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clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020180084801-69970-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el debido proceso es un principio y derecho fundamental que intrínsecamente se entrelaza con el principio de legalidad"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-02-07"
radicado: "25000233600020180084801"
numero: "69970"
ponente: "JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ"
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# Consejo de Estado: el debido proceso es un principio y derecho fundamental que intrínsecamente se entrelaza con el principio de legalidad

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-02-07
- **Radicado:** 25000233600020180084801
- **Número interno:** 69970
- **Ponente:** JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** CARBONES CARINCO LTDA
- **Demandado:** AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020180084801-69970-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020180084801/1DB3EEF6D80108773D068AF5E41B68B74DD2E89C581A9D9B9CA9B0ABF8D20107/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201800848011100103

## Relevancia jurídica

Reitera la jurisprudencia.

## Problema jurídico

¿Procede analizar bajo la causal de falsa motivación los argumentos esbozados por la parte actora en el recurso de apelación, relativos a la ilegalidad de las Resoluciones 1282 del 27 de octubre de 2016 y 255 del 6 de abril de 2017, dado que la autoridad minera desconoció, de forma aparente, las peticiones que acreditaban la disminución de los volúmenes de producción; procuraban la modificación del Programa de trabajos y Obras; y, demostraban la reducción del valor de la póliza minero ambiental?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Si la posesión o tenencia de los predios que contienen los minerales son de propiedad exclusiva del Estado, al margen de quien detente su dominio…
- ¿El beneficiario del título minero debe presentar a la Agencia Nacional de Minería el Programa de Trabajos y Obras en el que describa la planificación…
- ¿Para ejecutar el contrato de concesión minera el concesionario debe constituir a favor de la autoridad minera una póliza independiente para cada etapa de ejecución del contrato…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, arts. 137 y 138
- Constitución Política

## Extracto

El debido proceso es un principio y derecho fundamental que intrínsecamente se entrelaza con el principio de legalidad. En su alcance, las autoridades, tanto en sede administrativa como judicial, deben adelantar los juicios con arreglo al procedimiento definido previamente en la ley, con aplicación del principio de juez natural y con respeto de los derechos de defensa y contradicción, garantizando la posibilidad de aportar y controvertir pruebas, la publicidad de las actuaciones y decisiones proferidas en el curso de tales procedimientos, y concediendo la oportunidad de impugnarlas. Tratándose del ámbito administrativo, este derecho debe desarrollarse bajo los principios orientadores de la función administrativa.

