero debe contar con una póliza independiente para cada etapa, la cual deberá tener una vigencia igual a la del plazo establecido en el contrato para cada una de ellas. La norma no previó alguna exclusión para la constitución y pago de una póliza de seguros en ninguna de sus etapas, menos aún por motivaciones soportadas en condiciones, solicitudes, permisos, trámites, licencias o circunstancias sobrevinientes, por lo que el titular deberá constituir y pagar la póliza con base en los criterios establecidos en los literales a), b) y c) del artículo 280 del Código de Minas, de acuerdo a la etapa en la que se encuentre el respectivo contrato de concesión, atendiendo las vigencias y el monto asegurado allí previsto. FUENTE FORMAL: LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 280, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 280 LITERAL A, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 280 LITERAL C, LEY 685 DE 2011 - ARTÍCULO 280 LITERAL B, RESOLUCIÓN 338 DE 2014 - ARTÍCULO 2 ACTIVIDAD MINERA / HECHO SOBREVINIENTE / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / AUSENCIA DE FUERZA MAYOR / INEXISTENCIA DEL CASO FORTUITO / ETAPA DE EXPLORACIÓN MINERA / EXPLOTACIÓN DE LA MINA / PETICIÓN / DOCUMENTO / INFORME TÉCNICO / EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / CONCESIONARIO / OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / PRECIO / VARIACIÓN DEL PRECIO / TÉRMINO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / AUTORIDAD MINERA / AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA / ACTO ADMINISTRATIVO / OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO DEL TÍTULO MINERO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / VIGENCIA DE LA PÓLIZA DEL CONTRATO DE SEGURO Problema jurídico: ¿La disminución de los volúmenes normales de producción definidos de manera previa en el PTO, exoneran al concesionario de la obligación de mantener vigente la garantía minero ambiental durante cada una de las etapas de ejecución del contrato de concesión minera? Respuesta al problema jurídico: No En virtud de lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Minas, cuando circunstancias transitorias de orden técnico o económico, no constitutivas de fuerza mayor o de caso fortuito, impidan o dificulten las labores de exploración que ya se hubieren iniciado o las de construcción y montaje o las de explotación, el concesionario mediante solicitud debidamente comprobada podrá solicitar autorización para (i) disminuir los volúmenes normales de producción (artículo 54), o (ii) suspender temporalmente la explotación. Estas solicitudes son analizadas y definidas por la autoridad minera. En el primer caso, transitoriamente y por el periodo que el acto administrativo expedido por la autoridad ambiental lo disponga, el concesionario es autorizado para disminuir los volúmenes normales de producción sin que ello implique una modificación al PTO, y por ende, del volumen de producción anual estimado del mineral objeto de la concesión previamente aprobado, a partir de lo cual se define el valor asegurado. En esa medida, esta disminución derivada de circunstancias transitorias no tiene incidencia en el valor de la prima de la póliza minero-ambiental, menos aún, en la obligación a cargo del concesionario de mantener su vigencia. Por su parte, la alteración permanente de la escala de producción esperada, indicada y aprobada previamente en el PTO, da lugar a una modificación de ese programa bajo los términos de referencia y guías minero-ambientales adoptados mediante la Resolución 428 de 2013 de la ANM, para lo cual, deberán presentarse los documentos e informes técnicos necesarios para definir su modificación. En este escenario, como el valor asegurado con la póliza minero-ambiental se calcula a partir de los volúmenes de producción esperados, la modificación de éstos conlleva una variación de aquél y en el valor de la prima a pagar bajo el contrato de seguro, pero tampoco exime al concesionario de mantener vigente esa garantía. Por tanto y como se observa, la reducción en los volúmenes de producción autorizada al concesionario, en ningún caso, suspende, modifica o extingue las obligaciones a su cargo, incluyendo la de mantener la vigencia de la póliza minero ambiental. En el segundo caso, la suspensión recae únicamente sobre las actividades de explotación y se entiende otorgada para que, sin perjuicio del cronograma de obras y labores definidos en el PTO, el concesionario supere las dificultades técnicas o económicas que afrontó, medida que no suspende el contrato por lo que no amplía ni modifica su término total, ni afecta las restantes obligaciones que siguen vigentes, en tanto la autorización sólo recae en las actividades extractivas de minerales, esto es, “el conjunto de operaciones que tienen por objeto la extracción o captación de los minerales yacentes en el suelo o subsuelo del área de la concesión, su acopio, su beneficio (…)” (artículo 95), pero en ningún caso, hace cesar las restantes que deben mantenerse cumplidas. En estas condiciones, la disminución de los volúmenes de obra proyectados y la suspensión de la explotación ante dificultades de orden técnico o económico del concesionario, no interrumpen, aplazan ni suprimen la