## Síntesis temática

El contratista puede analizar bajo la causal de falsa motivación los argumentos presentados en el recurso de apelación, relacionados con la ilegalidad de las resoluciones que desconocieron aparentemente las peticiones que acreditaban la disminución de los volúmenes de producción, la modificación del Programa de Trabajos y Obras, y la reducción del valor de la póliza minero-ambiental, ya que la falsa motivación se configura ante la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos por la administración. Esta regla reitera la jurisprudencia existente, permitiendo a los contratistas cuestionar la legalidad de los actos administrativos en términos de falsa motivación cuando se evidencie una distorsión en los fundamentos de estos.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, DEBIDO PROCESO, ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO, CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO, NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, REGULACIÓN DEL DEBIDO PROCESO, ACTO ADMINISTRATIVO ILEGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA, CADUCIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PETICIÓN, DESCONOCIMIENTO DE DOCUMENTO, AUTORIDAD MINERA, VARIACIÓN DEL PRECIO, PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN LEGAL, MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, FALSA MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE LA FALSA MOTIVACIÓN, FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, PRESUPUESTOS DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, MINERÍA, ACTIVIDAD MINERA, ZONA PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA MINA, EXPLORACIÓN MINERA, EXPLORACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, REGALÍAS DE LOS MINERALES, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, ELEMENTOS DE LA ACTIVIDAD MINERA, LEGISLACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA, NORMATIVA DEL DERECHO MINERO, REQUISITOS PARA EXPLOTACIÓN DE LA MINA, LEGALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA, TÍTULO MINERO, REQUISITOS DEL CONTRATO DE EXPLOTACIÓN MINERA, REGISTRO MINERO NACIONAL, INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MINERO NACIONAL, PROPIEDAD DE LA ACTIVIDAD MINERA, PROPIEDAD DEL ESTADO, OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO, OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO DEL TÍTULO MINERO, DOCUMENTO, CLASES DE DOCUMENTO, INFORME TÉCNICO, ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN MINERA, ZONA MINERA, CLASES DE MINERALES, IMPACTO AMBIENTAL, ACTIVIDADES QUE CAUSAN IMPACTO AMBIENTAL, PROGRAMA DE IMPACTO AMBIENTAL, MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL, FUNCIONES DE LA AUTORIDAD MINERA, FUNCIÓN DE COBRO DE INSPECCIONES Y VISITAS DE FISCALIZACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD MINERA, FACULTADES DEL CONCEDENTE DE DIRECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL RESPECTO DEL CONCESIONARIO, CONCESIONARIO, PÓLIZA DE GARANTÍA CONTRACTUAL, PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, CARACTERÍSTICAS DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, VALOR ASEGURADO, EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, HECHO SOBREVINIENTE, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, AUSENCIA DE FUERZA MAYOR, INEXISTENCIA DEL CASO FORTUITO, ETAPA DE EXPLORACIÓN MINERA, EXPLOTACIÓN DE LA MINA, EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES, PRECIO, TÉRMINO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, ACTO ADMINISTRATIVO, OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, VIGENCIA DE LA PÓLIZA DEL CONTRATO DE SEGURO, DERECHO DEL CONCESIONARIO, EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO, ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, ACTO ADMINISTRATIVO FICTO, IRREGULARIDAD EN EL ACTO ADMINISTRATIVO, OPONIBILIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE SEGURO, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, ADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA, AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA, AGENCIAS EN DERECHO, NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, ACUERDOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, GESTIÓN DEL PROCESO, CUANTÍA DEL PROCESO, CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO, TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO / CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO / NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DEL DEBIDO PROCESO / ACTO ADMINISTRATIVO ILEGAL / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / CADUCIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PETICIÓN / DESCONOCIMIENTO DE DOCUMENTO / AUTORIDAD MINERA / VARIACIÓN DEL PRECIO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN LEGAL / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN / CONCEPTO DE LA FALSA MOTIVACIÓN / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTOS DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Procede analizar bajo la causal de falsa motivación los argumentos esbozados por la parte actora en el recurso de apelación, relativos a la ilegalidad de las Resoluciones 1282 del 27 de octubre de 2016 y 255 del 6 de abril de 2017, dado que la autoridad minera desconoció, de forma aparente, las peticiones que acreditaban la disminución de los volúmenes de producción; procuraban la modificación del Programa de trabajos y Obras; y, demostraban la reducción del valor de la póliza minero ambiental?
Respuesta al problema jurídico: Si
El debido proceso es un principio y derecho fundamental que intrínsecamente se entrelaza con el principio de legalidad. En su alcance, las autoridades, tanto en sede administrativa como judicial, deben adelantar los juicios con arreglo al procedimiento definido previamente en la ley, con aplicación del principio de juez natural y con respeto de los derechos de defensa y contradicción, garantizando la posibilidad de aportar y controvertir pruebas, la publicidad de las actuaciones y decisiones proferidas en el curso de tales procedimientos, y concediendo la oportunidad de impugnarlas. Tratándose del ámbito administrativo, este derecho debe desarrollarse bajo los principios orientadores de la función administrativa. El artículo 29 constitucional compendia el contenido de tal derecho y garantía, y del mismo se desprende que el debido proceso se compone de las prerrogativas a: (i) ser juzgado con base en normas previas a la conducta que se endilga, (ii) solo ser condenado por hechos previstos como delito o infracción al momento de su comisión, (iii) ser juzgado en atención a las formas previstas para cada juicio, previa determinación legal, (iv) ser juzgado por una autoridad competente, independiente e imparcial, (v) no desconocer la presunción de inocencia, (vi) no ser juzgado dos veces por la misma conducta, (vii) aplicar el principio de favorabilidad, (viii) aportar y controvertir las pruebas que se aduzcan en contra del procesado, (ix) el proceso debe sustentarse en pruebas legalmente obtenidas y, (x) se debe lograr la resolución de las controversias jurídicas planteadas sin dilaciones injustificadas y con respeto de los principios procesales. La ausencia de cualquiera de estas garantías, con impacto real al derecho nuclear del debido proceso, se estatuye como motivo apto para pedir la nulidad del acto según preceptivas contenidas en los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011. En este caso, los argumentos que plantea el recurrente para cuestionar el fallo de primera instancia e insistir en la ilegalidad de las Resoluciones 1282 del 27 de octubre de 2016 y 255 del 6 de abril de 2017, no están relacionados con la forma en la que se expresan las garantías al debido proceso acabadas de mencionar, pues más que exponer una trasgresión al derecho a ser oído, a presentar y controvertir pruebas o a tener un juicio precedido de un procedimiento claro y previamente definido, están asociados con el supuesto desconocimiento por parte de la autoridad minera de las múltiples peticiones que presentó, y que en su concepto demostraban la disminución de los volúmenes de producción y procuraban la modificación del Programa de Trabajos y Obras (PTO), así como la reducción del valor de la póliza minero-ambiental. De ser cierto, esa distorsión fáctica en los fundamentos de un acto administrativo, en términos de la jurisprudencia, corresponde a una falsa motivación, entendida como el cargo de ilegalidad de una decisión de la administración que se configura ante “la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados cómo fuente por la administración pública o la calificación de los hechos”, por lo que debe ser analizado en tales términos, tal y como vienen expuestos desde la demanda
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la falsa motivación, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 2 junio de 2023, exp. 56.854, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Asimismo, la sentencia de la Sección Segunda de esta Corporación, proferida el 19 de marzo de 2020, exp. 3093-16, C.P. William Hernández Gómez. Sobre la falta de motivación como causal autónoma, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, proferida el 2 de febrero de 2012, exp. 17490, C.P. Fernando Bastidas Bárcenas.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 137, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 138
MINERÍA / ACTIVIDAD MINERA / ZONA PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA MINA / EXPLORACIÓN MINERA / EXPLORACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES / EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES / REGALÍAS DE LOS MINERALES / PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE / ELEMENTOS DE LA ACTIVIDAD MINERA / LEGISLACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA / NORMATIVA DEL DERECHO MINERO / REQUISITOS PARA EXPLOTACIÓN DE LA MINA / LEGALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA / TÍTULO MINERO / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / REQUISITOS DEL CONTRATO DE EXPLOTACIÓN MINERA / REGISTRO MINERO NACIONAL / INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MINERO NACIONAL / PROPIEDAD DE LA ACTIVIDAD MINERA / PROPIEDAD DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿Si la posesión o tenencia de los predios que contienen los minerales son de propiedad exclusiva del Estado, al margen de quien detente su dominio; el derecho a explorar y explotar estos recursos surge con la previa habilitación legal del título minero, tal como el contrato de concesión minera, en el que se le impone al concesionario cumplir con las obligaciones de carácter legal, técnico, operativo y ambiental establecidas en el Código de Minas?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con los artículos 332, 334 y 360 Constitucionales, los minerales sin distinción de clase o ubicación que yacen en el suelo y subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de exclusiva propiedad del Estado. Por tal motivo, el Estado, como director general de la economía y de los fines constitucionalmente definidos, está facultado para intervenir en la exploración y explotación de esos recursos, fomentando la libertad económica y de empresa pero al mismo tiempo, propugnando por alcanzar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del territorio, la preservación de un ambiente sano y la distribución de las contraprestaciones que por esas actividades se generan a favor de la Nación, bajo un sistema interlocutorio y de coordinación de los niveles territorial y nacional (Sistema General de Regalías). La Ley 685 de 2001, actual Código de Minas, desarrolla los mandatos del artículo 25, 80, 330 (parágrafo), 332, 334, 