obligación a su cargo de mantener vigente la póliza minero-ambiental. Esto en tanto, que: (i) No hay norma que prevea esa consecuencia; por el contrario, el artículo 280 del Código de Minas es claro al establecer que la póliza minero-ambiental debe mantenerse vigente durante la vida de la concesión y tres (3) años adicionales por los montos que ella define, sin que esté sujeta a condición alguna, determinando incluso que en caso de que ésta llegara a afectarse, deberá ser objeto de reposición; además, las características de la póliza a constituir tampoco determinan tal consecuencia, por cuanto sus requisitos lo que determinan es que, en aplicación de las reglas que rigen los amparos de cumplimiento a favor de entidades estatales, no puede contener cláusula de proporcionalidad u otra cláusula similar, no expira por falta de pago de la prima, no puede ser revocada unilateralmente y la compañía de seguros no puede oponerse a su afectación alegando la conducta del concesionario tomador del seguro. (ii) La disminución de la producción no suspende las obligaciones a cargo del concesionario, y la suspensión de la explotación únicamente interrumpe esa precisa actividad, por lo que bajo ambas hipótesis continúa vigente la obligación relativa a mantener la vigencia de la póliza minero ambiental como prestación ajena a los efectos de estos eventos. Así mismo, en ambas circunstancias perviven las obligaciones contractuales del concesionario garantizadas con la póliza minero ambiental, con la sola excepción de las actividades extractivas en el segundo caso, por lo que el seguro debe continuar vigente para cumplir con esa finalidad, en tanto permanece latente la posibilidad de que el riesgo asegurado se materialice, incluyendo el no pago de las sanciones. FUENTE FORMAL: LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 54, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 55, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 95, RESOLUCIÓN 338 DE 2014 - ARTÍCULO 4, RESOLUCIÓN 338 DE 2014 - ARTÍCULO 5, RESOLUCIÓN 338 DE 2014 - ARTÍCULO 6, RESOLUCIÓN 428 DE 2013 CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / CADUCIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / DERECHO DEL CONCESIONARIO / PETICIÓN / AUTORIDAD MINERA / DESCONOCIMIENTO DE DOCUMENTO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / VIGENCIA DE LA PÓLIZA DEL CONTRATO DE SEGURO / ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / ACTO ADMINISTRATIVO FICTO / IRREGULARIDAD EN EL ACTO ADMINISTRATIVO / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / OPONIBILIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE SEGURO / DOCUMENTO / INFORME TÉCNICO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / ADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / FALSA MOTIVACIÓN / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Se acreditó la falsa motivación de las Resoluciones 1282 del 27 de octubre de 2016 y 255 del 6 de abril de 2017, por las acusaciones de error en la valoración de las pruebas que, de forma aparente, determinaban que el concesionario no estaba obligado a presentar la póliza minero ambiental. Respuesta al problema jurídico: No El demandante aseguró que la decisión de declarar la caducidad del contrato de concesión minera GBH-142 de 2006 se adoptó desconociendo las peticiones que presentó ante la autoridad minera con el fin de que se aprobara la modificación del PTO y la reducción del valor asegurable de la póliza minero-ambiental, pues algunas de ellas no fueron objeto de respuesta y otras se despacharon negativamente sin fundamento, simplemente requiriendo la renovación y actualización de las garantías. Una vez revisado el material probatorio, la Sala advierte (...) que el concesionario presentó diversas solicitudes durante la ejecución del contrato de concesión minera GBH-142 de 2006, pero corrobora también que ninguna de ellas, indistintamente de su resolución, determinaba que estuviera exonerado de mantener la vigencia de la póliza minero-ambiental en los términos dispuestos por la ley, pues como se indicó, la disminución del volumen de la explotación y la suspensión aprobada de esta actividad no tienen esa consecuencia. Además, el presente juicio no se promovió en contra de los actos administrativos, fictos o expresos, que resolvieron dichas solicitudes, y, por la misma razón, no se dirige a cuestionar el razonamiento que se hubiese vertido en ellos. Así mismo, aunque el demandante solicitó a la autoridad minera autorización para reducir el valor asegurable de la póliza minero-ambiental, lo cierto es que no mediaba una autorización previa para disminuir la producción aprobada en el PTO que sustentara esa petición, pero además, para ese momento, ya existía el requerimiento de la autoridad minera bajo la causal de caducidad por la no reposición de la garantía minera que había expirado el 15 de mayo de 2014, conforme a su última prórroga y había vencido el término para su presentación. El 1 de septiembre de 2016, transcurrido más de un año sin que el demandante cumpliera con su obligación, la entidad nuevamente le requirió bajo causal de caducidad para que aportara la póliza correspondiente, frente a lo cual, mediante oficio del 16 de ese mes y año, insistió en su