360 y 361 Constitucionales, en relación con los recursos naturales; en este sentido, define de forma completa, sistemática y con el sentido de especialidad las normas atinentes a las relaciones jurídicas del Estado con los particulares -y las de éstos entre sí- por causa de los trabajos y obras de la industria minera en sus fases de prospección, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte y promoción de los minerales que se encuentren en el suelo o el subsuelo, ya sean de propiedad nacional o de propiedad privada. El Código de Minas reafirma que los minerales de cualquier tipo, al margen de quien detente el dominio, posesión o tenencia de los predios que los contienen, son de dominio exclusivo estatal (artículo 5); igualmente señala que la minería es una actividad de utilidad pública e interés social (artículo 186) y consagra que el derecho a explorar y explotar estos recursos surge previa habilitación legal a través de un título minero, mediante la suscripción de un contrato de concesión minera, otorgado con las exigencias legales e inscrito en el Registro Minero Nacional (artículo 14). Según el mismo Código (artículo 3), los únicos requisitos, formalidades, documentos y pruebas exigibles en relación con los negocios jurídicos mineros, desde el procedimiento administrativo para obtener su perfeccionamiento, hasta los términos y condiciones para el ejercicio del derecho a explorar y explotar minerales, son los que el Código de Minas taxativamente dispone, en atención a lo consagrado en el artículo 84 Constitucional. El contrato de concesión minera es el celebrado entre el Estado y un particular para que por cuenta y riesgo enteramente suyo y por un término de hasta treinta (30) años, lleve a cabo los estudios, trabajos y obras de exploración de minerales de propiedad estatal que puedan encontrarse dentro de una zona determinada, y para que los explote bajo las condiciones definidas en el Código de Minas; por ende, es un contrato que comprende la fase de exploración técnica y transita por la explotación económica y el beneficio de los minerales, así como por las actividades para el cierre o abandono de los trabajos y obras correspondientes (artículo 45). Debido a que el contrato de concesión minera tiene por objeto una actividad de relevancia nacional e interés social, es un negocio jurídico solemne, especial, de adhesión, y distinto a las concesiones de obras y servicios públicos, que no da lugar a negociar sus términos, condiciones y modalidades (artículo 49), y que, si bien otorga en forma excluyente la facultad de efectuar dentro de la zona concedida los estudios, trabajos y obras necesarias para establecer la existencia de los minerales objeto del contrato y explotarlos, impone al concesionario el deber de ejercer ese derecho cumpliendo las obligaciones de carácter legal, técnico, operativo y ambiental que expresamente define el Código de Minas, entre las cuales se destaca la obligación de definir y entregar para su aprobación el programa de trabajos y de prestar y mantener vigente la póliza minero-ambiental como garantía de cumplimiento.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 25, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 330, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 332, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 334, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 360, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 361, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 80, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 84, LEY 685 DE 2001, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 14, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 186, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 3, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 45, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 49, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 5
ACTIVIDAD MINERA / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO / OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO DEL TÍTULO MINERO / DOCUMENTO / CLASES DE DOCUMENTO / INFORME TÉCNICO / ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN MINERA / ZONA MINERA / CLASES DE MINERALES / IMPACTO AMBIENTAL / ACTIVIDADES QUE CAUSAN IMPACTO AMBIENTAL / PROGRAMA DE IMPACTO AMBIENTAL / MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL / AUTORIDAD MINERA / FUNCIONES DE LA AUTORIDAD MINERA / FUNCIÓN DE COBRO DE INSPECCIONES Y VISITAS DE FISCALIZACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD MINERA / FACULTADES DEL CONCEDENTE DE DIRECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL RESPECTO DEL CONCESIONARIO
Problema jurídico:
¿El beneficiario del título minero debe presentar a la Agencia Nacional de Minería el Programa de Trabajos y Obras en el que describa la planificación, metodología y recursos necesarios para ejecutar las actividades de exploración, explotación, beneficio y cierre de la mina?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Programa de Trabajos y Obras (PTO) es un documento técnico obligatorio que detalla la planificación, metodología y recursos necesarios para ejecutar las actividades de exploración, explotación, beneficio y cierre de una mina. Este plan incluye la delimitación del área de explotación, las características del mineral, las obras e instalaciones requeridas, el cronograma de actividades, las medidas de mitigación ambiental y de seguridad, así como la escala y duración de la producción esperada, entre otras. Su finalidad es garantizar que las operaciones mineras se realicen de manera técnica, económica y ambientalmente responsable, promoviendo la sostenibilidad y reduciendo sus impactos negativos. En consecuencia, es la bitácora técnica que demarca la forma en la que el concesionario ejecutará las actividades mineras y el instrumento que permite a la autorid

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ón y la suspensión aprobada de esta actividad no tienen esa consecuencia. Además, el presente juicio no se promovió en contra de los actos administrativos, fictos o expresos, que resolvieron dichas solicitudes, y, por la misma razón, no se dirige a cuestionar el razonamiento que se hubiese vertido en ellos. Así mismo, aunque el demandante solicitó a la autoridad minera autorización para reducir el valor asegurable de la póliza minero-ambiental, lo cierto es que no mediaba una autorización previa para disminuir la producción aprobada en el PTO que sustentara esa petición, pero además, para ese momento, ya existía el requerimiento de la autoridad minera bajo la causal de caducidad por la no reposición de la garantía minera que había expirado el 15 de mayo de 2014, conforme a su última prórroga y había vencido el término para su presentación. El 1 de septiembre de 2016, transcurrido más de un año sin que el demandante cumpliera con su obligación, la entidad nuevamente le requirió bajo causal de caducidad para que aportara la póliza correspondiente, frente a lo cual, mediante oficio del 16 de ese mes y año, insistió en su solicitud de reducción del valor asegurado sin que existiera una modificación del PTO aprobado. Pese a que en varias de las peticiones que presentó ante la autoridad ambiental el demandante manifestó hallarse en curso de actividades técnicas de preparación y de una actualización del PTO, nunca presentó una solicitud en tal sentido, exigencia de la que era plenamente consciente porque la ANM lo puso de presente en la Resolución No. GSC-ZN 000273 de 2015, después de lo cual, el concesionario haciendo caso omiso a tal condición, nuevamente y sin allegar un solo soporte técnico, solicitó se le autorizara reponer la garantía con “el valor menor posible”, petición a la que no era posible acceder pues el monto asegurable no era una condición negociable o dispuesta a discreción por la autoridad minera, sino que está definida en la ley, en este caso y para la etapa de explotación, a partir de los volúmenes de producción esperados. Tampoco observa la Sala que la ANM hubiera evadido las peticiones del concesionario; por el contrario, corrobora que fueron resueltas incluso precisando que la mera solicitud de reducción de los volúmenes de explotación –que en el caso bajo análisis fueron reiterativas– no son suficientes para acceder a ella, pues en atención al artículo 54 del Código de Minas, el concesionario debe acreditar a través de los documentos técnicos definidos en los términos de referencia y guías minero-ambientales, las condiciones o dificultades de índole económico o técnico que justifican esa variación, lo cual no hizo. Aunado a lo anterior, se reitera que aún en el evento en el que la autoridad ambiental hubiera accedido a la modificación o actualización del PTO, ello sólo tenía la virtualidad de impactar el monto asegurado, pero no la obligación misma de mantener la garantía “vigente durante la vida de la concesión, de sus prórrogas y por tres (3) años más”, a pesar de lo cual, como evidencia el material probatorio, se consignó en los actos demandados y la parte actora no discute, para el momento en que la decisión de declarar la caducidad del contrato fue confirmada mediante la Resolución 255 de 2017 y pese a los varios requerimientos efectuados por la entidad, el concesionario llevaba 3 años consecutivos sin prestar la garantía exigida en el contrato y la ley, evidenciando que el sustrato fáctico y jurídico de los actos demandados no adolecen de falsa motivación. Si el concesionario presentaba problemas orden técnico y/o económico que le impedían conseguir la producción aprobada en el PTO, ello no le relevaba de la obligación de mantener vigente la garantía ni determinaba per se la disminución del valor asegurado; en tal escenario, lo que procedía era solicitar de forma sustentada la modificación del PTO, disminuyendo el volumen de producción anual estimado inicialmente aprobado, a partir del cual se calcula el valor asegurado y la prima de la póliza. Lo que no procedía, es que el concesionario se sustrajera a conveniencia de cumplir con su obligación de mantener la vigencia de la garantía. Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia porque no se evidencia el yerro en la valoración probatoria que señaló el apelante respecto de la decisión del Tribunal a quo; bien por el contrario, se constata que el cargo de ilegalidad por falsa motivación es infundado, toda vez que el concesionario no cumplió con el requisito de mantener vigente la póliza minero-ambiental en los precisos términos exigidos por el Código de Minas, que es causal para que la autoridad minera procediera con la declaratoria de caducidad del contrato de concesión.
FUENTE FORMAL:
LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 54
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA / AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / ACUERDOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA / GESTIÓN DEL PROCESO / CUANTÍA DEL PROCESO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en armonía con el artículo 365 del Código General del Proceso, la condena en costas no requiere la apreciación o calificación de una conducta temeraria, sino la verificación objetiva de quién resultó vencido, por lo que resulta procedente la condena en costas contra (...) [la parte actora] en la medida en que fracasaron los cargos de apelación que formuló contra la sentencia de primera instancia. En relación con las agencias en derecho, como integrantes de las costas procesales, se rigen por el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. De conformidad con su artículo 2º, su fijación depende de “la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada”, sin que en ningún caso se puedan desconocer los rangos de las tarifas mínimas y máximas señaladas por el artículo 5 de esta misma normativa, la cual, para los asuntos declarativos de segunda instancia con cuantía, fija una tarifa mínima de un (1) SMLMV y una máxima de (6) SMLMV. En este caso, las agencias en derecho se fijan en un (1) Salarios Mínimo Legal Mensual Vigente, a cargo de la parte vencida, (...) [esto es, la parte actora]
FUENTE FORMAL:
ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 2, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188 , LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-02-07. C.P. JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Rad. 25000233600020180084801. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020180084801-69970-sentencia).