solicitud de reducción del valor asegurado sin que existiera una modificación del PTO aprobado. Pese a que en varias de las peticiones que presentó ante la autoridad ambiental el demandante manifestó hallarse en curso de actividades técnicas de preparación y de una actualización del PTO, nunca presentó una solicitud en tal sentido, exigencia de la que era plenamente consciente porque la ANM lo puso de presente en la Resolución No. GSC-ZN 000273 de 2015, después de lo cual, el concesionario haciendo caso omiso a tal condición, nuevamente y sin allegar un solo soporte técnico, solicitó se le autorizara reponer la garantía con “el valor menor posible”, petición a la que no era posible acceder pues el monto asegurable no era una condición negociable o dispuesta a discreción por la autoridad minera, sino que está definida en la ley, en este caso y para la etapa de explotación, a partir de los volúmenes de producción esperados. Tampoco observa la Sala que la ANM hubiera evadido las peticiones del concesionario; por el contrario, corrobora que fueron resueltas incluso precisando que la mera solicitud de reducción de los volúmenes de explotación –que en el caso bajo análisis fueron reiterativas– no son suficientes para acceder a ella, pues en atención al artículo 54 del Código de Minas, el concesionario debe acreditar a través de los documentos técnicos definidos en los términos de referencia y guías minero-ambientales, las condiciones o dificultades de índole económico o técnico que justifican esa variación, lo cual no hizo. Aunado a lo anterior, se reitera que aún en el evento en el que la autoridad ambiental hubiera accedido a la modificación o actualización del PTO, ello sólo tenía la virtualidad de impactar el monto asegurado, pero no la obligación misma de mantener la garantía “vigente durante la vida de la concesión, de sus prórrogas y por tres (3) años más”, a pesar de lo cual, como evidencia el material probatorio, se consignó en los actos demandados y la parte actora no discute, para el momento en que la decisión de declarar la caducidad del contrato fue confirmada mediante la Resolución 255 de 2017 y pese a los varios requerimientos efectuados por la entidad, el concesionario llevaba 3 años consecutivos sin prestar la garantía exigida en el contrato y la ley, evidenciando que el sustrato fáctico y jurídico de los actos demandados no adolecen de falsa motivación. Si el concesionario presentaba problemas orden técnico y/o económico que le impedían conseguir la producción aprobada en el PTO, ello no le relevaba de la obligación de mantener vigente la garantía ni determinaba per se la disminución del valor asegurado; en tal escenario, lo que procedía era solicitar de forma sustentada la modificación del PTO, disminuyendo el volumen de producción anual estimado inicialmente aprobado, a partir del cual se calcula el valor asegurado y la prima de la póliza. Lo que no procedía, es que el concesionario se sustrajera a conveniencia de cumplir con su obligación de mantener la vigencia de la garantía. Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia porque no se evidencia el yerro en la valoración probatoria que señaló el apelante respecto de la decisión del Tribunal a quo; bien por el contrario, se constata que el cargo de ilegalidad por falsa motivación es infundado, toda vez que el concesionario no cumplió con el requisito de mantener vigente la póliza minero-ambiental en los precisos términos exigidos por el Código de Minas, que es causal para que la autoridad minera procediera con la declaratoria de caducidad del contrato de concesión. FUENTE FORMAL: LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 54 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA / AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / ACUERDOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA / GESTIÓN DEL PROCESO / CUANTÍA DEL PROCESO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en armonía con el artículo 365 del Código General del Proceso, la condena en costas no requiere la apreciación o calificación de una conducta temeraria, sino la verificación objetiva de quién resultó vencido, por lo que resulta procedente la condena en costas contra (...) [la parte actora] en la medida en que fracasaron los cargos de apelación que formuló contra la sentencia de primera instancia. En relación con las agencias en derecho, como integrantes de las costas procesales, se rigen por el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. De conformidad con su artículo 2º, su fijación depende de “la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada”, sin que en ningún caso se puedan desconocer los rangos de las tarifas mínimas y máximas señaladas por el artículo 5 de esta misma normativa, la cual, para los asuntos declarativos de segunda instancia con cuantía, fija una tarifa mínima de un (1) SMLMV y una máxima de (6) SMLMV. En este caso, las agencias en derecho se fijan en un (1) Salarios Mínimo Legal Mensual Vigente, a cargo de la parte vencida, (...) [esto es, la parte actora] FUENTE FORMAL: ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 2, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188 , LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201800848011100103